El ser humano es esencialmente social y se relaciona a través de la comunicación. El diálogo, la negociación y los conflictos son procesos de comunicación. Es deber del Estado estar bien conectado y comunicado con sus ciudadanos para conocer y entender lo que ellos anhelan. Pero sobre todo que lo sientan suyo, que concuerde con los demás ciudadanos concordarlo con los demás ciudadanos y trasmita claramente lo que hace o puede hacer por ellos.

Lamentables sucesos similares a los de Bagua pueden ocurrir debido a la debilidad de los espacios de comunicación del Estado, su falta de destreza para comunicarse con los ciudadanos y un sistema desarticulado y piramidal de resolución de conflictos.

Ante tantos problemas por atender, el Estado solo puede prestar atención a los conflictos convertidos en crisis, lo cual afecta al país en lo social, económico y político. No detectarlos de modo temprano ni intervenir oportunamente puede hacerlos casi inmanejables y llevar a un clima de violencia social.

Actualmente la función práctica de las Oficinas de Comunicación del Estado es promover a la institución y a sus jefes, midiendo su eficiencia en los espacios logrados en los medios de comunicación.

Proponemos reconvertir esas oficinas en entidades de relaciones ciudadanas para que detecten las necesidades y los conflictos en gestación, los comuniquen a los funcionarios responsables y luego a la ciudadanía, de manera simple, entendible y directa.

Las oficinas de relaciones ciudadanas serían bisagras interculturales entre el Estado y la ciudadanía. Sus funcionarios deberían estar preparados interculturalmente en comunicación, negociación y análisis y manejo de conflictos; la buena voluntad es insuficiente para prevenir y resolver estos problemas.

Es muy importante detectar, manejar y resolver los conflictos en su base local o regional. También responsabilizar al funcionario responsable que, por no tomar oportuna y adecuada decisión, Es preciso articular todos los trabajos del Estado a nivel nacional, regional y local, como la Defensoría del Pueblo y la sociedad civil (empresas, organizaciones no gubernamentales y organizaciones gremiales).

Un eficiente y eficaz sistema integral de comunicación Estado-ciudadanos, asegurará la paz y del desarrollo sostenible del país en sus pilares ambiental, económico, político y social.