Carlos Hugo Falconí Robles (*)

El día 6 de diciembre se celebraron elecciones a nivel de la Corte Suprema y de las diversas Cortes de Justicia de la República para designar nuevos presidentes de estos órganos. Es común que el nombramiento de un nuevo titular de la entidad conlleva cambios de gestión. Sin embargo, el contexto en que se llevó las elecciones, esto es, el rechazo de los poderes estatales respecto el proyecto de remuneraciones consensuado por asesores del Poder Judicial, y del Ministerio de Economía, hicieron reflexionar a los jueces sobre la gestión de la política jurisdiccional a desarrollarse en el futuro.

Es por ello que el Poder Judicial declaró el día de 6 de diciembre como el “Día de la Dignidad Judicial”, y, en virtud del cual, las máximas autoridades de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes Superiores de Justicia, tanto las actuales como las recientemente elegidas, hicieron la promesa de que el Poder Judicial se fortalezca para brindar un eficaz servicio judicial a los justiciables y, a su vez, conseguir la pronta homologación de sueldos para los jueces.

Un lector puede preguntar, ¿qué importancia tiene a la colectividad la decisión de declarar el Día de la Dignidad Judicial? La respuesta es que esta declaración demuestra la decisión unánime de los jueces de luchar por un servicio imparcial de justicia y por la dignidad de los magistrados, a pesar de las limitaciones económicas impuestas por los poderes estatales. Los jueces saben que un estado democrático de derecho se caracteriza por un Poder Judicial independiente donde el respeto a los jueces sea la piedra angular, esta situación permite que el juez brinde una justicia imparcial sin presiones para resolver los conflictos a los justiciables. Igualmente, un estado democrático de derecho evita que el Poder Judicial sea una “cenicienta de los demás poderes estatales”, sino más bien respete su autonomía presupuestal.

El día de “Dignidad Judicial” reafirma que aunque no se respetó el proyecto consensuado referido en párrafos anteriores; sin embargo, los jueces reconocen que viven en un estado democrático de derecho y por ello seguirán con el deber de administrar justicia con equidad e imparcialidad, pero paralelamente también continuarán con la ejecución judicial de la sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce el sueldo digno de los magistrados y con seguridad toda institución estatal debe acatarla.

(*) Juez integrante del programa social “Justicia en tu Comunidad” de la Corte de Lima