Enrique Mendoza, vocal supremo, presidente del Poder Judicial, ex presidente del Jurado Nacional de Elecciones y ex jefe de la OCMA.
Por Rosa María Palacios
Enrique Mendoza, abogado formado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, ejerció en la práctica privada luego de egresar en los años setenta. Más tarde viajó a Piura a hacerse cargo del patrimonio familiar. En 1995, en su tierra natal, decide postular para juez de primera instancia logrando su ingreso a la magistratura. En una carrera muy veloz para los estándares judiciales llega a ser vocal de la Corte Suprema en solo seis años. Se hizo conocido por su labor en el JNE y la OCMA. No era el favorito para ser Presidente del Poder Judicial. Ni siquiera era candidato, pero con sorpresa sus pares resolvieron sus controversias eligiéndolo a él hace 120 días. Amigo de la estadística, quiere indicadores para todo y cree que no puede gestionar lo que no se puede medir. Parece que hay nuevos aires en el Poder Judicial. Esperemos ver pronto los cambios.
¿Qué puede hacer el Presidente del Poder Judicial frente a sentencias que son escandalosas?
La selección es la piedra fundamental en cualquier organización. Si le preguntas al rector de Harvard cuál es el secreto de su gran reputación no dirá que sólo estudiar mucho. Eso sucede en otras universidades. El secreto está en la selección al momento del ingreso. Nosotros en el Poder Judicial tenemos una selección más o menos escrupulosa recién hace 9 ó 10 años. Hoy se presentan 1500 abogados, se seleccionan 100 y de esos ocuparán una plaza 5 o 6. El CNM conduce este proceso y aun con problemas, hoy, los jueces nuevos son muy buenos en su especialidad. Aun así, de vez en cuando se pasa alguien que no debió entrar. Hemos tenido un juez esquizofrénico, al que no se le notó nunca porque estaba bien medicado, hasta que un día no se medicó e hizo un destrozo.
¿Cuántos jueces hay en el Perú?
Hay 2680 jueces que producen 5100 sentencias y autos al día.
¿Le pueden tocar un 1% de jueces malos? ¿Digamos, 26 jueces malos?
Así es. Esas son las excepciones a la regla. En el caso de estas sentencias escandalosas, en realidad, yo siempre cifro mi esperanza en la segunda instancia.
¿La apelación es la vacuna frente a la sentencia arbitraria? El problema es que los plazos de apelación suelen ser muy lentos y eso hace que la opinión pública pierda toda fe en el Poder Judicial. ¿Cómo piensa cambiar esta situación?
La buena marcha del Poder Judicial depende de muchas condiciones: universidades, cultura general, sociedad, pero en concreto dentro del Poder Judicial tienen que atacarse dos aspectos. Uno, que es el aspecto intelectual, la capacidad del juez de resolver en función de elementos de juicio un problema litigioso. El segundo, es muy silvestre, muy ordinario, es lo que se llama “el despacho” y al que nadie le daba mucha importancia. Pero si tú vas a una panadería o a un periódico o a cualquier empresa, el despacho es fundamental. Ese “despacho” no recibía mucha atención en el Poder Judicial. Pues ahora tenemos soluciones probablemente buenas, y digo probablemente porque espero que sea así. Son las medidas de segunda generación porque ya tenemos otras que ya se hicieron. Por ejemplo, ya está en marcha la notificación electrónica a la que se resisten los abogados por razones ya conocidas; los juzgados comerciales que están resolviendo en un año dos meses aunque persiste un problema de remates que ya estamos resolviendo por la vía electrónica y los juzgados laborales también con el modelo de oralización. Tenemos un nuevo modelo penal que, hay que decirlo, tiene una serie de fisuras que permite que salgan los delincuentes por falta de investigación suficiente porque se carga bastante al garantismo y eso genera una serie de problemas a los cuales no estamos acostumbrados. Entonces, hay toda una serie de medidas de primera generación que están cumplidas o semicumplidas pero hay que supervisar que se vayan perfeccionando.
¿Y luego viene esta “reforma silenciosa” de la que habló al cumplir 120 días en el cargo?
Hay una segunda generación de medidas que mejoran el despacho. Digitalización al máximo, “despapelización” de la justicia aunque en algunos casos no se puede eliminar todo el papel. Por ejemplo, hay una resistencia en España de los abogados civilistas que se niegan en redondo a aceptar procesos electrónicos. En familia y en pensiones le estamos metiendo fuerte a todo el asunto informático y esperamos, ya en julio, implementar los expedientes electrónicos y la oralización. En familia, por ejemplo, el proceso es netamente oral y con formato de demanda. Es decir, llenas tu nombre y que firme un abogado y listo, pero el formato y la resolución son inmediatos Los juicios de alimentos no merecen el uso del tiempo que se utiliza ahora. Hay que reducirlos en una décima parte.
¿Y la carga procesal de hoy?
También tenemos un programa de descarga que ya está terminado. Sin embargo, no solamente la población ha aumentado. Cuando la capacidad económica aumenta, aumentan los procesos judiciales. Increíblemente se duplica, a veces se triplica. No sé qué pasa, eso un sociólogo podría explicarlo, pero han aumentado. Entonces tenemos miles de jubilados que están penando detrás de juicios larguísimos, han pasado por la ONP y vienen al Poder Judicial. Hemos creado dos salas dedicadas exclusivamente a asuntos previsionales, estamos sentenciando 300 a 400 casos semanales de gente jubilada. Esto es un récord y lo está haciendo la Primera Sala Constitucional Transitoria de Previsión Social. Tenemos otra segunda sala que está apoyando en este empeño y esperamos en 4 meses tener una situación normalizada totalmente. Pero también estamos agregando otras salas. Ya se crearon tres para ver asuntos de contrabando y aduaneros con sus respectivos juzgados. En general, en lo contencioso administrativo tenemos gran carga. Si fuésemos un negocio nuestro principal cliente es el Estado. En todos sus niveles, central, regional, local, es el mayor litigante del país al punto que hemos tenido que crear toda una estructura nueva adicional de juzgados y salas contenciosos administrativos.
Si existe una mejor selección de jueces y el buen despacho ayuda a acelerar procesos y acortar instancias, ¿la otra vacuna contra sentencias escandalosas no sería la predictibilidad?
En referencia a la predictibilidad, antes del Día del Juez estamos presentando nuestro programa para colgar todas las ejecutorias uniformes, todas las sentencias vinculantes y por tanto obligatorias y todos los acuerdos plenarios, en donde los jueces acordamos cómo resolver asuntos polémicos. Para desarrollar la base de datos hemos recibido ayuda internacional de México y espero que la Corte Interamericana, a través del doctor Diego García Sayán, también nos ayude con el programa que ellos tienen. Vamos así a tener un sistema mucho más organizado con acceso libre para que todo el mundo entre y busque. La Corte Suprema ya comenzó: toda sentencia va con un resumen que se llama sumilla entre los leguleyos. La sumilla va a ser el primer indicativo para que el programa jale la sentencia, digamos por ejemplo: “posesión precaria con construcción”, la sumilla es el primer indicador y además que simplifica: “es fundada la demanda cuando ocurre tal cosa”. Esa sumilla va a ayudar al lego y a los propios jueces.
En el área penal, hay gran presión sobre los medios de comunicación por mandatos de detención que no corresponden. El propio Jefe del INPE señala que tienen un 10% de reos en cárcel que no deberían estar ahí. Solo por citar un ejemplo personal, hicimos una campaña para sacar de Lurigancho a un chico esquizofrénico interdicto. ¿Por qué está sucediendo esto?
Estoy de acuerdo parcialmente con el doctor Pérez Guadalupe, que es una persona muy bien enterada y muy bien intencionada. Hemos hecho unos convenios con él muy prácticos. Tiene razón pero en lo que estoy en desacuerdo es en que toda esta gente salga. En la mayoría de casos son delitos menores que probablemente sean calificados con una penalidad menor de 4 años, pero necesitamos tener un punto intermedio. Nosotros, por robar un celular, no podemos mandar a Lurigancho a un delincuente pero debe haber sanción. Tenemos que tener, como hay en Francia o en EEUU, centros de detención intermedios con grilletes electrónicos donde tienen que ir a dormir, a reportarse o establecer trabajos menores. Así tenemos que sancionar.
¿Cómo pueden estar presas personas que tienen una grave alteración de la conciencia y que por tanto son inimputables?
Ahí entramos a un campo que es totalmente desatendido por el Estado porque no hay ninguna política de salud mental. Yo he llamado al Ministerio de Salud para ver qué área de salud se encarga de los enfermos mentales, ya que son enfermedades como cualquier otra y he visto que no hay política de salud mental para estos reos. Tanto así que Pérez Guadalupe con mucha practicidad ha tenido que hacer un pabellón solamente de locos y los ha metido ahí porque tampoco puede sacarlos a la calle. Son un peligro. De repente van en un ómnibus y acuchillan a cualquiera.
Al Poder Judicial le corresponde la administración de la justicia penal juvenil. ¿Qué piensa hacer con sicarios cada vez más jóvenes y un establecimiento como Maranguita, totalmente saturado para las necesidades de Lima, donde hay un motín de cuando en cuando?
Yo pensaba como tú. En mi primera visita creí que me iba a encontrar con algo del estilo de Lurigancho, pues me equivoqué de cabo a rabo. Maranguita tiene en primer lugar canchitas de fútbol. Está dividido en 4 partes, claramente divididas con unas paredes tremendas, muy altas. Hay áreas de dormitorios con 8 camas, cada dormitorio con sábanas, almohadas. Bien puestas. Ahí no hay tugurización, Claro, el edificio no es nuevo, es pintura regalada, pero todo está muy bien limpio, una cocina limpia, etc. Me encontré con el tugurio en la parte de los muy peligrosos donde habría unos 35 ó 40. Ahí sí había tugurio porque ahí no estaban divididos y cada uno tenía una colchoneta. Esa parte es la única fea. Hay además otra área, que se llama Don Bosco, en donde las habitaciones son mucho mejores. Esta área es para chicos de 16 a 18 años que ya trabajan. Están rehabilitados pero todavía su condena no terminará incluso hasta después de cumplir la mayoría de edad. Esos chicos salen a trabajar y regresan casi como a una pensión.
¿El éxito sería que no haya reincidencia?
Solo tenemos 8% de reincidencia. Es bajísimo. Tenemos talleres muy exitosos como el de peluquería. Hacen esos peinados raros. Salen y forman sus peluquerías. Otro taller importante es el de mecánica. Pero los chicos egresados no gustan de dar declaraciones porque no quieren que los vinculen como “soy ex Maranguita”. Dicen que se les va la clientela. También el Ministerio de Cultura nos ha ofrecido 15 a 20 becas para formar operarios para trabajar con arqueólogos en las huacas. Tenemos un proyecto con los bomberos.
A raíz de una reciente caricatura de Carlín, usted quiso dejar constancia de que no es aprista. Sin embargo existe la idea extendida de que en el Poder Judicial si un juez no es aprista o no es masón no asciende. ¿Es verdad?
No. Quizás ese es un rezago de otros tiempos. Actualmente debe haber simpatizantes del Apra, de la izquierda o del Partido Nacionalista, pero está totalmente prohibido que algún juez dé un indicio o asomo de inclinación partidaria. Eso está totalmente prohibido y es sujeto de sanción.
¿Y cuando el doctor Vega Vega, presidente de la Corte Superior de Lima, fue a un cumpleaños que parecía acto partidario aprista?
Se le abrió un proceso y en uno de los casos se le sancionó. La simpatía de él es inocultable pero estamos nosotros siempre atentos.
¿No es verdad que para ascender hay que ser aprista o amigo de los apristas?
Eso no es cierto.
¿Ni tampoco masón?
Tampoco es cierto.
¿Pero usted lo ha escuchado alguna vez?
Por supuesto, sí lo he escuchado y he visto también algunos jueces que tienen la insignia de la masonería pero es como si viéramos la insignia de un rotario.
El Poder Judicial ha destituido 77 jueces en los últimos tres años. Sin embargo persisten casos que crean suspicacia. El Presidente Regional de Áncash, sujeto potencial de investigación, firma un amable convenio y envía con todo pagado a 12 jueces a California a un curso de tres días. ¿No habría que tener más cuidado?
Por supuesto. La recomendación impartida es que está prohibido hacer este tipo de convenios de manera personal. Los convenios deben ser institucionales. Hay un artículo de la Ley de Presupuesto que permite apoyar al Poder Judicial pero se hace con el Consejo Regional o con el Concejo Municipal totalmente despersonalizado. Es más, todo convenio debe pasar por una revisión de la Presidencia justamente para evitar problemas.
¿Y si el alcalde construye el local y paga la fiesta el día del juez?
Hemos desterrado toda fiesta y celebración en locales comerciales. Se ha prohibido hace ya algunos años el expendio de bebidas alcohólicas y se ha prohibido interrumpir el horario de despacho judicial. Esa simple medida ha aumentado 2% a 3% la producción.
En http://www.larepublica.pe/13-05-2013/el-hombre-que-queria-despapelizar-la-justicia
¿Qué van a hacer con la desnaturalización de las acciones de habeas corpus y amparo?
En un baile se baila entre dos: el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. Hemos encontrado una gran receptividad en el doctor Urviola y hemos constituido un grupo de trabajo dedicado solamente a esto. No todo puede ser una afectación al debido proceso.
Se interponen habeas corpus para derechos que no tienen que ver con la libertad individual y los jueces los tramitan
Efectivamente, pero resuelven basados en sentencias del TC. Por eso es necesaria esa coordinación, ese afinamiento sin afectar derechos pero sin alargar un procedimiento innecesariamente porque interponen amparos que van de nuevo hasta el TC.
En seguridad ciudadana se le ha pedido al Congreso que apruebe los proyectos de ley que son iniciativa del Poder Judicial ¿Cuáles son las urgencias?
Todo nuestro ordenamiento tiene una serie de resquebrajaduras, algunas antinomias normativas que es necesario resolver y que gracias a la experiencia, porque no hay persona que conozca más su huerto que el propietario del huerto, hemos presentado una serie de cuestiones normativas que son resquicios que usan los competentes abogados para beneficio de sus clientes, en casos en los que sí hay responsabilidad. La lucha contra la delincuncia por la obtención de una mayor seguridad ciudadana que es un reclamo general. Los jueces ya han incrementado la rigurosidad en las sanciones. Yo me he encontrado con crímenes horrendos que tenían 10 años, 111 años y que salìan en 4. Pues ahora revisa y verás que tenemos sentenciados de 25, 30, 35 años y perpetua. Tenemos una relación de presos a cadena perpetua en Chimbote, Trujillo, Lima. Eso obliga a aumentar la seguridad a los jueces. Ya se ha logrado que los beneficios penitenciarios en reincidencia no existan.
¿Por qué no se unsaba el máximo de sanción que existeen la ley penal?
No se usaba, por una falsa benevolencia. Hoy se está aplicando.
(Transcripción de la versión impresa).
La República, 13 de mayo de 2013
