Magali Valer Fernández (*)
La Justicia Penal como sistema adoptado por un gobierno es una materia de constante preocupación jurídica y política en la que juristas y políticos evalúan indistinta o conjuntamente, la eficacia de la justicia penal. Los juristas la analizan a nivel teórico-legal, en tanto que los políticos la abordan en el aspecto práctico de la sensación de inseguridad ciudadana, criminalidad y violencia.
Aunque parezca sencillo su estudio, no es así; pues salen a relucir cuestionamientos de la forma como una gestión gubernamental enfoca el tema. La mayoría de gobiernos y legisladores consideran que la criminalidad e inseguridad ciudadana se controla, e incluso se erradica, a través de leyes drásticas, la tipificación de nuevos delitos, o el aumento de penas. ¿Resultará ser cierto? Considero que no, y es que no sólo debe trabajarse sobre sistemas de represión ya existentes, sino plantearse políticas de prevención, e investigar soluciones, no sanciones, sobre las causas del aumento de la criminalidad y de la inseguridad ciudadana.
Los gobernantes tienen como reto la búsqueda de soluciones correctas ante la criminalidad, la inseguridad ciudadana, la violencia, y todo lo que de ellas deriva. Se dice, por ejemplo, que la Policía no se abastece para reprimir la violencia ni la delincuencia; que los jueces son débiles al sancionar; que las penas legales son bajas; que se beneficia al “delincuente” y se abandona a la “víctima”. ¿Qué puede estar sucediendo? ¿No será necesario cambiar el método de diálogo utilizado en él, y el enfoque de justicia que se presenta a la ciudadanía?
El ciudadano desconoce temas técnicos del Sistema de Justicia Penal. Lo que espera son soluciones a su temor de inseguridad; esto exige un giro en la perspectiva de las medidas que deben instalarse desde las organizaciones más sencillas de la sociedad, comunidades, vecinos, municipios, etc., mesas de diálogo y análisis sobre la problemática concreta que viven frente a la criminalidad y buscar un método de acercamiento a la realidad; para ello, requeriremos de un aspecto técnico y legal, pero sin olvidar el social.
Resulta importante que muchos señalan que “en el Perú hay desconfianza, por cuanto hay exclusión”. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo hace unos años informó que “la estructura del sistema de justicia así como el marco normativo peruano no ha satisfecho las demandas sociales de protección y seguridad jurídicas. Ninguno de estos aspectos ha sido capaz de evitar violaciones de derechos provocadas por actos de violencia estatal y de particulares ni de otorgar al ciudadano seguridad en el ejercicio de muchos de sus derechos económicos y sociales básicos, pues al contrario éstos se han tornado altamente inciertos (por ejemplo, desde la visión del ciudadano común no se han deslindado con claridad los límites a la inversión privada respecto de los derechos de los trabajadores o de otros competidores).” Este informe nos exige una reevaluación de nuestro sistema y aún más de los métodos de represión a la violencia y criminalidad.
Un tema a reflexionar es la justicia restaurativa o reparadora, ésta plantea que el delito es esencialmente un daño a una persona concreta y las relaciones interpersonales entre víctima y agresor, a diferencia de la justicia penal actual que es retributiva y plantea que el delito es una lesión de la norma jurídica, en donde la víctima principal es el Estado.
(*) Juez Contencioso Administrativo. Programa Social “Justicia en tu Comunidad” de la Corte de Lima.
