Presidente del Poder Judicial. Doctor en Derecho.

Rosa María Palacios/

El día de la inauguración del Palacio de Justicia, el entonces presidente y dictador, general Óscar R. Benavides, comentó “tanto palacio para tan poca justicia”, a lo que el entonces presidente de la Corte Suprema replicó señalándole el pecho “tantas medallas para tan poca batalla”. La anécdota, que da cuenta de la histórica tensión entre poderes del Estado, me la dice César San Martín, presidente del Poder Judicial, hoy cara pública de una institución compleja, llena de carencias de todo tipo y sin embargo, indispensable para una democracia.

Conversamos de largo en la remodelada Sala de Embajadores el pasado viernes en la tarde. La semana política lo distrajo de temas importantes, como la protección de la seguridad de los jueces, una de sus actuales preocupaciones, o la aprobación en el Congreso de proyectos que permitan perseguir redes de corrupción judiciales. Cuenta que todos los candidatos presidenciales le aseguraron, hace más de un año, el apoyo a estas leyes. Y hasta ahora, no ha logrado nada más que una votación perdida. Reconoce que no puede esperar apoyo de la bancada fujimorista, siendo él quien envió a Fujimori a la cárcel, pero espera ayuda y la necesita urgentemente de todas las demás bancadas para acabar con el mal endémico de la institución: la corrupción. Esta es parte de la extensa entrevista que tuvimos.

Esta semana usted fue invitado al Congreso por el caso de la interceptación telefónica al congresista Galarreta. La situación es delicada porque se evalúa una denuncia constitucional. ¿Usted es responsable de algo?

Absolutamente de nada. Primero, porque el presidente del Poder Judicial no imparte justicia. Segundo, porque no es un caso siquiera de la Corte Suprema. En tercer lugar es un caso de un juzgado supraprovincial en el que todos los jueces son independientes y responsables de lo suyo. Y ni siquiera se le puede imputar una responsabilidad de vigilancia porque ese juez ha resuelto bajo sus propios cánones jurídicos. En consecuencia, cuando fui invitado al Congreso, fui por mi voluntad, porque yo no he sido citado ni tengo responsabilidad política. Esta solamente la tienen aquellos funcionarios que tienen la confianza del Parlamento. Que no es mi caso. Yo no tengo responsabilidad política y además al no haber intervenido no tengo arte ni parte, mal se me puede atribuir siquiera alguna infracción a la Constitución.

La acusación constitucional puede no ser por delito sino por la infracción a la Constitución.

¿Qué artículo de la Constitución he infringido si sobre el hecho no tengo absolutamente nada que ver?

Usted fue muy claro ante la Comisión de Justicia y señaló que el juez efectivamente había violado la ley. Y había cometido un delito.

Aclaro, no.

Así lo dijo.

Espérate, espérate. No es tan así. Yo dije: “Si fuese cierto que el juez, a sabiendas de la condición de parlamentario de uno de los titulares de los teléfonos intervenidos, ordenara la interceptación, de ser así, desde luego y a partir de la legalidad vigente se habría cometido primero un delito de prevaricación y en segundo lugar una falta muy grave que determinaría la destitución”. Pero ojo, de ser así.

Supone el congresista Galarreta que sí es así, porque su nombre estaba en el celular de Rudy Palma y porque el fiscal lo va a visitar sabiendo que el teléfono estaba intervenido.

Fiscal es fiscal, juez es juez. Y vayamos por partes porque las fechas son importantes. El 25 de abril se formula la denuncia por parte de la procuradora del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Mincetur. El 27 de abril mediante un parte que contiene dos evidencias de carácter tecnológico, la Dinincri y la Divintit le solicitan al fiscal el control de comunicaciones. Al día siguiente, 28 de abril, el fiscal solicita que se intervengan 21 números telefónicos y 6 cuentas de correo electrónico bajo el argumento de que esos teléfonos y esas cuentas estarían siendo utilizados por el investigado y otros a determinar. Ese mismo día el 28 –porque la ley así lo manda– el juez dictó la medida acogiendo íntegramente la petición del señor fiscal.

Habiendo excepciones en la ley a la solicitud de intercepción telefónica, ¿no es, digamos, un comportamiento diligente por parte del juez solicitarle al fiscal que identifique a los propietarios de los teléfonos?

En la pericia del informe técnico del celular aparecen tres datos, luego de que se pasa ese celular por el programa Celebrity. Uno, 240 contactos. En uno de ellos dice Galarreta y el número telefónico. También había 20 llamadas salientes, y 20 entrantes. Una saliente era Galarreta con el mismo número. ¿Qué es lo que pidió el fiscal? La intervención de los números en todas las llamadas entrantes, salientes y perdidas. ¿El juez sabía que el Galarreta que aparecía ahí era el congresista Galarreta? Expresé a la Comisión que cuando he revisado el parte policial de 80 páginas, la solicitud del fiscal y la resolución del juez, no aparece en ningún momento que incluso Rudy Palma haya dicho que se ha comunicado con el congresista Galarreta. Lo que aparece en un comunicado oficial de la presidencia del Congreso, el día 2 de mayo –ojo, cuatro días después– es que el fiscal iba a preguntar exactamente de quién era el teléfono que correspondía al Congreso. Y ahí se le dijo que era del congresista Galarreta pero eso fue días después.

Si ya sabía que era un teléfono del Congreso y el nombre del contacto era Galarreta, no tenía que ser un genio para saber quién es el congresista Galarreta.

Era el fiscal, no el juez.

Pero regreso a mi pregunta, por diligencia, y habiendo prohibiciones en la ley respecto a autoridades que no pueden ser interceptadas, ¿el juez no debió pedirle al fiscal que identifique a las personas?

Voy a dar una respuesta teórico-abstracta por una razón. El señor juez Abel Pulido, que ya ha sido sacado de este proceso, está sujeto a investigación que puede llegar al Consejo Ejecutivo que yo integro, por eso debo de guardar imparcialidad absoluta. Hay principios que deben cumplirse porque uno puede pedir lo que quiera al juez, pero este tiene la responsabilidad de hacer un control rigurosísimo. Y hay dos principios claros en este caso: el principio de la orientación objetiva y el de la orientación subjetiva. ¿Qué es objetiva? Buscar que exista algún tipo de indicio procedimental. Datos objetivos sobre si ese teléfono era utilizado, en efecto, para actos criminales vinculados a alguna organización. ¿Qué es subjetiva? Ese es el principio que te dice que la interceptación no es a teléfonos sino a personas. Es la doctrina uniforme. Creo que con mi respuesta, y la lógica que estoy explicando, es obvio lo que creo debió hacerse en este caso.

¿No cree usted que hay una presión indebida para imputar conductas delictivas a personas ajenas a los hechos? Desde el principio, cuando se designa a un fiscal para criminalidad organizada. ¿No hay ya una direccionalidad por crear una banda donde no la hay?

Cuidado con el término “presión”. Insisto, el procurador puede pedir lo que tenga por conveniente. El fiscal que es el que tiene el caso, porque eso está en la sede del fiscal, aunque una parte está ya judicializada. Él puede establecer y considerar que hay un supuesto de crimen organizado o de organización criminal. Y como alguien dijo por ahí, y habría que tener a la vista, que yo no la he tenido, la resolución de la Fiscalía de la Nación que decide este cambio.

¿Usted no cree que exista una presión del Ejecutivo?

Yo no sé. Pero digo un punto importante, lo que sí es categórico es que ante la Corte Suprema y ante el presidente del Poder Judicial nadie jamás ha venido siquiera a ver sobre ese caso. Yo me enteré de esta medida por los periódicos. No tengo otra forma de enterarme y es ahí donde empecé a recuperar información para atender la invitación del Congreso.

Vamos al caso Mollohuanca. Un procesalista muy distinguido como el Dr. Juan Monroy ha dicho que la norma que permite cambiar la jurisdicción de Cusco a Ica puede ser legal pero no constitucional. Es decir, está en la ley procesal penal pero la Constitución establece el derecho al juez natural y por lo tanto la norma aplicada es inconstitucional aunque sea legal. ¿Cómo le responde a eso?

Que está equivocado. Así no es. Nuestra institución garantiza un “juez ordinario predeterminado por la ley”. Jueces naturales los tienen los países angloamericanos e Italia. Lo que la institución establece es que el juez sea integrante del sistema ordinario de justicia; que este juez haya sido nombrado de acuerdo a cánones preestablecidos; que en los criterios de determinación competencial se utilicen criterios objetivos; y que se dé la temporalidad antes del hecho procesal no del hecho penal. Ahora bien, esto último como la propia corte italiana ha establecido, se puede variar siempre y cuando haya criterios objetivos de atribución. En consecuencia, es posible el cambio. Por ejemplo, en la recusación o en la inhibición. Hay que cambiar al juez, y el que lo sustituye es un juez natural. Otro ejemplo, ¿qué sucede si en un lugar –y está en el código– está en altura y el imputado tiene un problema del corazón y no puede ir allí a litigar porque su vida está en peligro? Hay transferencia de competencia. El juez natural no es de una norma etérea, se adapta.

Claro, pero en esos casos se favorece al imputado. En este caso se ha utilizado para perjudicarlo. Eso es lo que alega su defensa.

La norma constitucional establece que lo que hay que favorecer es el sistema de justicia. Y además el proceso penal –y ahí hay un error de perspectiva contemporánea– el proceso penal no solo es para garantizar los derechos del imputado, también para garantizar los derechos de las otras partes y de la sociedad.

¿Están en peligro los jueces en el Perú?

¡Por supuesto! Yo tuve la precaución de pedir un informe a los presidentes de Cajamarca y del Cusco. ¿Qué estaba pasando allí? Los juzgados tuvieron que cerrar, a un juez me lo obligaron a marchar. Amenazas a todos aquellos que no acataban el paro. Igualmente en Bambamarca y Celendín tuvieron que cerrar. Cuando Mollohuanca fue trasladado al Cusco, mítines, manifestaciones alrededor del Palacio de Justicia y voces que gritaban “¡Quemen, quemen!”. Eso determina que un juez no tenga condiciones. Yo debo generar un espacio de condiciones para una justicia objetiva e imparcial.

Usted les pidió a los jueces hacerse respetar. ¿En qué sentido no se estaban haciendo respetar?

Estamos ante una situación que veo ya como un bloque histórico. Cada vez que hay una asonada, cada vez que se da un problema social, los jueces del lugar, pese a que hay hechos graves, dictan medidas coercitivas muy suaves y se genera una sensación de impunidad. Y no se trata acá de ordenar que metan presos a todos, se trata de que los jueces, con el equilibrio que corresponda, sepan hacer respetar el principio de legalidad.

Es curioso, el fujimorismo lo acusa de caviar y la izquierda lo acusa de criminalizar la protesta. ¿Dónde está usted ahora?

¡No sé! Estoy en el limbo. No entiendo. La protesta no se criminaliza, ¡por el amor de Dios! La protesta es un derecho, la disidencia es parte de una democracia liberal en la que estamos todos de acuerdo. Pero dentro de las normas, de que no se violenten bienes jurídicos de inocentes, no se ataque la propiedad pública, la privada, no se amenace a las personas, no se les coaccione, que se respete el derecho de los demás. Ahí está el tema.

Casos emblemáticos de violencia social como Bagua permanecen en la impunidad hasta el día de hoy. El Poder Judicial no ha podido pronunciar una sentencia que identifique a los policías que dispararon contra civiles, ni a los civiles que asesinaron policías. ¿Por qué?

Eso es lo que me ha obligado a tener un mayor activismo en el tema. En el caso de Bagua, los tres procesos que se iniciaron han sido bien complejos porque las partes han trabajado con mucha vehemencia el caso y eso los hace retardar. Tenemos una justicia con retardo. Ya está culminada la etapa de investigación. Ya está en la sala superior para las calificaciones y el juicio, que es el pertinente, pero aquí también veo un tema, el problema de la profesionalización de la investigación y la justicia. Hay serios problemas de profesionalización y en consecuencia veo grandes vacíos en los protocolos de investigación, protocolos de juicio, lógicas de lograr priorizaciones en casos, etc.

¿Pero qué es lo que no está funcionando? ¿Medicina legal? ¿Los forenses? ¿La recolección probatoria?

Yo creo que es una suma de situaciones muy lamentables que necesitamos superar, y es un poquito la expresión –sin que el Poder Judicial quite cuerpo en ese problema– de la ineficacia del Estado como tal. El Estado peruano no está a la altura de la evolución de la economía.

Usted es el Estado.

Desde luego. Soy parte, sí. Yo no lo niego, pero en todo el Estado tenemos ese problema porque está ahí fuertemente enraizado y es peligroso. Hay una cultura de la ineficiencia.

“VRAE y el Huallaga son zonas calientes para un juez”

¿Por qué la Oficina de Control de la Magistratura, OCMA, está revisando la resolución de la Sala de Apelaciones de Ica? La Sala de Apelaciones lo único que ha dicho es “fije usted una nueva fecha para la audiencia de detención preventiva y motive bien, señor juez, porque no ha motivado correctamente”.

La OCMA ha considerado que sería conveniente, a nivel preliminar, determinar si en esa decisión hay algún problema en el ámbito de la justificación. Hay defectos de resolución que tienen que ver con la motivación, pero no todo defecto de motivación debe merecer nulidad de actuación y menos en apelación. Y en consecuencia, en principio, la regla es que por motivación no se anula, sino se corrige con los correspondientes llamados de atención, etc.

Veo que a usted la resolución en la Sala de Apelaciones de Ica no lo ha dejado muy satisfecho.

No. No me ha dejado satisfecho porque considero que debió ir al fondo del asunto. Decir revocar o confirmar porque esa es mi concepción procesalista y la que ha aplicado la Corte Suprema.

¿Cuáles son las zonas más calientes para ser juez hoy en el Perú? Las peores. Dónde es más difícil, dónde se juega la vida o le puede caer un tiro o ser perseguido.

¿Zonas calientes? Vamos a ver. Sin descartar Lima, diría que una zona difícil es Madre de Dios por el crimen organizado, desde el ámbito de la minería ilegal. Una zona caliente es Puno, por la lógica de la economía ilegal del contrabando y también del narcotráfico. El VRAE, por supuesto, y la zona del Huallaga. Esas son zonas muy calientes para ser juez.

¿Duran poco los jueces allí?

Duran poco. Es que es complicado. Y tengo ese gran problema

LA REPUBLICA