Carlos H. Suárez Chávez (*)
Con los últimos acontecimientos relacionados a la fuga de adolescentes del centro de menores (ex Maranguita), la sociedad está preocupada pues siente que se encuentra ante una mayor peligrosidad delincuencial; por otro lado, nuestras autoridades piensan en sanciones drásticas, incluso, sugieren bajar la edad de los adolescentes para que sean juzgados como adultos.
Sin embargo debemos recordar que nuestro país suscribió la Convención Internacional de los Derecho del Niño y del Adolescente por la que nos comprometimos a instituir el sistema de asistencia integral al niño y al adolescente, reconociendo a aquellos como sujetos de derechos; siendo una obligación estatal otorgarles las garantías correspondientes a toda persona, procurando su rehabilitación mediante posibilidades alternativas al internamiento a fin de asegurar que los niños sean tratados apropiadamente para su bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción; en otras palabras, la Convención no propugna la judicialización, ni la penalización, de todos los casos donde el adolescente haya infringido la ley.
Las infracciones de los adolescentes, si bien son males sociales, empero, según la Convención, deben ser tratadas por la sociedad con una participación directa del hogar familiar, la escuela y la comunidad; solo así podremos utilizar apropiadamente los programas de rehabilitación social. La sociedad no podrá rehabilitar si antes no supo habilitar socialmente, mediante fomento de valores fundamentales como son el respeto a la vida, a la propiedad, al libre pensamiento, etc.
El Estado debe entender que el sistema cerrado es la última opción por ser la más costosa y no ofrece generalmente efectividad; muchos países están sustituyendo las medidas de internamiento por medidas socio-educativas abiertas con participación directa de la sociedad, con intermediación de instituciones representativas tales como las municipalidades, escuelas, etc. Por ejemplo, hace años, gracias a un señor panadero formado en Francia, los internos de Maranga elaboraron panetones de calidad que no tenían nada que envidiar a las mejores marcas comerciales; igualmente, dicho centro de internamiento suscribió un convenio con Enapu Perú que permitió a los adolescentes infractores convertirse en personal capacitado en trabajos de embalaje y carga de materiales; finalmente el programa educativo denominado Don Bosco logró que varios adolescentes internos salieran del centro para postular en universidades.
En conclusión, en adolescentes infractores no todo es peligro, también tiene su cara positiva si el Estado brinda la oportunidad.
(*) Juez jubilado de la Corte Superior de Justicia de Lima
