Hace algún tiempo, en España, se hizo una encuesta entre un conjunto de jueces. Se les puso un caso hipotético. Una viuda con cinco hijos dejó de pagar la renta de su casa como consecuencia de su precaria situación económica. El propietario la demanda para obtener el desalojo y recuperar su inmueble para poder alquilárselo a otro.
El juez está a punto de dictar sentencia. Se le daba dos posibles respuestas. La primera, declarar nulo todo lo actuado en base a un defecto procesal que, aunque discutible, admitía una interpretación que llevaba a tal consecuencia. Con ello se garantizaba la permanencia de la viuda en la casa por cerca de un año más. La segunda era proceder al lanzamiento.
La inmensa mayoría de los jueces contestaron que acogerían la interpretación que protegería a la viuda de la intemperie. Justificaban su decisión en la equidad y en las terribles consecuencias que ello tendría para la señora y sus hijos.
Pero para sorpresa de los encuestadores uno de los jueces contestó que procedería a efectuar el desalojo. Cuando se le preguntó la razón, dijo que lo hacía por equidad. Si acogiera la otra interpretación, lanzaría el mensaje a los arrendadores de que los jueces protegen a las viudas. Esto implicaba reconocer que las viudas podrían, eventualmente, dejar de pagar sus obligaciones y demorar el lanzamiento más de lo que demoraría con el resto de los ciudadanos. La consecuencia: los propietarios de inmuebles estarían reacios a alquilar sus propiedades a viudas con hijos por temor a no poder desocupar el predio cuando su inquilino incumpliese, y los que aceptaran alquilar cobrarían rentas más altas para compensar los riesgos que asumían. Prefería una viuda en la calle por no pagar, que cien viudas en la misma calle, pero esta vez por no poder encontrar quien les arriende un techo donde vivir.
El juez comprendió que la justicia y la equidad no se agotan en la relación del propietario con la viuda concreta, sino que favorecer a esta viuda perjudicaba a las demás. Se obligaba a las viudas sin hogar a soportar el costo de los beneficios que recibía la viuda con techo, pero que no pagaba la renta.
El juez tenía razón. La protección de una viuda visible genera la desprotección de muchas viudas invisibles que simplemente no tienen donde vivir porque nadie quiere alquilarles.
La reciente aprobación por parte del Congreso de una nueva Ley de Inquilinos nos plantea un problema parecido al que enfrentó el juez. La ley establece que un inquilino puede ser desalojado si no paga la renta o se vence su contrato. Para ello tiene que incluirse en su contrato una cláusula de allanamiento. La ley pretende acelerar un desalojo (que puede tomar hoy más de 5 años) por un mecanismo expeditivo para recuperar el inmueble en solo 15 días.
Hemos sido testigos en los últimos años de la proliferación de edificios de departamentos. Eso es bueno. Pero todas esas construcciones son para venta. En el Perú nadie construye para alquilar. La razón es sencilla. Alquilar no es un negocio porque todos saben que los jueces protegerán a los inquilinos del desalojo así no paguen o no tengan contrato. El resultado es que quien no tiene dinero o crédito para comprarse una casa tendrá mayores problemas para conseguir vivienda.
Como en el ejemplo de las viudas, el sistema, a través de los jueces, protege a unos pocos inquilinos visibles para desproteger a muchas personas invisibles y sin techo. Si no cambiamos, muchos ocuparán, impropiamente, casas que no les pertenecen. Y muchos más se quedarán, impropiamente, en la calle.