Marlene Montero Ñavincopa (*)

Hace dos semanas tuve una audiencia de un proceso iniciado el año 2003, sobre maltrato físico contra una menor de tres años; las partes me comentaban que ya la niña tenía 12 años y que ya no existía ningún problema de maltrato. Pedí disculpas a ambos, aún no siendo mi responsabilidad, pero me sentía responsable por no haber podido ver plasmada la justicia y toda su autoridad protectora cuando ella fue necesaria y pudo haber sido oportuna.

¡Cuánto tiempo pasó!, ¡cuántos procesos similares y en las mismas condiciones existirán!; si esa niña hubiera tenido un final como el “caso de Pierina”, ¡qué estamos haciendo como autoridades!

Según el ordenamiento vigente los juzgados transitorios que vemos violencia familiar tenemos que enviar todos los expedientes que inicien la etapa de ejecución de sentencia a partir de abril a los juzgados permanentes, y solo nos quedaremos con los que iniciaron su ejecución antes de esa fecha, lo cual va a significar que dichos juzgados volverán a recibir casi la mitad de carga de cada juzgado transitorio; etapa procesal que, además, se hace cada vez más intensa, ya que el Ministerio Público viene haciendo de conocimiento los casos de nuevas denuncias de víctimas que ya tienen un proceso en ejecución de sentencia, y donde el juez deberá tomar acciones, con la sobrecarga que ello generará.

Todo esto ocasionará que las víctimas de violencia: mujeres, niños, ancianos y también hombres, vejados a diario dentro de sus hogares, vean más retrasada aún la acción de la justicia, que ya tarda de meses a años, como lo hemos visto.

Buscando una solución, al hacerme cargo de un juzgado permanente, en el mes de setiembre, al advertir que la agenda de audiencias estaba llena hasta el mes de mayo del próximo año, muy decididamente rellené la agenda, llegando a duplicar el número de audiencias, reduciendo tiempos, agilizando el proceso y sentenciándolos en el mes, sin embargo, aún con todo mi buen ánimo y voluntad, la sobrecarga me generó un cuadro de síndrome vertiginoso.

Sin embargo, existen posibilidades que, sin afectar la salud de los jueces, pueden dar solución a la tramitación de los procesos de violencia familiar, que plantearé en mi próximo comentario.

(*) Jueza integrante del Programa Social “Justicia en tu Comunidad” de la Corte de Lima