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Autor(a): Lilia Ramírez Varela
Perú

Una noticia que ha pasado completamente desapercibida para la opinión pública es que el sábado 23 de julio se estará eligiendo a los jueces que integrarán uno de los más importantes órganos de gestión y gobierno del Poder Judicial: el Consejo Ejecutivo (CEPJ). Así la próxima semana serían elegidos, por un mandato de dos años, el juez superior representante de las Cortes Superiores y el juez representante de los jueces especializados .

¿Por qué es importante está elección? El CEPJ es un organismo de composición plural, en el que participan magistrados de diversos grados y un representante del gremio de abogados (sociedad civil). De conformidad con el artículo 72° de la Ley Orgánica del PJ, esta instancia es el tercer órgano de gobierno de la institución (antecedido por la Sala Plena de la Corte Suprema y el presidente del Poder Judicial) y, en su momento, constituyó una novedad respecto del antiguo sistema gubernativo, que descansaba sólo sobre el presidente de la Corte Suprema y la Sala Plena del máximo tribunal.

Su composición, conforme a la modificación introducida por el artículo 2 de la Ley 27465[1], es la siguiente[2]:

1. El presidente del Poder Judicial, quien lo preside y tiene voto dirimente.
2. Dos vocales supremos titulares elegidos por la Sala Plena.
3. Un vocal superior titular en ejercicio elegido por los presidentes de las cortes superiores de justicia de la República, en sufragio directo, entre los candidatos designados por las salas plenas de las cortes superiores.
4. Un juez titular especializado o mixto, elegido, entre ellos mismos, por los candidatos designados por las asambleas de jueces celebradas al efecto en cada distrito judicial.
5. Un representante elegido por la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú.

Mientras ejercen sus cargos, los miembros del Consejo Ejecutivo que no son vocales supremos tienen las mismas prerrogativas, categorías y consideraciones que éstos.

El CEPJ, que ha sido diseñado sobre la base del Consejo General del Poder Judicial establecido por la Constitución española, recibe, en la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente en el Perú desde 1992, importantes atribuciones de dirección de la entidad. En efecto, en virtud de su competencia para revisar las actuaciones de la OCMA, el CEPJ puede decidir sobre temas trascendentales de procedimientos sobre faltas sumamente graves, que podrían implicar la culminación de la investigación disciplinaria.

Por ejemplo, “de un tiempo a esta parte el Poder Judicial, [mediante su] Consejo Ejecutivo, le viene diciendo “no” a la posibilidad de sancionar a los magistrados sobre los que el Consejo Nacional de la Magistratura – CNM evaluó y encontró inconducta funcional”[3]. Un ejemplo escandaloso de lo ocurrido fue, sin duda, el caso de los jueces superiores Ángel Romero, Néstor Pomareda e Ida Rodríguez, en este sonado caso, el CEPJ absuelve a Ángel Romero, en total y abierta contradicción con la responsabilidad ya establecida por la propia resolución del CNM[4].

Tal vez este tipo de decisiones del Conejos Ejecutivo no se darían si los integrantes de este órgano fueran elegidos en procesos transparentes, a fin que la ciudadanía y la prensa tenga acceso a la hoja de vida de los y las postulantes. De darse elecciones claras, sería mucho más difícil que salga elegido el peor, y los candidatos expuestos al escrutinio público tendrían mayor legitimidad frente a la población y a sus propios pares.

En este sentido se pronunció la Asociación de Jueces para la justicia y la democracia (JUSDEM), invocando a visibilizar los planes de trabajo de los postulantes.

“INVOCAMOS los magistrados que postulan a integrar el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que, con anticipación suficiente a las elecciones programadas para el sábado 23 de julio, a horas 3.00 p.m. en el Palacio Nacional de Justicia; presenten y difundan los respectivos planes de trabajo que aspiran proponer al CEPJ, en los dos próximos años, para cuya difusión ofrecemos nuestra página web”.

Juez César Vega Vega
Sin embargo, lamentablemente esto no está pasando en el Poder Judicial. Como ya lo dijimos está elección está pasando completamente desapercibida, y eso trae como consecuencia también que un juez, con cuestionable trayectoria como César Vega Vega, haya sido, sorprendentemente, postulado por los y las jueces de la Corte Superior de Justicia de Lima para integrar el CEPJ. De acuerdo a información obtenida la sala plena de la Corte Superior de Lima, integrada por más de 120 magistrados, lo habría elegido como su candidato y encima con altas probabilidades de ganar.

Creemos que los escándalos a los que ha estado rodeado el desempeño de este juez son una causa trascedente que debe tener en cuenta la magistratura (los presidentes de Cortes) al momento de elegir, si es que quieren un candidato que tenga legitimidad entre la población.

Y es que por algunas de las sentencias en las que César Vega Vega ha tenido participación como juez supremo provisional, han dejado un manto de duda acerca de una correcta e independiente actuación:

a. El caso de la falsificación de un millón de firmas, en la que además solicitó a la fiscalía denunciar a los magistrados de la Sala que reabrió el caso (Inés Villa, Inés Tello y Roberto Barandiarán).

b. En el caso de de Dionisio Romero en la que votó por cambiar la competencia que conocía la Primera Sala Anticorrupción (entonces Sala A) a favor de la Tercera Sala Anticorrupción (entonces Sala C), denominada sala vip.

c. Con su voto apoyó la tesis jurídica que establecía que comprar un bien que proviene de dinero obtenido ilícitamente del Estado no es delito (Caso Benavides).

d. En el 2004, cuando conocía de procesos por corrupción en calidad de vocal supremo provisional, mantenía un contrato de arrendamiento con: Ángel Romero Díaz, entonces personero legal del partido aprista y abogado de Luis Duthurburu (testaferro de Vladimiro Montesinos).

A su vez, cabe recordar que existen denuncias de Vega Vega sosteniendo diálogos con Alberto Quimper, ex directivo de Perupetro y, en la actualidad, uno de los principales implicados del caso “petroaudios”[5], que todavía no han sido resueltas.

Así también, un hecho bastante preocupante e irregular que fue denunciado en su momento, es que: siendo Vega Vega integrante de la Sala Penal transitoria de la Corte Suprema que venía juzgando a uno de los testaferros de Montesinos, Luis Duthurburu, se reveló que el cuestionado magistrado alquilaba desde hacía varios años un inmueble al entonces abogado de Duthurburu, el ahora juez Ángel Romero. El vocal Vega Vega no negó el hecho y se defendió diciendo que no es delito haber alquilado su casa a un abogado amigo: “la ley no me prohíbe alquilar una oficina a un abogado, que además es mi amigo y lo conozco desde 1980” declaró en esa oportunidad, a la par que anunciaba, sin embargo, que cancelaría el contrato para evitar suspicacias (Ver: Amistades peligrosas: vocal supremo César Vega Vega en la mira).

Por otro lado, otro hecho que salió a la luz en relación a este magistrado fue nada menos que su cuestionable actuación en un proceso de narcotráfico. Conforme a la información adquirida, desde el año 2005, los abogados de la empresa minera Sulliden Shahuindo presentaban la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) “sendos recursos de quejas denunciando la presunta inconducta funcional del vocal Vega Vega” (Perú.21, 17/11/2007), en razón de un proceso que dicha empresa lleva a cabo en contra de la también minera Las Algamarcas, propiedad de los Sánchez Paredes.

Entre otras acusaciones, se alude que el referido vocal habría dictado una sentencia favoreciendo a Orlando Sánchez, esto, días antes de escuchar los alegatos finales. Además, de acuerdo a la queja más reciente, el actual Presidente de la Corte Superior habría rotado también a jueces antes de que fallaran contra Las Algamarcas. Es más, se indica que existiría una estrecha amistad entre los Sánchez Paredes y Vega, relación que se agrava frente a los referentes que existen, sobre la supuesta vinculación de los primeros al tráfico ilícito de drogas (Perú.21, 17/11/07) (Ver: Vega Vega en su telaraña).

Sin embargo, el hecho más evidente y que, lamentablemente, no tuvo ninguna consecuencia disciplinaria, fue su participación, el 19 de marzo del 2009, siendo él Presidente de la Corte de Lima, en una reunión partidaria del APRA, en que se celebró el cumpleaños del conocido militante aprista y ex embajador del Perú en Italia, Carlos Roca Cáceres, quien hizo alusión a la participación del magistrado en el buró del partido de Haya de la Torre (ver video).

Ciertamente su continúa relación al partido de la estrella, y de ahí la posible falta de independencia de este magistrado, ha sido uno de sus mayores cuestionamientos. Esperemos que no salga elegido y que estas elecciones al Consejo Ejecutivo se transparenten.

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[1] El Peruano, 30 de mayo del 2001.
[2] Artículo 81 de la LOPJ.
[3] Ver: La relación disciplinaria entre el CNM y el PJ: abramos el debate.
[4] Ángel Romero y el Poder Judicial: ¿cómo contravenir la imparcialidad y quedar impune en el intento?
[5]Diario Perú.21, César Vega Vega también tiene audios con Quimper, 17/04/2009.

En http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=602

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