Justicia para los buenos jueces y juezas
Autor(a): Equipo de Justicia Viva
Perú
Hoy es el día del juez. Nosotros, como la gran mayoría del país, somos muy críticos de quienes por mandato de la Constitución son los únicos que pueden administrar justicia. Pero siempre decimos que hay que distinguir a los jueces que actúan incorrectamente, de quienes hacen justicia superando todo tipo de dificultades.
1. Es injusto que un mal magistrado valga más que muchos buenos
Como es obvio lo que conoce la gente a través de los medios judiciales son los escándalos judiciales. Casos en los que jueces favorecen abiertamente la corrupción, impunidad, fenómenos tan graves. Pero simultáneamente hay cientos que se enfrentan a los mismos fenómenos, y otros muchos más están dedicados a resolver miles de casos que no hacen ruido, pero importantísimos para la vida diaria de las personas (alimentos, pensiones, derechos laborales, estafas, etc.).
2. Defender la independencia judicial
Para que un juez pueda administrar justicia debe poder resolver con independencia. Sin injerencias externas (del poder político, por ejemplo) y sin injerencias internas (de las autoridades del Poder Judicial).
Actualmente, sin embargo, el poder político presiona permanentemente en tono amenazante para que los jueces resuelvan en el sentido que les conviene (el Ministro del Interior acaba de pedir que intervenga el Órgano de Control Disciplinario contra los jueces que no ordenen siempre la prisión preventiva). Las altas autoridades y disciplinarias del Poder Judicial muchas veces investigan y sancionan a los magistrados por el sentido de sus resoluciones, solo por el hecho de ser criticados mediáticamente. Los distintos tipos de poderes (lícitos e ilícitos) se han apropiado de importantes sectores del Poder Judicial y logran que muchos de ellos actúen a su favor.
Ahora, hay que reconocer que en las actuales circunstancias del país se ha generado una tensión difícil de resolver: ¿cómo defender y no afectar la independencia judicial, cuando un número significativo de éstos usa esa independencia para actuar de manea inequívoca en contra de la ley y a favor de intereses ilícitos?
3. Mejoremos las condiciones para administrar justicia
La mayoría de magistrados tienen que cumplir una función tan difícil y compleja, como es administrar justicia, en condiciones realmente precarias. Pésima infraestructura, muy pocos recursos para diligencias, pericias y personal de apoyo. El no respeto de la especialidad. Falta de seguridad. Remuneraciones que si bien han mejorado, deberían haberse incrementado de acuerdo a lo que estipulaba la Ley Orgánica del Poder Judicial, norma que el Congreso decidió desconocer arbitrariamente.
4. A favor de la institucionalidad
No se logra todavía que se aplique una ley de carrera judicial que promueva al buen juez en base a criterios objetivos y méritos. En muchos niveles sigue primando los criterios subjetivos, como, por ejemplo, en el nombramiento de los magistrados provisionales por las autoridades judiciales, o la conformación de las salas. Es inentendible cómo se crean dos nuevos distritos judiciales en Lima (los que pueden ser necesarios) pero mediante el método de la imposición y no del consenso con la Corte Superior de Lima.
Los jueces eligen representantes en diversos órganos: el Consejo Ejecutivo (órgano de gobierno), el CNM (órgano de elección, ratificación y destitución de jueces), OCMA (control disciplinario), Jurado Nacional de elecciones (JNE). Sin embargo, muchas veces prima decisiones que no expresan prácticas democráticas, como lo exigen los integrantes de la judicatura.
5. Por un control disciplinario justo
Es indispensable que frente a los magistrados exista un control disciplinario eficaz y exigente, pero a la vez racional y que brinde todas las garantías del debido proceso.
¿Está bien que quienes administran justicia sean evaluados –sea para ser ratificados o cesados cada 7 años, o para ser destituidos– por un órgano, el Consejo Nacional de la Magistratura, que en términos generales deja mucho que desear, pese a los varios consejeros que se salvan de esta apreciación. La OCMA es el órgano interno del Poder Judicial que controla a los jueces, pero ¿quién controla a la OCMA?
Frente a todos estos temas, el IDL siempre ha creído que los magistrados deberían tener una asociación que cumpla con las siguientes funciones: 1) Sea la primera en criticar todo lo criticable del Poder Judicial. 2) Defienda lo que es verdaderamente defendible de la justicia en el país. 3) Abra las puertas del Poder Judicial a la ciudadanía e implementar la transparencia como regla, estableciendo canales de diálogo con los medios de comunicación y la sociedad civil. 4) Explique a la opinión pública las decisiones judiciales, para que tengan una opinión informada y bien sustentada, así como el funcionamiento del sistema de justicia, para que se sepa las responsabilidades de los diversos órganos que lo integran (TC, Ministerio Público, Policía, etc.). 5) Retome la idea de una reforma judicial, que se comience a implementar de manera progresiva, asumiendo puntos estratégicos. La Asociación de Jueces por la Democracia podría proponerse cumplir estas funciones, retomando un rol protagónico.
De otro lado, es un deber y una responsabilidad de la sociedad civil, fiscalizar sí, pero con rigurosidad, y defendiendo a los buenos jueces y juezas, así sea a contra corriente.
07-08-2014
