Manuel Alejandro Carranza Paniagua
La sociedad muchas veces ignora lo sacrificado que es ser juez; quien administra justicia y paralelamente lucha diariamente para sobrevivir con su sueldo que se ve reducido con el aumento del costo de vida. Una parte de esta sacrificada labor lo constituyen las audiencias judiciales en los penales.
La cárcel no es un lugar agradable por carencias como agua e higiene, lo notamos diariamente en las audiencias. La instalación de una audiencia judicial comienza con la letanía de acudir a las camionetas del Poder Judicial que recorren continuamente la sede judicial hasta el penal. Luego de un largo viaje, debido al intenso tráfico, se llega a los ambientes donde se realizarán los juicios. Los asistentes de los jueces tienen que coordinar con empleados penitenciarios para que traigan a los presos sometidos a juicio sin perjuicio de lidiar con los abogados que pugnan para que sus diligencias sean las primeras dentro de la larga lista de procesados. Mientras tanto, los jueces deben esperar para que les asignen una sala de audiencias que sea adecuada para el juzgamiento de numerosos presos que tocan ese día, hasta que por fin se encuentra un ambiente muy pequeño donde todo el día estarán los jueces, fiscales y abogados defensores y en donde transcurrirán numerosos testigos, agraviados y peritos.
Finalmente, tras altas horas de la noche, concluyen los juzgamientos; los jueces regresan a la sede, con el stress del intenso tráfico de la hora “punta”; de ahí, vuelven a sus hogares llegando a ver sólo a sus cónyuges e hijos ya dormidos.
El trabajo del juez dentro del Penal, tal como se detalla, es sacrificado y peligroso a su salud, pero, pese a ello, no es considerado por el Estado que no busca resolver su situación laboral; en vez de ello, el Tribunal Constitucional (TC) ha concedido una medida cautelar que suspende la ejecución de sentencias, con autoridad de cosa juzgada que reconocía los derechos a la remuneración justa de los magistrados, una de estas sentencias, paradójicamente, fue emitida por el propio TC que ahora, contradictoriamente, impide su ejecución
