ARBITRA PERÚ
El arbitraje popular
Carlos Castillo Rafael
Coordinador del Programa de Arbitraje Popular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Si bien el arbitraje, desde hace mucho tiempo, es parte de la vida republicana y jurídica en el país (incluso las dos últimas Constituciones Políticas lo mencionan), no ha logrado arraigarse en la práctica y en las decisiones de las mayorías; pues aún ellas recelan de esta forma de gestión de controversias.
Precisamente, para acercar el arbitraje a la población emergente es que mediante el Decreto Legislativo Nº 1071, Ley de Arbitraje, se crea el arbitraje popular, con el fin de solucionar conflictos de los emprendedores, empresarios, profesionales y público en general, necesitados de un arbitraje eficaz, rápido, confiable y, sobre todo, accesible a su bolsillo, y cuyos conflictos son de baja cuantía, es decir, no sobrepasan, a la fecha, los 76,000 nuevos soles.
Así, en 2008, el Estado constituyó el Centro de Arbitraje Arbitra Perú, perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus). Una institución arbitral que atiende conflictos como los tiene cualquier ciudadano: incumplimiento de contrato, indemnizaciones, pagos de deudas, cobro de alquileres, devengados, desalojos, etcétera. Los gastos administrativos, así como los honorarios del árbitro interviniente, son austeros, no obstante que intervienen profesionales de reconocida trayectoria en la función arbitral.
El tema es aún más sugerente. El Estado se ha convertido en el promotor del arbitraje popular y difunde su uso a todos los sectores de la sociedad, desarrolla acciones para fomentar la creación de instituciones dedicadas a este tipo de arbitraje y de programas de capacitación. La institucionalización del arbitraje popular es lenta, pero prometedora. El año pasado se iniciaron 67 arbitrajes, a la fecha van iniciados 63. Pero más que los pocos o muchos números se desea, y eso es lo valioso, acercar el arbitraje a la población, democratizando su acceso, descentralizando el servicio e invitando a instituciones, públicas y privadas, que se sumen a difundir y ejercer la justicia arbitral.
