Archivo por meses: marzo 2017

LA HUAICOPOLITICA

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                                   Sinesio López Jiménez

Los desastres naturales y la respuesta pronta y organizada del gobierno han cambiado la situación política del país. Las lluvias torrenciales en el norte, los huaicos arrasadores en Lima y, el más espectacular de todos, el desborde del río Piura que inundó la ciudad y que ha destruido al bajo Piura, han despertado una solidaridad generalizada y nos han recordado a todos los peruanos que constituimos, más allá de nuestras variadas diferencias, una comunidad política nacional.

Ha sorprendido a muchos la respuesta organizada del gobierno, no del caudillo que se mete al barro para que lo filme la TV, sino de todo el gabinete que acompaña a la población en su desgracia y la atiende en la medida de lo posible. La responsabilidad de las regiones y las zonas afectadas ha sido asignada a ministros específicos. ¡Por fin existimos para gobierno de Lima! me “whatsapeó” el alcalde de Santo Domingo, un distrito de la sierra de Morropón, en donde yo nací y en el que se habían caído aviones por accidente, pero al que nunca habían llegado helicópteros a rescatar enfermos para ser atendidos en el Hospital Regional de Piura. También ha sorprendido el desempeño eficiente, y heroico en algunos casos, de la parte más organizada del Estado, las FF.AA. y la policía, en esta etapa de emergencia.

La solidaridad y la reacción organizada del gobierno han cambiado la agenda política del país, han desplazado la iniciativa política de la oposición al gobierno, han acallado temporalmente a la oposición más beligerante, han frenado la caída de PPK y han permitido la remontada del gobierno en las encuestas y la sanción pública de algunas autoridades que la gente juzga incompetentes y corruptas.

¿Se mantendrán estos cambios políticos una vez concluida la situación de emergencia?. No necesariamente. Por de pronto, la solidaridad se debilitará hasta desaparecer. La permanencia de los cambios políticos dependerá de la forma como el gobierno enfrente el desafío de la construcción y de la reconstrucción de las regiones y de las zonas dañadas y afectadas. Es un buen signo que haya desechado la designación de un “zar”. Esto significa que el gobierno como tal asume el desafío a través de un equipo de gobierno y de políticas públicas multisectoriales bajo el comando de la PCM.

Otro factor es el contenido programático de la acción de gobierno en las zonas devastadas. Si se limita a la reconstrucción de la realidad pre-existente a los desastres naturales es probable que el gobierno reciba un apoyo débil y temporal de los ciudadanos y el país vuelva a la situación política anterior. Si la reconstrucción, en cambio, es acompañada por políticas de prevención de largo aliento (acondicionamiento del territorio, construcción de grandes reservorios de agua, planificación urbana, construcción de drenajes profundos en las ciudades, amurallamiento y encausamiento profundo de los ríos) tendremos un cambio importante en el país con gran apoyo ciudadano.

Otro factor importante será la eficacia y la transparencia de la burocracia civil y de todo el Estado en el desarrollo de las tareas y de las políticas públicas de reconstrucción y construcción (prevención) de las zonas devastadas.  Esta es una tarea de titanes.

CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION

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Sinesio López Jiménez

Aún no acaba la situación de emergencia, pero ya es hora de pensar en la construcción y en la reconstrucción. Se supone que el gobierno tiene ya equipos de especialistas pensando y diseñando las políticas públicas para enfrentar estas dos grandes tareas que son diferentes, pero que están estrechamente vinculadas.

La reconstrucción alude a las tareas y políticas de recuperación de lo perdido en los diversos aspectos de la vida económica y social para que el país y las regiones del norte vuelvan a desenvolverse con una cierta normalidad. Las escuelas, los hospitales y los centros de salud tienen que atender a la población con regularidad; la infraestructura sanitaria (agua y desagüe) tiene que ser reparada; las carreteras y los puentes colapsados tienen que ser reconstruidos; las necesidades de alimentación y vivienda de los más pobres tienen que ser atendidas; los daños que han sufrido los empresarios y productores, en especial los pequeños y medianos empresarios urbanos y rurales, tienen que ser reparados con apoyo decidido del Estado.

Pero no todo lo perdido tiene que ser recuperado. Las viviendas ubicadas en el borde los ríos y en el lecho de las quebradas, por ejemplo, tienen que ser reubicadas en zonas seguras. Esta es una tarea difícil dados el volumen y los costos, además de la probable resistencia de la gente al cambio. En estos aspectos se vinculan la reconstrucción con la construcción de realidades nuevas: nuevo acondicionamiento del territorio, planificación urbana, construcción de grandes drenajes en las ciudades, amurallamiento y encausamiento profundo de los ríos, construcción de puentes en las quebradas más importantes. En este sentido, la construcción es prevención.

La reconstrucción es una tarea urgente mientras la construcción es, en lo fundamental, una tarea de mediano y largo plazo, pero hay ciertas tareas de la construcción que tienen que ser iniciadas en el período de la reconstrucción: la reubicación de viviendas ubicadas al borde de los ríos y en las quebradas, el acondicionamiento del territorio y la planificación urbana.

La reconstrucción y la construcción son tareas complejas que tienen que ser encaradas con políticas públicas multisectoriales en las que deben intervenir diversos ministerios organizados como un equipo bajo la dirección de una autoridad legítima y competente como el Ministro de Transporte y Vice-presidente al mismo tiempo u otro que tenga autoridad parecida. No puede ser un zar privado sin autoridad, como en el caso de FORSUR de García que se caracterizó por la ineficacia y la corrupción. Nada de zares: Nos basta con un gobierno democrático eficaz y transparente.

Así como en la emergencia salieron a luz y mostraron su capacidad las fuerzas más organizadas del Estado, las FF.AA y la policía, en la reconstrucción y en la construcción se va a requerir el despliegue de todas las capacidades del Estado dada la complejidad de las tareas y políticas: capacidad coercitiva, capacidad impositiva, efectividad legal, eficacia burocrática, seguridad ciudadana, capacidad de penetrar en la población y en el territorio. Este es el gran desafío del gobierno. La reconstrucción y la construcción son la gran ocasión para que el gobierno apueste a la construcción de un estado moderno con todas sus capacidades.

DONDE ESTA EL DESASTRE?

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                                               Sinesio López Jiménez

El desastre natural no es el problema. El problema somos nosotros como sociedad y como Estado, ha dicho Jorge Nieto, Ministro de Defensa, tratando de explicar y enfrentar la grave situación que vive el Norte del Perú. El problema no radica tanto en que los ríos y las quebradas invaden las ciudades sino más bien en que las ciudades invaden los ríos y las quebradas y el Estado, en todos sus niveles, no tiene la capacidad institucional, organizativa y material para para prevenirlo y para resolverlo cuando se produce.

Jorge Nieto tiene razón. Desastres naturales (lluvias torrenciales, terremotos, sequías, etc) vamos a tener siempre como todos los países del mundo. Lo que nos diferencia son los diversos grados de responsabilidad de las sociedades y de los ciudadanos y las desiguales capacidades de los Estados para prevenirlos y resolverlos.

¿Por qué el terremoto de Chile fue menos grave en términos de muertos y daños materiales que el de Haití? se pregunta Markus J. Kurtz en un reciente libro sobre la construcción de los estados en América Latina (Latin American States Building in comparative perspective. Social Foundations of Institutional Order, Cambridge, 2013). Porque el gobierno chileno ha institucionalizado la construcción de la infraestructura preparada para sismos desde 1920, se responde.

¿Por qué el brote de cólera fue más fuerte en Perú que en Chile?, se repregunta Kurtz. Primero, dice, por el calamitoso sistema de saneamiento de Perú y, segundo, por medidas ineficientemente implementadas que incluyen a Fujimori alentando a que la población peruana coma más ceviche; mientras que en Chile, se pusieron en marcha medidas drásticas, se prohibió la venta de comida cruda y de vegetales en restaurantes y se inicio una campaña masiva de salud pública.

La diferencia entre Chile, Perú y Haiti frente a los desastres naturales, no es la riqueza, sino “la capacidad o incapacidad de los Estados para crear una infraestructura básica, imponer la regulación necesaria en la construcción, en la producción de comida y en su sistema de distribución, o responder efectiva y expeditivamente a las emergencias de salud pública que han sido bien comprendidas” (Kurtz, op. cit. pag 2).

Kurtz quiere entender qué hace a un Estado fuerte y qué lo hace débil en términos de sus capacidades para manejar sus funciones básicas, imponer políticas públicas centrales y regular el comportamiento privado. En contra de lo que se piensa, sostiene, no es la riqueza el factor determinante de la fuerza estatal.  El desarrollo de las capacidades del Estado y de las instituciones estatales de penetrar en la sociedad, moldear o configurar el comportamiento individual no es siempre costoso.

La fortaleza de un Estado tiene que ver con la “capacidad de las instituciones políticas de penetrar profundamente en la sociedad y regular efectivamente el comportamiento social, económico o político de sus ciudadanos”. Desde el siglo XIX las élites han fracasado en la construcción de un Estado fuerte con capacidades. Hay algunos avances, pero ella sigue siendo, en lo fundamental, una tarea pendiente.

 

FUNDAMENTALISMO DE DERECHA

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Sinesio López Jiménez

Una de las cosas que más me llamó la atención de la marcha “Con mis hijos no te metas” era el rostro desencajado de los manifestantes que vociferaban calumnias e insultos contra sus supuestos enemigos que defienden la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres y que, recogiendo la contribución de las ciencias sociales, sostienen que el género es una construcción social a partir de la realidad biológica del sexo.

Ese rostro desencajado expresa el rechazo a la violación de algo que los manifestantes juzgan sagrado e intocable. Ellos creen a pie juntillas que Dios creó a los hombres y mujeres con sexos diferentes y que, como ley natural creada por Dios, ella es inmutable: Ni las sociedades, ni las culturas ni los Estados la pueden cambiar. Cualquier intento de cambiarla tiene que ser combatido y toda violación tiene que ser castigada con la muerte como ha sostenido el pastor Rodolfo González: “Si Ud. ve a dos mujeres besándose mate a las dos”.

El episodio de la marcha revela la dificultad que tiene el Perú para llegar a ser una sociedad moderna. Ya tuvimos el fundamentalismo de izquierda de Sendero Luminoso con las trágicas consecuencias que conocemos y ahora nos amenaza un fundamentalismo de derecha que aún no sabemos hasta donde nos puede conducir. Lo que sí sabemos es que todo fundamentalismo impide el desarrollo del Perú como sociedad moderna.

Uno de las condiciones necesarias para llegar a ser una sociedad moderna es la separación entre la religión y la política. Esta fue una de las principales contribuciones del republicanismo pre-renacentista y renacentista (siglos XIV, XV y parte del XVI). El republicanismo tomó distancia de la historia de Dios (Providencia) para afirmar la historia de los hombres que se hace a través del desarrollo de sus capacidades (virtud). El más insigne representante del republicanismo es Maquiavelo (1469-1527), quien ha sido injustamente denostado por todas las derechas del mundo.

Las guerras religiosas entre católicos y protestantes del siglo XVII constituyeron un enorme retroceso en el desarrollo del mundo moderno que, curiosamente, retomó un impulso con la monarquía absoluta que derrotó a los dos grandes principios de disolución de los estados: el principio religioso que fragmentaba a las sociedades y la voluntad de autonomía de los príncipes. La monarquía absoluta en el siglo XVII separó lo público (relación de autoridad con los ciudadanos) de lo privado (religión, moral privada, convicciones íntimas, actividades económicas de las personas) y dispuso, como estrategia de tolerancia, que lo privado no invada lo público ni viceversa.

La revolución francesa consolidó la separación entre lo público y privado lo mismo que el desarrollo posterior de las ciencias sociales (la economía, la sociología, la antropología, la política). El Perú no ha vivido o ha vivido superficialmente algunas de estas experiencias modernas. Eso explica quizás los frecuentes intentos de algunos sectores sociales de volver al medioevo para imponer sus creencias religiosas desde el Estado. En el mundo moderno, todos tienen derecho a tener sus propias religiones, pero no tienen derecho a imponerlas a todos desde el Estado.

¡CAIGA QUIEN CAIGA!

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Sinesio López Jiménez

Es un grito de guerra que se usa mucho en tiempos de corrupción. Todos lo repiten como loros, incluidos los corruptos. Entonces el grito de guerra se transforma en un barajo y pierde credibilidad y eficacia. La corrupción y los corruptos prostituyen también al lenguaje.

En realidad, la frase es ambigua y puede tener varios sentidos. Uno, que se hunda todo porque todo está podrido. Desde un punto de vista político, esta idea radical induce en nuestra circunstancia, no a la revolución (cuya posibilidad es muy remota), sino a la anarquía que es una salida posible cuando casi no hay Estado. Otro, que caigan el que y lo que tengan que caer. En términos políticos, esta idea más sensata, que supone que no todos los funcionarios, los políticos y los empresarios son corruptos ni todo está podrido, implica una reforma radical del conjunto de instituciones políticas y estatales. Sospecho que el sentimiento mayoritario se inclina aún por este segundo sentido.

¿Quiénes y qué cosas tienen que caer?. En primer lugar, tienen que caer los corruptos, sean estos funcionarios públicos o empresarios. Hasta ahora los empresarios están pasando piola con el cuento de que no sabían nada de la corrupción. ¿No se dieron cuenta acaso de que sus utilidades engordaban gracias a las sobreganancias que venían de la corrupción?

En segundo lugar, tienen que caer los funcionarios públicos corruptos de los gobiernos corruptos de los últimos 25 años, esto es, del fujimorismo, del toledismo, del aprismo y del humalismo. Los fujimoristas no pueden escudarse en el silencio de Barata sobre ellos, toda vez que se sabe que Odrebecht y otras empresas corruptas comenzaron a operar desde el 80 en adelante. El fujimorismo se equivoca si cree que la corrupción de los últimos tres gobiernos limpia la podredumbre moral del suyo propio.

En tercer lugar, tienen que caer los peces gordos (presidentes y ministros) de todos los gobiernos. No puede ser que los fiscales pesquen a las pirañitas de un gobierno y dejen escapar a los tiburones. Los funcionarios de menor nivel son operadores de los que, en el más alto nivel, arreglan normas, dispositivos y políticas y aprueban adendas, sobrecostos y subvaloraciones de los bienes públicos para beneficiar a los privados. Ya lo he dicho, los fiscales y los jueces tienen que fijarse no sólo en las coimas sino que tienen que examinar y evaluar también el marco normativo hecho expresamente para permitirlas.

En cuarto lugar, tienen que caer las organizaciones e instituciones políticas y estatales que permiten la corrupción y que, una vez que se produce, no la sancionan.  No sólo están en cuestión los partidos personalistas, sino también el sistema electoral, el sistema de partidos y la forma de gobierno. No sólo están en cuestión los gobernantes corruptos sino también los organismos de control, corruptos o incapaces de controlar la corrupción, esto es, el Congreso, el Poder Judicial, la Contraloría y el CNM. Necesitamos un vigoroso sistema de partidos y un Estado fuerte con grandes capacidades para desempeñar bien las funciones que tiene.

En quinto lugar, tienen que caer las concepciones políticas que transforman los bienes públicos en negocios privados y que ponen al Estado al servicio, no de los ciudadanos, sino de los grandes intereses privados.