Tania Ynés Huancahuire Díaz (*)

Una de las funciones de los jueces es garantizar al justiciable el debido proceso y es por ello que se procura que el desarrollo del proceso sea en igualdad de condiciones para los litigantes, este principio es de mayor preocupación a los magistrados donde en un juicio penal, además del fiscal, intervienen otros sujetos procesales como son la víctima y el procesado, quienes muchas veces no tienen los recursos económicos para contratar a un abogado defensor dentro del proceso, frente a esta situación el Estado ha instituido la Defensa Pública compuesta por abogados contratados por el Estado que defiende a estas personas de escasos recursos gratuitamente.

Muchas veces las personas que afrontan un proceso penal no tienen conocimiento que para cada juzgado penal están asignados abogados defensores públicos que brindan asesoría legal gratuita a las partes procesales. Estos defensores públicos, antiguamente llamados también abogados de oficio, son profesionales que pertenecen al Ministerio de Justicia, altamente preparados y capacitados para defender a las personas de bajos recursos económicos inmersas en un proceso penal y que no pueden contratar abogados particulares.

En una oportunidad llegó a mi despacho un procesado que temerosamente se acercó al secretario, preguntando por su proceso, inmediatamente elsecretario le respondió que “traiga a su abogado” para que lea el expediente y le informe de cuál era el estado del proceso. Al escuchar dicha conversación salí de mi despacho observando al procesado que miraba al secretario y no sabía qué decirle, luego de unos segundos respondió: “no tengo plata para pagar a un abogado”. Es ahí donde intervine manifestándole que si no tenía recursos para pagar un abogado, existía una Oficina de Defensores Públicos y ahí podía buscar a un abogado que le asesore respecto de su proceso, además le dije que estos abogados no le iban a cobrar ni un sol. El procesado luego de escucharme me preguntó sorprendido: “¿en verdad no me va a cobrar nada?”, entonces respondí confirmando la gratuidad del servicio.

Al cabo de una hora este señor regresó con el abogado defensor público quien se apersonó al proceso y fue informado sobre la etapa en la que se encontraba el mismo. El procesado había sido notificado para que rinda su declaración, siendo el caso que al preguntársele sobre su ocupación laboral dijo que era “reciclador de botellas y plástico”, asimismo señaló que su grado de instrucción era primaria incompleta. Comprendí en ese instante por qué esta persona llegaba temerosa y con miedo al juzgado y por qué cuando el secretario le decía que se apersone con su abogado para conocer del estado de su proceso, no entendía nada.

Este ciudadano tenía la intención de solucionar su problema con la justicia, pero no lo hacía por desconocimiento del trámite procesal y por falta de recursos económicos.

Por ello resulta de suma importancia poner en conocimiento de las personas de nuestra comunidad que se encuentran inmersas dentro de un proceso penal, que existe la oficina de defensores públicos, abogados dispuestos a asesorarlos gratuitamente, porque el interés del Estado es que no existan personas que vivan al margen de la ley, escondidos, con órdenes de captura, lo cual les limita a desarrollarse precisamente en su comunidad y por el bien de ella es que se ha creado esta oficina de asesoría judicial gratuita.

(*) Jueza integrante del Programa Social “Justicia en tu Comunidad” de la Corte de Lima