Dr. Percy Salas Ferro (*)
Una de las funciones centrales del Tribunal Constitucional es garantizar “la vigencia efectiva de los derechos constitucionales”. Lejos de cumplir este mandato, el Tribunal está impidiendo la ejecución de la homologación de las remuneraciones de los jueces, que la misma jurisdicción constitucional reconoció.
Recientemente, el Tribunal Constitucional ha concedido una medida cautelar al Poder Ejecutivo suspendiendo los requerimientos financieros hechos al Ministerio de Economía y Finanzas por el Poder Judicial para cumplir con el pago de las remuneraciones. Con esta medida el Tribunal irrumpe injustificadamente en un proceso de ejecución, en el que existe cosa juzgada, e impide la efectivización de la homologación remunerativa.
Ello, sin duda, es un atropello a los derechos y a la dignidad de los jueces, pero más que eso, constituye una vulneración del orden y la institucionalidad legal.
Para el otorgamiento de la medida cautelar, el Tribunal Constitucional no ha advertido que el propio Ejecutivo se comprometió a reservar 87 millones del Fondo de Contingencia para la homologación, ni tampoco que, con parte del Fondo, el gobierno ha pagado la nivelación de sueldos en otros sectores. No ha comprendido que no se trata de un problema de competencia sobre quién dispone o no del Fondo, sino de un asunto que incide directamente en la prestación eficiente del servicio de justicia.
Ante ello, los jueces como ciudadanos que somos estamos llamados a defender nuestros derechos, pero además, a rechazar la arbitrariedad y velar por el respecto del ordenamiento. Con dicho propósito, no sólo debemos recurrir a la jurisdicción internacional sino agotar todas las medidas necesarias para que el Ejecutivo honre su obligación y resuelva un problema que el Estado tiene más de veinte años sin resolver.
(*) Juez integrante del programa social “Justicia en tu Comunidad” de la Corte de Lima
