Sinesio López Jiménez
El gobierno de García ha mostrado hasta ahora una sorprendente habilidad para pasar piola y concentrar toda la responsabilidad de la mala situación de la educación pública en los maestros. Casi todas las políticas que despliega el gobierno tienen que ver con tareas que deben realizar los maestros para mejorar la educación pública, pero casi ninguna que apunte a las responsabilidades que debe asumir el estado para obtener los mismos resultados. La opinión pública, en cambio, es más abierta en el señalamiento de los problemas que afectan a la educación. Si bien el 28% cree también que la mala formación de los maestros es el principal problema que enfrenta la educación en el Perú, el 25% opina que la falta de presupuesto en el sector educación es uno de los problemas principales, el 21% apunta con razón a la mala voluntad de los políticos y los gobiernos para enfrentar los problemas de la educación y el 10% achaca los problemas al inadecuado y desactualizado contenido educativo de los cursos. La mayoría de los medios acompaña la visión unilateral del problema educativo que tiene el gobierno y presta poca o ninguna atención a la visión más amplia de la opinión pública.
La encuesta del Instituto de Opinión Pública (IOP) de la PUCP presenta una contradicción en la opinión de los limeños que exige alguna explicación: La mayoría coloca una nota aprobatoria a la educación, pero cree al mismo tiempo que ella no prepara a los jóvenes para conseguir buenos empleos ni contribuye a formar mejores ciudadanos. La educación ha dejado de ser una canal de movilidad social y un mecanismo de formación de ciudadanos como en otras décadas (la del 60 y la del 70 por ejemplo). En esas décadas un padre de familia podía decirle a su hijo lo siguiente: No tengo fortuna que ofrecerte, pero la mejor herencia que puedo dejarte es una buena educación. La ciudadanía política (más que la civil y la social) en el Perú y casi en toda AL del siglo XX fue un resultado de la educación más que del cambio en las reglas de juego electoral. Con el sufragio universal, la educación ha dejado de cumplir un papel importante en la emergencia de los ciudadanos, aunque puede jugar un papel decisivo en la calidad de los mismos. Pero eso exige también una educación de calidad. Quizá la aprobación de la educación por parte de la opinión pública tiene que ver más con un cierto prestigio y autoestima que ella otorga (o con el desprestigio que implica la situación de analfabetismo y la carencia de algún nivel de educación) que con su utilidad. En forma concordante con su diagnóstico, los limeños creen que las principales medidas para superar la crisis de la educación son: la capacitación de los docentes (41%), la mayor inversión en el sector educación (16%), la evaluación de los docentes (8%), el mayor interés en el tema educativo por parte del gobierno (6%) y el aumento de los sueldos de los maestros (6%). Esa perspectiva más amplia explica quizás la unanimidad en la exigencia al Estado para dedique más recursos a la educación de los más pobres así como sobre la gratuidad de la educación pública. La exigencia es muy justa si tiene en cuenta que el Perú es uno de los Estados de AL que menos gasta en la educación y si se considera que existe una muy alta correlación entre el nivel de inversión en la educación con la alta calidad de la misma. Jaime Saavedra y Pablo Suárez han mostrado (para el año 2000) que la educación pública no es gratuita puesto “que la sociedad peruana gasta, en promedio, 200 dólares por cada niño en el sistema público en la primaria, de los cuales 32% corresponde al aporte de las familias. En el caso de la secundaria, el Estado invierte 191 dólares y las familias, en promedio, 94 dólares; es decir, de un total de 285 dólares, las familias aportan 33%” (El financiamiento de la educación pública en el Perú: el rol de las familias, GRADE, Lima, 2002, p.25). Pero lo más grave es que el Estado comete inequidades en la inversión en educación: “sumando el gasto del Estado y el de las familias, un alumno en primaria en el quintil más rico del ingreso que accede a la educación publica recibe 326 dólares, 96% más que lo recibe otro en el quintil más pobre. En el caso de secundaria, un alumno del quintil más rico recibe 374 dólares, 53% más de lo que recibe otro en el quintil más pobre. Es más, existe evidencia de que esta diferencia se encuentra subestimada, ya que el gasto del Estado que llega a los quintiles más pobres es menor que el llega a los quintiles menos pobres…”. La baja inversión en la educación y la inequidad de la misma colocan al Estado en la picota. Si el gobierno de García no asume esta responsabilidad, las exigencias de calidad a los maestros, siendo justas, puede parecer una coartada.
Pese al despliegue publicitario que hace el gobierno sobre las políticas educativas, sólo un tercio de los limeños valora como positivas o muy positivas esas medidas, otro tercio las ve más bien como negativas y muy negativas. Sorprende la drástica caída de la aprobación del ministro de educación en el lapso de un año: En marzo de este año la aprobación (46%) y la desaprobación (43%) casi se empatan frente al 61% de aprobación y al 20% de desaprobación en marzo del 2007.. Sorprende también el realismo de los limeños en la gestión educativa atribuyendo la principal responsabilidad de la fiscalización de la calidad de la educación al Ministerio de Educación (61%), la demanda de participación de los padres de familia en el nombramiento de cada colegio y en la participación del director en la nominación de los profesores su plantel, pero un desacuerdo mayoritario (59%) en que los padres de familia participa en el nombramiento de profesores en cada colegio y en que los colegios pasen a manos de los municipios (56%).