Juan Carlos Valera Málaga (*)
Hay quienes creen que ser juez en el Perú no es importante, lo que es un grave error. Un juez ante todo es una autoridad pública de cuyas de decisiones depende la vida, la libertad y el patrimonio de personas. Dicho rol no es una arbitrariedad venida del cielo, ni es ejercida sin límites, sino dentro del ámbito de la Constitución y las leyes de la República. Conceder justicia no es fácil, no se busca el aplauso de la sociedad ni de los medios de comunicación; el juez debe ponderar su decisión en base a la equidad y la seguridad jurídica.
Los niveles de exigencia en la carrera judicial son altos, los jueces son ratificados cada siete años ante el Consejo Nacional de la Magistratura, supervisados por la Oficina de Control de la Magistratura, a fin de asegurar la excelencia en el ejercicio de la función. Además, requieren permanente capacitación jurídica para resolver los conflictos jurídicos. Naturalmente, son seres tan mortales como cualquier ciudadano, pero al cual -como dice la Constitución- se le ha conferido un poder: impartir justicia. Las decisiones del juez están por encima de la de otros profesionales del derecho a los cuales la ley y la Constitución les reconocen algunas facultades. Incluso, pueden declarar la inaplicabilidad de las leyes expedidas por el Congreso cuando en su apreciación jurídica la ley vulnera la Constitución. Los medios de comunicación pueden analizar o criticar las resoluciones judiciales, pero no pueden negarle su facultad decisoria de ministrar justicia.
Pese a esta titánica labor, al Poder Judicial se pretende desconocer su jerarquía frente al Legislativo o el Ejecutivo, porque la remuneración de un juez es menor a la de un congresista o de un ministro. Si la sociedad exige jueces de calidad, entonces el Estado debe facilitar a los magistrados condiciones laborales dignas para que la función jurisdiccional no sea perturbada, respetándose su misión y jerarquía.
(*) Juez integrante del programa social “Justicia en tu Comunidad” de la Corte de Lima
