María Guevara Acuña (*)
Con la dación de la Ley No 29719, “Ley que promueve la Convivencia Sin Violencia en las Instituciones Educativas”, el Estado busca establecer los mecanismos para diagnosticar, prevenir, sancionar y erradicar la violencia, el hostigamiento y cualquier acto considerado como acoso entre los alumnos de las instituciones educativas, regulando la prohibición del acoso escolar, en cualquiera de sus modalidades cometido por los alumnos entre sí que provoca violencia y saldo de víctima.
A través de esta Ley se busca culminar con una realidad que ha existido desde siempre en los colegios de todos los niveles socioeconómicos, hechos que dentro de una cultura de silencio, y de padres negadores de las versiones de los niños sobre la violencia que padecen, pasaban desapercibidos por autoridades educativas, familias y la sociedad en general, situación que es vista como sucesos normales, a las que el niño o adolescente tiene que adaptarse casi a la fuerza y muchas veces piensan que los insultos o golpes de los que son víctimas es parte del entorno natural de la escuela.
Es a partir de las denuncias presentadas en el año 2010, de hechos ocurridos en diversos centros educativos de nuestra capital, que el Estado ha dado importancia a este fenómeno social iniciando con una incipiente política de prevención y protección a los niños, niñas y adolescentes en edad escolar, puesto que lo regulado no se concreta en la realidad; es lamentable observar en las noticias que niños o adolescentes son lesionados físicamente o, incluso, se han autoeliminado debido a ello.
El bullying es un comportamiento agresivo directo, físico o verbal, o de gestos no verbales. También puede ser indirecto o relacional, mediante la exclusión social o de esparcir chismes, o hacer que otro intimide a la víctima; sumado al ahora llamado cyberbullying que refiere a la violencia escolar que se realiza bajo el anonimato por internet, en redes sociales, usando blogs, correos electrónicos y mensajes de texto intimidatorios o insultantes.
Cabe indicar que existe en la población una gran incertidumbre respecto a este fenómeno, ignoran si se trata de una falta, de un delito; qué pueden hacer como padres de familia si ocurre un hecho similar con sus hijos; las instituciones educativas tienen temor a responsabilidades administrativas.
En resumen, no existe concientización en la población sobre este problema social que origina posteriormente la aparición de pandillas juveniles infractoras de la ley penal, debiendo realizarse labores preventivas desde los centros de educación inicial hasta secundaria, asimismo se debe reanudar el diálogo en las familias dentro del hogar.
Finalmente cito a Iñaki Piñuel, quien considera que lo que ocurre en el ámbito escolar es un espejo de sociedades que al perder protagonismo los profesores y padres en la educación de sus hijos, “se están generando auténticos depredadores sociales”.
*Jueza integrante del programa social “Justicia en tu Comunidad” de la Corte de Lima.
