CONFLICTO: LE DAN DIEZ DÍAS AL GOBIERNO PARA ENCONTRAR UNA SOLUCIÓN
Jueces dan vía libre para fijar un paro y convocan a una marcha
La asamblea de la Asociación de Magistrados dio ayer vía libre para decretar el primer paro de jueces de la historia, en el marco del conflicto salarial que mantienen con el gobierno. Si no hay avances en la negociación, habrá una movilización.
PABLO MELENDREZ dom nov 16 2014
La Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) inauguró oficialmente ayer su nueva sede social y el local —ubicado en el primer piso de la Galería Cristal, en el Centro de Montevideo— fue escenario de una asamblea histórica que puede derivar en pocos días en el primer paro de jueces a consecuencia del dilatado conflicto salarial que mantienen con el Poder Ejecutivo desde 2011.
La asamblea, que se extendió durante más de cinco horas y de la que participaron 270 magistrados entre jueces presentes y los que intervinieron mediante poder entregado a otros colegas, habilitó a la Comisión Directiva de la AMU a adoptar las “medidas gremiales que correspondan, incluyendo las más extremas” en caso de que en un plazo de diez días no surjan novedades en las reuniones que mantendrán las autoridades del Poder Ejecutivo con los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
La moción que finalmente fue aprobada, que resultó de la combinación de varias propuestas, mandató la Comisión Directiva a “adoptar progresivamente” medidas gremiales hasta llegar a un “paro total de actividades”, aunque se estableció expresamente que en ese caso se mantendrá una “guardia gremial” que atenderá “las materias sensibles”, sobre todo lo relacionado con los juzgados penales.
Así, y según el “principio de gradualidad” establecido en la asamblea de ayer, antes de concretar un paro de actividades los jueces podrán realizar dos medidas previas: la suspensión de audiencias y la interrupción del dictado de decretos en procesos en trámite y la emisión de sentencias. La Comisión Directiva de la AMU quedó habilitada para disponer ambas medidas a partir de mañana lunes.
La gremial, a la que están afiliados 480 de los 500 jueces de todo el país, también definió que si el Poder Ejecutivo no ofrece “un compromiso de pago concreto y razonable” antes del lunes 24, el miércoles 26 realizará una “concentración y marcha masiva de magistrados de todo el país en la ciudad de Montevideo” a la hora 11.00. La asamblea exceptuó de asistir a esta manifestación a los jueces penales y de violencia doméstica que se encuentren de turno.
El conflicto salarial entre los jueces y el Poder Ejecutivo se remonta a 2011, con la aprobación de la Ley de Presupuesto de la Administración de José Mujica. En esa norma el gobierno quiso mejorar los salarios de los ministros del gabinete equiparando sus ingresos a los de los senadores, pero no tuvo en cuenta que por otras disposiciones legales el beneficio también abarcaría a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral.
En el Poder Judicial, por ley, los jueces deben ganar un porcentaje del salario que perciben los ministros de la SCJ.
Lo mismo ocurre con los funcionarios administrativos y profesionales que no tienen la calidad de magistrado (actuarios, peritos, defensores de oficio, etcétera), que están “enganchados” al sueldo de los integrantes del máximo organismo del Poder Judicial.
Por esas normas de “enganche” es que el conflicto también alcanza a los funcionarios de los registros públicos y a los de las fiscalías, servicios que dependen del Ministerio de Educación y Cultura.
El gobierno promovió una ley interpretativa para especificar que el aumento regía solamente para los ministros de Estado, norma que fue declarada inconstitucional por la SCJ. Esa sentencia dio lugar a reclamos de los colectivos implicados, entre ellos, una importante cantidad de magistrados.
El Poder Ejecutivo ya calculó que pagar los salarios con el aumento implicará un incremento de US$ 60 millones en el presupuesto de cada año.
“Contumaz”.
La asamblea de la AMU ratificó su decisión de mantenerse en un “grave conflicto” con el Poder Ejecutivo, al que acusó de mantener una “contumaz e ilegítima negativa” a cumplir con el pago correspondiente en función de los fallos judiciales.
“Los jueces estamos convencidos de que así como nosotros aplicamos la ley también queremos que nos apliquen la ley a nosotros y tenemos una ley que nos favorece y dos sentencias de inconstitucionalidad que también lo hacen. Entonces estamos esperando que se nos pague”, declaró el vicepresidente de la AMU, Marcos Seijas, al terminar la asamblea.
Otra de las medidas aprobadas ayer por la gremial de jueces es promover la derogación de las normas que fueron declaradas inconstitucionales, debido a que son ellas las que “han obstaculizado” el cobro de los salarios con el aumento que “legítimamente” le “corresponde” a los magistrados, argumentan.
Jueces de Salto plantearon ir a la huelga desde mañana
La comisión departamental de jueces de Salto presentó ayer en la asamblea de la AMU una moción para que el gremio se declarara en huelga a partir de mañana lunes. Por su parte, un magistrado de Cerro Largo propuso dejar de tramitar los juicios en los que el reclamante sea el Estado.
Si bien un informe elaborado por una comisión designada por la gremial entendió que los jueces pueden realizar acciones gremiales, incluso la huelga, la asamblea por amplia mayoría rechazó ambas propuestas.
El abogado laboralista Nelson Larrañaga, socio del estudio Ferrere, consideró que los jueces “no podrían realizar un paro de actividades” en función de lo que establece la ley Orgánica de la Judicatura y de Organización de los Tribunales y las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) avaladas por Uruguay.
“Los jueces ejercen la autoridad jurisdiccional del país y expresan la voluntad del Poder Judicial como uno de los tres poderes del Estado. Por tanto, para la OIT puede ser restringido o prohibido el derecho de huelga de los jueces en tanto que si hacen huelga, los órganos jurisdiccionales se quedan sin titulares que puedan juzgar los casos sometidos a sus decisiones y hacer ejecutar lo juzgado. Esta es la función jurisdiccional fundamental que solo la pueden ejercer los jueces y tribunales”, dijo el experto.
Campaña en prensa y afiches
De acuerdo con lo resuelto en la asamblea de ayer, la Asociación de Magistrados del Uruguay realizará una “campaña masiva de comunicación” para explicar el conflicto salarial con el Poder Ejecutivo. Además, la gremial confeccionará afiches “alusivos a la situación” y los colocará “en todas” las sedes judiciales del país. Finalmente, los jueces usarán “un distintivo simbólico” del diferendo “a lucir en ámbitos y horarios de trabajo”.
En http://www.elpais.com.uy/informacion/jueces-dan-via-libre-fijar.html
