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El Zorro de Abajo
Blog de Sinesio López Jiménez


 

Sinesio López Jiménez

Ancash es sólo la punta del iceberg. Debajo de sus señales se mueve un conjunto de fallas estructurales  que agobia al Perú  (y a algunas regiones en particular) desde hace mucho tiempo. La peculiaridad de la situación actual es que esos viejos problemas  se han fusionado y han estallado en esa región (y en otras como Tumbes) apareciendo como asesinatos políticos, sicarios al servicio del mejor postor,  caudillos locales que disputan un botín, corrupción, crimen organizado, sindicatos asociados al delito, incapacidad del Estado para ofrecer seguridad a los ciudadanos y poner orden, inoperancia  (¿o inexistencia?) de los partidos políticos nacionales.  La situación es compleja y pone en la picota no sólo a la política y al Estado  sino también a otras dimensiones (económica, social, cultural) de la vida social.

Desde la perspectiva política existen, por lo menos, cuatro problemas que están en la base de lo que pasa en Ancash y en otras regiones. En primer lugar, la ancestral debilidad del Estado explica su ausencia o presencia marginal en varias regiones, su incapacidad para sostener la vigencia de la ley y de la igualdad de esta para todos, su impotencia para ofrecer seguridad y orden y sus dificultades para llevar las políticas públicas (especialmente las políticas sociales) a muchas regiones del país. El Estado es más chico que la sociedad y el territorio sobre los que supuestamente ejerce jurisdicción. Las élites militares, las élites señoriales y empresariales y los caudillos políticos han sido incapaces de construir un Estado peruano en forma. Tenemos por eso el Estado modesto y maltrecho que nuestras elites enclenques han podido construir a lo largo de la historia.

En segundo lugar, el colapso de los partidos nacionales (que se llaman así sólo porque pueden elegir candidatos para que compitan a nivel nacional) explica su ausencia en las elecciones regionales y locales, la fragmentación política nacional y regional, la volatilidad electoral y partidaria, la presencia de poderes fácticos, la competencia exacerbada (apelando al sicariato y al asesinato) entre caudillos regionales y locales por el botín del canon en las regiones que lo tienen. La debilidad de los partidos nacionales ha dado origen (y fortalecido) a los caudillos nacionales y regionales y a los poderes fácticos y estos, a su vez, agudizan la inoperancia de los partidos.  Se ha producido un círculo vicioso que es necesario romper con la formación de nuevos partidos y frentes políticos.

El tercer lugar, el diseño actual de la descentralización por departamentos ha agudizado la debilidad del Estado,  ha acentuado la fragmentación territorial y ha reinstaurado la vieja relación indirecta del Estado central con los ciudadanos, mediada ahora por los caudillos regionales. Lima, sin embargo, no ha perdido poder. La principal virtud de la descentralización es el desplazamiento de recursos a las regiones. Eso está bien, pero la distribución de esos recursos ha sido mal diseñada. El canon no llega a todas las regiones. Sólo seis o siete regiones lo perciben. Es necesario redistribuirlo estableciendo políticas de compensación para las regiones más pobres del país.

Finalmente, la captura de algunos aparatos de control estatal (la fiscalía, el poder judicial y otros) por los corruptos impide la vigencia de la ley y de la justicia  y genera incredibilidad en el Estado. La Republica ha revelado en varias ediciones que el poder judicial de algunas regiones se ha convertido en un paraíso de las acciones de amparo de los corruptos y que algunos fiscales que cumplieron con su deber de investigar la corrupción fueron destituidos por sus jefes. La solución política de lo que pasa en Ancash y en otras regiones es compleja y requiere enfrentar varios problemas a la vez, pero por alguno de ellos hay que comenzar.

 

Sinesio López Jiménez

Es una ironía de la historia que García apele hoy al respeto al debido proceso que no observó  cuando fue presidente de la República. El caso más dramático  tiene que ver con el conjunto de decretos legislativos que dio García para facilitar las inversiones en la selva sin respetar el debido proceso que lo obligaba a consultar previamente a los nativos. Todo comenzó con la insidiosa “teoría” del perro del hortelano y culminó trágicamente con  la muerte de  33   peruanos y un desaparecido en el baguazo, un número ligeramente menor (perpetrado en un día) que el producido en más de un mes  en el conflicto político venezolano que tanto escandaliza a los medios de derecha.

El primer responsable de esa tragedia fue, sin duda, García. A propósito, ¿cuáles son los efectos políticos y penales de las investigaciones que realizaron el Congreso y otras instancias del gobierno sobre este trágico acontecimiento?. ¿Qué ha hecho el poder judicial para sancionar esta violación evidente al debido proceso que trajo consecuencias trágicas?. ¿Acaso un presidente de la República, según el poder judicial, está eximido de atenerse al debido proceso?. El debido proceso obliga a todos los que toman decisiones en las diversas instancias del Estado, también, por supuesto, al poder judicial que, por ser uno de los poderes más corruptos, es el que más lo viola.

El parlamento está obligado a someterse también al debido proceso que fijan las leyes y su propio reglamento en el desempeño de sus múltiples funciones. Si al juez le parece que el término “vinculado” (a los hechos investigados) con el que la Megacomisión cita a García no es sinónimo de “investigado”, el Congreso tiene que atender sus exquisiteces semánticas. En todo caso, el término “vinculado” que usa la Megacomisión para citar a García es menos grave que la frase “nuestro patrocinado” que usa el juez para aludir al “vinculado” García a los hechos investigados. El inconsciente traiciona al juez pro-García. ¿O es una confesión sincera?.

García y sus leales celebran la decisión del juez en la creencia de que la falla en una formalidad jurídica, subsanable por lo demás, borra las graves acusaciones de fondo (especialmente las que se refieren a los narcoindultos) que le hace la Megacomisión a García. La imprecisión en la forma de citación al investigado García no borra los resultados y hallazgos de la investigación. García ha desplegado una estrategia de confrontación con Humala para defenderse de las acusaciones de la Megacomisión señalándolo como el verdadero jefe que la digita para acusarlo constitucionalmente e inhabilitarlo políticamente.

En la medida que el oficialismo no va a tener un candidato propio en el 2016, la inhabilitación de García no parece estar en los planes de Humala. Estaría más bien dentro de los intereses de Keiko Fujimori que va a ser candidata segura en el 2016 y a quien García hace demasiada sombra. En este caso García no está jugando bien sus fichas porque empuja al nacionalismo a los brazos del fujimorismo que estaría más interesado en sacarlo de la competencia política. En este sentido, el juego político de García parece hacer parte más bien de una estrategia de encubrimiento de las graves acusaciones de la Megacomisión.

La estrategia de confrontar con Humala coloca a García, sin embargo, en el primer plano de la escena que atrae todos los reflectores de los medios, la mayoría de los cuales lo miman. En este aspecto Humala y el oficialismo flaquean. Humala no es un experimentado político ni un destacado esgrimista verbal. Apenas balbucea y ensaya algunas respuestas. Y el gabinete de “técnicos” es una nulidad en el campo de la política. En realidad, quienes deben enfrentar a García son el Primer Ministro o los ministros que debieran ser todos políticos. Para técnicos bastan los viceministros y el cuerpo de funcionarios que los secundan.

 

                                               Sinesio López Jiménez

Cipriani se ha equivocado de época. Cree que vive en el medioevo en el  que la Iglesia Católica defendía una perspectiva teocrática de la política. Ella sostenía, basándose en algunas expresiones  de los Evangelios, que el poder venía de Dios, que este era  el principium potestatis o el titular del poder y que el Papa, como representante de Dios en la tierra, tenía la facultad de coronar a los emperadores para que ejerzan legítimamente el poder. La legitimidad del ejercicio del poder dependía de la autorización del titular de la potestad (Dios), representado por el Papa. Cipriani pretende imponer  sus creencias religiosas (sobre el matrimonio y sobre el aborto) a todos  los peruanos transformándolas en políticas públicas del Estado.

Cuestionada por el republicanismo desde el siglo XI en adelante y derrotada por la Monarquía absoluta en el siglo XVI y XVII, la teocracia se acabó. El republicanismo atribuyó la titularidad del poder a “il commune” de los ciudadanos que elegía a “il rettore de la cittá” (llamado posteriormente “il podestá”), el mismo que desplazó en el gobierno de la ciudad al obispo nombrado por el Papa. Pese a su inestabilidad, el republicanismo del medioevo (vigente en varias ciudades italianas) en sus diversas oleadas (pre-humanista, humanista cívico, escolástico-republicano, renacentista) minó seriamente las bases de la teocracia.  Derrotando a las guerras religiosas entre católicos y protestantes y sometiendo a las aristocracias, la monarquía absoluta acabó con la teocracia, ayudada por el efecto corrosivo del capital comercial en la estructura  social medieval.

La monarquía absoluta fusionó en ella misma la titularidad y el ejercicio del poder. Ejercía legítimamente el poder porque ella era la titular del mismo. La revolución francesa (precedida por la ilustración) acabó con esa fusión y reivindicó para los ciudadanos la titularidad del poder y su ejercicio legítimo para aquellos que eran elegidos por los ciudadanos. Sobre esa base se postuló el sufragio universal  (vigente mucho después) que suscitó contradictorias reacciones. Marx lo vio como la antesala de la dictadura del proletariado y los liberales (Tocqueville entre ellos) como la amenaza de la dictadura de las mayorías. Ambos se equivocaron gracias al desarrollo del constitucionalismo. Y Cipriani se equivoca también gracias al constitucionalismo.

El constitucionalismo es la regla de reglas que busca preservar los derechos de todos los seres humanos frente a las posibles amenazas de la regla de mayoría.  El constitucionalismo afirma que la democracia no es sólo la vigencia la regla de mayoría sino el sometimiento de la regla de mayoría a la regla de reglas: la constitución.  Casi todas las constituciones del mundo sostienen que existen tres  esferas de la vida humana en las que no debe intervenir la regla de mayoría. Son los principios de la civilización humana que es necesario preservar. La primera alude a  los derechos fundamentales, esto es, los derechos civiles que tienen que ver con la libertad individual y los derechos políticos. La pena de muerte (privación del derecho a la vida), por ejemplo, no puede ser establecida por la regla de mayoría. La segunda  protege las cuestiones de conciencia  y las convicciones íntimas. La mayoría no tiene derecho a imponer  a nadie la religión y las creencias que ella profesa ni su propia cultura.

La tercera  señala que, por razones objetivas, la mayoría no puede decidir sobre las cuestiones de la ciencia y la tecnología. Ni las verdades científicas ni los avances científico- tecnológicos pueden ser decididos por la mayoría. Me parece que la Constitución peruana de 1993 se refiere a  algunos temas (como los de presupuesto) que bien pueden ser sometidos a la regla de la mayoría.  Los ciudadanos tienen derecho a discutir y decidir sobre la capacidad impositiva que tiene el estado. Esta es una vieja tesis que viene desde Locke y que fue defendida ardorosamente por los federalistas norteamericanos.

 

 

Sinesio López Jiménez

Todas las encuestas revelan que Humala  se encamina hacia el abismo en la aceptación de los ciudadanos. Ni la derecha ni la izquierda lo quieren. Todos los estratos de la escala social lo rechazan.  Lo mismo sucede con todas las regiones. Es comprensible que la izquierda y los de abajo no lo quieran: los traicionó. Pero no se entiende por qué razones la derecha y los de arriba lo rechazan toda vez que les entregó (gratuitamente) el gobierno que legítimamente ganó.  Rompió con sus electores para entregarse a los brazos de los que no votaron por él. Abandonó el programa de la gran transformación y el de la hoja de ruta para asumir el programa neoliberal. Le entregó a la CONFIEP  el MEF y el BCR para que sus representantes (Castilla y Velarde) manejen la política fiscal y la política monetaria de acuerdo a sus intereses.

Le ha dado a la derecha asimismo los ministerios sociales (trabajo, educación, salud) para que aplique la fórmula neoliberal en ellos. Castilla controla actualmente la PCM y la mayoría del gabinete. Humala le ha permitido transformar las primigenias propuestas de inclusión social como derechos universales en políticas focalizadas y clientelistas. Le ha otorgado a la derecha económica las siete medidas de confianza que reclamaba, entre ellas la anulación práctica de la ley de consulta previa. Humala ha tolerado hasta la indignidad humillaciones inaceptables para un Presidente de la República. El tímido intento de autonomía estatal  (Repsol, el fortalecimiento de Petro-Perú, etc) fue aplastado groseramente con periodicazos de la peor especie.

Si Humala ha entregado prácticamente todo el gobierno a la derecha, ¿por qué esta no lo ama y más bien lo detesta?. Varias hipótesis explican el repudio de la derecha. Una primera es que ella quiere más poder para satisfacer sus apetitos materiales desmedidos. Quiere la Cancillería (entre otras cosas, para que sus petimetres apoyen al sector golpista de la oposición venezolana) y ambiciona también los ministerios de Defensa e Interior (para consolidar su poder y aplastar a sangre y fuego toda protesta social cuando la ocasión llegue). Una segunda hipótesis es la voluntad de la derecha de convertir en pesadilla cualquier sueño reeleccionista que pudiera albergar la pareja presidencial. Un bajo nivel de aprobación ciudadana hace inviable cualquier sueño reeleccionista.

Finalmente, es muy probable que el propósito de la derecha sea  desprestigiar cualquier intento de llegar al gobierno por la izquierda con argumentos que pueden ser contradictorios. El gobierno de Ollanta que fue elegido con el apoyo de la izquierda es un desastre, puede decir sin ruborizarse.  La finalidad es escarmentar al electorado que votó y vota por la izquierda. La derecha peruana sueña con un país sin izquierda o con una izquierda minimizada e inoperante o con una izquierda hecha a su imagen y semejanza.

El destino de Humala es parecido al de Toledo y distinto al de Fujimori y García. Todos ellos gobernaron para los ricos, pero mientras Toledo y Humala son repudiados, Fujimori y García son los ex-presidentes mimados por la derecha. Lo que hace la diferencia entre unos y otros es probablemente la mano dura que ella reclama, valora y premia. Ante la imposibilidad de retorno de Fujimori, la derecha vuelve a apostar a García, el único presidente en el mundo que –por propia confesión- ha tenido el altísimo honor de tener a Dios como asesor, incluso en los narcoindultos que él otorgó. En el Medioevo, Dios era el titular del poder. Ahora es sólo un modesto asesor de García.

 

 

 

Sinesio López Jiménez

La solución de la crisis ministerial es pasajera, pero le permite un pequeño respiro al gobierno para buscar una salida más estable. La crisis, sin embargo, sigue latente por el resto de tiempo que le queda en el manejo del poder. La cosa puede cambiar si se modifica la correlación politica en el escenario parlamentario en el que operan dos fuerzas  gravitantes: Gana Perú y el aprofujimorismo. En torno a ellas giran los otros grupos parlamentarios menores (Perú Posible, PPC-APP, Solidaridad Nacional, Concertación Parlamentaria, AP-Frente amplio, Unión Regional) que cuentan porque, como sostiene Sartori, tienen capacidad de chantaje y pueden participar en la formación de coaliciones políticas.

Ahora se puede percibir con claridad el fuerte impacto político de la fragmentación de Perú Posible, aliado Humala, en el desempeño del gobierno.  Humala aún cuenta, sin embargo, con espacios de maniobra para comprometer a los pequeños grupos parlamentarios de derecha no fujimoristas en una cierta coalición más o menos estable que le permita tener un aceptable nivel de gobernabilidad hasta la culminación de su gobierno. Tiene que apresurarse porque el tiempo juega en su contra. Hay un conjunto de problemas que se avecinan y que pueden favorecer a la oposición aprofujimorista: probable desaceleración económica con todo lo que eso implica, desgaste del gobierno, agitado año electoral, apetitos desatados  de poder a medida que se acerca el 2016.

Si Humala fracasa en este intento, la oposición liderada por el aprofujimorismo puede llegar a controlar el Congreso, lo que tampoco es el fin del mundo, pero puede hacer más difícil el manejo del gobierno. Durante el toledismo, la oposición del Apra y del PPC controló el Congreso que, no obstante, llevó la fiesta en paz con el Ejecutivo. La crisis que sigue latente es principalmente política. Ella no proviene de la economía que sigue moviéndose al ritmo de la demanda china. Tampoco procede de la sociedad cuyos movimientos sociales mantienen la inercia del 2013.

Los actores que han generado la crisis siguen operando y van a seguir operando con pequeños cambios. El cogobierno de  la pareja presidencial va a seguir, pero cuidando las formas en el desempeño del rol de primera dama para no irritar a la oposición. Es probable que siga nombrando ministros y despidiéndolos, pero conservando un perfil bajo. Deja de ser la vocera del gobierno, pero va a ser la vocera del partido de gobierno. García, el mimado de los medios de derecha, va a seguir pugnando por encabezar una oposición agresiva de derecha para neutralizar las graves acusaciones de la Megacomisión  parlamentaria presidida por Sergio Tejada.

El fujimorismo mantendrá su oposición agresiva con miras a sacar a Fujimori de la cárcel o a lograr la prisión domiciliaria. El cuasi-monopolio mediático de El Comercio es a la vez actor de la crisis y vocero de la oposición de derecha para mantener intocada la concentración de los medios. Más allá de las diferentes motivaciones de los grupos de oposición de derecha, todos ellos coinciden en señalar que el protagonismo de la primera dama rompe la institucionalidad del gobierno. Recién se dan cuenta de un hecho que comenzó con el gobierno mismo. Sólo el Frente Amplio ha ido más allá de esta recusación para señalar que lo que está en cuestión es un gabinete hegemonizado por Castilla cuya vocera es Nadine Heredia. Es la imposición del neoliberalismo a la mala lo que está en cuestión.

 

 

 

Sinesio López Jiménez

En Perú son volátiles no sólo los electores. También los partidos y las organizaciones políticas e incluso los gabinetes son volátiles. Si a eso se suma la debilidad de las instituciones y del Estado se tiene un cóctel explosivo: La inestabilidad política o la política volátil. Cada uno de los componentes del coctel es explicado por factores específicos, pero en todos ellos subyacen algunos factores comunes que contribuyen también a explicarlos y comprenderlos: el caudillismo, la desvalorización de la política y del Estado y los poderes fácticos.

Las volatilidades electorales y partidarias han reforzado el ancestral caudillismo peruano y la política personalista que, a su vez, han potenciado esas volatilidades dando lugar a un círculo vicioso. A más volatilidades electorales y partidarias, más caudillismo y a más caudillismo, más volatilidades electorales partidarias. García, por ejemplo, contribuyó decisivamente a destruir el sistema de partidos en su primer gobierno y a acabar con el ciclo semi-partidario en su segundo gobierno. Ha destruido incluso a su propio partido. En 2010 casi ningún partido nacional está presente en los gobiernos regionales que pasaron a manos de “partidos” regionales y de caudillos locales.

Cinco gabinetes (con seis meses de duración promedio cada uno) revela una enorme inestabilidad en la conducción y en las políticas del gobierno. En este aspecto, el Perú ha vuelto (casi) a los niveles del siglo XIX en la que la duración promedio de los presidentes era de un año. La política expresaba una especie de taquicardia permanente del país. En el siglo XX, gracias a un lento aunque inseguro desarrollo institucional, la política peruana asumió una forma que Huntington ha llamado cíclica en la que se turnaban los gobiernos democráticos y los no democráticos.

¿Qué explica la volatilidad de los gabinetes? Hay varios factores, pero los más importantes probablemente sean el caudillismo errático y la presión de los poderes fácticos que han capturado el Estado. Ganar las elecciones con un programa de cambios y gobernar con un programa neoliberal conservador es lo que define el caudillismo errático que caracteriza a los gobernantes del 2001 en adelante (Toledo, García, Humala) y que da lugar a políticas ambiguas y a la desconfianza de todos: de la mayoría de los electores que se sienten traicionados y de las élites que desconfían de la fidelidad del gobernante al nuevo credo neoliberal que le han impuesto.

La presión de los poderes fácticos por tener más poder en el gobierno es un factor importante de inestabilidad. El caso de Castilla es muy ilustrativo al respecto. Accedió al gobierno por presión de la CONFIEP, incrementó su poder en cada crisis ministerial hasta llegar a ser (ahora) el virtual Primer Ministro. Sí las cosas son así, es más probable que Castilla use a Nadine para ganar más poder que al revés. Nadine es, en realidad, la que más pierde incluso en las encuestas.

Un factor decisivo que explica  la volatilidad de la política es, sin duda, su desvalorización así como la del Estado debido a la imposición del neoliberalismo extremo. La vigencia del mercado sin controles exige concentrar el poder en el vértice presidencial y tecnocrático, controlar la presión social y el escrutinio público, gobernar sin controles (decretos de urgencia), desplegar un hiperactivismo legislativo del Ejecutivo y limitar al máximo el poder y las capacidades del Estado.

 

                                               Sinesio López Jiménez

Las guerras de Venezuela no han terminado aún, pero es posible hacer ya algunos balances provisorios en los diversos campos que se libra. En el campo sociopolítico se ha producido un práctico empate entre el chavismo y el antichavismo. Como afirma Steven Levitsky, Maduro ya ha perdido la mayoría que respaldaba a Chávez, pero la oposición todavía no la ha ganado (La República, 02/03/14). En el campo militar no se ha librado una guerra, pero es evidente que la correlación es aplastantemente favorable al gobierno chavista. La guerra económica engorda a las filas de la oposición venezolana y adelgaza a las del chavismo. En el campo mediático, la oposición antichavista ha fracasado en el objetivo de desbarrancar a Maduro, pese a que consiguió alinear a casi todos los medios de la derecha latinoamericana y a la misma CNN que encabezó la pelea.

En el campo diplomático, el fracaso de la oposición anti-chavista ha sido total. Ni la OEA, ni los organismos internacionales de América Latina (CONASUR, MERCOSUR, Pacto del Pacífico, Comunidad Andina) se han pronunciado a favor o en contra de ninguna de las partes en conflicto. No ha habido condena alguna, pero han invocado el dialogo para el logro de la paz. “Que nadie espere de la OEA- ha escrito José Miguel Insulza (El Comercio, 24/02/14)- que emita condenas, que ahonde la división o que rechace la protesta legítima. Se puede esperar de nosotros una defensa incondicional de los derechos humanos …Pero no que califiquemos al gobierno de “dictadura” ni a la oposición de “fascista”, porque ese es un lenguaje de odio inútil”.

El motor central de las guerras venezolanas es la polarización sociopolítica que imprime una alta intensidad a los diversos tipos de conflictos y una gran velocidad  al tiempo y a los acontecimientos de la política y que, por eso mismo, bloquea el diálogo y el acuerdo entre las partes. Una salida en esta dirección puede provenir de un organismo internacional aceptado por las partes en conflicto. “La palabra “victoria”- ha dicho el mismo Insulza- suena más heroica que “acuerdo”. Pero el acuerdo es hoy el único camino posible”. El combustible de ese motor bélico es la guerra económica, por lo que el gobierno de Maduro se va ver obligado a aplicar algunas medidas de ajuste para aliviar la desastrosa situación económica en el corto plazo y a redefinir su modelo de desarrollo en el largo plazo.

Las derechas latinoamericanas creían que bastaba una gran movilización de masas de clase media en Venezuela, respaldada por una ofensiva mundial de los medios de derecha y el pronunciamiento condenatorio de los países latinoamericanos por separado y de la OEA como representante de todos ellos para que el gobierno de Maduro colapsara. Se equivocaron. Hicieron un mal diagnóstico de la situación venezolana. Subestimaron al gobierno chavista y sobreestimaron a las tendencias  golpistas de la oposición antichavista. Se negaron a ver un golpe tras las movilizaciones de algunos sectores opositores y las percibieron más bien como legítimas para echarse abajo a una dictadura.

Las protestas son legítimas y tienen que ser respetadas por todos los gobiernos democráticos. Pero una movilización golpista no es legítima y una democracia, aunque sea de baja calidad, tiene derecho a defenderse respetando, desde luego, los derechos humanos. Tal como sucedió  con el Andahuaylazo en el gobierno de Toledo.  Tengo entendido que el pronunciamiento del Frente Amplio se inscribe en esta lógica, pero le faltó exigir al gobierno de Maduro la superación de los rasgos autoritarios de su gobierno y el respeto a los derechos humanos.