COMUNICADO Nº 06-CD-JUSDEM-2015

LA ASOCIACIÓN DE JUECES PARA LA JUSTICIA Y LA DEMOCRACIA – JUSDEM

La Junta Directiva de la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia-JUSDEM, frente a la denuncia pública del señor Juez Juan Macedo Cuenca del Cuarto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima expresada en los medios de comunicación, hace de conocimiento de las instituciones del Estado y a la opinión pública, lo siguiente:

Primero: Que, el Estado está en el deber de dar seguridad a sus funcionarios y especialmente quienes tienen la función de juzgar, respecto de conflictos de importancia económica, política o social1.

Segundo: Que, la seguridad de los magistrados, es un elemento necesario para la vigencia del Estado Constitucional de Derecho y para que sus fiscales y jueces actúen con autonomía e independencia en el desempeño de sus sagradas funciones.

Tercero: En este contexto, es de singular preocupación para la comunidad judicial, la grave denuncia efectuada por el magistrado Macedo Cuenca, con relación a las presuntas amenazas contra su vida.

Cuarto: Solicitamos que, la Policía Nacional y el Ministerio Público así como las autoridades competentes cumplan con realizar una exhaustiva investigación sobre la referida denuncia con la debida prontitud; de igual manera, se debe brindar seguridad a los jueces y muy especialmente al señor Juez Macedo Cuenca en armonía con la solicitud formal del Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Quinto: Que, el 27 de Mayo del presente año, fue asesinado el Magistrado Walter Rafael Burgos Fernández, y habiendo transcurrido más de seis meses la Policía ni el Ministerio Público han presentado resultado alguno, no se tienen avances, sospechosos ni mucho responsables; consecuentemente exigimos las acciones mínimas razonables, la prevención y una alerta constante ante cualquier atentado en perjuicio de la justicia en el Perú.

La Junta Directiva.

Jorge Luis Ramírez Niño de Guzmán.

Presidente.

1 ESTATUTO DEL JUEZ IBEROAMERICANO. Artículo 35. Seguridad personal y familiar En garantía de la independencia e imparcialidad que han de presidir el ejercicio de la función judicial, el Estado proporcionará los medios necesarios para la seguridad personal y familiar de los jueces en función de las circunstancias de riesgo a que se vean sometidos