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Adrián Simons Pino[1]

En Italia de manera increíble, una corte condenó a unos científicos por no haber sido capaces de predecir el sismo que ocurrió en la ciudad de L´Aquila en el año 2009. A pesar de estar científicamente probado que no es posible predecir terremotos, los científicos fueron condenados por una tarea imposible de realizar. Por otra parte, en Estados Unidos un tribunal de Nebraska admitió a trámite una demanda contra Dios, interpuesta por un senador demócrata. El senador acusaba a Dios como causante de todas las desgracias que generan sufrimiento a los seres humanos y por las millones de muertes ocasionadas como consecuencia de los desastres naturales. No menos singular fue el resultado: la demanda fue archivada porque no había manera de notificar al demandado. En ese mismo país, otro juez admitió una demanda en contra del Pato Donald por supuestamente haber rozado el seno de una asistente en un parque de Walt Disney (la señora argumentó que ese “tocamiento” le había producido un estrés post traumático). Recientemente en Inglaterra, un juez, para resolver la controversia entre Apple y Samsung, dijo que las tablets Galaxy Tab de Samsung no copiaban al Ipad “porque no eran tan cool”. Y hace algún tiempo atrás, un juez argentino paralizó el campeonato de fútbol hasta que la federación de ese país garantizara la seguridad de los asistentes a los estadios; decisión que causó gran conmoción social en un país que vive y respira del fútbol.

La lista de decisiones judiciales inéditas o inusitadas es interminable, pasa en todos los países y seguirá pasando, y les aseguro que en ninguno de ellos se ha visto amenazado el Estado de Derecho cuando está garantizado el derecho a la impugnación de este tipo de decisiones y hay un claro respeto a la independencia del sistema de justicia, lo cual implica por supuesto el respeto a la figura del juez, por lo que él representa y no por la persona que ejerce el cargo.

Cuando terminé de leer la extensa sentencia dictada por el Juez Urbina, además de discrepar profundamente con su decisión desde el punto de vista jurídico, comprendí que en nuestro país también hay jueces que pueden formular sentencias utilizando una redacción particular, para lo cual recurren, como el caso del Juez Urbina,. a diálogos entre Sancho Panza y El Quijote; o emplean frases como “asepsia procesal”, “arte neurálgica”; o manifiestan que un filósofo nacional es considerado el hombre más inteligente del mundo, incluso superior a Isaac Newton y Leonardo Da Vinci; o emiten una opinión política respecto a la alicaída popularidad de la alcaldesa y el proceso de revocatoria; etc.

La reacción no se hizo esperar, pero, lejos de ser ejemplar (sobre todo porque son autoridades) la señora Alcaldesa, la señora Ministra de Justicia, el señor Ministro del Interior y el señor Presidente del Consejo de Ministros, lanzaron una alerta nacional porque estaba en juego el Estado de Derecho. Incluso el señor Presidente de la República convocó al llamado Consejo de Estado para tratar la sentencia del señor Juez Urbina. Le dieron más atención al tema que al problema de la situación de inseguridad que todos padecemos. Cuestionaron al Juez y al Poder Judicial, incluso asumieron una clara postura de rebeldía en contra de la sentencia. Crearon tal alarma social que parecía el fin del mundo.

Hizo bien el Presidente del Poder Judicial, Dr. Enrique Mendoza, en poner paños fríos al asunto y decirles a nuestras autoridades que si no están de acuerdo con la sentencia del Juez Urbina, como en cualquier litigio, que apelen para que esa decisión que consideran injusta sea revocada por la Corte Superior. Es decir que hagan uso de los medios que el propio Estado de Derecho les concede. Y, si al final se pierde el caso, harían bien en respetar la decisión judicial.

Los medios de prensa tienen todo el derecho de difundir noticias sobre casos judiciales relevantes, pero a lo que no tienen derecho nuestros políticos y gobernantes es a interferir con la autonomía e independencia del Poder Judicial. Dejemos que este caso sea resuelto en los tribunales.

 


[1] Abogado, profesor universitario.

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