Fue el gobierno de Leguía el que llevó a cabo una radical reforma de la policía en el Perú. La “Patria Nueva”, en su afán modernizador, no podía dejar a esta institución de lado. Además, desde 1890, el país había sido testigo de varios desórdenes sociales provocados por la lucha sindical (obrera), el movimiento universitario y varias rebeliones campesinas en el interior. No podemos olvidar, de otro lado, las huelgas y los “paros” laborales: 1919 había sido testigo de dos grandes “paros nacionales” promovidos por obreros y estudiantes universitarios, el 13 de enero y el 19 de mayo. En estas violentas jornadas, las fuerzas del estado tuvieron serias dificultades en restaurar el orden social. No olvidemos, por último, el creciente aumento de la criminalidad por la escasez de trabajo y la cada vez mayor presencia de vehículos motorizados en las ciudades (había que controlar el tráfico).

Como sabemos, al asumir el poder en julio de 1919, Leguía tenía en mente efectuar reformas de largo alcance en el país. Estas, obviamente, podían provocar una serie de respuestas violentas de la población. Era impostergable contar con una policía bien capacitada, bien equipada y bien disciplinada. Por ello, en agosto de 1919 se reorganizó la Dirección General de Policía, que le dio una nueva estructura a la Gendarmería, y se formularon normas especiales para el Cuerpo y se creó una Escuela de Policía. Para tal efecto, se contrató con el gobierno español los servicios de dos misiones de la Guardia Civil española con fines de asesoría institucional: la primera al mando del coronel Pedro Pueyo (1921) y la segunda a cargo del coronel José Gil León (1928).

La estructura de la nueva Escuela de Policía tuvo tres secciones:

a. Superior o de Oficiales para los cuerpos de Guardia Civil, Seguridad y Vigilancia
b. Inferior o de Tropa y de aspirantes a clase de los mismos cuerpos
c. Especial de Aspirantes a la sección de Investigaciones y Vigilancia y a su anexa de Dactiloscopia.

La inauguración de la Escuela fue el 1 de de noviembre de 1922. Su primer director fue el coronel Pedro Pueyo, jefe de la misión española de la Guardia Civil.

En octubre de 1922 se formó la Brigada de Investigación y Vigilancia. Tenía una sección de resguardo presidencial, una de investigaciones y otra de extranjería, aparte de secciones destacadas en el Cuerpo de Seguridad y en la Dirección de General de la Guardia Civil y Policía y de la Dactiloscopia. En 1923 se reorganizaron la Dirección General de policía y las fuerzas de la Guardia Civil (dividieron para ellas el territorio en cinco regiones y distribuyeron los efectivos) y se disolvieron los escuadrones de la Guardia de Lima, el rural de Lima y el escuadrón Provincial para que sus efectivos pasasen voluntariamente a la Escuela a adquirir la instrucción policial española que los capacitara para formar los escuadrones de la nueva Guardia Civil. Otras reformas fueron:

1. Se prepararon diversas cartillas y reglamentos
2. Se dieron facilidades para el paso de jefes y oficiales del ejército a la Guardia Civil
3. Se estableció un servicio veterinario de las fuerzas de caballería dependientes del Ministerio de Gobierno (el antiguo Ministerio del Interior)
4. Se formó una asociación de Fondos Socorros Mutuos para los cuerpos de la Guardia Civil y Policía, Cuerpo de Seguridad e Investigaciones
5. Se fundó el Colegio de Huérfanos para los hijos del personal de la Guardia Civil y Policía (para su sostenimiento se usaron los fondos provenientes de las licencias de importación y uso de armas)
6. Por decreto del 21 de marzo de 1928 se instituyó el 30 de agosto como “Día de la Policía” bajo la advocación de Santa Rosa de Lima.
7. Se estableció el batallón de tráfico (para controlar el ya creciente tráfico vehicular de las ciudades, especialmente en Lima)
8. Se dispuso la construcción del Hospital de Policía. Mientras se terminaba su construcción e implementación (equipos hospitalarios y médicos), se dispuso que la Policía fuera atendida en el hospital Militar de Lima y en las salas independientes de los hospitales civiles, recibiendo atención por los médicos militares del Ministerio de Guerra o del de Fomento.

Guardia Republicana Nº 1 del Perú (Cuartel de Sacramentos en los Barrios Altos)

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La primera constitución del Perú, la de 1823, en su artículo 165, decía: la fuerza armada de tierra está constituida por el Ejército, la Milicia Cívica y la Guardia de Policía. En otras palabras: las dos instituciones policiales que nacieron en la República, la Guardia Nacional y la Policía propiamente dicha, formaron parte de la Fuerza Armada por mandato constitucional.

La Guardia Nacional.- Fue organizada en 1825 por Bolívar. Compuesta por divisiones de infantería, caballería y artillería, su misión era, en primer lugar, conservar el orden público en cada una de las regiones y pueblos; en segundo lugar, constituir la reserva del Ejército para oponerse a cuartelazos internos (golpes de estado o conspiraciones políticas) e intervenir en conflictos internacionales. Sus jefes y oficiales, desde la clase de coronel, eran elegidos por asambleas de la Guardia Nacional. Las columnas de los “guardias nacionales” estaban sujetas a las directivas de las autoridades políticas del lugar; de esta forma, se convirtió en la fuerza más efectiva del siglo XIX, ya que las fuerzas de policía, como veremos, por su reducido número, no podían alcanzar todas las localidades.

Tanto prestigio tuvo esta institución que se fundaron dos periódicos con el nombre La Guardia Nacional (que existen en la Biblioteca Nacional). El primero apareció en 1844 y que tenía como lema “La guardia muere pero no se rinde”, famosa frase de Cambrone en la batalla de Waterloo. La lectura del número 7, del 9 de febrero de 1844, revela su noble espíritu de paz con una sabrosa información sobre la entrada a Ica, en acto brillante: la conducta de los guardias nacionales, llenando del todo las esperanzas que habían hecho concebir, le ha dado un justo derecho a la admiración y a la gratitud de los peruanos. En 1873 apareció el segundo periódico La Guardia Nacional, en el que se afirma: “Hay necesidad de una fuerza que con igual firmeza consolide la paz y garantice la libertad. Esa fuerza, es institución es la Guardia Nacional que, resumiendo en su seno todos los sanos elementos de la sociedad, es la más popular de las instituciones, porque es el pueblo mismo armado en guarda de sus propios intereses, de sus verdaderos derechos, que son las conquistas de la civilización”.

La policía propiamente dicha.- Los primeros “policías” fueron los comisarios, los tenientes, los inspectores, los serenos, los celadores y los vigilantes destinados a las grandes ciudades como Lima, Arequipa y el Cuzco, y las fuerzas de infantería y caballería para el servicio rural, que más tarde, en 1852, se convirtió en fuerzas de Gendarmería.

Fue el gobierno de Echenique, el 14 de abril de 1852, que creó la Gendarmería. Se les dotó de carabinas, un arma ligera que le daba mayor comodidad al soldado, y de sables. El vestuario estuvo compuesto de levita, pantalón, capote, botín de paño marrón y corbatín, y los de caballería capa, caponas y morrión. El correaje igual al del ejército, lo mismo que el equipo de mochila, porta-capote, funda de carabina, alcayata y cantimplora. El problema es que los gendarmes no estaban en todas las ciudades, solo en las más grandes, y su presencia en el ámbito rural era muy escasa. Eso explica la importancia de la Guardia Nacional para restablecer el orden interno luego de conspiraciones militares o revueltas internas.

En 1873, el gobierno de Manuel Pardo reorganizó la policía y la dividió en tres ramas:

1. La “Organización del Vecindario” para resistir a los ataques de malhechores. Agrupó a los vecinos de las ciudades, villas y pueblos en barrios, a cargo de alcaldes y tenientes-alcaldes de barrio, elegidos por las respectivas circunscripciones, de conformidad con la convocatoria del subprefecto, gobernador o teniente gobernador.

2. La “Servicios Especiales de Policía” subdividida en 5 grupos:

a. Policía de seguridad en los mercados, paseos, teatros y camales.
b. Policía de establecimientos o empresas particulares como ferrocarriles, fábricas, industrias, etc. Que por su naturaleza deben costear su propia protección pero sujetas siempre a la ley y a las autoridades gubernativas.
c. Policía Rural, que se reglamentaría según la condición de cada provincia.
d. La Guardia de Cárceles en las capitales de departamento (antecedente de lo que fue la Guardia Republicana)
e. Policía de Puertos, cuya reglamentación correspondía al ramo de marina.

3. La “Organización de la Fuerza Pública Permanente” para conservación del orden, prevención de los delitos en las ciudades y servicios necesarios.

Penitenciería de Lima (siglo XIX)

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Durante los tiempos virreinales, el control “policial” lo ejercían los cabildos ya que una de sus funciones era velar por el orden público. Para este fin, en las zonas urbanas contaba con el trabajo del “Alguacil” quien, ayudado por los “alguacilillos”, se presentaba donde podía ocurrir algún disturbio o acto delincuencial o, simplemente, vigilar un espectáculo público; en las zonas rurales, estaba el “Alcalde de la Santa Hermandad” cuya labor, básicamente, se centraba en ubicar a los esclavos que se escapaban de sus dueños (los “cimarrones”) y se refugiaban en alguna zona inhóspita o en los célebres palenques (los refugios de los cimarrones).

Lo importante es destacar que, durante la Colonia, la labor policial era muy esporádica ya que, según los testimonios, aparte de alguna rebelión indígena en la sierra (las cuales eran sofocadas por el ejército virreinal) los casos de trasgresiones a la ley eran muy esporádicos. La alta delincuencia, el crimen pasional, casi no existía. Quizá los delitos contra la propiedad o el patrimonio eran relativamente frecuentes. Y la explicación es simple: muchas veces la ociosidad, por la falta de trabajo, empujaba a algunos individuos de apropiarse de lo ajeno; pero se trataba de robos menores. La vida, en realidad, era muy tranquila, salvo, lógicamente, en los años turbulentos de la Conquista o cuando sobrevino la lucha por la Independencia.

El sereno.- Desde las 7 de la noche, se estacionaba en las esquinas y tocaba o hacía sonar su pito de barro en figura de pajarito. A las 10 de la noche comenzaba a pregonar o cantar las horas que daban en las torres de las iglesias, con triste y descompensado sonido, diciendo:

Cuentan las crónicas que esta suerte de terceto se iba repitiendo de hora en hora hasta las 5 de la mañana. Los serenos contaban con una pobre vestimenta: un sucio poncho o raída capa; en los tiempos finales de la Colonia, un capotón de tela ordinaria, bien largo y ancho. Asimismo, se cantaban varias canciones sobre el sereno, como estas dos cuartetas:

Por último, el ramo que se cobraba por la vigilancia nocturna de la población conserva hasta hoy el nombre de serenazgo.

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Para las celebraciones, en enero de 1935, se embanderaron casas y las calles, y las avenidas y plazas públicas con alegorías alusivas e iluminadas por las noches con reflectores y bombillas multicolores. Se dieron cita importantes personalidades continentales y representantes especiales de los municipios de las principales ciudades latinoamericanas. Concurrieron también los alcaldes de todos los consejos provinciales de la república a quienes el presidente Benavides ofreció un almuerzo en Palacio de Gobierno.

La gran fiesta se inició el 17 de enero de 1935, víspera de la efeméride con la recepción que en solemne sesión municipal ofreció el Alcalde de Lima, Luis Gallo Porras, quien declaró Huéspedes de Honor a todos los invitados. Se llevó a cabo un brillante desfile de carros alegóricos que congregó gran cantidad de público. El Presidente, con su familia, presenció el espectáculo desde los balcones de su residencia en la calle Belén 1034; el desfile se prolongó hasta altas horas de la noche.

Al día siguiente, el 18 de enero, se cumplieron los actos centrales del programa. Por la mañana, hubo una misa de Gran pontifical y Te Deum en la Catedral; por la tarde, sesión solemne en el Palacio Municipal; por la noche, la Gran Velada oficial en el Teatro Municipal con el discurso de orden a cargo del historiador José de la Riva-Agüero y Osma y declamación de poesías por José Gálvez.

Pero la celebración no se limitó a actos protocolares o festivos. También se tradujo en obras de progreso urbano:

1. Se culminaron las obras complementarias y de ornato de la Plaza San Martín.
2. Se construyó el primer tramo del Paseo de la República (desde el final de los jirones Unión y Carabaya hasta el Parque de la Exposición.
3. Se ejecutó y concluyó la avenida Salaverry, que unía la plaza Jorge Chávez con la avenida del Ejército (fue inaugurada el 5 de octubre de 1936).
4. Se construyó un nuevo puente sobre el río Rímac, el Puente del Ejército, constituido por una estructura de acero de 60 metros de longitud y 13 metros de ancho, fabricada en la planta Gute Hoffnunghuste. La obra fue construida por la firma alemana Ferrostaal-Essen e inaugurada el 31 de diciembre de 1936.
5. Se inauguró la pista del nuevo aeropuerto de Limatambo el 3 de diciembre de 1935.
6. Se implantó el sistema automático en el servicio telefónico de Lima y Miraflores que entró en funcionamiento el 13 de septiembre de 1936; luego se hizo extensivo, gradualmente, para el Callao, San Isidro, Barranco, Chorrillos, Magdalena y San Miguel.

Avenida La Colmena (Lima, 1935)

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Durante la administración del general Benavides, se construyeron Restaurantes Populares, amplios, decorados con motivos culturales y dotados de mobiliario sólido; había vajilla de buena calidad, así como equipos de cocina, hornos y calderas de gran capacidad, todo lo cual garantizaba una buena elaboración de alimentos y una perfecta higiene. Al mismo tiempo, un personal especializado de dietistas aseguraba el suministro de menús debidamente balanceados, según lo recomendado por al bromatología. De esta manera, en los Restaurantes Populares los sectores más modestos de la población (obreros, empleados, vendedores ambulantes) tenían acceso diario a una alimentación abundante y barata. También se creó un Patronato de Desayunos Gratuitos para ofrecer a los niños una ración matinal suficiente para afrontar el desgaste de las horas de estudio. Los Restaurantes Populares estaban en:

a. El Nº 1 estaba en la calle Huaquilla (Lima), inaugurado el 8 de abril de 1934 con capacidad para atender 800 comensales.
b. El Nº 2 estaba en al avenida Francisco Pizarro (Rímac), inaugurado el 27 de julio de 1935 con capacidad para atender a800 personas.
c. El Nº 3 frente a la Plaza Manco Cápac (La Victoria), inaugurado el 8 de abril de 1936 con capacidad para atender 600 personas por turno.
d. El Nº 4 en el Paseo Garibaldi (Callao), inaugurado el 14 de diciembre de 1935, tenía 3 comedores: uno para 400 y dos para 200 comensales cada uno.

Asimismo, en 1933, el gobierno se propuso una política sistemática para construir Barrios Obreros siguiendo las más modernas técnicas urbanísticas: viviendas amplias, de material noble, bien distribuidas, con jardines y comodidades tipo chalet, agrupadas en complejos urbanos dotados de campos deportivos, piscinas, diversos servicios y medios de recreación. Los que se construyeron fueron:

a. El Barrio Obrero Modelo del Frigorífico (Callao), inaugurado el 7 de marzo de 1936. Eran 118 casas construidas sobre un área de 36 mil metros cuadrados con sistema de agua propio por medio de un pozo artesiano. Tenía una escuela para 300 alumnos; un puesto de policía; un cine para 400 espectadores y una piscina de 8×18 metros; varios parques que sumaban 8 mil metros cuadrados; un centro cívico; y un mercado de abastos, con farmacia y consultorio médico incluidos.
b. El Barrio Obrero de La Victoria tenía 60 casas en un terreno situado en als inmediaciones de la Escuela de Artes y Oficios (Hoy Politécnico José Pardo), entre los jirones Andahuaylas, García Naranjo, 28 de Julio, Obreros y el antiguo callejón de la Huerta de Mendoza. Contaba con campos deportivos, piscina, agua potable y parques.
c. El barrio Obrero del Rímac, con 44 casas en las tierras de la Huerta Samar, sobre la margen derecha del río Rímac, vecino de la Alameda de los Próceres, arteria principal de la nueva urbanización del Rímac. También tenía campos deportivos y pileta de natación, calzadas con alumbrado y jardines circundantes.

Sello postal alusivo a los barrios obreros de Lima

En 1935, el gobierno le encargó al doctor Edgardo Rebagliati, especialista en derecho laboral, la tarea de diseñar un Seguro Social Obrero sobre la base de experiencias similares en otros países. De esta manera, el 12 de agosto de 1936 se promulgó la Ley Nº 8433 que establecía el Seguro Social obrero para cubrir los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte.

Finalmente, la primera piedra del Hospital Obrero de Lima fue colocada el 15 de marzo de 1938. El gran hospital quedó ubicado frente a la Alameda Grau, en terrenos de la antigua Huerta de Pellejo, sobre un área de 42 mil metros cuadrados. Su capacidad fue de 542 camas: 160 de medicina general, 160 de cirugía, 150 de tuberculosis, 60 de maternidad y 12 de emergencia. No preveía salas comunes sino camas repartidas en grupos de 4 y 8, con separación individual y camas independientes para enfermos que ingresaran de noche. La obra fue inaugurada el 3 de diciembre de 1939 con asistencia del presidente Benavides, bendiciendo el acto el arzobispo de Lima, el monseñor Pedro Pascual Farfán, en medio del entusiasmo general. Un periódico describió así el acontecimiento: Desde mucho antes de la hora indicada en las respectivas invitaciones para el acto de inauguración del Policlínico, sito en la avenida Grau, se hallaba estacionado numeroso público en los alrededores del Hospital, esperando la llegada del Jefe de Estado. Comisiones de las diversas instituciones de trabajadores se hallaban presentes con sus estandartes, dando un aspecto más animado al ambiente. Además, una gran masa popular aguardaba el arribo del Presidente. Otros policlínicos para obreros se construyeron en La Oroya y en Chincha.

Vista aérea del Hospital Obrero

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José Luis Bustamante y Rivero (Arequipa 1894-Lima 1988) fue testigo, durante su gobierno, de la total inmadurez de la clase política para realizar acuerdos. A pesar de esta constatación, siempre se mantuvo respetuoso de la independencia de los poderes públicos así como de los partidos o facciones representadas en el Congreso. Esa fue su principal virtud democrática, pero también la causa del entrampamiento de su gobierno y su posterior caída.

El APRA, que dominaba en el parlamento, y el gobierno pusieron en práctica una política destinada a favorecer de manera inmediata y relativa a los grupos populares urbanos, actuando en forma casuística para captar más adeptos, pero cada agrupación por su propio lado. Sin embargo, no se implementó una política coherente capaz de modificar sustancialmente la calidad de vida de la mayoría de la población, como la universalización del voto (los analfabetos, la gran mayoría, no tenían derecho al sufragio), la reforma agraria o la aplicación de un régimen de control al capital extranjero, medidas que eran parte del plan mínimo del aprismo desde 1930.

Entre 1945 y 1948, el Poder Ejecutivo trató, a pesar de la crisis internacional derivada del fin del Segunda Guerra Mundial, incrementar el salario de los obreros y empleados -que representaba un porcentaje muy bajo de la población-, auspició el reconocimiento de algunas organizaciones sindicales, amplió la cobertura educativa y realizó una reforma universitaria. Al mismo tiempo, se subsidiaban los productos básicos del consumo popular entre otras mediadas de asistencia social. Todo esto llevó a un peligroso crecimiento del gasto público sin modificar el sistema de recaudación tributaria. Los apristas controlaban en las municipalidades la distribución de alimentos básicos descubriéndose favoritismos políticos y casos de corrupción. Todo esto deterioraba aún más la credibilidad del gobierno. De otro lado, Bustamante y Rivero mantuvo una política de control de cambios y estableció licencias para la importación, en un momento en que la crisis del mercado internacional determinaba una aparatosa caída del valor y volumen de las exportaciones mientras que las importaciones aumentaban dramáticamente. La odiosa inflación apareció y con ella se agudizaron las tensiones sociales y el reclamo del sector agro-minero exportador. El APRA, responsable en parte del populismo imperante, acusó al gobierno de ser el responsable de la crisis y originó un enfrentamiento muy peligroso contra el Ejecutivo. Bustamante y Rivero quedaba desprovisto de todo apoyo.

Como si esto fuera poco, en 1947 se produjo el asesinato del director del diario La Prensa, Francisco Graña Garland, vocero del sector exportador. El enfrentamiento se tornó ahora dramático. Los apristas eran acusados por el crimen. La Acción Nacional, que congregaba a los antiapristas, y dirigida por Pedro Beltrán y su nuevo asesor político, el ex-comunista Eudocio Ravides, provocaron el ausentismo parlamentario mientras que en el resto del país se producían huelgas, manifestaciones, tomas de tierras con la consiguiente represión política que anunciaba el quiebre del orden democrático.

El 3 de octubre de 1948, los apristas organizaron una rebelión armada de la escuadra en el Callao; poco antes había habido una sublevación antiaprista, encabezada por miembros de la Unión Revolucionaria. El Movimiento Cívico Independiente también integrado por Beltrán, dio a conocer su declaración de principios: Tanto el aprismo como el comunismo representan males igualmente peligrosos para el Perú y ambas agrupaciones llevan gérmenes de disolución y lucha de clases. Su diferencia en lo que a nuestro país se refiere solamente radica en que el comunismo no está manchado de sangre. La idea era organizar un frente principalmente contra el aprismo, a esta convocatoria se unieron la Acción Nacional, la Unión Revolucionaria, el Partido Demócrata, el Partido Social Republicano y el Partido Socialista Auténtico.

Todo esto llevó a la caída de Bustamante y Rivero. Para la oligarquía el presidente era demasiado débil para enfrentar la amenaza totalitaria del APRA. En su versión, el APRA era una secta internacional de carácter conspirativo cuyo mal disimulado propósito habría sido conquistar la totalidad del poder con el fin de establecer un régimen dictatorial de partido único. Para los apristas, el fracaso de la experiencia democrática, entre 1945 y 1948, era responsabilidad de Bustamante y Rivero quien -pese a ser elegido con votos apristas- trató de reducir permanentemente la influencia del partido y, finalmente, apoyar a la oligarquía e ilegalizar lo que era su base cierta de apoyo: el APRA; el error del APRA había sido su ciega confianza en Bustamante y Rivero. Luego de haber sido derrocado, Bustamante y Rivero declaró que la razón que llevó a la frustración de la democracia fue el bloqueo de su gobierno por parte del APRA, demagógica y hegemónica, y la oligarquía, una casta feudal y reaccionaria. Al régimen le quedaba poco tiempo de vida.

Al margen de estos entrampamientos políticos es justo mencionar que durante su gobierno, Bustamante y Rivero declaró, con gran repercusión internacional, la soberanía peruana sobre las 200 millas de mar territorial (1 de agosto de 1947). De otro lado, se construyó la Unidad Vecinal Nº3 como paso inicial para resolver el problema de la vivienda en Lima; se iniciaron los estudios y trabajos para la irrigación de los valles del Chao, Virú y Moche; se dotó de agua potable a más de 20 poblaciones; se implantó la enseñanza técnico-industrial; se terminó de construir el Hospital de Bravo Chico destinado a los enfermos de tuberculosis; se realizaron obras para ganar zonas desérticas y orientarlas a la agricultura como la irrigación de 1,700 kilómetros en las Pampas de Ensenada y Mejía (provincia de Islay en Arequipa); finalmente, se crearon la Corporación Nacional de Turismo y la Empresa Petrolera Fiscal.

José Luis Bustamante y Rivero

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El aparente clima de estabilidad política, le permitió al gobierno de Prado realizar algunas obras públicas de envergadura. En 1940 se realizó un Censo General, que arrojó una población de 6’207,966 habitantes para el país que, corregida y proyectada, alcanzó a 7’858,519. El censo, el último realizado bajo criterios raciales, también arrojó una serie notable de informaciones como que 1 de cada 41 peruanos tenía instrucción secundaria; universitaria 1 de cada 202; enseñanza técnica o comercial 1 de cada 336; y más de 5 años de educación primaria, el 11% de la población. Señalaba también que el 57% de los peruanos eran analfabetos y el 35% era monolingüe. En este contexto se promulgó, en 1943, la Ley Orgánica de la Educación Pública en la cual se incluyó a la Universidad y se desconocieron las reformas que se había emprendido durante el Oncenio de Leguía. Con respecto a los pobladores andinos trató de dotarlos de tierras y para su educación organizó un programa integral de alfabetización.

En Lima se inauguró el Hospital Obrero y se propició en el Rímac la construcción de barrios obreros. Se amplió la instalación del servicio de agua potable en algunas ciudades del interior como Huánuco y Chimbote. El turismo, siguiendo la política de Benavides, siguió cobrando impulso y se incrementaron los Hoteles de Turistas (Arequipa, Tingo María, Chala y Camaná) o quedando en construcción otros (Tumbes, Huaraz, Piura, Huánuco, Huancayo, Abancay, Cusco y Puno).

Consecuencias del terremoto de 1940 en Chorrillos

Dos hechos, sin embargo, causaron graves daños al país. El primero fue un terremoto que asoló Lima, Callao y balnearios el 24 de mayo de 1940; fue seguido por un maremoto en el Callao y hubo gran destrucción de viviendas y edificios públicos. El segundo fue el hasta hoy inexplicable incendio de la Biblioteca Nacional el 11 de mayo de 1943. De esta forma, la mayor colección bibliográfica y documental, reunida y protegida con tanto sacrificio luego del saqueo que sufrió durante la ocupación chilena, quedaba convertida en lodo y cenizas. El reto de la reconstrucción fue asumido por el historiador Jorge Basadre (Tacna 1903-Lima 1980). No faltaron los escépticos. Fueron muchos los intelectuales que dijeron y repitieron que el patrimonio cultural del país había quedado hecho cenizas para siempre. Pero Basadre, luego de cuatro años de titánica labor, demostró que ese tesoro era en buena parte recuperable a través de búsquedas en Lima, en provincias y en el extranjero. Así se formó la nueva colección en base a compras, canjes y donativos y, en un lapso de relativamente corto, se llegó a tener la base de una aceptable documentación peruana antigua y moderna. Para complementar esta labor y preparar rápidamente al personal técnico se creó la Escuela de Bibliotecarios, verdadera base de la nueva estructura de la Biblioteca Nacional. Por último, todas estas tragedias dieron pie para que a Prado se le sindicara a quien atraía todo tipo de dcesatres, es decir, de ser el “hombre de la mala suerte”.

Destrucción provocada por el incendio en la Biblioteca Nacional (1943)

Finalmente, a pesar de su astucia política, Prado no pudo escoger a su sucesor como lo habían hecho los presidentes del Segundo Civilismo o como Benavides en su propio caso. En las elecciones de 1945 se hicieron presentes no sólo los partidos ya consolidados sino agrupaciones específicas y nuevas que buscaban un lugar en el juego político, como el Partido Social Republicano integrado por un grupo de intelectuales universitarios. La candidatura ganadora, la de José Luis Bustamante y Rivero, se hizo posible gracias a la concurrencia de diferentes grupos en medio de visibles -y peligrosas- concesiones políticas (como las “renuncias” de Benavides y Haya de la Torre).

Esta idea de un Frente Unico que culminó con la organización del Frente Democrático Nacional se realizó exclusivamente con fines electoreros, en el cual se reunieron: el APRA, los sindicalistas, la Acción Peruana, el Partido Socialista Peruano (de Luciano Castillo) y la Acción Democrática Peruana. El propiciador de este movimiento, que se inició en Arequipa, fue Manuel J. Bustamante de la Fuente. Reunía a todos los sectores que aspiraban a una real democratización de la vida nacional y le permitieran al APRA la legalidad para actuar en próximas elecciones. De este modo el Frente Democrático Nacional reconoció a Bustamante como el hombre ético, de prestigio intelectual, que había elaborado el manifiesto de la revolución de Arequipa que encumbró a Sánchez Cerro. El podía ser el personaje de una transición democrática para reorientar la política nacional. Las elecciones se celebraron el 10 de junio de 1945. Sólo votaron 450 mil electores, de los cuales 300 mil votos fueron para Bustamante y Rivero y 150 mil para el candidato oficial, el general Eloy G. Ureta. El Congreso tuvo una clara mayoría aprista, junto con gobiernistas y algunos comunistas.
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Una vez en el poder, Prado desarrolló una hábil estratega para lograr el apoyo internacional. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial rompió relaciones con los países del Eje (Roma-Berlín-Tokio) y les declaró la guerra asociándose a los aliados. Cuando Estados Unidos ingresó al conflicto luego del ataque a la estación de Pearl Harbor, firmó un Tratado de Préstamos y Arriendos, por el que se congelaban los precios de las exportaciones peruanas a cambio de la reducción de los aranceles latinoamericanos. Declarándose amigo personal del presidente Franklin D. Roosevelt, Prado permitió la instalación de una base aérea en Talara a los Estados Unidos y deportó en masa, tonta e injustificadamente, a residentes alemanes y japoneses. Esta chauvinista posición le valió a su régimen, efectivamente, obtener el aval del gobierno norteamericano. Pero esta política de acercamiento a los aliados provocó resistencia por parte de algunos de sus colaboradores debido a una cierta simpatía del sector de la clase alta por el fascismo, simpatía que se fue esfumando durante el desarrollo de la guerra con las debacles de Mussolini y Hitler. Los hacendados, por su parte, estuvieron satisfechos con el curso de la guerra puesto que la demanda internacional trajo prosperidad al sector exportador.

La guerra mundial también hizo replantearse al Partido Comunista y al APRA. El primero, liderado por Eudocio Ravines, se alió al gobierno en su lucha, junto a los Aliados, contra el Eje, su principal enemigo ideológico a nivel internacional. Haya de la Torre también redefinió su posición frente a los Estados Unidos -léase imperialismo- en función del New Deal y la doctrina de la “Buena Vecindad”. De esta forma, según el aprismo, se creaban las condiciones para una libre y equilibrada relación entre Indoamérica y los Estados Unidos en beneficio de ambos.

Divisiones aéreas en la guerra con Ecuador (1941)

Simultáneamente a estos cambios políticos, el Ejército Peruano obtuvo, en 1941, su primer triunfo bélico en mucho tiempo. El conflicto con el Ecuador, cuyas tropas nuevamente invadieron territorios peruanos, fue el marco para propicio para que la población orientara su apoyo a las Fuerzas Armadas y al gobierno. Los puestos peruanos de Aguas Verdes, Lechugal, La Palma y varios sectores de la región oriental, así como los de Ecuador: Huaquillas, Chacras, Balsalito y Carcabón, se convirtieron en los focos iniciales de esta contienda bélica. La acción militar más importante fue la de Zarumilla (23 de julio de 1941) donde el ejército peruano al mando del general Eloy G. Ureta venció a las tropas ecuatorianas; todo culminó con la ocupación militar peruana de la provincia de El Oro y el sacrificio del héroe de la aviación militar José A. Quiñónez. Las tropas peruanas pudieron haber llegado hasta Guayaquil si Estados Unidos no interviene para arreglar el conflicto.

Tanque peruano en territorio ecuatoriano

El 29 de enero de 1942 se firmó, bajo el patrocinio de la Conferencia de Cancilleres realizada en Río de Janeiro, el Protocolo de Paz, Amistad y Límites que lleva el nombre de aquella ciudad, el cual estableció una frontera definitiva, cuya delimitación en el terreno correría a cargo de una comisión mixta que cumplió su cometido poco después bajo el amparo de los países garantes del Protocolo de Río de Janeiro (Estados Unidos, Argentina, Brasil y Chile). En virtud de aquel incuestionable documento diplomático, acorde a las normas del derecho internacional, el Perú recuperó los territorios de Cocha Redonda (en el río Lagartococha), Lagartococha, Puerto Pichincha y Puerto Obando (en el río Aguarico); Rocafuerte, La Banda, Arcadia, San Antonio y Yasuni (en el río Napo); Vencedores (en el río Nashiño); Tarqui, Bellavista y Conocaco (en el río Corrientes); y Huachi, Pinches, Chambira, Andoas y Tonegrama (en el río Pastaza).

Firma del Protocolo de Rio de Janeiro

Es necesario aclarar que, años después, sólo quedaba por demarcar un estrecho tramo, de 78 kilómetros, ubicado en la Cordillera del Cóndor, habiéndose colocado los hitos respectivos en el resto de la extensa zona fronteriza. El problema es que diversas declaraciones ecuatorianas han pretendido desconocer el contenido del Protocolo de Río de Janeiro. En tal cortina de humo, Ecuador mantuvo una activa política de difusión internacional, incluyendo falsos mapas, reclamando suyos territorios peruanos en una amplia área que llega por el sur hasta los ríos Marañón y Amazonas. En este contexto se inscribieron las incursiones al territorio peruano por la Cordillera del Cóndor en 1981 y 1995.

Regresando al gobierno de Prado, el triunfo de 1941 acentuó sus buenas relaciones con los militares. El presidente aparecía en público con su uniforme de teniente de reserva para resaltar sus simpatías por las Fuerzas Armadas. El país, además, aún dolido por la derrota ante Chile y la posterior derrota diplomática en manos de Colombia, reaccionó ante la victoria con entusiasmo irrefrenable. El Congreso declaró a Prado “héroe nacional” y con esto su familia podía sacudirse del nefasto recuerdo que la memoria de los peruanos guardaba sobre la actuación de Mariano I. Prado durante la Guerra con Chile.

Prado aparecía así como un hombre de recursos que hizo de él uno de los políticos más eficaces del Perú moderno. Su astucia política y carisma personal lo acercó a los grupos populares y la coyuntura internacional favorable lo presentó como el gestor de una reducción de la presión popular y, por ende, de la represión gubernamental, pudiendo ofrecer una imagen, tanto nacional como internacional, de que en el Perú imperaba la democracia.

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Luego del “Tercer Militarismo” republicano, representado por Sánchez Cerro y Benavides en los años 30, se intentó, desde el Poder Ejecutivo, designar al candidato a la Presidencia de la República. Así fue elegido, en 1939, Manuel Prado a su primer gobierno (1939-1945); pero este éxito también se debió al tácito apoyo del APRA y del Partido Comunista, en tanto que Prado era el representante de la tan buscada burguesía progresista, interesada en democratizar la vida del país. Se equivocaron.

En 1945, sin embargo, José Luis Bustamante y Rivero no fue “designado” por Prado para ocupar la primera magistratura de la nación; su triunfo se inició con el nacimiento del Frente Democrático Nacional. El régimen de Prado respondió al esquema conservador de los anteriores; esto es, mantuvo fuertes vínculos con la oligarquía, gobernó dictatorialmente, reprimió al APRA, limitó fuertemente la actividad sindical e implantó una política económica de laissez faire orientada a la exportación. Bustamante, en cambio, no encajó en este patrón. Su breve gobierno (1945-1948), representó el primer esfuerzo para ofrecer una alternativa reformista al APRA, aunque para llegar al poder necesitó el apoyo electoral del partido de Haya de la Torre. Por ello, la oligarquía conspiró con los genrales que les eran adeptos para llevar un golpe que eliminara a Bustamante y restaurara una dictadura militar de derecha con el general Manuel A. Odría a la cabeza.

La figura de Prado: Era Manuel Prado y Ugarteche (Lima 1889- París 1967) miembro de una de las familias más acaudaladas del país. El llamado “imperio Prado” se había formado desde finales del siglo XIX con inversiones urbanas en los sectores industrial, servicios públicos y financiero. Parte de él eran la fábrica textil de Santa Catalina, acciones en las empresas eléctricas y de teléfonos, y el Banco Popular. De otro lado, los hermanos Prado y Ugarteche eran hijos del presidente Mariano I. Prado, héroe de la Guerra con España de 1866 y presidente cuestionado durante la Guerra con Chile. De ellos, los más representativos eran Mariano (el empresario), Javier (el intelectual), y Jorge y Manuel (los políticos). Durante la República Aristocrática, el poder económico llevó a los Prado a la política siendo dirigentes importantes del Partido Civil.

Manuel Prado estudió en la Facultad de Ciencias de la Universidad de San Marcos y en la Escuela Nacional de Ingeniería, donde se graduó de Ingeniero Civil. Se inició en la política cuando participó en la revuelta militar contra el gobierno de Billinghurst acompañando al general Benavides en su asalto a Palacio de Gobierno. Fue diputado por Huamachuco (1919) y luego desterrado, como muchos civilistas, por el régimen de Leguía (1921) y permaneció en Europa hasta 1932. A su regreso ocupó la presidencia de la Compañía Peruana de Vapores y la dirección del Banco Central de Reserva.

Manuel Prado y Ugarteche

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La agricultura y la pesca.- El algodón, el azúcar y el arroz atrajeron la atención de los préstamos bancarios. A principios de los años 30 muchos azucareros utilizaron sus tierras para el cultivo del algodón, un producto que se recuperó rápidamente en el mercado internacional y su cultivo, en 1940, absorbía al 15% de la Población Económicamente Activa. El área dedicada a la siembra del azúcar se redujo en más de un 10%.

Por su lado, la expansión del mercado urbano demandó cada vez más productos de panllevar. El problema es que el crecimiento de las ciudades se hizo a costa de zonas agrícolas que antes las abastecían. Aquí la política crediticia debió apoyar la implementación de nuevas tierras de cultivo. Las incentivó en la costa central pero no en el sur andino o la sierra central ocasionando la lenta migración de sus pobladores a las ciudades costeñas. La demanda urbana quedó desatendida y se comenzó a recurrir a la importación de alimentos.

Un nuevo campo para el empresariado nacional fue la industria pesquera. En 1934 se estableció la primera fábrica de pescado en conserva y a finales de la década operaban tres o cuatro empresas. La harina y el aceite se obtenían como subproductos sobre la base de residuos. La meta de esta industria era abastecer el mercado local. El cambio a la exportación ocurriría la siguiente década. Lo importante es que el desarrollo de esta importante industria, que tendría un extraordinario auge en los próximos años, quedó reservada al capital nacional.

La minería y el petróleo.- En 1929 tres grandes empresas extranjeras –Cerro de Pasco Mining Company, Northern Peru Mining y Vanadium Corporation– tenían a su cargo casi el 100% de las exportaciones de metales (cobre, plomo, bismuto, oro, plata, zinc y vanadio). Pero la depresión de los treinta cambió el panorama. En 1935, la cuota de estas empresas descendió al 85% y en 1939 llegó por debajo del 70%. De todos los metales, el cobre fue el más golpeado por la crisis: tuvo excesiva oferta debido a la gran competencia internacional. En cambio los precios de la plata se recuperaron, y los del plomo y el zinc se mantuvieron estables en comparación al cobre. La década del 30 fue la del plomo y el zinc, que ayudaron a remontar la depresión, aunque la producción de metales tendió a declinar durante la siguiente década.

Ferrocarril Central

La explotación petrolera, como siempre, estuvo muy afectada por los intereses políticos. La exploración e inversión en este campo fue prácticamente nula. La época estuvo marcada por el temor de la International Petroleum Company a la nacionalización de los yacimientos de la Brea y Pariñas, tal como lo exigían los apristas, y a las elevadas presiones tributarias de los gobiernos. Por estos años tres nuevas empresas ingresaron en la industria: una foránea (Ganso Azul), una privada local (Compañía Oriente, del grupo Gildemeister) y una estatal (la Empresa Petrolera Fiscal); esta última demostró la incapacidad del Estado para determinar sus prioridades y escoger políticas precisas. En todo caso estas empresa tuvieron una producción muy reducida en comparación a la International.

Partida del tren de Pisco a Ica

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