Jaime David Abanto Torres (*)
Una milicia popular es un conjunto de voluntarios armados no pertenecientes al ejército regular. Un mercenario es el que, por dinero, sirve en la guerra a un poder extranjero. En sentido figurado, nosotros, los judiciales, estamos en un “estado de guerra” constante para prestar el servicio de justicia, pero los judiciales no somos un ejército regular integrado por soldados profesionales. Eso es una aspiración, porque en realidad los judiciales somos una “milicia”.
Recordemos que los milicianos eran gente del pueblo que se defendía con las armas. Don José de la Riva Agüero, Primer Presidente Constitucional del Perú, fue un coronel de milicias. Y es que no existe universidad, academia o instituto que enseñe a los aspirantes a jueces o auxiliares jurisdiccionales a prestar el servicio de justicia. Eso se aprende en la práctica cotidiana. Una especialización que no la dan los grados académicos ni los títulos profesionales.
Los milicianos de la justicia son personas de carne y hueso, trabajadores jurisdiccionales que llegan tarde a casa robando tiempo a sus familias, héroes anónimos e incomprendidos; que tienen sueños y esperanzas, principios y valores y luchan por ellos y los jueces somos sus oficiales. Los judiciales somos una milicia en guerra constante no solo contra los conflictos, sino contra la incomprensión e indiferencia del propio Estado Peruano.
Lamentablemente, junto a los milicianos están los mercenarios de la justicia. Sin mística alguna, éstos prestan sus servicios a cambio de una retribución, venga de quien venga. Es posible que usted haya sido víctima de alguno de estos mercenarios, encaminados por el sendero de la corrupción y el tráfico de influencias. Esperemos que más temprano que tarde los mercenarios de la justicia sean erradicados del Poder Judicial.
Hace más de un mes los milicianos estaban en huelga, exigiendo la exclusión de un régimen laboral que consideran lesivo; ¿bastará una ley para mejorar sus condiciones de trabajo? Consideramos que no, pero puede ser un buen comienzo. El Poder Ejecutivo, el Congreso y los Órganos de Gobierno del Poder Judicial deberían hacer sus mejores esfuerzos para iniciar un diálogo que logre mejorar las condiciones laborales de los milicianos de la justicia.
(*) Juez Civil, integrante del Programa Social “Justicia en tu Comunidad” de la Corte Superior de Justicia de Lima.
Expreso, 12 de junio de 2014
