Archivo por meses: diciembre 2013

OPTIMISTAS, ABSTENERSE

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Sinesio López Jiménez

El comunismo realmente existente fue un infierno, pero el capitalismo no es un paraíso. Michael Wallerstein y Adam Przeworski (2008) han publicado varias investigaciones en las que demuestran que el capitalismo construye una jaula de hierro para los ciudadanos, los políticos y el Estado de la que es difícil salir. El capitalismo es un sistema en el que muchos recursos escasos son de propiedad privada y las decisiones sobre su asignación son una prerrogativa privada. La democracia es un sistema mediante el cual las personas como ciudadanos pueden expresar sus preferencias sobre la asignación de recursos que ellos privadamente no poseen. Por lo tanto, la cuestión perenne de la teoría y la práctica políticas en el capitalismo alude a la compatibilidad de estos dos sistemas.

Las personas pueden tener derechos políticos, pueden votar y elegir a los gobiernos que pueden seguir los mandatos populares. Pero la capacidad efectiva de los ciudadanos y de cualquier gobierno para alcanzar sus objetivos está limitada por el poder público del capital. La naturaleza de las fuerzas sociales y políticas (por más poder que tengan) no altera estos límites ya que son características estructurales del sistema, no de los ocupantes de los cargos gubernamentales ni de los ganadores de las elecciones. Los capitalistas no tienen ni siquiera que organizarse y actuar de manera colectiva: basta con que persigan ciega y estrechamente su interés privado propio para restringir drásticamente las opciones de todos los ciudadanos y los gobiernos.

En el capitalismo toda la sociedad depende de la asignación de los recursos elegidos por los dueños del capital. Las decisiones privadas de inversión tienen consecuencias públicas y de larga duración: determinan las posibilidades futuras de la producción, el empleo y el consumo de todos. Debido a que las posibilidades futuras de consumo dependen de la inversión privada, todos los grupos sociales se ven limitados  por el efecto que pueden tener sus acciones sobre la voluntad de invertir de los dueños del capital, la misma que depende, a su vez, de la rentabilidad de la inversión. En una sociedad capitalista, el intercambio entre el consumo presente y futuro de todos pasa por un trade-off entre el consumo de quienes no poseen un capital propio y las ganancias de los que lo poseen. Si las empresas responden a los aumentos salariales exigidos con menos inversión, los asalariados pueden ser los más interesados en moderar sus demandas salariales.

Al Estado y a los políticos les pasa lo mismo que a los trabajadores. Los políticos que buscan votos deben anticipar el impacto de sus políticas en las decisiones de las empresas debido a que esas decisiones repercuten en el empleo, la inflación y los ingresos personales de los votantes. Incluso un gobierno pro-trabajadores no quiere y no puede comportarse de manera muy diferente de uno que representa a los capitalistas. La razón por la cual el Estado es estructuralmente dependiente es que ningún gobierno puede al mismo tiempo reducir las utilidades y aumentar la inversión. En la medida que la distribución puede lograrse sólo a costa de crecimiento, todos los gobiernos terminan persiguiendo políticas con efectos redistributivos limitados.

Según Przeworski y Wallerstein, el bienestar de los trabajadores se puede lograr tanto bajo el socialismo como bajo el capitalismo democrático siempre y cuando haya una negociación centralizada de los trabajadores y exista un gobierno de la misma orientación que tome las medidas adecuadas sobre los impuestos al consumo de lujo de los accionistas y sobre las transferencias de los ingresos a los trabajadores sin afectar la inversión privada e incluso incrementándola. Negociación centralizada de los trabajadores e impuesto al consumo de lujo de los capitalistas son las estrategias que permiten romper parcialmente la jaula de hierro del capitalismo.

 

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LA OLA PRIVATIZADORA EN LA UNIVERSIDAD

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Sinesio López Jiménez

De la podrida situación universitaria brotó pus. El debate sobre la ley de reforma universitaria ha sacado a luz los efectos perversos que produce la ola privatizadora llevada hasta los extremos en la universidad: educación privada de pésima calidad, apropiaciones ilícitas de universidades asociativas sin fines de lucro y la existencia de mafias en el gobierno de algunas universidades públicas. Esta ola privatizadora pone a su servicio el mito de la autonomía universitaria a la que deforma  y explota las justas aspiraciones educativas de los jóvenes que, ante la inexistencia de centros de formación técnica de calidad, creen que la universidad les abre el camino al éxito. Todo ello ha potenciado la masificación de las universidades, ha mostrado la incapacidad o la falta de interés de los promotores (incluido el Estado) para dotarlas de la infraestructura y la logística necesarias para una formación de calidad (bibliotecas, laboratorios, etc) y ha generado mediocridad académica.

Uno de los problemas más graves es que la mayoría de las universidades se limita a vender cursos y deja de lado la investigación científica, tecnológica, social y humanista. Por ese camino, nunca van a ser universidades de calidad ni pueden ayudar al logro de la competitividad del país. En Perú ni a las empresas privadas ni al Estado les interesa invertir seriamente en la investigación en todos los campos del saber. En los países desarrollados y en los países emergentes, en cambio, las empresas y el estado invierten en la producción de conocimientos que se realiza principalmente en las universidades públicas y privadas.

Lo grave de la situación universitaria peruana es que la mediocridad predomina sobre la calidad. Hay, desde luego, universidades privadas, asociativas sin fines de lucro y públicas de calidad, pero son pocas.  En algunas universidades públicas algunas facultades brillan dentro de la mediocridad general. Son los casos de medicina y veterinaria en la UNMSM, por ejemplo. La ley que se va a aprobar en el Congreso tiene algunas limitaciones (la Superintendencia que afecta la autonomía académica), pero es mejor que la deplorable situación actual. Es de esperar que el debate en el pleno del Congreso la mejore y que los defectos restantes se vayan corrigiendo en el camino.

La ley va a depurar al sistema eliminando a aquellas universidades cuyos egresados nunca serían contratados por las empresas encuestadas (IPSOS APOYO). La Comisión de Educación del Congreso tiene que investigar a fondo las privatizaciones o los intentos de privatización ilegal de las universidades asociativas sin fines de lucro por parte de camarillas enquistadas durante varios años en ellas, lo que afecta  a su calidad académica y a su comunidad universitaria. Algunos dispositivos de la ley  ayudan a acabar con el manejo mafioso de algunas universidades públicas. Las camarillas oficiales de la UNMSM, por ejemplo, han intervenido las facultades en las que perdieron las últimas elecciones, les impiden elegir a sus propios decanos, colocan autoridades a dedo que las administran con métodos mafiosos y se dedican a perseguir a sus opositores.

En el caso de CCSS, los secuestradores de la Facultad (la camarilla avalada ilegítimamente por el Rector) acusan a los profesores y estudiantes (que combatieron siempre al senderismo) de violencia y secuestro del “decano” ilegal y, lo que es peor, un juez despistado habría decretado contra ellos prisión efectiva de seis meses y el pago de diez mil soles de reparación.  Las camarillas mafiosas ponen a la universidad pública al servicio de su interés privado.

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ALAN PROUST

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                                   Sinesio López Jiménez

En la última etapa de su vida García anda, como Marcel Proust, en búsqueda del tiempo perdido, no por él, sino por Ollanta Humala, pero pretende recuperarlo él cuando lo reelijan en el 2016. Entonces podrá completar su zaga política y escribir  “el tiempo recuperado” probablemente en el decano. Este es, en esencia, el argumento político que García ha comenzado a esgrimir contra el gobierno de Humala y a favor de su reelección en el 2016 (El Comercio, 08/12/13). El argumento no es muy feliz porque puede funcionar como un bumerán si se consideran sus dos gobiernos, en especial el primero.

Si el crecimiento del 5% le parece un tiempo perdido, ¿cuánto tiempo se perdió cuando el PBI decreció -9.4% en 1988, -13.4% en 1989 y -5% en 1990?. Con estas cifras espeluznantes, el Perú perdió, no dos años y medio, sino décadas. El segundo mandato de García es el de las oportunidades perdidas. Con las tasas de crecimiento que tuvo gracias a los precios de los commodities y a la sostenida demanda internacional, salvo el catastrófico 2009 (en el que el crecimiento bajó de 9.8 en 2008 a 0.9), pudo hacer algunos cambios sustantivos (el impulso de un desarrollo sostenible, una reforma democrática del Estado, una mejor distribución del ingreso a través de una reforma tributaria progresiva, una asignación mayor de los gastos del estado en educación y salud, el establecimiento de la consulta previa, etc.), pero no los hizo.

En lugar de promover una reforma integral de la educación, García bajó el gasto en ese rubro de 3.2% en el 2006 a 2.8% del PBI en el 2010 y pretendió reformarla, no sólo sin los profesores, sino contra ellos. En lugar de políticas sociales de calidad, prefirió, al estilo de Odría, el cemento a la gente, la obra pública gigante que encarna el viejo dicho latinoamericano de la cultura permisiva de la corrupción: si el gobierno hace obra, no importa que robe. En lugar de desarrollo sustentable, profundizó el capitalismo salvaje con su célebre “teoría” sobre el perro del hortelano.

García sostiene que hay una desaceleración de la economía peruana porque han bajado las inversiones, cuya disminución se debe, a su vez, a “una desaceleración en la toma de las decisiones que depende del presidente”. Cree que la crisis mundial del capitalismo y las dificultades que tienen algunos países de AL para crecer no son una valla sino una oportunidad para que el Perú crezca. Para ello basta la decisión del Presidente. García le está pidiendo probablemente a Humala que aplique más agresivamente su “teoría” del perro del hortelano. ¿Le parecen insuficientes a García las siete medidas de Humala para recuperar la confianza del empresariado?.

La innovadora “teoría” de García parece ser que la tasa de ganancia que mueve a los empresarios a invertir depende principalmente de las condiciones que les ofrezca un presidente decidido y voluntarioso. Las crisis del capitalismo no cuentan en esta historia. Mientras más concesión de condiciones, sin importar a qué precio, más inversión. Todo lo demás lo deja en manos de Dios. ¿Cree que Dios interviene en política?, pregunta la Balbi y García responde: “Interviene en todo, señora. No sé qué pensará usted, yo soy creyente”. Manjar de dioses para politólogos, teólogos y sicoanalistas. Si Dios fallara, está el Fiscal de la Nación, su amigo y compañero, para salvarlo y allanarle el retorno en el 2016. ¡Qué tal faenón!. Oreja y rabo para García.

 

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UN MUNDO DE LOCOS

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Sinesio López Jiménez

Las revocatorias generan más perjuicios que beneficios. Esa es, al parecer, la experiencia peruana. Habría que hacer una investigación exhaustiva para verificar esta hipótesis. El daño mayor es la instauración de la inestabilidad  que, a su vez, produce ingobernabilidad, esto es, falta de desempeño. Todo esto es, a todas luces, un contrasentido, especialmente en el caso de los gobiernos revocados por un supuesto mal desempeño. El resultado es, en realidad,  una situación peor.

La revocatoria fue promovida por la izquierda como una forma de control ciudadano sobre las autoridades de todos los niveles del gobierno y fue aprobada sólo para los gobiernos locales, pero ha sido usada con frecuencia por la derecha y por políticos ambiciosos de todos los colores contra sus promotores. Es una forma de control vertical que interrumpe la legitimidad de origen sin tomar en cuenta las consecuencias. Desde el punto de vista político y ético (en el sentido weberiano) la propuesta y la mantención de la revocatoria constituyen una irresponsabilidad. Lo que digo es una autocrítica en lo que me corresponde.

Lo que explica probablemente la posición de la izquierda es que ella se pensaba a sí misma más como oposición que como gobierno. Una vez en el gobierno, la izquierda recibe de su propia medicina y aprende que la revocatoria es un error, en particular cuando se presenta abierta a todas las causales que se imaginen los opositores. La situación se agrava con el pésimo diseño institucional de la medida. De todas las causales la más legítima podría ser la corrupción, pero ella tendría que ser, no una acusación arbitraria, sino un hecho comprobado. La comprobación es inviable mientras los organismos de control (PJ, Fiscalía, TC, Contraloría, etc) estén en manos de los corruptos o de los acusados de corrupción o sean influidos por ellos. La experiencia reciente ha sido muy escandalosa como para ser ignorada.

La más perversa de todas las causales es el supuesto mal desempeño. ¿Qué es un mal desempeño? Este es un criterio subjetivo y arbitrario. Lo que es mal desempeño para unos, puede ser bueno para otros. A algunos les gustan las pistas de cemento; a otros, las pistas del conocimiento y de la moral. Sobre gustos y colores no han escrito los autores. El problema de fondo es el siguiente: ¿Por qué razones la pérdida de legitimidad por desempeño tiene que echarse abajo la legitimidad de origen?. Si así fuera las sociedades serían ingobernables, cualesquiera sean los fundamentos de la legitimidad de origen  sobre los cuales organizan sus gobiernos. Sería un mundo de locos.

La legitimidad de origen es la que constituye a los gobiernos y es también la base de la autoridad. Sus fundamentos pueden ser diversos: la tradición, el carisma, la ley, la voluntad popular, la revolución e incluso la voluntad de Dios. El mal desempeño es algo secundario, además de arbitrario. Si la pérdida de la legitimidad por desempeño justificara el cuestionamiento de la legitimidad de origen, el único criterio de legitimidad sería la eficacia. Las dictaduras supuestamente eficaces serían legítimas y las democracias supuestamente ineficaces serían ilegítimas. Independientemente de su desempeño, la democracia es mejor (y más legitima) que cualquier dictadura eficaz. Sería óptima si la democracia fuera de calidad y si, además, fuera eficaz, ya sería una maravilla. Recordemos, sin embargo, que estamos en el Perú.

 

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