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FORMAS DE ESTADO, CLASES Y PARTIDOS EN AL

Sinesio López Jiménez

El Estado moderno ha sido visto desde diversas perspectivas: racionalidad e irracionalidad, interés particular dominante e interés general, coerción y consenso, autonomía y subordinación, estamento y nación. Este artículo presenta abreviadamente algunas de estas perspectivas en algunos autores clásicos y contemporáneos. El Estado asume diversas formas que dependen de las modalidades de desarrollo capitalista y de las coaliciones sociales y políticas que pugnan para forjarlas. En este artículo se presentan esas diversas formas para el caso latinoamericano a partir de algunos trabajos de Fernando Henrique Cardoso y de Rosemary Thorp . La relación entre las formas de Estado y los tipos de desarrollo capitalista no es directa sino mediada por clivajes sociales y por los sistemas electorales y los partidos, razón por la cual se plantean una serie de hipótesis de trabajo sobre esas relaciones complejas con la finalidad de desarrollar futuras investigaciones. Por razones de espacio, ha quedado fuera de este artículo el análisis de las transiciones económicas y estatales que son momentos constitutivos de tipos de estado y de desarrollos capitalistas en los que se puede examinar, como en un laboratorio, a los actores, las estrategias y las políticas, los conflictos y las coaliciones, las relaciones entre la economía y la política, las crisis, así como las estructuras y contingencias que les dan origen.

1. El Estado : Perspectivas de Análisis

Cinco han sido los temas principales en torno a los cuales ha girado el debate sobre el Estado moderno: racionalidad e irracionalidad , interés particular dominante e interés general , coerción y consenso , autonomía y subordinación , estamento y nación . Estas perspectivas del Estado han sido presentadas generalmente en forma unilateral o sólo parcialmente articuladas. Un análisis complejo del Estado que ayude a los fines de investigación empírica sobre el tema requiere, por un lado, integrar estas cinco perspectivas y, por otro, concretarlas y operacionalizarlas, teniendo en cuenta las principales investigaciones que se han realizado sobre el mismo. Esto es lo que propongo en el cuadro N. 1.

CUADRO N. 1. DIMENSIONES DEL ESTADO, SEGÚN PERSPECTIVAS DE ANALISIS

Perspectivas de
Análisis Dimensiones para la investigación del Estado
Racionalidad e
Irracionalidad Diferenciación y especialización institucional
Calificación de los funcionarios
Racionalización de las instituciones del Estado
Eficacia de las instituciones

Interés particular e
Interés general Coaliciones que sustentan el Estado
Grado de cerrazón y apertura del Estado
Forma política de apertura
Sistema legal
Igualdad ante la ley
Igualdad de oportunidades
Políticas públicas ( económicas, sociales y culturales)

Coerción y
Consenso
Rol militar y político de las FF.AA.
Presupuestos militares
Importancia y estabilidad de instituciones hegemónicas
Presupuesto dedicado a la educación y cultura

Autonomía y
Subordinación Monopolio de la violencia legítima
Importancia de las FF.AA
Densidad institucional del Estado
Calificación de los funcionarios
Presión tributaria

Estamental y
Nacional Dominio sobre el territorio nacional
Nivel de integración social
Grado de cerrazón y apertura
Forma de apertura política
Reconocimiento y extensión de los derechos ciudadanos
Existencia de garantías a los derechos
Multiculturalidad estatal

Los estudios más relevantes del Estado tanto clásicos como contemporáneos lo han visto como una forma política de dominación social de la época moderna a través de la cual una clase impone su dominio sobre otras apoyándose en la ley, en el monopolio de la violencia legítima y en la burocracia. Marx y Weber hablan de la burguesía y el capitalismo para explicar el Estado; Otto Hintze, de caudillos políticos y de caudillos empresarios; Barrington Moore, de elites rurales y apertura al mercado; Tilly, de coerción y capital, Clauss Offe, de la protección de los intereses colectivos de todos los miembros de una sociedad de clases dominada por el capital, Thedda Skócpol, de autonomía del Estado frente a las clases sociales y a los sistema de estados.

a. Marx: El dominio del capital y el interés general

Dejando de lado los escritos juveniles , Marx define al Estado como la forma política de la dominación burguesa y como condensación o síntesis de la sociedad civil de una época . En el Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte, el Estado es definido como la dominación política de los intereses particulares de la burguesía y como expresión de los intereses generales de la sociedad, ambos administrados por la burocracia e impuestos por la fuerza material y espiritual de la represión. Según Marx, el estado moderno como poder centralizado con toda su maquinaria nació con la monarquía absoluta , asumiendo algunos privilegios anteriores, se perfeccionó con las revoluciones burguesas, incrementando la centralización de la autoridad y especializando a la burocracia, y acompañó la transformación de los intereses comunes de la sociedad (que proceden de la división social del trabajo) en intereses generales del Estado, los mismos que son asumidos por la burocracia, dando lugar a su propia y compleja división política del trabajo. Mediante la burocracia y la forma política que el Estado asume, se expresa, según Marx, la dominación de clase de la burguesía, aunque él mismo (el Estado) aspira también a su propio poder absoluto. Y aunque parezca “haber adquirido una completa autonomía”, como en el caso del segundo Bonaparte, “el poder del Estado no flota en el aire”, sino que representa a una clase social . En el examen histórico del caso español, previo al tratamiento de los acontecimientos y al golpe de 1854, Marx señala que la monarquía absoluta no cumplió allí un rol civilizador, que ella no logró una corporización visible y que fue el ejército la única institución estatal que mantuvo la unidad del territorio, transmitiendo, por su intermedio, todas la pulsaciones de la fragmentada sociedad española .

b. Weber: El capital, la coerción, la ley y la administración

La perspectiva weberiana de análisis del Estado lo considera como una forma de dominación social institucionalizada que da sentido a los otros elementos que lo integran: poderes del estado, monopolio de la violencia, monopolio de los medios de administración, la burocracia, jurisdicción territorial y el sistema legal. Según Max Weber, el Estado, desde una óptica racional, sólo se da en Occidente y está estrechamente asociado con el capital dando origen a la burguesía nacional: “De la coalición necesaria del Estado nacional con el capital surgió la clase burguesa nacional, la burguesía en el sentido moderno del vocablo. En consecuencia, es el Estado racional a él ligado el que proporciona al capitalismo las oportunidades de subsistir; así, pues, mientras aquél no ceda el lugar a un estado universal, subsistirá también éste” . Max Weber define al Estado, justamente en el acápite El estado racional como asociación de dominio institucional con el monopolio del poder legítimo, como “aquella comunidad humana que en el interior de un determinado territorio –el concepto de “territorio” es esencial a la definición- reclama para sí (con éxito) el monopolio de la coacción física legítima. Porque lo específico de la actualidad es que a las demás asociaciones o personas individuales sólo se les concede el derecho de la coacción física en la medida en que el Estado lo permite. Éste se considera, pues, como única fuente del “derecho” de coacción” . “El Estado, lo mismo que las demás asociaciones políticas que lo han precedido, es una relación de dominio de hombres sobre hombres basada en el medio de la coacción legítima (es decir, considerada legítima)” precisa M. Weber. El Estado moderno es, pues, una asociación de dominio de tipo institucional que, en el interior de un territorio, monopoliza tanto la coacción física legítima como la administración, luego de expropiarlas a aquellos que la poseían.

En la perspectiva weberiana, el Estado es también una empresa que se encarga de la administración, la dirección política, la burocracia y el sistema legal y que, como tal, acompaña y refuerza el desarrollo capitalista moderno. En el Estado moderno, el verdadero dominio se encuentra necesariamente en manos de la burocracia, tanto militar como civil. La empresa capitalista moderna descansa internamente ante todo en el cálculo y necesita para su existencia una justicia y una administración cuyo funcionamiento pueda calcularse racionalmente. Como empresa moderna el Estado actual reposa, a semejanza del capitalismo, en la separación entre los medios de administración y los administradores .

Siguiendo a Max Weber, Otto Hintze, historiador alemán, sostuvo que los estados modernos fueron construidos por los caudillos políticos, que los capitalismos fueron forjados por los caudillos empresarios y que en algún momento de la historia se produjo un encuentro fortuito pero productivo (afinidad electiva lo llamaron Weber y Hintze, tomando las palabras de Fausto de Goethe) entre ambos tipos de caudillos, dando origen, con el tiempo y las circunstancias, a una estrecha relación estructural entre el capitalismo y el Estado moderno .

a. Barrington Moore: Elites rurales, campesinos y mercado

Barrington Moore trata de comprender “el papel de las clases altas rurales y de los campesinos en las revoluciones burguesas que condujeron a la democracia capitalista, las revoluciones abortadas que condujeron al fascismo y las revoluciones campesinas que condujeron al comunismo” . Según Barrington Moore, las formas como las clases altas rurales y los campesinos reaccionaron al reto de la agricultura comercial fueron factores decisivos para que produjeran determinados resultados políticos pudiendo distinguirse tres grandes vías de tránsito del mundo preindustrial al mundo moderno: las revoluciones democrático-burguesas que dieron origen a los estados liberales, las revoluciones desde arriba que abrieron las puertas a los Estados fascistas y las revoluciones campesinas que culminaron en los estados comunistas .

Para comprender el camino democrático al capitalismo es necesario tomar en cuenta tres puntos fundamentales: el punto de partida feudal, las precondiciones y el proceso mismo. Los puntos de arranque hacia el camino democrático son importantes aunque no de por sí decisivos, pero pueden ser unos más favorables que otros al desenvolvimiento democrático. Esos puntos de partida favorables fueron los siguientes:
1) La inmunidad de ciertos grupos y el derecho de resistir a la autoridad injusta. En China hubo este último, pero no el primero.
2) El contrato como compromiso mutuamente libre. Este no existe ni en el feudalismo de Rusia ni en el de Japón.
3) Equilibrio delicado entre el poder real y el de la aristocracia.

Las precondiciones del camino democrático al capitalismo han sido las siguientes:
a. El proceso de modernización que se expresó en el desarrollo de la soberanía estatal y en la centralización de la autoridad, lo que se produjo con la implantación del absolutismo. El absolutismo del siglo XVI y XVII (Inglaterra, Francia, parcialmente Alemania), en la medida que centralizó el poder feudal y desarrolló el mercantilismo, permitió el inicio de la modernización, refrenó a la nobleza y favoreció a la democracia.
La persistencia, en cambio, del absolutismo en los tiempos modernos creó las condiciones desfavorables a la democracia liberal. Estos son los casos de China, Persia, Alemania.
b. Otra precondición para la democracia moderna ha sido el establecimiento de cierto equilibrio entre la corona y la nobleza en que el poder real predominaba con independencia de la nobleza. Es importante tomar en cuenta las nuevas maneras como se ha forjado la independencia.
1. La guerra que debilitó a la nobleza favorece el equilibrio en la monarquía. Tal cosa sucedió en la guerra de las Dos Rosas en Inglaterra.
2. La presencia de la nobleza sin contrapeso urbano burgués es desfavorable al establecimiento monárquico y al desarrollo de la democracia. Estos son los casos de Rusia y Alemania.

La segunda ruta fue también capitalista, pero asumió un carácter reaccionario: Representa un tipo de revoluciones desde arriba. Los países que siguieron este camino -Japón Alemania e Italia- acabaron en el fascismo. En estos países el impulso burgués fue más débil y cuando él asumió un carácter revolucionario, fue desbarato rápidamente: “Más tarde la relativamente débil clase comercial e industrial contaron con elementos disidentes de las más rancias y aún dominantes clases rectoras, reclutados sobre todo en el campo, para imponer cambios políticos y económicos indispensables para la construcción de una sociedad industrial moderna, bajo los auspicios de un régimen semiparlamentario. El desarrollo industrial, bajo tales auspicios, fue quizás rápido. Pero el resultado, tras un breve e inestable período, fue el fascismo” . Este segundo camino al mundo moderno fue capitalista y reaccionario, pues él avanzó hacia la industria sin producir un cataclismo revolucionario. Esta ruta, que conduce a la sociedad moderna pero bloquea la democracia, asume dos formas:
a) La aristocracia rural mantiene intacta la sociedad agraria preexistente, elevando el excedente como sucedió en el Japón.
b) Reinvención de instituciones nuevas como el esclavismo de plantación o reimplantación del servilismo, tal como sucedió en Alemania.

La revolución desde arriba produjo una racionalización del orden político: autoridad firme, administración uniforme, máquina militar potente, fabricación de ciudadanos en un nuevo tipo de sociedad y lealtad al Estado. Ella trajo y se apoyó en una galaxia de distinguidos líderes políticos: Cavour en Italia, Hindenburg y Bismarck en Alemania y los estadistas de la era Meiji en Japón. El estado alentó la industria ligera, impulsó la acumulación primaria, creó una industria de guerra que motorizó a la industria pesada, sacó recursos de la agricultura y domesticó a la clase obrera.

Las condiciones de éxito de la modernización conservadora fueron las siguientes:
a) Dirigentes hábiles para arrastrar tras sí a las élites rurales en alianza con la corona.
b) Creación de un aparato burocrático poderoso, administrativo, militar y policial para controlar a los extremos. El camino de modernizarse sin cambiar estructuras sociales tiene un costo: el militarismo para frenar a los descontentos de arriba y de abajo.

El fascismo pudo surgir en las siguientes condiciones:
a) En respuesta a tensiones del industrialismo ascendente sin fondo social y cultural específico.
b) Las profundas raíces que encontró en la vida rural tanto a nivel de las élites como de los campesinos.
c) Débil impulso a la democracia parlamentaria frente a la cual surge como reacción vigorosa.
d) Industrialismo pesado apoyado por el capital bancario.
e) Impulso de una violencia extrainstitucional: las centurias negras en Rusia, los fasci en Italia.

El fascismo es, además, inconcebible sin la entrada de las masas en la escena. El fascismo es la tentativa de hacer popular y plebeyo al conservadorismo, exaltando la violencia y la jerarquía e imponiendo la obediencia y la disciplina.

El tercer camino fue el de las revoluciones campesinas victoriosas que culminaron en el comunismo. La contribución revolucionaria del campo es decisiva en Rusia y China, importante en Francia, menor en el Japón e insignificante en la India. Las teorías que tratan de explicar las revoluciones campesinas se apoyan generalmente en un solo factor que los induce a un grave error. Antes que el campesinado hay que fijarse en la sociedad entera. La pregunta clave que es necesario formularse y responder es la siguiente: Qué sociedades agrarias premodernas están más sujetas a la revolución campesina y qué rasgos estructurales las explican?. En el intento de responder esta pregunta hay una hipótesis clave:”Una sociedad muy segmentada que se apoye en sanciones altamente esparcidas para salvaguardar su coherencia y para extraer el excedente campesino es casi inmune a la rebelión campesina, toda vez que la oposición tiende a tomar la forma de un nuevo segmento. En cambio, una burocracia agraria dependiente de un país centralizado, es más vulnerable”. El sistema feudal está entre ambos casos.

El éxito o fracaso de la clase alta en el desarrollo de agricultura comercial tiene importantes efectos políticos:
1) Cuando la clase alta rural produce para el mercado y la vida rural se abre a los influjos comerciales, las revoluciones campesinas han tenido poca importancia.
2) Donde la aristocracia rural no ha logrado un impulso comercial poderoso, la revolución campesina es más posible. También puede suceder que la aristocracia rural trate de obtener un mayor excedente rural. Esto sucedió en Francia del siglo XVIII, Rusia y China del siglo XIX y parte del siglo XX. El caso de la revolución de Bauernkrieg de 1524-1525 ilustra estos distintos resultados si se comparan las zonas en donde ella fue avasalladora y aquellas donde apenas se hizo presente. Rusia y China no transitaron a la agricultura comercial ni destruyeron la base campesina. Ellas estuvieron abiertas a las revoluciones campesinas.

Es necesario considerar tres aspectos en las comunidades campesinas que explican su proclividad o no a la revolución: El carácter del vínculo entre la comunidad campesina y la élite rural, la distribución de la tierra y las divisiones de clase en el campo y el grado de solidaridad de la comunidad campesina. Cuando existen vínculos fuertes entre comunidad campesina y la élite rural, la tendencia a la rebelión campesina es débil. Tanto en Rusia como en China los vínculos fueron tenues y las compulsiones campesinas fueron endémicas. En Japón, en cambio, esa relación fue fuerte, razón por la cual no hubo revolución campesina.

En resumen, las causas más importantes de las revoluciones campesinas son:
a) La ausencia de una revolución comercial agraria dirigida por la aristocracia rural.
b) La mantención de instituciones sociales campesinas
c) La debilidad de vínculos institucionales que atan al campesinado con las clases altas rurales.

Los campesinos, por lo demás, nunca han hecho una revolución por sí solos. Necesitan líderes de otras clases. Además, se requieren otras circunstancias para que triunfen. Necesitan otros aliados descontentos que dependen de la fase histórica de la revolución. En Francia de los sans-coulottes, los burgueses; en Rusia, los obreros e intelectuales.

Barrington Moore señala un cuarto camino, de destino incierto, que se caracteriza por el débil impulso hacia la modernización, pero que cuenta con rasgos históricos previos de la democracia occidental tales como un régimen parlamentario más o menos sólido. Este es el caso de la India.

d. Tilly: Coerción y capital

La argumentación central de Tilly es la siguiente: La relación esencial entre coerción y capital se basa en que la guerra y la preparación para la guerra obligaban a los gobernantes a dedicarse a la extracción de los medios bélicos entre aquellos que poseían los recursos esenciales -hombres, armas, dinero para la adquisición- y se resistían a entregarlos sin fuertes presiones o compensaciones. La organización de las grandes clases sociales dentro del territorio de un Estado y sus relaciones con dicho Estado influyeron de modo significativo en las estrategias utilizadas por los gobernantes para extraer recursos, teniendo en cuenta la resistencia que habían de vencer. Dentro de los límites impuestos por otros estados, la extracción y la lucha en torno a los medios para la guerra crearon la estructura organizativa central de los estados. La configuración de las grandes clases sociales y sus relaciones con el Estado, variaban considerablemente entre las regiones de Europa intensivas en coerción (áreas de pocas ciudades y predominio agrícola en donde la coerción directa desempeñaba una función primordial en la producción) y las regiones intensivas en capital (áreas de múltiples ciudades y predominio comercial y predominaba la producción para el mercado). Las estrategias de extracción variaban según estos diversos tipos de regiones (intensivas en coerción o intensivas en capital). En conclusión, las formas organizativas de los estados siguieron trayectorias diferentes en estas diversas partes de Europa.

Los estados europeos difieren considerablemente con respecto a las actividades y organizaciones más sobresalientes. Tres tipos de estado han proliferado en diversas partes de Europa después de 990: imperios receptores de tributos, sistemas de soberanía fragmentada como las ciudades-estado y las federaciones urbanas y los Estados Nacionales. Con el primero se construyó un estado militar y extractivo, pero la mayor parte de la administración local quedaban en manos de poderosos regionales que conservaban una gran autonomía. En los sistemas de soberanía fragmentada, las coaliciones transitorias y las instituciones consultivas desempeñaban una parte significativa en la guerra y la extracción, pero era escaso el aparato de Estado duradero que surgía a escala nacional. Los Estados nacionales unen sustanciales organizaciones militares, extractivas, administrativas e incluso productivas en una estructura central relativamente bien coordinada. La prolongada pervivencia y coexistencia de los tres tipos de Estado es un argumento en contra de un solo proceso unilineal.

No hubo una sola ruta al Estado Nacional sino tres que fueron las siguientes:
1. La vía intensiva de coerción: Los que ejercieron coerción se valieron de manipuladores de capitales para sus propios fines.
2. La vía de coerción capitalizada: Diversas combinaciones de coerción y capital dieron origen a diversos tipos de Estados.
3. La vía intensiva de capital: Las ciudades reaccionaron a alteraciones de capital, pero la organización de la coerción también la afectó.

e. Offe: la dominación sistémica del capital

Offe distingue dos teorías marxistas del Estado que se disocian:
a. Una teoría instrumentalista que sugiere que existe una relación instrumental entre la clase dominante y el aparato del Estado.
b. Una teoría sistémico-marxista. El Estado protege y sanciona un grupo de instituciones y relaciones sociales necesarias para el dominio de la clase capitalista. El Estado garantiza no los intereses particulares de una clase sino los intereses colectivos de todos los miembros de una sociedad de clases dominada por el capital. Offe se inscribe en esta corriente.

Sostiene que el Estado capitalista es una forma institucional de poder político guiado por cuatro condiciones funcionales :

1. La Producción privada que prohibe al poder político organizar la producción de acuerdo a criterios políticos. La propiedad es privada y ella decide el uso de los medios de producción.

2. Las restricciones tributarias, según las cuales el poder político depende indirectamente del volumen de acumulación privada por los mecanismos del sistema impositivo. Los políticos son impotentes para promover cualesquiera metas políticas salvo las que tiene que ver con el impulso a la acumulación.

3. La acumulación hace que los políticos se hallen interesados en promover la acumulación de la que dependen. El auto-interés institucional del Estado en la acumulación se halla condicionado por el hecho que el Estado no cuenta con recursos indispensables para el ejercicio del poder político.

4. La legitimación democrática, según la cual los regímenes políticos democráticos sólo pueden acceder al poder si cuentan con respaldo electoral expresado en elecciones generales. El mecanismo electoral juega el papel clave en disfrazar el hecho que los recursos materiales del Estado dependen primariamente del proceso de acumulación y no del electorado. Hay una determinación dual del poder político moderno: La forma institucional depende de las reglas de juego democrático, pero el contenido material está condicionado por las exigencias del proceso de acumulación. Cómo conciliar la forma y el contenido?, se pregunta Offe. Sugiere que existe una sola forma: Ella es que todos los ciudadanos se conviertan en partícipes estables de relaciones mercantiles. Mientras todos los propietarios de mercancías logren intercambiarlas en el mercado, no hay problema. Este surge cuando las medidas económicas de valor no logran operar en forma mercantil. La forma mercantil es el punto de equilibrio entre el Estado capitalista y la acumulación. El vínculo entre las subestructuras políticas y la subestructuras económicas es la forma mercantil.

El problema surge cuando se produce la parálisis de la forma mercantil. La dinámica del desarrollo capitalista parece exhibir una tendencia constante a paralizar la forma mercantil de valor.

En un mercado autorregulado, la parálisis temporal puede ser una forma de auto-corrección: el propietario de la mercancía que no se vende se verá forzado a bajar el precio y los costos o cambiar de rubro. Una economía plenamente mercantilizada es auto-estabilizadora y autoperpetuadora. La crisis crea condiciones de un nuevo boom.

El denominador común de la política estatal en sociedades capitalistas tardías es el aseguramiento de las relaciones de intercambio entre actores económicos individuales. Las políticas estatales tienen como meta suministrar un máximo de oportunidades de intercambio para el trabajo y el capital, de manera que los individuos de ambas clases puedan entrar en relaciones capitalistas de producción. Las políticas estatales de investigación y desarrollo abren nuevos mercados y escudan la economía doméstica frente a la inversión extranjera.

Frente a esas dificultades, el estado apela a algunas estrategias para manejar el problema estructural de valores que no logran funcionar como mercancías:

a. La estrategia clásica es la inacción, esto es, confiar en el mecanismo autorregulador o autocorrector. Los propietarios de capital y de trabajo vuelven al mercado cuando siente que el desempleo de esos factores es desagradable.

b. La segunda alternativa abierta a la política estatal es una protección de valores mediante subsidios. Los propietarios de las mercancías trabajo y capital vuelven y se reencuentran bajo condiciones creadas artificialmente por el Estado en lo que Offe llama la remercantilización administrativa. El problema de esta estrategia del Estado del Bienestar es que la producción de valores desmercantilizados se hace demasiado costosa en términos fiscales, produciendo la crisis fiscal del Estado. Prestar servicios a propietarios de valores obsoletos como mercancías es especialmente costoso para el Estado, pues implica una categoría de gastos que no son en modo alguno autofinanciados.

Desde una perspectiva crítica, Offe discute los elementos constitutivos de las matrices del poder social y las fuentes de la autoridad política con el marxismo clásico y con el pluralismo, combinando en sus reflexiones el análisis sistémico de Luhman y el marxismo . El marxismo clásico subsumió, según Offe, ambas dimensiones (las matrices del poder social y las fuentes de la autoridad política) en el modelo de la lucha de clases como expresión política de la contraposición entre trabajo asalariado y capital. Las teorías pluralistas, en cambio, han defendido la existencia de una multiplicidad orgánica de núcleos de poder que impediría hablar como tal de una matriz de poder social. En ambos casos, las categorías de análisis político sufren una cierta desvirtuación teórica: Mientras el estado en el marxismo aparece como mero instrumento al servicio de la clase dominante, el pluralismo lo concibe como una agencia neutra destinada a realizar un conjunto de funciones. Los actores también quedan desvirtuados: El marxismo los reduce a actores socio-económicos y el pluralismo los reduce sólo a grupos de intereses.
Offe pretende proporcionar un esquema para el análisis de los límites, las contradicciones y los sesgos de las tareas encomendadas al Estado moderno, así como de las estructuras que modelan las pautas de organización y de conflicto de sus actores colectivos. Offe cuestiona la primacía de las categorías del trabajo para reconstruir las matrices del poder social, lo que marca un distanciamiento del marxismo. El agotamiento del paradigma del trabajo se hace presente en los movimientos disidentes de la sociedad industrial. La hipótesis sobre el rol de las clases medias como sustrato de los nuevos movimientos sociales, sobre el cambio de las jerarquías normativas hacia valores posmaterialistas o la obturación de los diseños neocorporativos para la representación de intereses organizados aproximan los paradigmas del post-industrialismo y del capitalismo tardío en su diagnóstico de las transformaciones de las sociedades modernas: en última instancia, los frentes de organización y del conflicto social se encuentran regulados bajo el primado de la política . Este primado se debe a las funciones asumidas por la autoridad política que van desde la preservación de la paz hasta la obtención de los derechos sociales y políticos garantizaos por el Estado. Esta evolución encuentra en el estado del bienestar su culminación contradictoria. En sus análisis de los problemas estructurales del capitalismo de estado, Offe subrayó la idea del poco potencial explicativo que tiene la propiedad de los medios de producción en las sociedades capitalistas contemporáneas. Su dinámica política no proviene tanto del poder de disponer de ellos como de la manera de disponer de ellos, esto es, de las prioridades, criterios y estrategias empleadas en la configuración institucional de las políticas estatales y en las decisiones privadas de inversión. En este contexto de capitalismo politizado por la intervención estatal el conflicto entre capital y trabajo se expresa en un conflicto entre las funciones de integración social y de integración sistémica, entre los imperativos de acumulación económica y las necesidades de legitimación política.

f. T. Skócpol: La autonomía del Estado

Theda Skócpol postula la consideración de “tres principios de análisis” como alternativa a las prevalecientes teorías sobre las revoluciones sociales: una perspectiva estructural, las estructuras internacionales y la autonomía potencial de los estados como organizaciones administrativas y coactivas. Ella discute con las tradiciones liberal y marxista cuya “diferencia decisiva de opinión es sobre qué medios encarna claramente la arena política: una autoridad legítima fundamentalmente basada en el consenso, o una dominación fundamentalmente coactiva. Y esta diferencia corre paralela a las distintas opiniones acerca de las bases del orden social que mantiene cada tradición teórica” . Discute asimismo con las transformaciones más recientes del marxismo (Ralph Miliband, Nicos Poulantzas, Perry Anderson, Goran Therbom y Claus Offe) que han planteado la cuestión de “la autonomía relativa del Estado ante todo control directo por las clases dominantes”, autonomía que se diluye dentro de la “necesidad de mantener la estructura de clase y el modo de producción en conjunto” .

Theda Skócpol sostiene que “sólo podremos encontrar un sentido a las transformaciones sociorrevolucionarias si tomamos seriamente al Estado como macroestructura. El Estado apropiadamente concebido no sólo es una arena en que se desarrollan las luchas socioeconómicas. Antes bien, es un conjunto de organizaciones administrativas, políticas y militares encabezadas y más o menos bien coordinadas por una autoridad ejecutiva. Cualquier Estado primero y fundamentalmente saca sus recursos de la sociedad y los despliega para crear y apoyar a sus organizaciones coactivas y administrativas. Desde luego, estas básicas organizaciones del Estado se edifican y deben operar dentro del marco de las relaciones socioeconómicas divididas por clase, así como dentro del marco de la dinámica económica nacional e internacional” . Sostiene asimismo que “las organizaciones coactivas y administrativas sólo son parte de los sistemas políticos en general. Estos sistemas tam¬bién pueden contener instituciones a través de las cuales están representados los intereses sociales en la política del Estado, así como instituciones por las cuales se movilizan los actores que no pertenecen al Estado, para participar en la puesta en vigor de la política. Sin embargo, las organizaciones administrativas y coactivas son la base del poder del Estado, como tal.
“Donde existen, estas organizaciones fundamentales del Estado son al menos potencialmente autónomas ante todo control directo de la clase dominante. El grado hasta el cual son en realidad autónomas, y con qué efecto, varía de un caso a otro. Vale la pena indicar que la verdadera extensión y las consecuen¬cias de la autonomía del Estado sólo pueden analizarse y explicarse en términos específicos de tipos particulares de sistemas sociopolíticos y de conjuntos particulares de circuns¬tancias históricas internacionales” .

El estado como organización autónoma se relaciona con las clases sociales y con el sistema internacional de Estados, lo que lo hace “fundamentalmente bifacético, como Jano, con un arraigo intrínsecamente doble en las estructuras socioeconómicas divididas por clase y en un sistema internacio¬nal de Estados” . Skócpol reconoce que su perspectiva de análisis del Estado es tributaria de los enfoques de Weber, Hintze y Tilly.

En trabajos posteriores Theda Skócpol ha reforzado sus puntos de vista sobre la autonomía del Estado reseñando una serie de investigaciones y de resultados de política comparada en diversos lugares del mundo, especialmente en Africa y América Latina . Skócpol sostiene que la resistencia de los pluralistas y de los estrucutral-funcionalistas a hablar de los estados y la reticencia de los neomarxistas a aceptar su autonomía tienen que ver con los inicios de las ciencias sociales modernas en los siglos XVIII y XIX, en los que los fundadores de las mismas situaron el lugar de la dinámica de la sociedad, no en las monarquías anticuadas y superadas, sino en la sociedad civil, entendida como mercado, división industrial del trabajo o relaciones de clase. La inercia se rompió con la revolución keynesiana de los años 30 y con el desarrollo de los movimientos de liberación nacional que relievaron el papel de los estados como “potentes y autónomos actores organizativos” .

Según Skócpol, la autonomía del Estado no es un rasgo estructural de ningún sistema de gobierno sino que es el producto de ciertos factores coyunturales combinados con ciertas posibilidades estructurales tanto nacionales como internacionales que relievan en ciertas circunstancias el papel autónomo de los colectivos de funcionarios estatales.

Las acciones autónomas del Estado no necesariamente tienen un alto grado de racionalidad, especialmente diferente de la que logran otras élites no estatales, pero no hay que descartar la posibilidad de que las acciones total o parcialmente autónomas pueden encontrar salidas más eficaces que las acciones sometidas a transacciones de intereses sociales. Una política autónoma, sin embargo, no puede ser desinteresada. Su interés consiste con frecuencia en reforzar el colectivo de los funcionarios que impulsan la actividad autónoma del estado.

Otra fuente de la autonomía de los estados proviene de sus capacidades que dependen, además de la lealtad y calificación de sus funcionarios, del control total, integral y absoluto del territorio y de la existencia y de la cuantía de sus recursos económicos así como de la densidad y flexibilidad de sus instituciones. Estas fuentes de las capacidades proporcionan a los estados los adecuados instrumentos de actuación política para el logro de sus objetivos.

La autonomía de los estados no niega su relación con lo que Skócpol llama los marcos socio-económicos. Esta perspectiva relacional entre el estado y la sociedad puede asumir dos modalidades: una interna y otra de interdependencia con el sistema mundo. La primera tiene que ver con la capacidad de los estados autónomos para influir en las estructuras y actores no estatales dentro del ámbito nacional y la segunda alude al poder del Estado para la elaborar estrategias que le permiten establecer una relación de interdependencia dentro del sistema-mundo. Estos enfoques que Skócpol llama relacionales suponen romper con los supuestos social-deterministas del pluralismo, del desarrollismo estructural-funcionalista y del neomarxismo.

En el análisis de la autonomía de los estados, Thedda Skócpol apela al camino que ella denomina tocquevilliano puesto que fue Alexis de Tocqueville el primero que lo recorrió en sus conocidos libros La Democracia en América y el Antiguo Régimen y la Revolución. El método tocquevilliano no sólo toma en cuenta la acción de los funcionarios del estado sino también sus estructuras estatales en la medida que las configuraciones organizativas y los modelos globales de acción del estado influyen en la cultura política y fomentan la formación de grupos y de acciones políticas colectivas. Las estructuras estatales y sus efectos en la cultura política y en la acción colectiva están vinculados a las trayectorias históricas propias de cada país. Siguiendo a Nettl, Skócpol afirma que cuando los europeos continentales aluden a la soberanía, piensan en las instituciones administrativas centralizadas; los británicos, en los partidos políticos y en el parlamento; y los norteamericanos, en el Derecho y la Constitución. Del mismo modo, las estructuras de la administración pública y las organizaciones políticas partidarias contribuyen a seleccionar los tipos de cuestiones que se incluirán en la agenda política de una sociedad.

2. AL: Desarrollo del capitalismo y formas de estado

En diversos estudios tanto de Europa como de América Latina, las formas de estado aparecen como el producto de la relación entre la economía y la política, especialmente de la relación entre un determinado tipo de desarrollo capitalista y la correspondiente composición de la coalición social que lo anima. En Europa, las monarquías absolutas, los estados liberales y los estados socialdemócratas han sido analizados como resultados de las interacciones entre los tipos de desarrollo capitalista y las cambiantes coaliciones sociales que los impulsan . Lo mismo sucede en América Latina con los estados oligárquicos, los estados populistas y los estados neoliberales . Pese a la similitud formal entre las formas de estado de Europa y las de AL, existe importantes diferencias entre ellas, las mismas que proceden de las especificidades tanto de los tipos de desarrollo capitalista como de las coaliciones sociales. Estas especificidades no sólo proceden del tiempo en el que se desarrolla el capitalismo –temprano y tardío- sino del carácter dependiente del capitalismo latinoamericano. A su vez, las diversas formas de estado en cada país tienen sus propias peculiaridades que dependen de su inserción particular en el sistema capitalista mundial, de sus clivajes sociales y de su sistema político.

Ninguna economía moderna está limitada a las fronteras de sus países. Constantemente las economías nacionales están envueltas en relaciones económicas a nivel mundial y encuentran—o son forzadas a ello—un lugar en la división internacional del trabajo. Esta integración en la economía transnacional ha tenido un impacto significativo en las estructuras internas de clases, y los intereses del capital internacional se han vuelto un factor significativo en las relaciones internas de clases. Es ampliamente plausible entonces, considerar a las estructuras transnacionales de poder—relaciones internacionales y políticas—como vitalmente importantes para el balance del poder interno de un país y la conformación de los estados .
Los recientes desarrollos de la teoría de la dependencia, que se concentran en las consecuencias de la misma para el desarrollo económico, han llevado a un cambio paradigmático desde sus formas radicales que fueron rígidas y ahistóricas. Las visiones más elaboradas no ven la dependencia como un fenómeno unitario que tiene consecuencias homogéneas—la obstrucción del desarrollo y la creación del subdesarrollo—a través de un amplio rango de situaciones históricas, sino que adopta una más compleja concepción. En esta concepción la dependencia permanece central pero puede tomar diferentes formas, interactuar con desarrollos tecnológicos significativos, puede ser balanceado por el Estado nación, y puede ser dirigida a una variedad de resultados. Esta nueva concepción de dependencia permite la realización de un estudio comparado en términos del su impacto de la misma en la conformación de los estados y de la democracia .
Existe un cierto consenso básico entre los principales historiadores y analistas de las estructuras y procesos latinoamericanos sobre las formas de desarrollo capitalista en América Latina y las correspondientes formas de Estado, pese a que pueden diferir en el análisis de cada etapa, en el examen de los factores que intervienen en cada una de ellas, en el peso que cada uno de esos factores tiene y en las consecuencias de los mismos. Para ilustrar esta hipótesis me propongo examinar brevemente los análisis de Fernando Enrique Cardoso y Enzo Faletto y las muy importantes contribuciones de Rosemary Thorp y su equipo de investigadores sobre el desarrollo latinoamericano . En ambas perspectivas, sin embargo, el Estado no recibe la suficiente atención y no se le considera una variable independiente, salvo en el período de industrialización sustitutiva de importaciones en el que el Estado desempeñó un papel fundamental. En realidad, falta la contraparte estatal de la sólida historia económica de América Latina que han escrito Rosemary Thorp y su equipo de investigadores. El cubrimiento de ese vacío requiere, por un lado, mirar al Estado en sí mismo y en sus diversos grados de autonomía como sistema de dominación, como organización coercitiva y administrativa en cada uno de los países de América Latina y, por otro, analizar desde esa autonomía su relación con la economía, las clases y los partidos.

a. La economía de exportación y el estado oligárquico

La clave interpretativa de Cardoso y Faletto sobre esta etapa es la forma de propiedad y de control del capital en el sector agroexportador (producción nacional controlada y enclave), la capacidad de negociación y de apertura de las élites y el grado de autonomía de los estados, mientras la explicación de Rosemary Thorp reposa en una gama más amplia de factores: La demanda de los países centrales, la entrada de capitales, la diversidad de los productos que podía ofrecer cada país, el volumen de su población, la extensión geográfica y las características sociopolíticas.
En la fase de desarrollo hacia fuera, Cardoso y Faletto han distinguido dos situaciones: la producción nacional controlada y el enclave . En el primer caso, las élites nacionales apostaron a instaurar una nación y un estado nacio¬nal, pero sin poner en peligro sus vínculos con el mercado internacional que garantizaba su propio dominio al mismo tiempo que limitaba sus posibilidades de acción y de decisión. Los sectores hegemónicos de las élites fueron el sector agropastoril exportador y el sector mercantil moderno, los mismos que establecieron conflictos y alianzas con los latifundistas tradicio¬nales. El corte entre esos bloques fue la capacidad empresarial moderna para poner en marcha la producción, pero sus alianzas impregnaron a las instituciones políticas y estatales una serie de ambiguedades y compromisos que limitaban tanto la soberanía como la democracia.

El enclave se caracterizó porque la producción de los países dependientes se constituyó en una prolongación directa de la economía central y porque no existía una vinculación directa con la economía local, pero sí con la sociedad dependien¬te a través del sistema de poder. Cardoso y Faletto han diferen¬ciado dos tipos de enclave: Los que se organizaron por iniciativa directa del capital extranjero y los que se organizaron por expropiación de una élite que ya no podía competir en el merca¬do internacional. En el primer caso, los latifundistas fueron los interlocutores privilegiados de los enclaves, su capacidad de negociación no fue muy grande y los beneficios que pudieron arrancar a los enclaves, para diversificar la estructura económica y social, fueron escasos. Se produjo entonces la paradoja de algunos países que tenían clases dominantes tradicionales y clases dominadas modernas: “Las consecuencias de esa situa¬ción se dejan sentir en forma acentuada cuando, por motivos que veremos más adelante, la presión de las clases medias contra “la dominación de enclave” se intensifica. La denuncia del pacto antinacional hecho por las clases dominantes pasa rápidamente del plano jurídico y moral en que lo colocan las clases medias y los sectores productivos internos, al plano de reivindicaciones económicas y sociales, muchas veces violentas, de los trabajado¬res urbanos y, en situaciones más limitadas, de los asalariados agrícolas, sin que las clases dominantes locales puedan dar solución a estas presiones” . En esta situación la moderniza¬ción es más limitada que la democratización. En el segundo caso “las clases dominantes internas preservan al menos parte de sus funciones económicas. Pueden elaborar políticas de compromi¬so con los enclaves externos, reservándose algunas fajas margi¬nales de la actividad exportadora y pueden reducir y concentrar sus actividades en el comercio, en algunas actividades agrarias, etc.” . El impacto del enclave en la diversificación de la economía y la sociedad fue relativamente importante dando origen a los sectores medios y populares que devinieron un baluarte de las luchas nacionales y democráticas. El sistema de dominación señorial y oligárquico limitó, sin embargo, el proceso de institu¬cionalización del estado así como la democratización de la sociedad, pese a que ésta, como en el caso anterior, se adelantó también a la modernización.

Rosemary Thorp postula que los diversos resultados conseguidos con el crecimiento impulsado por la exportación a principios del siglo XX pueden explicar, en alguna medida, las diferentes experiencias que se dieron en los periodos siguientes de este siglo.
A principios del siglo XX América Latina estaba en medio de una fase de expansión económica inscrita dentro del crecimiento experimentado por la economía mundial: “La demanda de productos básicos y la entrada de capital que esa demanda había generado, al interactuar con las diversas condiciones que presentaban los países, favorecieron cambios”…, “tuvieron un impacto profundo en las diversas estructuras económicas, sociales y políticas de América Latina durante este periodo. Influyeron asimismo, “tanto la lotería de los productos básicos” como el “tamaño”… “en función de la población, el ingreso y la extensión territorial. La geografía, el legado político y las características sociopolíticas subyacentes fueron otros aspectos importantes” .

Rosemary Thorp sostiene que el capital que llegaba a América Latina no estaba relacionado necesariamente con una proyectada expansión de la exportación, su disponibilidad respondía generalmente a coyunturas específicas de los países del centro . Los países que crecieron más rápidamente fueron generalmente los de mayor población: “…Argentina, México, hasta la revolución de 1910, y Chile. … Es posible que la inestabilidad política de Colombia en el siglo XIX explique su arranque más tardío, aunque luego registró un crecimiento rápido. El caso de Brasil es una excepción parcial compleja… De los países pequeños, tanto Uruguay, que se benefició de la inversión extranjera al mismo tiempo que Argentina, aunque no en igual medida, como los países abiertos a la inversión de Estados Unidos en la actividad azucarera, a saber, Cuba, Puerto Rico y República Dominicana son las excepciones a la regla” . Pero el interés del inversionista fue determinado también por la geografía, la dotación de recursos naturales, las relaciones políticas y la estabilidad política. El crecimiento significativo estimuló la infraestructura y el desarrollo urbano creando mercados nacionales. También se dieron ejemplos de crecimiento rápido con escaso desarrollo institucional y ninguna diversificación (en las economías azucareras). El crecimiento también agotó recursos destruyendo suelos y bosques.

El tamaño fue importante en Brasil y Colombia porque hizo rentable la reinversión nacional de ganancias en el mercado interno. El tamaño pequeño y la fragmentación condenaron a Ecuador a perder beneficios del auge de la exportación y en Uruguay limitó el interés de inversionistas extranjeros. El tamaño también limitó la negociación de élites regionales entre sí y, cuando estuvo unido a la diversidad, impidió que se lograra la cohesión nacional de las minorías empresariales.

Otra condición importante fue el grado de consolidación estatal y de integración nacional así como la medida en que los recursos necesarios estaban en poder de población indígena, a la que había que arrebatárselos. Surgieron situaciones de conflicto y actitudes sobre la etnicidad y el racismo con efectos a largo plazo y consecuencias importantes en la desigualdad del ingreso.

El tipo de producto primario influyó en los resultados obtenidos: La minería por la intensidad de capital y tecnología le dio ventaja al capital extranjero para apoderarse de recursos y comercializarlos y, además, exigió menos tierra y mano de obra que la producción agrícola, la que, a su vez, planteaba la cuestión de la frontera agraria. Los productos variaban por sus posibilidades de elaboración y el valor agregado potencial así como por la amplitud de enlaces posibles. El banano fue el menos prometedor. Los productos y su distribución geográfica generaron necesidades diferentes de transporte, el que contribuyó o menor medida a fomentar el mercado nacional.

Donde el tipo de producto significaba que la tierra y la mano de obra eran factores importantes, y las poblaciones indígenas controlaban ambos, se les arrebató a la fuerza con repercusiones: “…En Guatemala, México y gran parte de los Andes, la explotación adquirió formas extremas. Aunque los pueblos indios lograron resistir a veces durante algún tiempo, esa resistencia tendió a retardar la penetración capitalista y la construcción del Estado…”

Según la naturaleza del sector de exportación (petróleo, banano, minería), las perturbaciones externas se amortiguaban con la reducción de salarios. La reacción frecuente eran la organización de sindicatos, huelgas y la respuesta eran actos de violencia y represión. Desde el punto de vista político la expansión de las exportaciones reforzó la situación de las minorías terratenientes. Los inversionistas extranjeros no modificaron el monopolio del suelo controlado por las élites terratenientes. La necesidad de establecer arreglos institucionales para obtener mano de obra dócil y barata, hizo que los sistemas tuvieran un respaldo de un prejuicio étnico que legitimaba el maltrato y la desigualdad.

b. La industria sustitutiva de importaciones y el Estado Populista

Tras su creación en 1948, la CEPAL, bajo la dirección de Raúl Prebisch, tenía que demostrar que había una perspectiva latinoamericana válida y su argumento fundamental fue que “…el aumento de la productividad debido al progreso técnico industrial en los países del centro no se reflejaba en precios más bajos sino que se retenía allí, mientras que en los países de la periferia, el aumento de la productividad en el sector primario era de menor magnitud y el excedente de mano de obra contribuía a que el nivel de los salarios se mantuviera bajo…. En consecuencia las economías latinoamericanas necesitaban que el gobierno fomentase la industrialización activamente. El crecimiento de la industria ofrecería independencia frente a un sector exportador de materias primas inestable y nada dinámico…”

Pero nadie se preguntó si depender de fuentes externas para financiar estos cambios estructurales podría limitar la libertad de los gobiernos para formular sus políticas económicas. Se aceptaron medidas de protección y proliferación de los controles en todas las economías en vías de industrialización de América Latina. Se incrementaron las relaciones entre los gobiernos y las empresas. El auge en el comercio intrarregional durante la segunda guerra mundial reanudó el interés en la integración económica. Lamentablemente los niveles de industrialización alcanzados por algunos países hacían que los menos desarrollados temieran salir perdiendo. Se desarrollaron tres iniciativas de integración en los 50s y 60s: El Mercado Común Centroamericano (MCCA), la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) y el Pacto Andino. El caso del MCCA fue el más antiguo y más fructífero de integración debido a que formaban un grupo más homogéneo (menos industrializado). Con el ALALC se lograron adelantos importantes: En 20 años las exportaciones dentro de América Latina se duplicaron como proporción del total exportado. Pero se estancaron las negociaciones cuando la eliminación de barreras al comercio comenzaba a afectar intereses creados. A fines de 60 surge pacto Andino con la intención de funcionar al interior de ALALC: “Los países andinos confiaban en que si negociaban como una sola unidad económica los acuerdos comerciales y arancelarios con Argentina, Brasil y México, el progreso hacia la integración regional podía ser mayor…” . Periodos iniciales de optimismo se vieron superados por los acontecimientos: El golpe en 1973 en Chile hizo que se retire del Pacto Andino en 1976. Aquí podemos ver claramente la influencia de la estabilidad o inestabilidad política en una integración económica que podría generar mayor desarrollo.

Uno de los puntos más acariciados de la agenda pública en este período fueron las reformas agrarias. Las razones que las motivaron en el pensamiento de funcionarios públicos, de la CEPAL y de la Alianza para el Progreso eran las siguientes:
a. La redistribución de la tierra era un camino hacia la modernización que aliviaría abastecimiento de alimentos para población urbana en crecimiento.
b. La reforma agraria influía en el crecimiento del mercado para la industria, gracias al efecto sobre la distribución del ingreso y la pobreza.
c. La reforma agraria, al restarle influencia a las élites terratenientes, cumplía un rol político.
d. Era necesario demostrar que se estaban efectuando reformas efectivas, como la reforma agraria, para acceder a los fondos de la Alianza para el Progreso.

Tras de estos motivos estaba la percepción de que la hacienda tradicional era un tipo de propiedad ineficiente que perpetuaba estructuras sociales desiguales: ” Los reformistas sostenían que la culpa de la desigualdad social, de la marginación y del bajo nivel de vida de la mayoría de la población rural de América Latina se encontraba en la concentración de la tierra…” .

Las reformas agrarias más profundas surgieron de las revoluciones sociales: México en 1917, Bolivia en 1952, Cuba en 1959, Nicaragua en 1979. También gobiernos elegidos emprendieron reformas agrarias radicales (Chile en 1964-69 con Frei y 70-73 con Allende) e incluso regímenes militares hicieron reformas agrarias radicales (Perú con Velasco 69-75). En el resto de América Latina hubo reformas agrarias de menor alcance. Argentina fue una excepción por la abundancia de tierras, relativa importancia de propiedades agrícolas familiares y de estancias capitalistas de tamaño medio así como elevado porcentaje de urbanización. En Cuba, Bolivia y México, tres cuartas partes de las familias agrícolas se beneficiaron. En Nicaragua, Perú y Venezuela hubo un tercio de beneficiarios; en El Salvador, un cuarto y en Chile, una quinta parte. Las reformas variaron pero las dificultades vinieron de que la formulación de la reforma agraria en América Latina subestimó la importancia relativa de la agricultura campesina: aparcería y tenencia a cambio de servicios laborales que constituía una economía familiar interna campesina. El papel de la reforma agraria en la modernización y el crecimiento fue pequeño e indirecto. Sólo afectó a los trabajadores asalariados rurales y a los campesinos serviles, dejando fuera a una masa significativa de campesinos minifundistas y sin tierra.

En esta etapa de industria sustitutiva de importancias, el crecimiento fue muy significativo en América Latina:
1. Entre 1945 y 1973 hubo resultados económicos sobresalientes: El PIB creció en 5.3% anual y el PIB per cápita aumenta en casi 3%.
2. Las manufacturas fueron el motor del crecimiento: 6% del crecimiento anual y 26% del PBI en 1973, 8% más que en 1950.
3. La industria avanzó a expensas de la producción primaria.
4. La productividad laboral creció a una tasa de más del 3%, no lejos del 4.3 registrado en los países de reciente industrialización ni del 4.5% de los países desarrollados.
5. La acumulación de capital se dio principalmente en la industria.
6. La agricultura creció pero a un ritmo muy lento como resultado de la protección a la industria.
7. La expansión se dio al mismo tiempo que el crecimiento de las empresas públicas que amplían su papel tradicional en la infraestructura.
8. Existe un diferente grado de industrialización de los distintos países según el momento en el que se industrializaron:
a. Entre el 40 y 50: Brasil, Argentina, México, Chile y Uruguay.
b. Entre 50 y 60: Venezuela, Perú
c. De 60 en adelante: Centroamérica, Caribe, Paraguay, Bolivia y Ecuador.
9. El impulso estuvo en la industria sustitutiva de importaciones: El 36% del PIB industrial es atribuible a la sustitución de importaciones entre 1929 y 1960.
10. Al caer la importación de bienes de consumo hay diversificación horizontal de las empresas.
11. Tras el incremento de la productividad en la manufactura, se encuentran cambios importantes en la organización y la tecnología.
12. Los mercados de exportación de bienes manufacturados en los 60 fueron la base del desarrollo expansivo del capital, en el que participaron también las empresas extranjeras.

El crecimiento económico se acompañó de desequilibrios sobretodo en la balanza de pagos y en el déficit fiscal. La exportación de materias primas no se mantuvo a la par con el crecimiento de la economía. La causa de ello fue la discriminación implícita en la protección industrial por la sobrevaluación del tipo de cambio. El crecimiento de la exportaciones en los 60 tuvo una tasa de 3.5 en 1960 y pasó al 11.3 en 1973. Como porción de lo exportado pasó del 9% en 1952-53 al 12% en 1960 y al 15% en 1970.
1. A medida que crecían las exportaciones industriales de América Latina, aumentaba el proteccionismo en los países desarrollados, afectando el crecimiento industrial.
2. La inversión pública que representaba entre 1/3 y la mitad de la formación del capital, registró un ascenso. Las empresas públicas rara vez contaron con financiamiento propio. Las necesidades del mismo crecieron y generaron una inflación moderada, ésta, a su vez, trajo consigo la estabilización con las recetas discutibles del FMI.
3. El Programa típico de estabilización del FMI en los 50 y los 60, se basaba en el diagnóstico según el cual la causa de la inflación se debía a un exceso de demanda debido al déficit presupuestario, al incremento de la oferta monetaria y a los créditos fáciles. Las políticas aplicadas fueron el sinceramiento de precios y la disminución del gasto público y de la actividad del gobierno. Estas políticas trajeron una mejora en la balanza de pagos por la reducción de las importaciones y por la disminución de los ingresos fiscales
4. Otro desequilibrio es el que se produjo en la relación entre el empleo en el sector formal y el crecimiento de la fuerza de trabajo. La población urbana crece mucho entre 1945 y 70, pero el empleo no tanto. La razón de ello fue el uso intensivo de capital y la alta tecnología. El sector informal crece vertiginosamente: En el caso del Perú y Ecuador este sector es casi un tercio de la PEA entre 1950 y 1970.
5. La industria no cambió la estructura de la demanda sino que se adaptó a ella, la misma que era propia de una estructura con muchas desigualdades. Las reformas agrarias en los 60 tuvieron un impacto limitado en la distribución del ingreso, salvo los casos de Cuba, México y Bolivia. En el caso peruano se distribuyó del 1 al 2 % del ingreso nacional. La reforma agraria pasó por alto la situación de la mujer, no la incluyó, lo mismo pasó con los minifundistas.
6. Las desigualdades se vieron acentuadas por el carácter de la política gubernamental. Los gastos en seguridad social, salud y educación se sesgaron hacia el entorno urbano.
7. Existen 4 tipos de experiencias desiguales en América Latina:
a. Países de fuerte proceso de industrialización orientada al mercado interno: Chile, Brasil, Colombia, Argentina, México y Uruguay.
b. Países con sector exportador de productos básicos como motor de crecimiento económico, pero que orientaron su producción en los 60 hacia la industria: Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y países de Centroamérica.
c. Economía centralmente planificada: Cuba
d. Islas del Caribe: Que establecieron una versión propia para su industrialización.

La estrategia de industrialización hacia adentro potenció el desarrollo de funciones e instrumentos del sector público y del Estado:
8. Surgió una nueva clase de tecnócratas, con conocimientos técnicos de economía, planificación, gestión e ingeniería. Tuvieron papel decisivo en la elaboración de planes estratégicos para desarrollar la infraestructura y en la creación de nuevos organismos de desarrollo.
9. En Brasil, un factor favorable fue la calidad y continuidad de la burocracia. El BNDE (Banco Nacional de Desarrollo Económico) era nombrado por méritos y hubo continuidad en la administración.
10. En Argentina el gobierno de Perón dividió profundamente a la sociedad y la debilidad de las instituciones agravó la falta de confianza que las empresas tenían en el gobierno. No se pudo aprobar la ley de fomento industrial que la pequeña y mediana empresa interpretó como un sesgo a favor de inversionistas extranjeros.
11. En Chile, la industria y la agricultura estuvieron respaldadas por un fuerte desarrollo estatal, sobre todo en materia de transformación de los recursos naturales. Se crearon institutos tecnológicos y las universidades recibieron asistencia. La CORFO tuvo un papel importante de fomento.
12.”En toda América Latina durante este periodo el Estado desempeñó el papel principal en la expansión de la infraestructura económica que facilitó la industrialización y el crecimiento global…carreteras, redes telefónicas, abastecimiento de energía…y otros servicios públicos permitieron que se consolidase un verdadero mercado interno. Además, el Estado creó una serie de organismos con el fin de fomentar sectores específicos…”
13. El desarrollo institucional estuvo favorecido por lo que ocurría a nivel continental e internacional: A mediados de los 50 se empezó a ver que hacían falta medidas en campos que el Banco Mundial no tenía en cuenta (educación, salud, vivienda, agua y agricultura).
14. Se presentaron limitaciones al desarrollo institucional: Falta de reforma tributaria, sistemas de control y de rendición de cuentas, falta de control sobre el sistema financiero, faltó estabilidad en las reglas del juego o normas y reglamentos.

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EL ESTADO EN EL PERU DE HOY

Sinesio López Jiménez*

El Estado en el Perú es más pequeño que la sociedad y que el territorio en los que debiera tener jurisdicción. La presión tributaria (15% en el 2007) está por debajo de la media latinoamericana (18%) y ella es insuficiente para atender las crecientes y exigentes demandas sociales, especialmente de los pobres y muy pobres. A eso hay que añadir los bajos niveles de eficacia, la falta de transparencia y la incapacidad de sus poderes, instituciones y cuadros para alcanzar los resultados buscados, especialmente en sus relaciones con la sociedad. Todo ello genera falta de legitimidad del Estado y del gobierno e inestabilidad política. El presente artículo examina en forma sucinta el Estado peruano, sus poderes visibles e invisibles, sus funciones en relación con la economía y la sociedad, la gobernabilidad, las formas que asume y la posibilidad de llegar a ser un Estado-para-la-nación.

1. Los poderes visibles

Cuando la gente común y corriente piensa en el Estado, la imagen que de inmediato le viene a la mente es la de la burocracia pública en cuyas oficinas alguna vez ha recalado para hacer alguna gestión sin éxito, o la de la policía que no siempre le ha brindado la protección y la seguridad ofrecidas, o la de las FF.AA. en cuyas filas estuvo o está alguno de sus familiares como soldado o como oficial, o la de los jueces en cuyos estrados judiciales nunca recibió un trato igualitario, justo y rápido, o en el maestro de las escuelas fiscales en cuyas aulas sus hijos o parientes reciben educación de baja calidad. Estas imágines muestran un Estado, no distante del ciudadano común y corriente ni siquiera neutro, sino efectivamente discriminatorio (ver gráfico N.1 del Anexo).

El ciudadano común y corriente cree, incluso, que el Estado le reconoce derechos diversos, pero al mismo tiempo sabe, especialmente el de los estratos sociales bajos, que es incapaz de garantizárselos o, pudiendo, no le interesa hacerlo(ver Gráfico N.2 del Anexo).

Otra imagen del Estado, aparentemente contradictoria con la anterior, es la de una entidad todopoderosa que puede resolver todos los problemas de la gente y a la que, por eso mismo, es necesario formularle las demandas más importantes. El Estado aparece entonces como poderes del Estado (Ejecutivo, legislativo, judicial) o como poder central, regional o local a los cuales los ciudadanos plantean exigencias de diverso tipo. La primera prioridad del Estado para el 68% de los peruanos es lograr que todas las familias tengan ingresos suficientes; para el 13%, lograr que haya unión entre todos los peruanos; para el 11%, hacer que funcione la competencia para que todos puedan acceder a ingresos; y para el 7.7%, garantizar la libertad individual. La segunda prioridad para el 35.4% es lograr que haya unión de todos los peruanos; para el 26.3%, hacer que funcione la competencia en el mercado para que todos puedan acceder a ingresos; para el 21.7%, garantizar la libertad individual; y para el 16.6%, lograr que todas las familias tengan ingresos suficientes (Ver Gráfico N. 3 del Anexo). Estas

* Profesor principal de las Facultades de Ciencias Sociales de la PUCP y de UNMSM
demandas varían según el sexo, la edad, el nivel socioeconómico, el nivel educativo, la procedencia rural o urbana, la actividad principal y la categoría ocupacional (ver Gráfico N. 4 del Anexo). Mientras más se baja en la escala social hay más demanda de un estado distribuidor de ingresos y unificador de todos en una comunidad de peruanos y peruanas, y mientras más se sube en la escala social hay más demanda de un estado que garantice un mercado competitivo y la libertad individual de todos los peruanos.

Una imagen que acompaña a las anteriores, proveniente de la cultura política peruana, es que todas las instancias e instituciones del Estado pueden ser apropiadas por cada uno de los ciudadanos, especialmente por quienes las controlan, sea por derecho (patrimonialismo), sea por la fuerza (sultanismo), y que, por eso mismo, pueden ser puestas al servicio de sus intereses particulares. Esto explica, en gran medida, el alto nivel de permisividad de los peruanos con la corrupción, tal como revelan las encuestas.

2. El poder invisible

Junto a los poderes visibles del Estado, existe un poder invisible que, obviamente, la gente común y corriente no lo percibe, pero que funciona y decide sobre las cosas más importantes del país y de la vida de los ciudadanos: decisiones de inclusión y exclusión política, formas de apertura política, políticas económicas, tipos de políticas sociales. En el Estado visible funcionan los poderes institucionalizados y públicos, elegidos si es un régimen democrático y no elegidos si es régimen no democrático; en el invisible, en cambio, funcionan principalmente los poderes fácticos (que no son elegidos) que provienen del poder económico (nacional e internacional), de las élites sociales y del mismo Estado (las FF.AA. y la alta burocracia) y que se articulan y forman coaliciones con la cúspide (Presidente de la República y algunos ministros) del poder visible del Estado. Entre las cúspides de los diversos subsistemas del país (económico, político y social) se desarrollan intereses y solidaridades más fuertes que con los integrantes de sus respectivos sistemas. Aquí funciona una especie de lo que Robert Michels llamaba ley de hierro de las oligarquías. El Estado invisible opera a través de los poderes e instituciones visibles (burocracia, sistema legal, monopolio de la coerción y de los poderes funcionales y territoriales) y su vida puede ser más corta que muchos de ellos, pero, definitivamente, es más larga que la de los gobiernos y los regímenes políticos (democráticos y no democráticos). Desde que se instaló el Estado Neoliberal a comienzos de los 90 del siglo pasado, el Perú ha vivido dos regímenes políticos, una transición y seis gobiernos.

3. Estado, economía y sociedad

El Estado y sus poderes visibles e invisibles se relacionan con la economía y con la sociedad a través del cumplimiento de diversas funciones. Con respecto a la economía, el Estado busca promover la acumulación privada (garantizando el respeto a la propiedad privada de los medios de producción, el funcionamiento de las leyes del mercado, la inversión creciente, la apropiación privada del producto, la seguridad jurídica y la estabilidad política) y mantener los equilibrios macroeconómicos. La economía, a su vez, ofrece al Estado, para que pueda funcionar, los recursos económicos a través de los impuestos provenientes principalmente de la renta de los empresas, del IGV de de los consumidores y de otros rubros menores. En el 2006, el 62% de los ingresos fiscales provinieron del IGV. El Estado desarrolla estas funciones a través de:

a) La aplicación de diversas políticas: económicas, de inversión en infraestructura, de promoción en investigación y desarrollo (irrelevante en el caso peruano), de recalificación de mano de obra, de subsidios al capital (los convenios de estabilidad tributaria establecidos con las grandes empresas, por ejemplo), tributarias (renta de las empresas, IGV y otros).
b) Establecimiento de diversas leyes, procedimientos y reglas de juego que buscan entre, otras cosas, blindar los aparatos económicos del Estado para protegerlos de las demandas sociales y de algunas decisiones de los gobernantes.

Con respecto a la sociedad, el Estado le asigna bienes y servicios públicos (educación, salud, seguridad, orden) y recibe de ella a cambio legitimidad (tanto de origen a través de las elecciones como de desempeño a través del apoyo de los ciudadanos). En su relación con el Estado, la sociedad desarrolla, a su vez, sistemas de intermediación (la ciudadanía, la esfera pública, la sociedad civil y la cultura política) y sistemas de representación (sistemas de partidos, partidos sin sistemas, políticos sin partido). Para cumplir sus complejas funciones con la sociedad, el Estado despliega:
a) Políticas: sociales, culturales, represivas
b) Establecimiento de leyes, procedimientos y reglas de juego (códigos diversos, sistemas electorales, etc.)

4. Estado y gobernabilidad

El Estado tiene una doble dependencia. Por un lado, depende de la economía a través de los impuestos, sin los cuales no puede funcionar. Por otro lado, depende de la legitimidad que le otorgan la sociedad y los ciudadanos. Un Estado relativamente moderno como el del Perú no puede funcionar sino cuenta con recursos económicos y con la aceptación de la sociedad en la que impera y opera. El Estado, sin embargo, puede ser relativamente autónomo con respecto a los poderes económicos y sociales, nacionales y extranjeros, como sucedió en la época de la dictadura del general Velazco. El grado de dependencia y de autonomía del Estado depende de los siguientes factores: el nivel de calificación de los funcionarios públicos, el grado de funcionamiento de las instituciones estatales, el nivel de presión tributaria, la cantidad de recursos económicos con que cuenta, el grado de dominio en el territorio nacional, el nivel de legitimidad estatal. A medida que los funcionarios son más calificados, las instituciones estatales funcionan bien, los recursos económicos propios son relevantes, el dominio sobre todo el territorio es total, en esa medida el Estado es más autónomo.

La relación entre los sistemas económico, político y social a través de sus funciones y políticas establece el grado de gobernabilidad estructural del país. Un país es gobernable cuando la economía ofrece los recursos necesarios y suficientes al Estado que, gracias a ellos, puede asignar a la sociedad, educación, salud, seguridad y orden, en estándares aceptables de calidad. Este no es caso peruano en el que la presión tributaria (14% en el 2006 y 15% en el 2007, por debajo de 18% que la media latinoamericana) no es suficiente para asignar los bienes y los servicios de calidad a la sociedad, razón por la cual ésta no le otorga al Estado la legitimidad necesaria para que pueda funcionar en forma estable. Además del mal desempeño personal de los gobernantes, estos desequilibrios son la fuente estructural de la desaprobación ciudadana y de la inestabilidad del sistema político y del Estado.

5. El Estado Neoliberal

El Estado asume diversas formas que dependen de la forma de relación entre los sistemas económico, político y social y del tipo de coaliciones sociales que conforman el poder invisible del Estado. Estas coaliciones definen, a su vez, las formas de exclusión e inclusión social, el tipo de apertura política, el tipo de políticas económicas, el grado de control de la violencia política, el tipo de relación de autoridad y el nivel de credibilidad del sistema legal. De acuerdo a la forma de relación entre los sistemas, al tipo de coaliciones y a las políticas que establecen, las principales formas de Estado en el Perú y en América Latina han sido el Estado Oligárquico, el Estado Populista (Velasquista en el Perú) y el Estado Neoliberal.

Ante el agotamiento de la industria sustitutiva de importaciones (ISI) y el colapso del Estado populista a fines de los 80, los organismos financieros internacionales, los inversionistas extranjeros, la burguesía local, el Presidente de la República y un nuevo equipo tecno-político comenzaron a presionar para establecer una economía de mercado y organizar un Estado neoliberal a través de políticas de estabilización (medidas de shock) y de reformas estructurales (apertura de la economía al mercado internacional, desregulación de los mercados y las privatizaciones) . De ese modo se formó una coalición social y política neoliberal que fue reforzada por la participación de los militares después del autogolpe del 5 de abril de 1992. Esta coalición definió una política de inclusión política y
CUADRO N. 1. FORMAS DE ESTADO EN EL PERU Y EN AMERICA LATINA, SEGÚN DIMENSIONES QUE LAS DEFINEN

TIPOS DE ESTADO

DIMENSIONES ESTADO OLIGARQUICO ESTADO
POPULISTA
(Velasquista) ESTADO NEOLIBERAL
Coaliciones
Sociales y políticas Oligarquía,
Gamonalismo,
Capital extranjero,
Militares Militares,
Industriales,
Clases medias,
Sectores populares Organismos económicos internacionales,
Inversión extranjera,
Burguesía local,
Equipo tecno-político
Exclusión-inclusión
Exclusión total Inclusión total (corporativa con Velasco) Inclusión cultural y política,
Exclusión económica y social
Tipo de apertura
Política Liberalización (1900-1931)
Participación
(socio-política, no electoral con Velasco) Liberal-democrática
Tipo de políticas
Económicas Liberales Populistas
Intervencionistas Liberales
Control de la
violencia política Violencia faccionalista Monopolio de la violencia (limitado por SL) Recuperación del Monopolio de la violencia
Tipo de relación
de la autoridad Mediada Directa Directa
Sistema legal Discriminación
institucionalizad Igualdad formal y discriminación efectiva Igualdad formal y discriminación efectiva

cultural, pero de exclusión económica y social, aceptó tanto la competencia liberal como la participación democrática, aplicó políticas económicas ortodoxas (liberales), reestableció el monopolio de la violencia política derrotando a las fuerzas subversivas, aceptó la igualdad formal del sistema legal, pero ha sido incapaz de superar las discriminaciones efectivas.

6. ¿Es posible construir un Estado para todos?

El estado es constitucionalmente de todos, pero, en realidad, es sólo de algunos. La ley no es igual para todos, ni la burocracia es igualmente eficiente para todos, ni la policía ofrece igual protección y seguridad a todos, ni los poderes del Estado atienden las demandas de todos por igual. En realidad, el Estado no funciona bien en todo ni para todos sino que en algunas cosas funciona bien y en otras no y, en todo caso, funciona bien para algunos sectores pero mal para la mayoría de los ciudadanos. El Worl Economic Forum acaba de publicar el último Informe Global de Competitividad (2007) en el que señala que el Perú ocupa el 15 lugar en el mundo en lo que se refiere a la fortaleza de protección de las inversiones y el último lugar (131) en la calidad de la educación primaria. Puesto en blanco y negro, esto significa que el Estado peruano funciona bien para los sectores acomodados, pero mal para los pobres. Si se analiza la relación que el Estado tiene con la economía, por un lado, y con la sociedad, por otro, se puede llegar fácilmente a la conclusión siguiente: El Estado opera más o menos bien en el campo de la economía, pero opera pésimo en lo que refiere a la sociedad. El despliegue de las políticas (macroeconómicas, inversión en infraestructura, subsidios al capital y otras) que tienen que ver con la función estatal de promoción de la inversión privada ha obtenido logros importantes en estos últimos 7 años. Sólo las políticas de investigación científica en desarrollo y la recalificación de la mano de obra no han existido prácticamente en este campo. En cambio, las políticas de seguridad ciudadana, las políticas culturales y, sobre todo, las políticas sociales (educación, salud, lucha contra la pobreza, seguridad) que tienen que ver con la función estatal de asignar bienes y servicios públicos a la sociedad han operado y siguen operando mal y pésimo. En América Latina, el Estado peruano es el que menos gasta en la educación. Jaime Saavedra y Pablo Suárez han mostrado (para el año 2000) que la educación pública no es gratuita, como prescribe la ley, puesto “que la sociedad peruana gasta, en promedio, 200 dólares por cada niño en el sistema público en la primaria, de los cuales 32% corresponde al aporte de las familias. En el caso de la secundaria, el Estado invierte 191 dólares y las familias, en promedio, 94 dólares; es decir, de un total de 285 dólares, las familias aportan 33%” (El financiamiento de la educación pública en el Perú: el rol de las familias, GRADE, Lima, 2002, p.25). Pero lo más grave es que el Estado comete inequidades en la inversión en educación: “sumando el gasto del Estado y el de las familias, un alumno en primaria en el quintil más rico del ingreso que accede a la educación publica recibe 326 dólares, 96% más que lo recibe otro en el quintil más pobre. En el caso de secundaria, un alumno del quintil más rico recibe 374 dólares, 53% más de lo que recibe otro en el quintil más pobre. Es más, existe evidencia de que esta diferencia se encuentra subestimada, ya que el gasto del Estado que llega a los quintiles más pobres es menor que el llega a los quintiles menos pobres…”. (pp.26-27).

¿Se puede construir un Estado de todos o, lo que es lo mismo, un Estado-para-la nación?. Este es un amplio y profundo debate académico y político. Desde la perspectiva académica clásica, que ve al Estado como sistema de dominación social institucionalizada y canalizada a través de la ley, la coerción, la burocracia, es difícil, sino imposible, organizar un Estado para todos. Pese a ello, si el sistema legal y los aparatos judiciales fueran creíbles, transparentes e iguales para todos, si la burocracia fuera eficiente y transparente, si la policía garantizara la seguridad de todos, si los poderes de Estado actuaran con responsabilidad, eficacia y transparencia, si el Estado garantizara efectivamente los derechos que reconoce, si las políticas sociales fueran equitativas, inclusivas y aseguraran la igualdad de oportunidades de todos los peruanos, el Estado peruano se aproximaría a lo que se llama un Estado-para-la-nación.

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CONFIGURACIONES DE PARTIDOS Y COALICIONES DEL APRA

Sinesio López Jiménez*
“Sólo el APRA salvará al Perú” era una vigorosa consigna que expresaba una ideología fuertemente cerrada y apasionadamente vivida por los fieles seguidores de Haya de la Torre. La consigna revelaba no sólo fe y confianza plena en el partido y en sus líderes sino también dogmatismo e intransigencia. Por eso llama la atención una cierta propensión del APRA a formar coaliciones políticas, incluso con sus enemigos políticos más encarnizados. El hecho es más sorprendente si se toma en cuenta que el APRA fue un partido mayoritario hasta comienzos de la década del 60 y no necesitaba como tal coalición alguna para llegar al poder. En realidad, las coaliciones en las que participó el APRA han sido de diverso tipo: antioligárquicas, oligárquicas y neoliberales. ¿Qué factores explican esta propensión aprista a coaligarse con otras fuerzas y a formar diferentes tipos de coaliciones?. El presente artículo, que no es una historia de las coaliciones apristas sino un análisis político de las mismas, plantea algunas hipótesis que pretenden explicar la conducta coalicionista del Apra.

Las coaliciones políticas dependen, en general, de un conjunto de factores entre los cuales los más importantes son la configuración de los partidos (predominante en un sistema tripartito, pluralismo extremo polarizado, pluralismo polarizado, crisis y colapso de los partidos y pluralismo extremo polarizado en un ciclo semipartidario), el tipo de cerrazón ( total o parcial) o inclusión (corporativa, liberal) que impone el Estado, los tipos estatales de apertura (liberalización limitada sin participación, liberalización limitada y participación limitada, liberación plena y participación limitada, liberalización limitada y participación plena, liberalización plena y participación plena) y las formas mismas del Estado (oligárquico, populista, neoliberal). En este artículo centro mi atención en el primer factor: el tipo de configuración de los partidos.
El sistema político tripartito y las coaliciones antioligárquicas
La emergencia del APRA en los años 30 y los cambios en el conflicto político y en las reglas de juego dieron origen a lo que Denis Gilbert (La oligarquía peruana: historia de tres familias, Editorial Horizonte, Lima, 1982) ha denominado un “sistema político tripartito”. Según Gilbert, el sistema político tripartito se caracterizaba porque el ejército dominaba la política estatal, la oligarquía predominaba en la economía y el Apra tenía hegemonía en la vida política de la sociedad. La emergencia aprista constituyó un desafío para la oligarquía que respondió respaldando a las FF.AA. Desde entonces se instauraría un patrón caracterizado por regímenes que 1) mantuvieron fuertes vínculos con la oligarquía, 2) gobernaron dictatorialmente, 3) reprimieron al Apra, 4) limitaron fuertemente la actividad sindical, 5) e impusieron una economía de laissez faire orientada hacia la exportación. Este patrón, apenas interrumpido en el período 1945-1948, duró hasta los años 60. Desde los 30 se estableció un juego político entre la oligarquía, el APRA y las FF.AA. Con pequeñas disidencias e indisciplinas, estas dos últimas fueron los actores políticos más compactos y homogéneos. Las FF.AA. han actuado a través de caudillos militares hasta los años 50 y en forma institucional después. El juego político de la oligarquía fue más complejo en la medida que, luego de la desaparición de partidos de notables en los años 20, no logró forjar después una

*Doctor en Sociología y analista político, profesor principal de la PUCP y de la UNMSM.
representación política propia. Ella se hizo presente a través de diversos caudillos políticos que expresaron dos tipos de intereses básicos de la oligarquía: una élite urbana
más abierta a las coaliciones y una élite terrateniente cerrada y excluyente. A ellas se sumó el gamonalismo que fue utilizado por las élites oligárquicas y sus caudillos como una fuerza política de apoyo. Empero, el sustento más firme de la oligarquía fue la Fuerza Armada a través de sus jefes institucionales y caudillos. Estos no fueron, sin embargo, simples mascarones de proa sino que tuvieron muchas veces intereses y objetivos propios. Esto no impidió, desde luego, que se formara una coalición básica entre la oligarquía y las FF.AA. contra el APRA.

El APRA respondió a esa coalición entre la oligarquía y las FF.AA buscando forjar también sus propias coaliciones, luego de fracasar en el intento de organizar un juego político propio y autónomo. Este es el caso de la transición bloqueada de 1936. El APRA buscó romper la exclusión, establecida en el artículo 53 de la Constitución de 1933, lanzando la candidatura de Haya de la Torre y movilizando a sus bases y simpatizantes, pero fracasó. Entonces decidió apoyar la candidatura de Luis Antonio Eguiguren buscando establecer una coalición antioligárquica, democrática y nacional. Eguiguren triunfó con el apoyo del APRA, pero el gobierno de Benavides anuló las elecciones y el triunfo de Eguiguren, alegando la ilegal participación aprista. La coalición antioligárquica pudo triunfar en 1945 debido al quiebre de la coalición de la oligarquía con las FF.AA. como producto del desprestigio de todo tipo de dictaduras, luego de la derrota del nazismo y del fascismo en el mundo, y fue resquebrajada y derrotada cuando la tradicional coalición oligárquico-militar se recompuso a través del golpe de Manuel A. Odría y la impaciencia y el sectarismo del APRA se incrementaron. Cuando la coalición oligárquico-militar era sólida e imposibilitaba la formación de una coalición antioligárquica, el APRA y las élites urbanas de la oligarquía tendieron puentes, a pesar de sus conflictos y diferencias de interese, para formar una coalición informal viable de transición semi-competitiva. Este es el caso de las elecciones de 1939 en las que el APRA (del mismo modo que el pequeño Partido Comunista) apoyó y le dio el triunfo a la candidatura de Manuel Prado, pese a las resistencias iniciales.
El pluralismo extremo polarizado y las coaliciones oligárquicas
En los años 50 y 60, el APRA organizó o participó en coaliciones de carácter oligárquico que estuvieron vinculadas a la crisis del anterior sistema político tripartito y al resquebrajamiento de la coalición oligarquico-militar. Esta crisis se debió, a su vez, a la reorientación de las FF. AA en una dirección reformista (debido a la presencia del CAEM y del SIN en los 50) y a la emergencia de nuevos partidos políticos reformistas, principalmente Acción Popular. El APRA dejó de ser un partido mayoritario (predominante en términos de Sartori) y entró a formar parte de un pluralismo extremo polarizado. Todo ello redefinió el conflicto político y las reglas de juego que se hicieron más complejas y competitivas. Para la dirigencia aprista el juego político fue más difícil: tenía que incorporarse al juego institucional en las mejores condiciones y cuidar su propio espacio político amenazado por nuevos competidores, especialmente por Belaúnde y Acción Popular. Todo ello indujo al APRA a elegir entre las fuerzas del orden oligárquico (Lavalle y Prado) a aquella que ofreciera mejores condiciones para su incorporación a la vida política institucionalizada y a combatir a Belaúnde que era una amenaza para la dirigencia aprista, pero era visto con simpatía por sus bases. Triunfó Prado con el apoyo aprista, dando origen al llamado gobierno de la convivencia en 1956. En 1962 se organizó una coalición parecida. Haya de la Torre obtuvo el triunfo entre siete candidatos en las primeras elecciones competitivas de la historia peruana sin alcanzar el tercio electoral exigido por la Constitución, obligándolo a negociar primero con Belaúnde, quien se negó a elegir a Haya presidente en el Congreso, y con Odría, quien, ante el veto de las FF.AA. a la elección presidencial de Haya de la Torre, iba a ser elegido finalmente Presidente de la República. Pero el veto de las FF. AA a Odría como representante de la oligarquía impidió igualmente su elección en el Congreso, dando lugar al primer golpe militar institucionalmente antioligárquico (y reiteradamente antiaprista) que duró un año. En 1963 se reeditó la frustrada coalición apro-odriista que impuso su mayoría en el Congreso, limitando la gobernabilidad de la coalición de Acción Popular con la Democracia Cristiana y del Presidente Belaúnde. El gobierno dividido, paralizado y estéril, culminó con el golpe de los coroneles radicales y de Velazco quien realizó, por la vía de la dictadura, las reformas antioligárquicas que los partidos políticos fueron incapaces de realizar por el camino democrático.

Pluralismo extremo semipartidario polarizado y coalición neoliberal
El primer gobierno de Alan García (1980-1985) llevó hasta el límite la Industria Sustitutiva de Importaciones como modelo de desarrollo, el Estado Populista y la crisis de la representación de los partidos. Con Fujimori y los poderes fácticos se instaló el neoliberalismo como modelo de desarrollo y como forma estatal y colapsaron los partidos políticos, dando origen a nuevas formas de conflicto político y de configuración partidaria (los outsiders o políticos sin partido). Con la caída de Fujimori en el 2000 emerge una nueva configuración partidaria que combina la presencia de algunos partidos (APRA, PPC) con numerosos políticos sin partido. Surge de ese modo un pluralismo extremo semipartidario polarizado en el que se confrontan y alimentan mutuamente el neoliberalismo excluyente y un agresivo nacionalismo y estatismo de los excluidos que demandan más Estado (que los incluya) y una comunidad política (nación) que les de identidad política y los considere como sus miembros. Como por un túnel del tiempo, el Perú y América Latina parecen volver a las épocas de la exclusión oligárquica y a las respuestas estatistas y nacionalistas que dicha exclusión generó. Han reaparecido el terreno y el clima en los que germinaron y crecieron los partidos nacional-populares y las Apras de América Latina de los años 30 del siglo pasado. Pero el APRA de hoy se ubica en el campo neoliberal formando una coalición informal con el fujimorismo y Unidad Nacional. En la primera vuelta de las elecciones del 2006, García se presentó como el candidato antineoliberal que enfrentaba a Lourdes Flores, la candidata de los ricos (en sus propias palabras). En la segunda vuelta, se presentó como el candidato del cambio responsable que luchaba contra el caos y el cambio sin un rumbo claro que representaba supuestamente Ollanta Humala. Ganadas las elecciones en la segunda vuelta con el apoyo de la derecha, se transformó en el Presidente de la continuidad neoliberal. Cada cambio en el discurso y en la acción implicaba un desplazamiento social ascendente: de candidato popular (primera vuelta), a candidato de clase media (segunda vuelta) y a Presidente de los ricos (después el 28 de Julio del 2006).

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NUESTRO ZOON POLITICON

Sinesio López Jiménez

Un gobierno tiene diversas maneras de enfrentar los cuestionamientos que provienen de los partidos de oposición, de los movimientos sociales, de la sociedad civil y de la opinión pública. Una de las maneras, la más fácil sin duda, es negándolos y seguir adelante hasta llegar al borde del abismo. Otra, la forma que podemos llamar democrática, es reconocer como legítimos tanto los cuestionamientos como los actores que los formulan, mirar hacia adentro del gobierno para detectar las fallas y corregirlas y abrir un diálogo con los cuestionadores para buscar salidas democráticas y empujar al país hacia delante. Una última forma, que podríamos llamar suicida, es sostener que sus políticas son adecuadas, correctas, incuestionables y que los cuestionamientos son inventos de gente malévola y perversa que quiere desestabilizar al gobierno y urde, como respuesta gubernamental, una serie de maniobras para destruir al adversario, al que, además, define como enemigo. Esta ha sido la respuesta del gobierno y, en particular, de García para salir del embrollo en que se han metido tanto él con sus políticas totalmente proempresariales, personalistas y autoritarias y algunos de sus ministros, ineficientes e incapaces, en cuyos ministerios, además, se han cometido actos innegables de corrupción frente a la cual se niegan a asumir la responsabilidad que les corresponde contando, por añadidura, con la protección y el blindaje del Presidente de la República. Para defender lo indefendible, García urde diversas maniobras cuyo objetivo es, además de sostener a sus ministros y políticas, destruir a sus adversarios. Tres han sido las principales maniobras que García y sus escuderos imaginaron para lanzarlas contra sus adversarios. La primera fue la satanización del encuentro, normal entre políticos civilizados, entre el ex_presidente Toledo y Ollanta Humana. Olvidando lo que todos los días hace el gobierno con los fujimoristas del Congreso, los escuderos de García presentaron el encuentro como un complot contra el gobierno y la gobernabilidad del país. Echando mano a las peores tradiciones y consecuencias políticas de la cultura de la confrontación, los líderes apristas definen a todos los competidos políticos como enemigos a los que hay destruir y condenan el diálogo entre las fuerzas políticas que operan en el país. ¿Y qué pasó con la enseñanza de Prialé, un líder histórico del APRA, quien levantó como escudo contra sus perseguidores de toda laya la célebre frase “conversar no es pactar”?. La segunda maniobra ha sido enlodar al ex_ Presidente Toledo para quitarle autoridad moral a él y a sus críticas al gobierno, apelando al albañal y a la escoria que segregan el lado negro de los seres humanos y las sociedades en proceso de descomposición. La maniobra es tan burda y tan mal urdida que, en lugar de destruir a un opositor, termina rebotando contra sus autores que provienen, sin duda, de las más altas esferas del gobierno con la anuencia servil de algunos medios. La tercera maniobra es, no duda cabe, negociar con el Fujimorismo el salvataje de los ministros cuestionados y la recomposición de la alianza magullada por la extradición, a cambio probablemente de concesiones diversas al extraditado Fujimori que pueden ir desde un mejoramiento de las condiciones de encarcelamiento hasta una salida favorable en las futuras sentencias que van a cocinar en las Salas de Apelación en donde la influencia del gobierno es innegable.

De todas estas maniobras, la que parece haber rendido los frutos esperados es la recomposición de la alianza con el Fujimorismo parlamentario cuya capacidad de chantaje y de organización de coaliciones salvadoras del gobierno es indudable. Alva Castro ha logrado conservar temporalmente su puesto en el Ministerio del Interior y los voraces fujimoristas se aprestan a cobrar los favores políticos al gobierno. Con sorpresa hemos escuchado a algunos importantes voceros del gobierno sostener que no se opondrían a que algunos parlamentarios fujimoristas se ciñan la franja ministerial. Hasta ahora se ha visto que algunos simpatizantes fujimoristas –los vicepresidentes de la República y algún ministro oportunista- integren la cúpula del gobierno, pero en adelante García y el APRA están dispuestos, al parecer, a entregar algunos puestos de mando del Estado a algunos dirigentes políticos fujimoristas. Si esto se concretara significaría que García cogobernaría con los representantes del gobierno más corrupto y más criminal de la historia sin taparse la nariz.

Las dos primeras maniobras, por burdas, insensatas y estúpidas, han sido totalmente contraproducentes para el gobierno y, si concretara el cogobierno García-Fujimori, estaríamos asistiendo al suicidio de García y su gobierno. Con todo lo que estamos viendo en el mundo perverso en que se mueven los políticos peruanos, la pregunta que se viene a la mente es la siguiente: ¿ Podrá sobrevivir la política peruana a los políticos que la habitan?. Aristóteles definió al hombre como zoon politicon. Si hubiera conocido a los hombres de la actual jungla política peruana se habría ahorrado el adjetivo. Con las notables excepciones del caso, por supuesto.
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EL VOTO PREFERENCIAL

Sinesio López Jiménez

A propósito del voto preferencial, no deja de llamar la atención que una dictadura, un régimen cerrado por definición, abra un estado cerrado (el estado oligárquico) y un sistema de partidos cerrados a la participación de los ciudadanos. ¿Qué significa un estado cerrado y un sistema de partidos cerrados?. Un estado es cerrado o tiene una hegemonía cerrada, como llama Robert Dahl a la cerrazón estatal, cuando está encapsulado en sí mismo y no se abre ni a la liberalización y a la competencia política ni a la participación y a la representación de los ciudadanos. Un partido es cerrado cuando, como sostiene Julio Cotler, asume un carácter patrimonial, esto es, cuando los jefes y las camarillas del partido actúan como propietarios del mismo y lo deciden todo, sin la participación decisiva de las bases. ¿Por qué una dictadura democratizó algunas instituciones cerradas? La explicación radica en el hecho que la dictadura de Velazco organizó una forma de estado con inclusión total o, al menos, tuvo esa pretensión con la finalidad de acabar con la exclusión total del Estado oligárquico.

¿Ha funcionado el voto preferencial para abrir los partidos cerrados a la decisión de los ciudadanos?. Si nos atenemos al porcentaje de electores que hace uso del voto preferencial, hay que concluir que ha funcionado quizás mejor de lo que esperaban sus diseñadores. En efecto, en 1978 el 46% usó el voto preferencial para elegir a los constituyentes, en 1990, el 31% eligieron congresistas del mismo modo; en 1992, el 43%; en el 2000, el 44% y en el 2001, el 48%. Perú es uno de los pocos países, si no el único, en donde el voto preferencial ha funcionado más o menos bien. En otros países en donde existe el voto preferencial (Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Grecia, Italia), los electores no usan o hacen poco uso de él y, por consiguiente, el impacto del mismo en las listas cerradas y no bloqueadas es relativamente irrelevante. Eso significa que el orden de los candidatos en la lista organizada y presentada por los dirigentes de los partidos se mantiene intacto. En el Perú, en cambio, el orden de las listas ha sido modificado en forma muy sustantiva por la voluntad de los electores, aunque probablemente esa modificación no ha alcanzado los mismos niveles del voto preferencial. Se puede sostener, entonces, que en el Perú el voto preferencial ha sido un factor decisivo en el proceso de democratización de los partidos y de las organizaciones políticas en general. Este es su efecto positivo. Pero el voto preferencial ha producido también algunos efectos negativos sobre la organización de los partidos. En primer lugar, este tipo de elección ha introducido una competencia exacerbada entre los integrantes de la lista de candidatos, afectando seriamente la disciplina partidaria y la solidez organizativa. En segundo lugar, ha generado una especie de mercado persa entre los candidatos para ocupar los lugares más visibles a los electores. En tercer lugar, ha fomentado, en los elegidos, un tipo de patrimonialismo electoral, según el cual los votos obtenidos por el candidato le pertenecen a él y no al partido. En cuarto lugar, ha debilitado la lealtad de los representantes con el partido que los postuló y ha fomentado el transfuguismo debido precisamente al patrimonialismo electoral. Finalmenete, ha creado una situación típica en la que los ciudadanos ya no eligen sino votan puesto que los candidatos con más recursos no son elegidos sino que se hacen elegir, tal como sostenía Schumpeter refiriéndose a la competencia política propia de la democracia moderna diferenciándola de la clásica. En este caso, el voto preferencia habría transformado a los partidos cerrados en partidos elitistas de una democracia elitista, que es justamente lo contrario de lo que ese voto buscaba como diseño electoral. En resumen, el voto preferencial ha democratizado a los partidos políticos, pero también los ha debilitado como organizadores de la representación política y como actores decisivos de la democracia. Puestos en una balanza los efectos positivos y los negativos, es necesario concluir que el voto preferencial ya cumplió su papel democratizador y que es necesario buscarle un sustituto que bien pueden ser, como varios políticos y analistas han sugerido, las elecciones primarias realizadas por los partidos para elegir candidatos bajo la superivisión obligatoria de los organismos electorales del estado, como sucede en los Estados Unidos de Norteamérica. En el caso norteamericana, las elecciones primarias funcionan bien debido a la presencia vinculante del estado. Este cambio en el mecanismo democratizador de los partidos exige realizar algunas modificaciones y ajustes importantes en la ley de partidos que, dicho sea de paso, no viene funcionando adecuadamente.

Es de esperar que estos cambios en el procedimiento de votación y en la ley de partidos contribuyan en forma significativa a su fortalecimiento y a su institucionalización así como a la consolidación de la democracia y a la gobernanza del país. No es necesario comprobar primero que la ley de partidos y las elecciones primarias funcionen adecuadamente para proponer luego el cambio del procedimiento electoral, como ha señalado el presidente de la Comisión de Constitución del Congreso. En realidad, ambos proyectos de ley pueden presentarse y aprobarse simultáneamente.
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UN REFORMADOR FRUSTRADO

Sinesio López J

Por lo visto hasta ahora, todo indica que los objetivos del segundo gobierno de García son muy modestos. Ellos consisten, no en realizar sus sueños de reformador, sino en borrar las pesadillas de su primer gobierno. Para alcanzar esos objetivos personales, García no necesita actuar sobre la actual realidad económica y social sino acompañarla y dejarse llevar por la inercia. Tampoco necesita un proyecto ni un programa para subirse a la ola del crecimiento económico, que se formó hace seis años, dejarse arrastrar por ella y desembocar en la playa del éxito, si el viento de las circunstancias internacionales le es favorable y logra mantener esa ola. Las reformas necesarias han sido reemplazadas por los grandes gestos y las pequeñas políticas.

Todo eso es, sin duda, una enorme frustración para un político que cultivó con esmero una gran obsesión: Pasar a la historia como el gran reformador del Perú. El problema es que, ávido de historia, siempre llega tarde a ella. En 1985 quiso cambiar la historia haciendo reformas radicales, le aburría terriblemente la agenda burocrática de todos los días: los aranceles, la política cambiaria, las tasas de interés, la marcha lenta del estado y sus políticas, etc. La situación de entonces era que las reformas estructurales con las que soñaron el APRA de los 30 y los partidos antioligárquicos de los años 50 y los 60 fueron realizadas por el general Velasco por la vía de la dictadura. Para no frustrarse como reformador, ensayó la estatización de la banca y le fue pésimo. En los estertores de su gobierno, impulsó la regionalización, una propuesta interesante, pero finalmente fracasada.

Algo parecido le sucedió en el 2006. Antes de llegar al gobierno expresó su firme voluntad de reformar el modelo neoliberal impuesto por la dictadura de Fujimori bajo el impulso y el monitoreo de los organismos financieros internacionales. Pero, una vez en el gobierno, se encontró con los aparatos económicos del estado secuestrados por grupos empresariales y por los operadores del capitalismo globalizado y con una economía de mercado blindada por leyes, reglas del juego aceptadas, los convenios de estabilidad tributaria, por el peso de los oligopolios y por los miedos de las clases medias y altas ante cualquier cambio que pueda poner en peligro sus pequeños o grandes intereses. García percibe que no es fácil reformar el modelo económico del que en la campaña hizo cera y pabilo. Ante la enormidad de la tarea, en lugar de asumirla como un gran desafío, se amilana y retrocede. Y deja que la derecha y los grandes grupos de interés sigan manejando la economía de mercado, impongan la autorregulación de la misma y excluyan la protección y la autoprotección de la sociedad. Adiós a la reforma tributaria, adiós a la reforma laboral, adiós a las políticas sociales agresivas de lucha contra la pobreza, adiós a la socialdemocracia, adiós, incluso, al liberalismo con equidad.

Vistas así las cosas, las propuestas del gobierno aprista quedan sumamente acotadas y recortadas. Dado que el funcionamiento de la economía, los privilegios, las desigualdades tienen que permanecer intocadas, García se concentra en lo político y en lo social, en lo que tiene impacto, no en el estómago ni en la mente, sino en la pupila de la gente. Pero incluso en estos campos, lo político y lo social, las propuestas son muy limitadas. Tan limitadas que hasta la derecha acicatea al gobierno exigiéndole reformas de fondo y pidiéndole que abandone la pirotecnia verbal. Algunas propuestas, como la venta del avión presidencial, muestran a un Presidente de la República sin ideas y sin brújula. La impresión que queda en la opinión pública es que, con la venta del avión presidencial, García ha querido, en realidad, hacernos el avión. De la reforma del Estado que propondrá el gobierno aprista, sabemos poco. La derecha viene, como siempre, exigiendo un estado chico, barato y abstencionista. Los de abajo quieren, en cambio, un Estado que los reconozca y los incluya como Estado-nación, que los integre a la vida económica y social del país, que funcione con eficacia, eficiencia y transparencia como administración pública y que ofrezca a todos los peruanos garantías e igualdad jurídica como sistema legal.

Sin recursos, sin reforma tributaria, poco se puede hacer en el campo social. ¿Cómo se puede luchar contra la pobreza si se mantienen los convenios de estabilidad tributaria y las exoneraciones impositivas y si la presión tributaria en el Perú no llega al promedio de América Latina? El gobierno aprista ha renunciado a una de las prerrogativas centrales que tiene todo poder político legítimo: el derecho a la extracción de recursos de la población sobre la que tiene jurisdicción. Se ha limitado a pasar el sombrero entre las grandes empresas mineras, de las que ha obtenido la promesa de entregar S/. 2, 500 millones de soles en cinco años, el monto que el gobierno de Fujimori gastaba cada año en agresivas políticas sociales clientelistas desde 1993 en adelante.

El programa necesario de gobierno ha sido reemplazado por la política de los shocks, esto es, por la improvisación y las ocurrencias del momento. El presidente habla del shock de inversiones (públicas y privadas), del shock descentralizador, del shock de inversiones en educación, etc. Espero que de tanta política de shock, los peruanos no amanezcamos un mal día shokeados y traumatizados. La palabra shock en labios de García tiene, además, connotaciones sicoanalíticas cuyo análisis dejo en las sabias manos de mis amigos Max Hernández y Jorge Bruce.

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EL TRABAJO MIRANDO AL CAPITAL

Sinesio López Jiménez

El mundo actual del trabajo es un buen mirador para observar lo que sucede con el capitalismo en los tiempos de García. En efecto, lo que está pasando en el mundo del trabajo dice mucho del capitalismo que tenemos delante en términos del nivel de desarrollo alcanzado, de su escasa capacidad de integración social, del tipo de capitalismo, de las estrategias utilizadas para ahorrar costos laborales y para neutralizar la acción colectiva de los trabajadores, de las expectativas y frustraciones que genera. Pese a que la encuesta de la PUCP no es nacional sino limeña, ella alcanza a revelar algunas características básicas del capitalismo en el Perú en general y en Lima en particular.

Generalmente existe una relación directa entre el nivel de desarrollo y el tamaño del trabajo asalariado: A más desarrollo, más porcentaje del trabajo asalariado y a menos desarrollo, menos trabajo asalariado. Los países desarrollados, a diferencia de los que no lo son, tienen un mayor número de trabajadores asalariados tanto en el campo productivo como en el campo no productivo. Lo que ha pasado en el capitalismo avanzado es que el trabajo no productivo asalariado ha crecido más que el productivo. El tamaño del trabajo asalariado limeño (14% en el sector privado y 5% en el estado, según la última encuesta de la PUCP) es un buen indicador del bajo nivel de desarrollo alcanzado por el capitalismo en el Perú.

El 38% de trabajadores independientes, que debe estar subestimado y escondido en los rubros de ama de casa y de estudiante, revela la poca capacidad de integración social de la economía de mercado y muestra más bien sus características de exclusión económica. Es probable que estemos frente a un capitalismo que es intensivo en capital y muy ahorrador de mano de obra. Esto se expresa en la mayor velocidad del crecimiento del PBI y el débil crecimiento del empleo. En los últimos 5 años el país ha crecido 20% y Lima, 22.1% (Efraín Gonzales de Olarte dixit), pero el empleo no ha crecido en la misma magnitud y con la misma velocidad y, obviamente, tampoco han crecido los sueldos y salarios. Y eso que estamos mostrando lo mejor de la vitrina: Lima. Pero ¿qué pasa con el empleo en regiones que decrecieron en el mismo período -12.6% como Ayacucho?.

El hecho que sólo el 12% de los trabajadores sean considerados estables en planillas, que el 72% de los limeños no tenga seguro, que el 75% no tenga derecho a la jubilación, que sólo el 17% tenga CTS, que el 68% no tenga derecho a vacaciones, que el 74% no tenga derecho a gratificaciones revela que no sólo estamos frente a un capitalismo deficitario sino, sobre todo, salvaje que no le interesan los derechos de los trabajadores y que más bien ha restaurado las épocas ya superadas del capitalismo sin derechos y sin democracia. No es casual, por eso, que una de las reivindicaciones centrales de los trabajadores mineros en estos días sea la eliminación de los llamados services y de la condición de los trabajadores de servicios no personales que reinstalan la servidumbre en el corazón mismo del capitalismo y del estado. En realidad, lo que los mineros están planteando es pasar de un capitalismo salvaje a un capitalismo democrático. No es casual tampoco que, frente a la precariedad actual del empleo, la demanda más sentida de la gente sea la estabilidad en el empleo, sobre todo en los sectores populares y pobres de Lima Metropolitana. A diferencia de lo machaconamente dicen los voceros del gobierno y la prensa conservadora, el 71 % de los limeños, independientemente del género, la edad y el estrato social, creen que los trabajadores peruanos están poco o nada protegidos. En la misma línea de reflexión, es poco alentadora la imagen que la gente tiene de los empresarios peruanos: son poco innovadores (37%), piensan poco en el país (45%), son poco honestos (64%), respetan poco los derechos de los trabajadores (55%).

El rasgo más distintivo del capitalismo actual es, sin embargo, la capacidad que ha tenido para reestructurar el mundo del trabajo y, a través de él, del trabajo asalariado y de la clase obrera. Esta ha sido fragmentada y dividida en una serie de situaciones: asalariados, servicios personales, servicios no personales, trabajadores por contrato a plazo fijo, services, etc. Lo que motiva esta fragmentación es probablemente la disminución de los costos laborales, por un lado, y el bloqueo de la acción colectiva de los trabajadores asalariados, por otro. En efecto, esta fragmentación desarticula los intereses comunes, diversifica los adversarios y los conflictos, rompe la comunicación y hace difícil, sino imposible, la construcción de plataformas comunes de acción colectiva. Todo esto se expresa en el debilitamiento –en la realidad social y política y en la conciencia de la gente- de los sindicatos como instrumentos de defensa de los derechos de los trabajadores.

Pese a que las posibilidades de encontrar trabajo ahora, en comparación con los 5 años anteriores, siguen siendo peores (39%) o iguales (34%), independientemente del género y del estrato social, y que la protección laboral tampoco ha mejorado, los limeños creen que su situación económica ha mejorado y se sienten un poco más optimistas frente al futuro: las expectativas de posible mejora dentro de 12 años han pasado de 28% en 2005 a 49% en el 2007. Estas cifras preocupan porque las frustraciones pueden ser mayores.

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EL TERCIO EXCLUYENTE

Sinesio López Jiménez

La contribución más importante de Nicolás Lynch, en su corta gestión como ministro de Educación (2001-2002), fue la introducción de una nueva concepción de la justicia y de nuevos criterios para ejercerla en el manejo de las instituciones educativas del Perú. Hasta entonces predominaba en éstas una inadecuada y obsoleta concepción de la justicia que se basaba en los criterios tradicionales de antigüedad y en el patrimonialismo cuando no en la corrupción y en la prebenda. Aunque existen actualmente resistencias en el magisterio (más que en la sociedad) sobre este cambio educativo fundamental, me parece que esta es una batalla ganada en beneficio de la educación del país. Para el caso peruano, esta fue una medida revolucionaria, aunque, desde una perspectiva comparada, ella fue sólo una adecuación a los tiempos y a las circunstancias de las sociedades modernas, una de cuyas características más importantes es que sus logros se basan en los desempeños individuales de sus integrantes, ofreciéndoles a todos, desde luego, una igualdad de oportunidades, esto es, una igualación de los puntos de partida en el juego competitivo. Este es justamente (o debiera serlo) el papel decisivo de la educación, además de la salud. Desde los tiempos de la gestión ministerial de Nicolás Lynch el mérito es el principal sino el único criterio de justicia con el que las instituciones educativas asignan beneficios y responsabilidades en el sector (educativo). La suerte del ciudadano en una sociedad moderna (o que quiere ser tal como la peruana) no depende sólo del mercado o de la decisión del gobierno sino también de las asignaciones de las instituciones relativamente autónomas. Este es el caso de las instituciones educativas en todos los niveles (sobre todo en el universitario) en las que se aplica lo que Jon Elster (sociólogo, politólogo y filósofo sueco) un criterio propio de justicia local (en oposición a la justicia nacional y global): el mérito, del mismo modo como en las empresas el criterio de justicia es el número de acciones; la necesidad, en el trasplante de órganos, etc. Michael Walter, destacado filósofo norteamericano, piensa que, en campo de la salud, el criterio de justicia debiera ser la enfermedad (o su prevención) y no el dinero como sucede en la mayoría de los países capitalistas. En el Perú, el enfermo que no tiene dinero se muere. Cada esfera de justicia (justicia local) tiene su propio criterio según la especificidad de bienes que asigna. En eso consiste la justicia y se cometen actos de injusticia cuando “se trasgreden las esferas”, esto es, se aplica el criterio de justicia de una esfera a otra, utilizando, por ejemplo, el dinero o la vinculación partidaria y no el mérito para acceder a un lugar en las instituciones educativas.

El debate actual se concentra en la forma de medir el mérito, confundiendo el criterio de justicia en el campo de las instituciones educativas con las formas de su medición. Una de las formas más comunes de medición es el concurso en el que los participantes compiten sometiéndose a reglas de juego clara, objetiva y previamente establecidas. En ese concurso pueden intervenir el quinto o el tercio superior que sólo son válidos, objetivos y justos si la educación del país está sometida a un sistema reconocido de acreditación. Este no es el caso de la educación peruana. Aquí los egresados de los dos tercios inferiores de una universidad de calidad, la PUCP por ejemplo, pueden ser mejores que los egresados en el tercio superior de otra universidad, la U. de la San Martín de Porres, por ejemplo, de la que el ministro de educación fue rector o de cualquier otro instituto de educación superior. Este hecho decisivo lo invalida como forma de medir el mérito en la educación. La situación se agrava cuando las autoridades del sector lo transforman en la forma decisiva de medición del mérito al señalar que sólo pueden presentarse al concurso aquellos que han ocupado el tercio superior. En este caso, la forma de medición del mérito se transforma en una forma de exclusión no sólo de los menos calificados sino también de algunos sectores más calificados que provienen de instituciones educativas de calidad. En esas condiciones, el tercio superior ya no sólo es una medida inadecuada del mérito si no que se transforma en una medida política que viola los derechos ciudadanos.

Otra cuestión igualmente importante es la forma como se quiere aplicar la medida del tercio superior en las regiones y a los gobiernos regionales. No se trata de la competencia legal que, como política sectorial, le corresponde al Poder Ejecutivo (Javier de Belaúnde dixit), sino de la forma autoritaria de su aplicación: sin haber dialogado con las autoridades legítimamente elegidas, la burocracia gubernamental las amenaza con la cárcel sino aplican sus medidas inconstitucionales. ¿Qué sucede en este caso con la competencia legal del Ejecutivo?. ¿Por qué persiste el gobierno aprista en aplicar a rajatabla una norma cuestionada e inconstitucional?. No se trata sólo de estulticia y autoritarismo del gobierno aprista sino de una medida políticamente perversa: El APRA busca desgastar y destruir la legitimidad de los gobiernos regionales enfrentándolos con los maestros organizados y con la población de sus respectivas regiones si aplican la medida en el primer caso o si no la aplican en el segundo.

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EL SUSTO PERMANENTE

Sinesio López Jiménez

Las élites conservadoras del Perú han vivido siempre en el susto permanente. En la colonia, ellas temían a los estallidos indígenas y a las sublevaciones sociales. En el período de la independencia, temían que los negros (que habitaban la capital) aprovecharan la ocasión para liberarse y se abstuvieron por esta razón de participar en la gesta libertadora. En el siglo XIX temían que el mundo andino invadiera y expandiera su pequeña comunidad criolla. En la primera mitad del siglo XX temían a las invasiones de las haciendas y de las ciudades criollas por los andinos, temían al APRA y a la izquierda marxista y sobre todo temían otorgar el sufragio universal. En la segunda mitad del siglo XX temían a Velazco y a todos los que se le parecieran, no como dictaduras (siempre se apoyaron en ellas), sino como gobiernos que pudieran cuestionar sus privilegios. En el siglo XXI se asustan del sufragio universal ejercido cada cinco años, se asustan de Humala y de todos los que se le puedan parecer políticamente. El miedo de las élites es consustancial a la inestabilidad social y política y a su incapacidad de construir un orden basado en la integración, en instituciones compartidas y en pactos políticos relativamente permanentes. Apelan entonces a la fuerza, al engaño, a la dictadura y a alguna institución conservadora que haga llevadero el sufrimiento terrenal de la gente. Otro mecanismo es extender el miedo, democratizarlo y hacer que todos lo compartan, a lo Maquiavelo en su arista conservadora y a lo Hobbes. Todos son unos malandrines decía el lado no republicano de Maquiavelo. Todos son violentos decía Hobbes: Homo homini lupus. Cualesquiera sean los motivos y los mecanismos, el miedo es la base de todos los Estados autoritarios.

¿Por qué asusta el sufragio universal a las élites conservadores peruanas del siglo XXI?. A los actuales conservadores peruanos les está pasando lo que a los liberales de Europa de mediados del siglo XIX. Mientras John Stuart Mill y Alexis de Tocqueville tuvieron miedo a la falsa democracia y a la dictadura de la mayoría que se desarrolla en la sociedad moderna, Carlos Marx vio en el sufragio universal un paso importante en el tránsito al socialismo. Marx creía que la dictadura de la mayoría y la dictadura del proletariado se acercaban. Liberales y marxistas del siglo XIX pensaban, sin embargo, que la democracia y el capitalismo se acompañan, aunque ambos lo hacían ciertamente desde perspectivas diferentes. El siglo XX, sin embargo, mostró cruelmente que existen capitalismos sin democracia (fascismos y nazismos) y que la democracia es difícil en las sociedades rurales. Para explicar el miedo al sufragio universal de los conservadores peruanos sugiero una hipótesis: El sufragio universal ha producido una revolución política en el campo, en los distritos, en las provincias y en las regiones predominantemente rurales o que se siente excluidas en su vida económica y social y que, por esa razón, son pobres o sienten pobres y discriminados y votan por sus propios representantes y contra los candidatos de las elites privilegiadas o vinculados a ellas. Esto es lo que se viene produciendo en la sierra y en la selva. Los principales, como llaman los campesinos a las élites y a las autoridades vinculadas al poder establecido, han sido arrinconados o han emigrado y sus representantes, en forma fragmentada y sin una organización nacional, han ocupado su lugar gracias al sufragio universal.

Y como quieren los conservadores superar sus miedos y curarse en salud frente al sufragio universal?. Su estrategia despliega políticas superficialmente integracionistas y políticas extremadamente perversas. Entre las primeras están la tímida inversión actual en infraestructura y, a partir probablemente, del 2009 o 2010, un agresivo asistencialismo en el campo y en las regiones desafectas a los candidatos conservadores con el beneplácito de toda la derecha, las organizaciones empresariales y los mismos organismos financieros internacionales que estarán dispuestas a abrir temporalmente todas las compuertas que ellos mismos han construido para impedir la distribución social hacia abajo. Entre las segundas, están la exclusión de Ollanta Humala y de todos los Ollantas, tal como lo sugiere una Fiscal probablemente digitada por el APRA o por la derecha más conservadora. Como esta táctica es inviable por incivilizada y contraproducente, otra política perversa es la búsqueda de una mayor fragmentación de la representación de las regiones pobres y excluidas, multiplicando los candidatos que pueden competir efectivamente con Ollanta. La libertad de Antauro y del mismo Fujimori puede ser supeditada a esta política. Pero la propuesta más perversa es la eliminación del sufragio universal y su reemplazo por el llamado sufragio libre. En el contexto peruano actual ésta no es una medida liberal sino excluyente y antidemocrática. Se trata de eliminar a lo que un periodista, habituado a encubrir sus limitaciones intelectuales con el insulto y la patanería, llama el electarado. En realidad, se trata de sacar de la cancha a todos los electores que no piensa como él, vocero de las cavernas políticas del país.

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LAS RAZONES DE UNA OBSESION

Sinesio López Jiménez

Los analistas estamos obligados a explicar la obsesión de control que García quiere desplegar sobre las ONGs que constituyen un componente importante de la sociedad civil. ¿Qué actividad de estos organismos privados con proyección pública preocupan tanto a García? ¿Por qué quiere echarse abajo un elemento central de control social sobre el gobierno y el Estado? Una rápida revisión a la historia de las ideas y a la historia política de la sociedad civil quizás nos ayuden a entender las obsesiones y prejuicios de García contra la sociedad civil. Desde el momento (1324) en que apareció como idea en Occidente, la sociedad civil se colocó frente al poder establecido para criticarlo y ha mantenido con frecuencia esa posición y ese rol a lo largo de la historia hasta nuestros días para bien de todos, salvo para los autoritarios de toda laya. En realidad, la sociedad civil tiene una historia intelectual y otra social y política. En la historia intelectual, la sociedad civil asumió, en un primer momento, un sentido laico pues su primer teórico, Marsilio de Padua, exigía a la todopoderosa Iglesia Católica de entonces que se dedicara exclusivamente a la salvación de las almas y dejara a la sociedad civil el papel de atender la satisfacción de las necesidades materiales a través de la producción y la distribución de los bienes. Posteriormente la sociedad civil aparece de diversas maneras y en diferentes espacios: sociedad civilizada creada y absorbida por el Estado (Hobbes), asociación fundante del Estado (Locke, Kant, Ferguson), sistema de necesidades atendidas por el mercado y la división del trabajo (Hegel), esfera autoorganizada e independiente del Estado (John Stuart Mill y Tocqueville), relaciones sociales de producción en la estructura económica (Marx), momento cultural y espacio de consenso (Gramsci), nivel institucionalizado del mundo de la vida que ejerce control sobre el sistema político (Habermas). Su historia real es más aleccionadora y deslumbrante tanto en Europa como en América Latina. En Europa germinó silenciosamente en el mundo privado, en donde la monarquía absoluta había colocado a las creencias religiosas, la moral privada, las convicciones íntimas, las ideas de los intelectuales, separado de la relación de autoridad establecida entre el soberano y los súbditos (lo público y político) como estrategia de tolerancia para poner fin a las guerras religiosas de protestantes y católicos. Asumió diversas formas en su desarrollo dentro de ese mundo privado (esfera pública, ilustración, logias, asociaciones), ensanchó ese espacio privado, cambió los linderos que el absolutismo había colocado entre lo público y lo privado, asumió un rostro público social y, como tal, desplegó una crítica radical contra el Estado Absolutista. Las fuerzas interesadas en conseguir influencia en las decisiones del poder estatal apelaron al público pensante para legitimar sus exigencias ante esa nueva tribuna. En el continente europeo la crítica pública se volvió virulenta. Los cafés y los salones de reuniones se transformaron en centros de agitación política. El comentario y la crítica constantes transformaron a las monarquías absolutas en monarquías constitucionales. Su impacto en el poder político fue, sin embargo, desigual: Más fuerte en Inglaterra, menor en Francia y mínimo en Alemania.

En las transiciones democráticas de los países comunistas de Europa Oriental y de América Latina de los 80, las sociedades civiles jugaron un papel central. Sus demandas eran múltiples como los intereses que ellas representaban, pero compartían algunas demandas comunes centrales, entre ellas el respeto a las libertades. Sus movilizaciones produjeron profundas grietas en las dictaduras que comenzaron a liberalizarse y luego a abrirse a los procesos electorales que dieron origen a los gobiernos democráticos. En el Perú, la transición democrática del 2000 no hubiera sido posible sin la crítica valiente de algunos medios de la esfera pública y sin la acción decidida e imaginativa de los ciudadanos y de la sociedad civil. Hasta Febrero de este año, Fujimori creía tener asegurada su segunda reelección anticonstitucional sin tropiezos. La transición democrática era una alternativa muy remota: ni siquiera era muy clara para algunos candidatos de la oposición. Pero a partir de marzo de ese año todo cambió. Los ciudadanos y la sociedad civil autónoma inventaron un candidato en un mes, enmendaron la plana a las fuerzas políticas de oposición que no habían logrado forjar la unidad para enfrentar al autoritarismo y reinventaron las calles y las plazas públicas dejando atrás la videopolítica y el bloqueo informativo de los canales de televisión abierta al servicio del gobierno autoritario. Con el advenimiento de los gobiernos democráticos, las sociedades civiles han jugado un papel de revigilancia, control y fiscalización de las diversas actividades de sus respectivos Estados y gobiernos. El control de la sociedad civil y el rol vigilante de la prensa independiente han frenado la tentación autoritaria y los insanos apetitos de la corrupción.

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