Sinesio López Jiménez

García saca “instituciones” de su sesera como el prestidigitador saca conejos de la manga. Este es el caso del pacto social cuyos únicos elementos que se conocen son sus objetivos (el salario mínimo) y los convocados (grandes, medianas y pequeñas empresas, formales e informales), pero nada más. No se conocen ni el más elemental diseño, ni las reglas, ni los procedimientos, ni los incentivos, ni las sanciones ni el señalamiento básico de la estrategia para construirla, ni las relaciones con el complejo institucional (estatal, paraestatal), especialmente con otras similares que ya existen (El Acuerdo Nacional y el Consejo Nacional del Trabajo) con los que duplica sus funciones. Los ministros se enteraron del nacimiento de la criatura en el momento mismo del mensaje presidencial y están haciendo malabares para que termine de nacer. Una de las características de los presidencialismos plebiscitarios y los retóricos de AL. es su total desapego de las instituciones, a diferencia de los presidencialismos que se sientan en vigorosas coaliciones sociales y políticas y que se manejan con instituciones estables y gobernables. ¿Cómo explicar entonces la propuesta “institucional” de García?.

Mi hipótesis es que el pacto social de García no es una propuesta institucional seria sino una maniobra para burlar la presión distributiva que se viene con fuerza. El problema no es sólo el salario mínimo sino toda la estructura salarial que ha quedado brutalmente rezagada con respecto a las utilidades empresariales como lo viene demostrando Humberto Campodónico en su excelente columna diaria de La República: Algunas empresas recuperarán su inversión en el cortísimo período de tres años mientras los salarios no logran salir del abismo en el que los dejó el primer gobierno de García. Más aún: junto a los salarios está el problema del empleo: la calidad del empleo, el subempleo, la precarización y los mal llamados services, esto es, todas las formas laborales (sin derechos) impuestas por el capitalismo salvaje de 1990 en adelante. Enfrentar los problemas de los salarios y del empleo es la mejor manera de atacar los desafíos de la pobreza y la desigualdad. En la historia conflictiva entre el trabajo y el capital se han imaginado diversas fórmulas institucionales que han permitido su coexistencia productiva. De ellas voy a reseñar brevemente las tres más importantes: la autoprotección social del liberalismo del siglo XIX, el compromiso entre el capital y el trabajo de la socialdemocracia del siglo XX y las actuales reformas institucionales que se vienen desarrollando en Europa para aligerar el pesado estado socialdemócrata. Todas las historias sociales cuentan las duras resistencias que ofrecieron los campesinos para transformarse en obreros en los capitalismos originarios después del siglo XVIII. Las causas de esas resistencias no eran económicas (los obreros ganaban más que los campesinos) sino sociales: el abandono de la familia, la ruptura con la localidad de origen y de su cultura, el establecimiento de nuevas formas de disciplinamiento social y laboral, en fin, todo un conjunto de problemas derivados de lo que Karl Polanyi ha llamado el dislocamiento social. Estos problemas se agravaron en el siglo XIX cuando se impusieron en toda la línea la economía liberal y la autorregulación del mercado que buscaban transformar a todos los factores de producción en mercancías, incluidas las que Polanyi denomina ficticias (la fuerza de trabajo, el dinero y los recursos naturales) puesto que devienen tales por una decisión cultural. La resistencia de los trabajadores fue mayúscula y cedió sólo cuando, junto a la autoregulación del mercado, se estableció la autoprotección de la sociedad (jornada de ocho horas, mejores condiciones de trabajo, salarios dignos,etc) gracias a los sindicatos y organizaciones de los trabajadores y a las garantías que ofreció el Estado liberal. El liberalismo del siglo XIX pudo funcionar gracias a la tensión equilibradota entre economía de mercado y autoprotección de la sociedad. Todo eso colapsó con el crack de 1929.

En el siglo XX, gracias al crecimiento sostenido de Europa, a la sólida organización de los obreros, a la existencia de partidos socialdemócratas y liberales, se logró establecer lo que Adam Przeworski ha llamado una política de compromiso entre los obreros y los empresarios bajo el impulso y la garantía del Estado socialdemócrata. Los trabajadores aceptaron que la acumulación capitalista era legítima y los empresarios, a su vez, aceptaron que era asimismo legítima la participación de los trabajadores en la distribución de la riqueza que ellos producían. La fórmula que asumió este compromiso fue una reforma tributaria, el reconocimiento de los derechos sociales y la organización de los aparatos estatales adecuados para garantizarlos. La socialdemocracia llegó a esta fórmula de humanización del capitalismo, luego de amenazar con destruirlo a través de estatizaciones y nacionalizaciones en el siglo XIX, de superar una serie de dilemas que le planteaba la integración institucional al sistema vigente y de aplicar las políticas keynesianas en los años 30. En la década de 1980 apareció un creciente consenso con respecto al fracaso institucional del estado de bienestar y la aceptación del hecho de que, dadas las perspectivas económicas, no había muchas probabilidades de remediar la situación con la asignación de más recursos a la misma red institucional. Se han buscado fórmulas en el Reino Unido y en los países nórdicos para combinar el financiamiento y la asignación de recursos a la educación y la salud por parte del Estado con los mercados o cuasi-mercados (tercerización) y con la sociedad civil (publicización) en la gerencia y gestión de esos servicios. Estas diversas experiencias sugieren que un mayor predominio de las “fuerzas del mercado” puede significar, en realidad, un mayor protagonismo para el Estado, en particular en el terreno de la regulación. ¿En cuál de estas tradiciones se basa la propuesta de García?. Nadie lo sabe ni él mismo.

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Sinesio López Jiménez

Un nuevo fantasma recorre América Latina: el optimismo. Después de más de 20 años de estruendosos fracasos del modelo económico neoliberal, asoman tímidamente 4 años seguidos de éxitos en la marcha de la economía latinoamericana. Los informes de los organismos económicos internacionales sobre la actual situación económica y social de América Latina y sus perspectivas trasuntan ese optimismo relativamente contagiante. En su informe del 2006, la CEPAL sostiene, por ejemplo, que “el último cuatrienio (2003-2006) puede calificarse como el de mejor desempeño económico y social de América Latina en los últimos 25 años. El avance en la reducción de la pobreza, la disminución del desempleo, la mejora en la distribución del ingreso en algunos países y un aumento importante del número de puestos de trabajo son los principales factores que marcaron una tendencia positiva en varios países de la región”. El Banco Mundial no se queda atrás en el derroche de optimismo en lo que se refiere al crecimiento económico, pero lo modera al analizar el modesto impacto de ese crecimiento en el campo de la pobreza y la desigualdad en el caso peruano: “Sin embargo, a pesar de este extraordinario desempeño (se refiere al crecimiento económico del Perú en los últimos 5 años), el crecimiento no ha generado suficientes puestos de trabajo, no ha reducido la pobreza de forma significativa, y depende aún de la depredación de los recursos naturales. Después de todo, uno de cada dos peruanos sigue siendo pobre. Mientras que en el año 1970 el ingreso per cápita del Perú era más alto que el de Chile, actualmente es menos de la mitad que el de su vecino del sur”.

Habría que preguntarse si el optimismo de los organismo internacionales es compartido por la élites latinoamericanas, qué sentido le dan y hasta dónde lo comparten. Estrechamente vinculada a la interrogante anterior hay que preguntase también en qué medida el éxito económico se traduce en optimismo social. Si es así, ¿cuál es la amplitud social del optimismo? ¿Qué sectores sociales se ven contagiados por él? Los datos del Latinobarómetro no son desgraciadamente precisos al respecto puesto que no presentan la distribución social del optimismo por estratos. Solo señalan que, en la percepción de la población, la situación económica personal y la del país han mejorado entre 2001 y 2005. La percepción de mejora económica personal ha subido en ese periodo de 23% a 31% y la de mejora económica del país se ha elevado de 14% a 24% en el mismo lapso. La misma dinámica han seguido las expectativas tanto las personales como las del país. En el 2005, los países más esperanzados en el progreso eran Chile (62%), Venezuela (54%), Argentina (45%), Colombia (43%), Brasil (40%) y Uruguay (39%). El menos optimista era el Ecuador con sólo el 11% que creía que el país había progresado. Los datos muestran que el Perú es más pesimista que optimista: Sólo el 22% de los peruanos creía que el Perú progresaba en el 2005. Pese a la creencia en el progreso personal y colectivo de ciertos sectores sociales de América Latina, la mayoría cree que el tiempo pasado fue mejor: el 55% de los latinoamericanos, en efecto, creen que sus padres vivían mejor que ellos. La añoranza del pasado es más alta en Paraguay (75%), Ecuador (68%), Perú (67%) Nicaragua (66%). En Chile, en cambio, son menos nostálgicos con el pasado pues sólo el 35% cree que ese pasado fue mejor. Es probable que el optimismo se concentre en los sectores medios y altos de las sociedades latinoamericanas y que los sectores populares, pobres y muy pobres sean presa del escepticismo y del pesimismo, no porque son tontos y desinformados, sino más bien porque tienen la certeza de que los beneficios del crecimiento que ellos producen con su trabajo no llega a sus bolsillos ni a sus estómagos.

Pese a las mejoras que la gente percibe en la situación económica de su familia entre Febrero del 2006 y Febrero del 2007, la mayoría de los peruanos se siente insatisfecha (47%) y muy insatisfecha (6%) con su situación económica familiar y la mayoría (53%) cree que el próximo año la situación económica de su familia se mantendrá igual o empeorará (14%), según la última encuesta de la PUCP. La cosa cambia con respecto a las expectativas de la gente sobre el futuro de la economía peruana: El 52% cree, en Febrero de 2007, que la economía del país mejorará algo frente al 37% que creía lo mismo en Febrero del año pasado. La razón de este crecimiento de expectativas es simple: Los que se abstuvieron de opinar sobre el asunto (22%) en el 2006 esperan esta vez que la economía mejore algo en el próximo año.

¿A qué se debe este desfase entre las expectativas sobre la economía familiar y las que se refieren a la economía del país?. ¿Por qué la gente cree que a ella le va ir peor que a la economía del país?. Es probable que ello se deba, no a que son ignorantes y locos, sino, por el contrario, a que saben perfectamente que el crecimiento económico no llega a sus bolsillos y que, por eso, no reduce significativamente la pobreza ni acorta la desigualdad. Sin haber leído sus mamotretos, la gente está afirmando lo mismo que sostiene el Banco Mundial. Y ¿cuáles son las probables consecuencias sociales y políticas de este desfase de expectativas?. La respuesta a esta pregunta tiene algo que ver con la aguda y famosa pregunta que se formuló Alexis de Toqueville para explicar la revolución francesa: ¿Por qué la revolución no se produjo en Alemania, en Italia o en otro país de Europa continental sino en Francia que era un país más desarrollado, con más crecimiento económico y más libre?. Volveremos sobre este tema en otra oportunidad.

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Sinesio López Jiménez

El Perú colonial y republicano ha sido fundamentalmente un país minero. En un trecho importante del siglo XX fue también un país petrolero. Sin embargo, nunca conoció el desarrollo ni la democracia que es un fenómeno relativamente reciente. En este sentido el actual boom gasífero y minero tiene mucho de continuidad y poco de ruptura con el pasado. Salvo el petróleo, el Perú de hoy ofrece la misma abundancia de recursos naturales, explotados casi por las mismas corporaciones, negociados con el mismo servilismo de los gobernantes de turno (salvo la dictadura de Velazco), gestionados casi por las mismas instituciones patrimonialistas del Estado, manejados con las mismas políticas dadivosas, pensados con las mismas ideas rentistas y utilizados como una fuente inagotable de enriquecimiento ilícito de políticos y gobernantes. Si todo lo dicho es así, ¿por qué el actual boom minero, cuyo futuro depende de la azarosa coyuntura internacional, va a conducir al Perú al desarrollo y a la democracia? ¿ Por qué la abundancia de recursos naturales ha sido y es un regalo del diablo para la mayoría de los peruanos?. ¿Puede cambiar la historia?. Si, pero eso requiere otra política, otras ideas, otro Estado, otros políticos, otros gobernantes, otras negociaciones, otras gestiones, otras formas de distribución de la renta y transparencia para tratar quizás con las mismas corporaciones. La política, otra política, no la de García, puede torcerle el cuello a la historia poco edificante que ha tenido el Perú colonial y republicano.

La maldición de los recursos no es un patrimonio peruano como lo han demostrado economistas y politólogos. Ella alcanza a varios países de América Latina, del Africa y de Asia principalmente y ha sido y es letal para el desarrollo y la democracia de los países petroleros, salvo Noruega como lo ha analizado Terry Karl. En el caso de noruego la lluvia de millones de dólares cayó en un país con una estructura social cohesionada, con una cultura homogénea, con un estado extenso pero eficiente y con una democracia consolidada con altos niveles de participación popular. Todo ello permitió a los noruegos filtrar, administrar y orientar las ganancias a través de políticas bien pensadas y de largo aliento. En los otros países, en cambio, el petróleo está asociado con el dominio autoritario. De los 20 mayores exportadores en el 2000, sólo México y Venezuela eran democracias, pero ambos han experimentado prolongados períodos de dominio autoritario. Según Terry Karl, el petróleo obstruye la democracia pues rompe el vínculo entre la política impositiva, las presiones por la representación y la accountability, el trinomio que dio origen a la independencia y a la república norteamericanas y a la guerra que se produjo luego entre EE.UU. e Inglaterra. Los regímenes represivos de estos países presentan muy bajos niveles de gobernabilidad, no respetan el Estado de derecho ni los derechos humanos, violan los derechos laborales, despilfarran la renta y son generalmente corruptos. Los países petroleros dan lugar con frecuencia a regímenes longevos (Saddan Hussein duró 35 años en el gobierno) y sobre todo son belicistas: Los países petroleros tienen más guerras civiles que los países pobres en recursos naturales.

La experiencia peruana muestra que no existe tampoco una relación entre la minería, el desarrollo y la democracia. ¿Como explicar la falta de relación entre estos procesos económicos y políticos?. Aquí sugiero una hipótesis, inspirada en la lectura de diversos estudios sobre el tema, según la cual la no relación entre la minería, el desarrollo y la democracia tiene que ver con la debilidad institucional y la falta de autonomía del Estado peruano, por un lado, con la forma inadecuada y concesiva como éste ha negociado y negocia la explotación y la renta con las grandes corporaciones mineras, por otro, y finalmente con la forma injusta e ineficaz como se ha distribuido entre los peruanos la poca renta obtenida. Si el Perú hubiera tenido y tuviera gobernantes y funcionarios capaces y transparentes y vigorosas instituciones estatales que sean eficaces y funcionen, entonces se hubiera negociado en mejores términos y condiciones la forma de explotación (con respeto a los derechos de propiedad de los campesinos, a los derechos laborales de los trabajadores mineros y la defensa del medio ambiente) y el monto de la renta que las corporaciones cosechan sin sembrar y que pertenece a todos los peruanos. Se hubiera administrado, gestionado, distribuido y gastado mejor la justa renta obtenida entre las diversas regiones y gobiernos locales dando lugar a procesos sociales (élites empresariales con iniciativa, clases medias vigorosas, una clase obrera organizada, un campesinado cuya propiedad se respeta) e institucionales (Estado de derecho, ciudadanía integral, sociedad civil autónoma, sistemas representativos y de partidos) que impulsen el desarrollo y la democracia. Tendríamos entonces capitalismo con democracia. El capitalismo es necesario, pero no suficiente para que exista la democracia. Esta exige además los señalados factores sociales e institucionales.

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Sinesio López Jiménez

La ley 2423 del 4 de Agosto de 1917 gravó la exportación de petróleo crudo y derivados de su destilación con un impuesto progresivo en dólares. Verdad es que la exportación de petróleo no progresó en la medida de los otros productos nacionales en los años siguientes y la Lobitos Oilfield pidió la derogatoria de esa ley. La ley 4498 del 1 de Marzo de 1922 establece que el petróleo y sus componentes, los productos derivados de su destilación y los hidrocarburos análogos sin excepción alguna, pagarán como derecho de exportación el impuesto fijo de 3 soles 50 centavos por tonelada métrica, peso neto, derogándose la ley anterior; lo que evidentemente favorecía la producción. Pero aún más: esta ley estatuyó que el impuesto de exportación no podría aumentar durante veinte años, de acuerdo con la ley de petróleo N. 4425 del 2 de enero de 1925 que en su art. 40 había establecido que los productos de la industria petrolífera estarán sujetos al pago de los derechos de exportación sin que se pueda aumentar la escala vigente en el momento de la concesión durante veinte años. Si mereció protección la producción del petróleo, fue inaudito esta prohibición del Estado a sí mismo, cuando el aumento de la exportación de petróleo es fantástico: de 381,082 toneladas en 1921, a 951,412 toneladas en 1925, de 2´928,783 Lp en 1921 a
5´826,139 Lp en 1925, aumentando más o menos en un millón de libras anuales en contraste con las oscilaciones del algodón y del azúcar.
Además es curioso el pago anual de jornales, suministrado por las compañías, que inserta el ingeniero Oscar Quiroga en su estudio Movimiento económico de la industria minera del Perú en 1924, 2da. Parte, pág. 91. Se ve en este cuadro que mientras aumenta la producción, mientras más ganacias obtiene las compañías favorecidas por la ley de producción del petróleo, el trabajador nacional recibe jornales y sueldos más pequeños. Las ganancias de las compañías petroleriferas son, así, incalculables. El sistema de subdivisión de una misma gran empresa como la Standard Oil, permite diversas especulaciones obteniéndose mayores gancias efectivas, que las oficialmente señaladas; además del regreso que a la misma compañía realiza buena parte del dinero gastado en sueldos o jornales porque los empleados y obreros los utilizan en la compra de artículos de los almacenes de la misma empresa, bien provistos con la ayuda de barcos especiales.

“Y estas compañías (se refiere a la Internacional Petroleum y a las compañías mineras) cuyo aporte al Erario y al factor hombre han ido disminuyendo a medida que aumentaban sus ganancias, contribuyeron a desnivelar la balanza comercial del Perú del Perú; junto los servicios de los empréstitos, las sumas enviadas a los peruanos en el extranjero, etc.
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Sinesio López Jiménez

Montesquieu (1689-1755), el pensador que hizo de la política una ciencia, escribió que los sentimientos eran el motor de la política, que el impulso de la república democrática era la virtud (cívica), que el honor lo era de la aristocracia y el miedo, de la tiranía. Aquí en el Perú, sin embargo, el miedo dio a luz, no a una tiranía, sino al Presidente García, quien no es obviamente un tirano, pero tiene pasta para serlo. En el 2006 el miedo de las clases medias y altas a Ollanta Humala los llevó a elegir al mal menor, esto es, a García. En el lapso de un año, el miedo ha experimentado una metamorfosis afectiva. En un primer momento se transformó en expectativa y luego asumió diversas formas: confianza condicionada en una parte importante de las clases altas y medias y desconfianza abierta en las clases populares, pobres y muy pobres y también en un sector de las clases acomodadas. La desconfianza de las clases populares y pobres ha devenido rápidamente descontento y éste, desaprobación. Las encuestas realizadas a lo largo del año transcurrido de gobierno muestran la historia de esta metamorfosis. En Julio de este año más de la mitad de los peruanos, incluida la conservadora Lima, lo desaprobaba en las encuestas y lo rechazaba en las calles. La última encuesta de Octubre del IOP de la PUCP es más decidora: El 63% de los limeños, principalmente de las clases populares y pobres, lo desaprueba. Sólo el 30%, principalmente de las clases altas y medias, lo aprueba. Si la encuesta se hubiera aplicado en todo el territorio nacional, las cifras serían para hacer llorar de miedo a García. El hombre que ascendió al gobierno explotando el miedo de la gente hoy baja aceleradamente del poder, presa de miedo a fracasar: Quien a miedo sube, a miedo baja.

Pero el descenso de García no implica el ascenso de los líderes de la oposición. Casi todos han sido desaprobados en la encuesta. Esto significa que hasta la fecha no aparece en el país, al menos para los limeños, un liderazgo alternativo a García Habría que ver si una encuesta nacional confirma o no este vacío de liderazgo opositor. Este dato tiene diversas lecturas. Una primera lectura es que los ciudadanos no observan en el panorama político nacional una alternativa confiable al gobierno de García. Una secunda lectura es que las pocas simpatías que tienen los limeños por los políticos se reparten desigualmente entre algunos líderes que ya compitieron en el proceso electoral pasado. Una tercera es que la caída de García arrastra a todos los líderes que están en el escenario político, tal como sucedió en los estertores de su primer gobierno. Una cuarta es que el país está frente a una crisis de la política que se expresa en desconfianza en los políticos, en la desvalorización de sus instituciones y en poca o nula credibilidad de la gente en la capacidad de los políticos, del gobierno y de la democracia para resolver los problemas más sentidos de la gente. Las instituciones políticas (gobierno, Congreso, Poder Judicial y partidos políticos) son las más vapuleadas en la encuesta. Tampoco se salvan los medios de comunicación que, gracias a la generosidad y a la permisividad con el gobierno de García, son vistos con poca (35%) o con ninguna (17%) confianza por los limeños. Nadie valora la situación política como muy buena y muy pocos la ven como buena. La inmensa mayoría la califica como regular nomás (62%) y como mala (22%). Las miradas más pesimistas vienen de las clases populares, pobres y muy pobres y las más optimistas de las capas más acomodadas de la sociedad limeña. Lo mismo sucede con las expectativas sobre la situación política futura. Quizá lo más grave de este descalabro de García en las encuestas es que arrastra también a la democracia como régimen político. El 64% de los limeños no está para nada satisfecho con la democracia: La mayoría de siente insatisfecha o muy insatisfecha. Y la insatisfacción viene desde abajo. En este caso sucede algo curioso: la insatisfacción es mayor en las clases populares (70%) que en los sectores pobres y muy pobres (63%). El desempeño negativo de García con respecto a las clases populares y pobres, termina siendo pagado por la democracia. El despeñadero toca fondo político con el 39% de los limeños que están dispuestos a aceptar una dictadura o que les importa un comino la forma de gobierno. Este porcentaje se empina a casi el 50% de los encuestados en las regiones del centro, del sur y del oriente, conforme lo reveló la encuesta nacional que el IOP de la PUCP aplicó en julio de este año.

Quiero concluir este rápido análisis político de las encuestas de Octubre con dos breves conclusiones. La primera es la siguiente: El APRA ha dejado de ser un partido de los inconformes y los constestatarios para convertirse en el partido de los acomodados y de los satisfechos. García y su segundo gobierno han completado la faena del viraje conservador que otros comenzaron. La segunda conclusión es que el descalabro de García puede quebrar el lento ascenso del ciclo partidario que se inició el 2001 para dar lugar a un nuevo ciclo antipartido en el 2001, como el del decenio fujimorista.

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Sinesio López Jiménez

El gobierno de García ha mostrado hasta ahora una sorprendente habilidad para pasar piola y concentrar toda la responsabilidad de la mala situación de la educación pública en los maestros. Casi todas las políticas que despliega el gobierno tienen que ver con tareas que deben realizar los maestros para mejorar la educación pública, pero casi ninguna que apunte a las responsabilidades que debe asumir el estado para obtener los mismos resultados. La opinión pública, en cambio, es más abierta en el señalamiento de los problemas que afectan a la educación. Si bien el 28% cree también que la mala formación de los maestros es el principal problema que enfrenta la educación en el Perú, el 25% opina que la falta de presupuesto en el sector educación es uno de los problemas principales, el 21% apunta con razón a la mala voluntad de los políticos y los gobiernos para enfrentar los problemas de la educación y el 10% achaca los problemas al inadecuado y desactualizado contenido educativo de los cursos. La mayoría de los medios acompaña la visión unilateral del problema educativo que tiene el gobierno y presta poca o ninguna atención a la visión más amplia de la opinión pública.

La encuesta del Instituto de Opinión Pública (IOP) de la PUCP presenta una contradicción en la opinión de los limeños que exige alguna explicación: La mayoría coloca una nota aprobatoria a la educación, pero cree al mismo tiempo que ella no prepara a los jóvenes para conseguir buenos empleos ni contribuye a formar mejores ciudadanos. La educación ha dejado de ser una canal de movilidad social y un mecanismo de formación de ciudadanos como en otras décadas (la del 60 y la del 70 por ejemplo). En esas décadas un padre de familia podía decirle a su hijo lo siguiente: No tengo fortuna que ofrecerte, pero la mejor herencia que puedo dejarte es una buena educación. La ciudadanía política (más que la civil y la social) en el Perú y casi en toda AL del siglo XX fue un resultado de la educación más que del cambio en las reglas de juego electoral. Con el sufragio universal, la educación ha dejado de cumplir un papel importante en la emergencia de los ciudadanos, aunque puede jugar un papel decisivo en la calidad de los mismos. Pero eso exige también una educación de calidad. Quizá la aprobación de la educación por parte de la opinión pública tiene que ver más con un cierto prestigio y autoestima que ella otorga (o con el desprestigio que implica la situación de analfabetismo y la carencia de algún nivel de educación) que con su utilidad. En forma concordante con su diagnóstico, los limeños creen que las principales medidas para superar la crisis de la educación son: la capacitación de los docentes (41%), la mayor inversión en el sector educación (16%), la evaluación de los docentes (8%), el mayor interés en el tema educativo por parte del gobierno (6%) y el aumento de los sueldos de los maestros (6%). Esa perspectiva más amplia explica quizás la unanimidad en la exigencia al Estado para dedique más recursos a la educación de los más pobres así como sobre la gratuidad de la educación pública. La exigencia es muy justa si tiene en cuenta que el Perú es uno de los Estados de AL que menos gasta en la educación y si se considera que existe una muy alta correlación entre el nivel de inversión en la educación con la alta calidad de la misma. Jaime Saavedra y Pablo Suárez han mostrado (para el año 2000) que la educación pública no es gratuita puesto “que la sociedad peruana gasta, en promedio, 200 dólares por cada niño en el sistema público en la primaria, de los cuales 32% corresponde al aporte de las familias. En el caso de la secundaria, el Estado invierte 191 dólares y las familias, en promedio, 94 dólares; es decir, de un total de 285 dólares, las familias aportan 33%” (El financiamiento de la educación pública en el Perú: el rol de las familias, GRADE, Lima, 2002, p.25). Pero lo más grave es que el Estado comete inequidades en la inversión en educación: “sumando el gasto del Estado y el de las familias, un alumno en primaria en el quintil más rico del ingreso que accede a la educación publica recibe 326 dólares, 96% más que lo recibe otro en el quintil más pobre. En el caso de secundaria, un alumno del quintil más rico recibe 374 dólares, 53% más de lo que recibe otro en el quintil más pobre. Es más, existe evidencia de que esta diferencia se encuentra subestimada, ya que el gasto del Estado que llega a los quintiles más pobres es menor que el llega a los quintiles menos pobres…”. La baja inversión en la educación y la inequidad de la misma colocan al Estado en la picota. Si el gobierno de García no asume esta responsabilidad, las exigencias de calidad a los maestros, siendo justas, puede parecer una coartada.

Pese al despliegue publicitario que hace el gobierno sobre las políticas educativas, sólo un tercio de los limeños valora como positivas o muy positivas esas medidas, otro tercio las ve más bien como negativas y muy negativas. Sorprende la drástica caída de la aprobación del ministro de educación en el lapso de un año: En marzo de este año la aprobación (46%) y la desaprobación (43%) casi se empatan frente al 61% de aprobación y al 20% de desaprobación en marzo del 2007.. Sorprende también el realismo de los limeños en la gestión educativa atribuyendo la principal responsabilidad de la fiscalización de la calidad de la educación al Ministerio de Educación (61%), la demanda de participación de los padres de familia en el nombramiento de cada colegio y en la participación del director en la nominación de los profesores su plantel, pero un desacuerdo mayoritario (59%) en que los padres de familia participa en el nombramiento de profesores en cada colegio y en que los colegios pasen a manos de los municipios (56%).

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Sinesio López Jiménez

Entre el insulto, la sorna y el desafío, García ha formulado la siguiente pregunta:¿qué hacen por el Perú el picón, el criticón y el comechado?. Aceptando el desafío y asumiendo mi rol de crítico del gobierno de García me permito, previamente, devolverle la pregunta: ¿Qué hizo el presidente García entre 1985 y 1990 y que hace hoy por el Perú?. Sería interesante que él mismo respondiera, pero, como sé que no lo va a hacer, yo mismo voy a asumir esa ingrata tarea. He aquí un breve listado de las hazañas realizadas por García en su primer gobierno: Disparó los precios 22,000 veces, achicharró las remuneraciones reales en 53%, redujo el ingreso per cápita de 2,800 dólares en 1985 a 1,900 dólares en 1990, quebró al estado bajando la presión tributaria del 14% al 4%, multiplicó el número de pobres (en Lima Metropolitana) pasando de 16.9% al 44.3%, destruyó un millón de empleos adecuados e incrementó el desempleo de 42.5% al 73.1% (en Lima Metropolitana). Esta es la gran faena de García por el Perú en su primer gobierno. Puso al Perú y a los peruanos al borde del abismo. A esas hazañas económicas y sociales hay que agregar la violación sistemática de los derechos humanos (masacre de los penales, de Cayara, los paramilitares autodenominados Rodrigo Franco, etc.) y la corrupción generalizada (el 22% de los limeños cree que el primer gobierno es el más corrupto, después de Fujimori). He aquí un rápido recuento de su modesto desempeño en un año de su segundo gobierno: la austeridad como coartada para evadir la reforma tributaria, la desafiliación mediatizada de las AFP, la eliminación del Consejo Nacional de Descentralización (CND), la racionalización administrativa de las políticas sociales, la evaluación de los maestros, el shock fracasado de inversiones, la ley del control de las ONGs, la fusión de algunas OPDs, la negociación (rechazada cuando era candidato) del TLC , la reciente ley de la carrera pública magisterial. Nada de nada que tenga que ver con el trabajo, la distribución de la riqueza que producen los trabajadores gracias a la generosidad de los recursos naturales que pertenecen a todos los peruanos, la desigualdad creciente y la pobreza. Las medidas más importantes son las que se refieren a la educación (la evaluación de los profesores y la ley de la carrera magisterial), pero que han sido políticamente mal conducidas y sin obedecer a un plan previamente elaborado de una reforma educativa integral, lo que pone en duda su viabilidad. Sin este plan integral explícito se da la impresión, evidentemente errónea e injusta, de que toda la responsabilidad de la pésima calidad de la educación es sólo de los maestros y del SUTEP. ¿Y cuál es la responsabilidad de los ministros de educación, de los gobiernos que incumplen el Acuerdo Nacional de dedicar el 6% del PBI a la educación y que han hecho y hacen de la escuela pública, no un espacio de igualdad de oportunidades, sino un mecanismo más de discriminación (en donde sólo se educan los pobres y los cholos), de los misérrimos salarios que paga el Estado a los maestros, de las instituciones estatales que tienen que ver con la educación y que no funcionan?.

García puede sostener que su segundo gobierno es la autocrítica práctica de su desastroso primer gobierno. Pero en este caso su autocrítica es parcial y unilateral: es sólo un mea culpa frente al capital. ¿Y el mundo del trabajo no se merece una disculpa y una autocrítica práctica?. ¿Olvidó acaso las tesis primigenias del APRA de conciliar el capital y el trabajo?. Pero más allá de la ideología, la conducta política de García y de su gobierno obliga a preguntarse: ¿ Por qué los gobernantes no pueden mantener una lógica del equilibrio político y social?. ¿De que depende esa incapacidad?, ¿Es una cuestión de sicología, de la cultura política o de la estructura social?. Puede ser una combinación de las tres cosas. García, al parecer, es un hombre que se desborda así mismo, que quiere avasallar a los demás y que no ama la mesura, guiado quizás por la idea de Trotski de que la prudencia nada grande ha producido en la historia. Pero y ¿Del Castillo?, ¿Qué pasó con el prudente y mesurado del Castillo?. Ambos, presidente y primer ministro, parecían en estos días dos generales dirigiendo una guerra, provocando, insultando, inventando molinos de viento. La política fue definida como guerra, como en los viejos tiempos en los que los militares pensaban que la única forma de mantener el orden era acabando con el APRA y ésta creía que la única forma de realizar los cambios era acabando con los militares. Pero esta vez, el papel de los militares ha sido desempeñado por el APRA y el de ésta, por los sectores sociales descontentos y movilizados. Esta es la vieja cultura de la confrontación que rechaza la negociación y el diálogo y que privilegia la violencia. Los griegos que habitaban la polis, amantes de la lexis y la praxis (el diálogo y la acción), afirmaban que la violencia era muda. Y Hannah Arendt, una de las más destacadas filósofas del siglo XX, sostenía que la violencia surge cuando se trata al otro como cosa, como medio para conseguir algún fin. Sicologías desbordantes y culturas políticas confrontacionales se alimentan de una estructura social polarizada de ricos satisfechos (los menos) y de pobres descontentos e irritados (los más). ¿Es difícil para los menos (el gobierno, la derecha, los ricos, los medios) entender que los más ( las clases populares, los pobres y las izquierdas) están insatisfechos (según las últimas encuestas) y por eso protestan y se movilizan?. ¿Podrán entender los menos que los más no están locos sino disconformes con la actual situación de injusticia y con la política del gobierno? Espero que para su propio bien y para la sobrevivencia de la democracia logren entenderlo.
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Sinesio López Jiménez

Algo está pasando en el Apra luego de la publicación de los artículos de García sobre el perro del hortelano. No conozco la profundidad ni la amplitud del descontento y de las discrepancias en el viejo partido de Alfonso Ugarte, pero algo se mueve allí. De lo contrario, García no se hubiera visto prácticamente obligado a publicar un pequeño libro que está dedicado a los militantes apristas a los que trata de explicar (y justificar) sus actuales posiciones conservadoras. El pequeño libro, casi un folleto, tiene 132 páginas y tres partes claramente definidas. La primera, la más larga de todas (p. 25- 97.), tiene como objetivo mostrar que Haya también (como él) llegó a ser un conservador a través de un largo proceso de maduración intelectual y político. Presenta tres etapas históricas [la etapa de la exportación y el feudalismo (1895-1930), la de la industrialización y la urbanización (1930-1970), y la de la recesión, el endeudamiento y la informalidad (1970-1990)] a través de las cuales las ideas de Haya tanto en la teoría como en la política se fueron afinando y cambiando. Esta parte está llena de citas, justamente las más conservadoras de los escritos de Haya, porque, como todo autor complejo, es posible señalar otras menos involutivas de sus primigenias posiciones políticas, más reformistas, pero García selecciona cuidadosamente las más conservadoras (de Haya) para legitimar las propias (de García) ante la militancia. Las abundantes citas están acompañadas de comentarios rimbombantes cuya hojarasca oculta y opaca el brillo de alguna idea por allí suelta al desgaire. La tesis central de esta parte es que la radicalidad de Haya se expresó en la primera versión de El Antiimperialismo del Apra de 1926 y que, en las versiones posteriores de 1930 y 1936, Haya de la Torre planteó posiciones más moderadas porque fue percibiendo a medida que maduraba en la edad y en el pensamiento nuevas realidades e inéditos cambios que justificaban sus “renovadas” ideas y sus planteamientos menos radicales. Sostiene asimismo que las críticas, tanto desde dentro del Partido como desde fuera, obedecen a que los críticos se han congelado en las posiciones de 1926, se han negado a percibir los grandes cambios internos y externos del capitalismo y califican como conservadoras las ideas y las posiciones políticas que no hacen sino expresar esos cambios. García acompaña esta explicación conceptual con un componente sicológico que repite como un estribillo a lo largo del libro y que se seguramente forma parte importante de su biografía política: Todo cambio de las tesis apristas primigenias “se hace sin el complejo de los débiles que no buscan su guía en el pensamiento de Haya, sino en el “qué dirán” del extremismo”. En la parte final de las aburridas e infundadas citas conservadoras de Haya y de las parrafadas oratorias de García, se pueden encontrar algunas penetrantes ideas (de García) sobre las cambiantes correlaciones materiales y políticas de fuerzas que explican tanto el diseño institucional de la Constitución de 1979 como su rápido agotamiento.

Encuentro una segunda parte en lo que García llama “Reflexión autocrítica sobre el gobierno aprista” (1985-1990). Para mí estas nueve páginas son las más interesantes del texto. La tesis central de García es que el Apra entre 1980 y 1990 no fue hayista sino velasquista, que la oposición aprista al gobierno liberal de Belaúnde (1980-1985) se hizo en defensa de las reformas de Velasco y que su primer gobierno se realizó bajo la orientación política según la cual el Apra no podía dar marcha atrás en las reformas velasquistas porque la mayoría de los militantes apristas creían que Velasco había realizado las reformas que el Apra había venido predicando desde 1931. Es la primera vez, creo, que García hace una crítica sincera de su desastroso primer gobierno y señala las razones de su fracaso. Lo que García está reconociendo es que el Apra fracasó en el primer gobierno porque no aplicó en esa etapa las ideas neoliberales que hoy aplica sin ruborizarse porque no es débil sino valiente pues no se guía por el “que dirán” de los extremistas. Estos, para un neoliberal converso como García, son todos los que no comparten sus ideas.

La tercera parte presenta, en el más puro estilo de la política china a la que admiró tanto Haya y que admira García, las siete modernizaciones que se propone realizar el Apra en este segundo gobierno. Para un partido de gobierno, estas son orientaciones de política demasiado generales y vagas. Eso explica quizás que muchas propuestas de políticas provengan de sus repentinas inspiraciones que, sin embargo, pretende convertir rápidamente en leyes.

En conclusión, el nuevo librito de García tiene la virtud de mostrar, además de viejas ideas y una sorprendente autocrítica, las aguas movidas en el viejo partido de Haya de la Torre, el mismo que, pese a su antigüedad y a su ritualismo, epur si muove.

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Sinesio López Jiménez

Ahora que están de moda las evaluaciones, propongo aplicar una a los políticos, especialmente a los que hoy cortan el jamón y a los que pelean por cortarlo, no para desplegar un vasto programa de capacitación dedicado a estos ilustres e ilustrados personajes, sino con la finalidad de conocer el nivel de entrenamiento que tienen para jugar el partido de fondo: la reforma del Estado. Tengo la impresión que, cuando hablan de este tema, los políticos no se están refiriendo a la misma cosa. Y es normal que eso suceda no sólo por los diferentes niveles de conocimiento que existen entre ellos acerca el Estado, sino, sobre todo, por sus diferentes orientaciones ideológicas y políticas. Los patrimonialistas no piensan lo mismo sobre el Estado ni esperan lo mismo de él que los liberales, ni éstos tienen las mismas ideas y aspiraciones estatales que los socialdemócratas. Es probable, sin embargo, que en algunos aspectos de la reforma estatal los políticos de diferentes ideologías coincidan y que en otros difieran radicalmente. Esto significa que es muy posible que todos los políticos estén de acuerdo en contar con un estado que despliegue una gerencia y una gestión eficaces, eficientes y transparentes, pero es también muy posible que discrepen sobre las funciones que debe tener el Estado.

El desnivel en los conocimientos sobre el Estado se puede corregir con el debate, las lecturas y la capacitación formal. Lo que no es fácil ni deseable superar o eliminar son las diferencias ideológicas y políticas sobre el Estado. Estas, como sostenían los federalistas norteamericanos (Madison, Hamilton y Jay) refiriéndose a las facciones, son producto tanto de la diversidad social y cultural del país como de la vigencia de las libertades. Por eso, es mejor para la salud personal de los políticos y para la salud social y política del país que nadie (ni el gobierno ni las oposiciones) sueñe con imponer sus puntos de vista sobre algunos aspectos del Estado (las funciones, por ejemplo) como si fueran la verdad única e irrefutable, disfrazándolos con un supuesto ropaje técnico, sino que se acostumbre a establecer acuerdos parciales y políticas de compromiso, teniendo en cuenta las correlaciones sociales y políticas de las fuerzas que operan en el país. A este respecto, es necesario señalar que, de acuerdo a las encuestas que se han aplicado sobre el tema en el Perú y a las que volveré en otra oportunidad, existe una fuerte diferencia entre lo que piensa y quiere la gente común y corriente sobre las funciones del Estado y lo que quiere, sino la mayoría, al menos una parte significativa de los políticos. Este es un dato clave a tener en cuenta cuando se discute la reforma del Estado.

Quizá la deficiencia más importante del actual debate sobre la reforma del estado es el hecho de no contar con una propuesta global de la misma. Ni el gobierno, sobre todo el Ejecutivo, ni ninguna fuerza de oposición (es un decir) han presentado una propuesta global de reforma que muestre el horizonte del cambio estatal, las dimensiones que comprende, las estrategias y acciones a desplegar, los procesos que implica, las capacidades a mejorar, las formas institucionales a diseñar, etc. Una propuesta global daría sentido a las propuestas parciales (la fusión de los Organismos Públicos Descentralizados, por ejemplo, o la reforma del Poder Ejecutivo, o la del Poder Judicial). Una medida parcial de reforma del estado tiene sentido en la medida que ella hace parte de una propuesta global, que señala lo que busca en términos de resultados, que muestra desde donde parte y hasta donde quiere llegar, en qué plazos se va a llevar a cabo, cuáles son los costos que se van a ejecutar y cuáles los beneficios que se van a obtener.

Para aplicarles su propia medicina a los evaluadores, les propongo responder a las siguientes preguntas sencillas y precisas sobre el Estado: ¿Qué es el Estado?, ¿qué elementos lo integran?, ¿forman parte del estado las cambiantes formas institucionalizadas de dominación social?, ¿cuáles son las funciones del Estado?, ¿cómo se gestiona y cómo opera el Estado?, ¿cuál es la diferencia entre los conceptos de Estado, régimen político y gobierno?, ¿qué relaciones existen entre el Estado y el sistema político?, ¿cuál es la diferencia entre la forma de Estado y la forma de gobierno?, ¿cuáles son las principales formas de Estado que ha tenido el Perú en su historia republicana?, ¿qué diferencias existen entre las formas de Estado latinoamericanas y las formas de Estado clásicas de Europa?, ¿cómo ha pasado el Perú de un forma de Estado a otra?,¿qué continuidades y que rupturas se han producido con los cambios de las formas de Estado en el Perú?,¿cómo se produjeron las reformas de primera generación que dieron origen al actual Estado Neoliberal?. Y, finalmente, me permito formularle dos preguntas directas al Presidente García, quien no sólo corta el jamón sino quien se siente también dueño del chifa: Su propuesta de reforma estatal, si la tiene, ¿ busca mejorar al actual Estado Neoliberal o cambiarlo por otra forma de Estado?. Si busca esto último, ¿cuál es esa nueva forma de Estado?. Para invitarlo a responder le recuerdo al Presidente las desafiantes palabras del buey a la rana fanfarrona de la fábula de Esopo: Hic Rodhus, hic salta. O para decirlo en buen romance: Este es el problema de fondo, resuélvalo García.

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Sinesio López Jiménez

El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) no es sólo un asunto técnico, sino también político. De lo que se trata no es sólo de garantizar una inversión pública de calidad (cuánto, cómo, en qué, en donde, con qué prioridades, con qué resultados), sino también de resolver el problema de quien decide y quien controla esa inversión. ¿Van a seguir teniendo el candado y la llave los tecnoburócratas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)?¿Van a sacar un duplicado para García y para los integrantes del gabinete?¿Van a tener también un duplicado los gobiernos regionales? ¿O García y su gobierno van a tener el coraje y la fuerza suficiente para quitarle el control al MEF que opera como celoso guardián de la caja fiscal para entregarla a otro organismo que piense y actúe en términos de desarrollo del país?. Me parece que este el es problema de fondo que ha emergido debido a la presión de las regiones y al fracaso del llamado shock de inversiones y su penosa transformación en un show de inversiones.

Visto desde la política, el SNIP constituye una arena política en la que se desarrollan diversos juegos de poder en distintos planos con diferentes actores, objetivos e intereses. En un primer plano- el oficial- están, por un lado, el presidente García y todo su gabinete y, por otro, el solitario Ministro Carranza del MEF. Aquí se enfrentan la urgencia política con el saber técnico. Lo que está en juego es quien decide la inversión pública y cual es la naturaleza del candado a la que ella debe someterse. Lo que García y el gabinete plantean es compartir la decisión: Que el MEF siga controlando la gran inversión con los candados actuales y que la mediana y pequeña inversión no tenga candados (o tenga candados muy permisivos) y sea decidida por el presidente y sus ministros en alianza con los gobiernos regionales. En esta pugna, el presidente y sus aliados han actuado con alevosía y ventaja: Han esperado tener primero el visto bueno del FMI sobre la marcha de la economía, le han arrebatado dos aliados más o menos seguros en el gabinete (los ministros de Vivienda y de Transportes) al titular del MEF y han roto el candado del SNIP (a través del Decreto de Urgencia 014) cuando éste había terminado de perfilar la deuda externa en el Club de París y estaba volviendo al Perú. Carranza se parapeta en el saber técnico y en la calidad de la inversión pública y recibe el apoyo de la derecha y de la mayoría de los medios que levantan el cuco del populismo y despiertan a los fantasmas del desastroso primer gobierno de García. El primer Ministro busca, por su parte, legitimar el Decreto de Urgencia y asustar al Ministro Carranza y a otros poderosos actores que están detrás de este primer plano con el desborde social que empujaría al gobierno a un populismo inevitable. En un segundo plano – el de las representaciones sociales y políticas- están, por un lado, el Ministro Carranza, pero ya no es el solitario Ministro de Economía con todas sus prerrogativas políticas sino el todopoderoso representante directo de los organismos económicos internacionales, de los inversores extranjeros y de la burguesía local y, por otro, el presidente García, representante de las clases medias y otros sectores sociales y del país mismo. Aquí chocan la economía con la política. Este escenario opaco y duro es una especie de molino satánico en donde se articulan la economía, la política y las clases sociales, asumiendo la forma de una coalición social y política que organiza el estado neoliberal y sus políticas públicas (incluido el SNIP) y que manda en el país más allá de los gobiernos y de los regímenes políticos. Lo que García está planteando en este plano es tener una cuota mayor de poder en esta coalición para decidir ahora sobre la inversión pública y después sobre otros aspectos de la política económica (la reforma tributaria, por ejemplo). Es probable que en este plano los organismos económicos internacionales, los inversionistas extranjeros y el capital local hagan sentir al presidente García el peso de su poder económico y le hagan saber hasta donde están dispuestos a ceder.

Finalmente hay un tercer plano – el social, regional y mediático – en donde se ubican, por un lado, los actores sociales y los gobiernos regionales y, por otro, el gobierno central y la mayoría de los medios. Aquí se enfrentan la presión distributiva y la urgencia social y regional con el poder político. Lo que los gobiernos regionales plantean no es sólo la transferencia de mayor cantidad de recursos financieros para el desarrollo y para atender las urgentes necesidades de sus regiones sino también una descentralización del SNIP para actuar con mayor flexibilidad y celeridad. El juego del gobierno es doble en este plano: Por un lado, utiliza a los movimientos sociales y a los gobiernos regionales para presionar a Carranza en el primer plano y a la coalición social y política dominante en el segundo plano y, por otro, negocia con ellos para hacerles concesiones y limitarlos en sus demandas y capacidades buscando preservar para García un rol importante en el manejo de los fondos liberados de las garras del MEF. Este es el plano que dinamiza los juegos de poder en los otros planos, incidiendo directamente en el primer plano e indirectamente en el segundo. Este rol dinamizador va ir creciendo a medida que la presión distributiva se incremente y los acicateados gobiernos regionales y las regiones se conviertan en epicentro de la política.

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