Carlos Daniel Morales Córdova (*)
Nuestra capital en los últimos meses ha sido sacudida por hechos violentos: secuestros, robos, violaciones, asesinatos, etc., son la constante y generan en los ciudadanos inseguridad y el temor de que la violencia recrudezca y se vuelva incontrolable. Ante esta situación, muchas voces se levantan exigiendo la imposición de penas más drásticas, la eliminación de los beneficios penitenciarios, la construcción de más cárceles e inclusive la imposición de la pena de muerte. Sin embargo, hay que tener cuidado con la imposición de medidas “radicales” ya que solamente pueden agravar el clima de violencia que se vive en el país.
Hoy en día nuestras autoridades se encuentran en la búsqueda de mecanismos que permitan hacer frente a las nuevas dimensiones que viene adquiriendo la delincuencia, reclamando aumentar el alcance y la fuerza del Derecho Penal, a través de la tipificación de más conductas, el endurecimiento de las sanciones y otras medidas restrictivas. Estas posturas represivas, ponen en relevancia la actuación de los jueces penales en la impartición de la justicia, al tener una obligación trascendental con la sociedad, como garantes de los derechos y libertades de los ciudadanos al momento de realizar la imposición de las sanciones penales y efectuar un adecuado control social que nos permita alcanzar la ansiada paz social.
Los que nos encontramos inmersos en los temas de índole penal, sabemos las tragedias humanas que constituyen cada caso concreto sometido a la justicia penal, ya que la víctima, el imputado y los familiares de ambos forman una triada de dolor y sufrimiento que de no recibir una respuesta efectiva ocasiona la deslegitimación de las instituciones pilares de nuestra sociedad, es por ello, que los jueces penales se convierten en los obreros que refuerzan la estructura social e impiden que nuestra sociedad vuelva a la barbarie y la intolerancia.
En este sentido, los jueces penales no sólo deben tener de su lado los conocimientos de los principios que sustentan el Derecho Constitucional, el Derecho Penal, el Derecho Procesal Penal y demás materias, sino también debe poseer virtudes y valores que les permitan cumplir la difícil tarea de impartir justicia superando las limitaciones con las que se cuenta al momento de ejercer la función judicial y tratando de alcanzar la equidad necesaria en cada una de sus decisiones, sólo así se podrá recuperar la legitimidad de nuestra institución.
Por otro lado, aunado a ello, constituye una tarea ineludible, que todos los actores sociales logren un cabal entendimiento de la violencia que azota nuestra sociedad, es decir, debemos, analizar los factores políticos, sociales, económicos, culturales, etc., que lo originan y a partir de ello, trazar y diseñar una política criminal acorde con nuestra realidad que nos permita realizar una lucha coherente contra la delincuencia, la misma que deberá ser parte de una política de Estado por alcanzar una sociedad más justa.
Es por esto, que la justicia penal, hoy en día, adquiere mayor significación e importancia para garantizar una convivencia social plena y en la que los jueces penales juegan un papel trascendental.
(*) Juez integrante del Programa Social “Justicia en tu Comunidad” de la Corte de Lima
