Por cambios en Sala Penal piden intervención de Corte Suprema

Rechazo. Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aún no consigue a jueces que integrarán el nuevo colegiado “F” de la Sala Penal Nacional. Los gremios de magistrados y el Instituto de Defensa Legal advierten que la independencia judicial está en peligro.

César Romero C.

Respaldo. La Asociación de Jueces por la Justicia y Democracia, presidida por la jueza superior Clotilde Cavero Nalvarte, ha pedido la intervención de la Corte Suprema de Justicia.
La decisión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) de remover de la Sala Penal Nacional a los jueces que otorgaron comparecencia (libertad restringida) a los líderes del prosenderista Movadef sigue generando rechazo en la magistratura.

Los jueces de la Sala Penal Nacional (SPN) han pedido la intervención de la Sala Plena de la Corte Suprema, pues los cambios, dicen, afectan el normal desarrollo de los juicios y ponen en peligro la independencia de los magistrados al resolver las causas.

La protesta de los jueces se ha plasmado en un documento que han hecho llegar a los magistrados de la Corte Suprema. Los jueces pedirían que se revise la potestad del Consejo Ejecutivo de cambiar a los jueces de la SPN en cualquier momento y sin justificación alguna.

Falta resolución

Mientras tanto, hasta este martes, el CEPJ no hacía oficial la salida de los jueces Víctor Valladolid Zeta, Olga Inga Michue y Ana Vásquez Bustamante y, por tanto, los tres siguen atendiendo el Colegiado “F” de la Sala Penal Nacional.

Hasta ahora solo existe el comunicado de la oficina de prensa de la Corte Suprema del jueves 7 de marzo. Según fuentes judiciales, la demora en concretar los cambios se debe a que el Consejo no logra encontrar a los sustitutos.

Desde que se inició la gestión de Enrique Mendoza, el Consejo ha venido prefiriendo a jueces de provincias para integrar los diversos colegiados de la SPN, dejando de lado a los de Lima, que durante mucho tiempo habían integrado estos tribunales, altamente especializados.

Pero desde marzo último, los magistrados de provincias son renuentes a venir a la Sala Nacional por la inestabilidad que genera. La jueza Ana Vásquez había llegado a dicha Sala recién en noviembre del año pasado, Olga Minchue llegó en enero del 2013 y Víctor Valladolit en enero del 2012.

Respaldo

Mientras tanto, siguen sumándose las muestras de apoyo a los jueces cambiados y las críticas a la decisión del Consejo Ejecutivo presidido por el doctor Enrique Mendoza.

“Recurrir a la remoción de los miembros de un Tribunal en razón de no estar de acuerdo con una resolución constituye un acto que afecta los principios de autonomía e independencia de la función jurisdiccional, pudiendo constituirse en peligroso precedente que afecte indebidamente la futura actuación de los integrantes del Poder Judicial”, expresó ayer la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (Jusdem).

La asociación, fundada durante el copamiento fujimorista del PJ, enfatizó que “las decisiones jurisdiccionales pueden ser válidamente criticadas y debatidas; sin embargo, esto debe realizarse dentro de los parámetros legalmente adecuados y, en lugar de adjetivaciones, es necesario el análisis serio de sus fundamentos jurídicos, manteniendo en ese nivel las argumentaciones a que dé lugar.

Previamente, la Asociación Nacional de Magistrados ya había expresado que cualquier atentado a la independencia de los jueces, externa o interna, (…) va en contra del principio de separación de poderes, que es la piedra angular del Estado Constitucional de Derecho y de la democracia.

Por lo cual, Jusdem y la Asociación de Magistrados pidieron la intervención de la Corte Suprema como órgano deliberativo máximo del Poder Judicial para pronunciarse sobre esta situación.

Acerca de este mismo caso, el juez supremo Javier Villa Stein ha señalado que este suceso demuestra que “el PJ está en total desgobierno”. “Creo que en este caso él (Mendoza) ha estado en otro sitio, no en el lugar que le corresponde al presidente de la Corte Suprema”, enfatizó.

PELIGRO

Por su parte, el Instituto de Defensa Legal (IDL) advirtió que lo hecho por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial constituye una clara vulneración de la independencia judicial interna y le hace el juego al Movadef en sus reclamos ante las instancias internacionales, sobre la falta de garantías de imparcialidad en sus juicios.

El IDL recuerda que en un informe sobre la prisión preventiva la Comisión Interamericana de DDHH señaló que “ha observado que en ocasiones se utilizan los propios órganos de control disciplinario para sancionar a aquellos jueces que se considera no han sido lo suficientemente estrictos en sus decisiones respecto de la libertad de personas procesadas penalmente”.

La optimización de la Sala Penal

En marzo último, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial también removió, con el supuesto propósito de optimizar el servicio, a otros tres jueces de la Sala Nacional, lo que puso en peligro la continuidad de diversos juicios, frustrando la programación de nuevas audiencias.

Además, pese a regresar a sus cortes de origen, los jueces deben continuar atendiendo los juicios en trámite en la Sala Penal Nacional, lo que genera que trabajen en dos sitios a la vez, lo que está muy lejos de optimizar el servicio judicial y solo genera caos en el desarrollo de las investigaciones y juicios.

Claves

El Consejo Nacional de la Magistratura ha pedido al Poder Judicial un informe sobre los cambios de jueces de la Sala Penal Nacional por la inestabilidad en la magistratura que están generando.

Uno de los consejeros ha pedido investigar al presidente del Poder Judicial y el Consejo Ejecutivo, Enrique Mendoza, por los continuos cambios de jueces.

LA REPUBLICA 13 de agosto de 2014