Sinesio López Jiménez
El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) no es sólo un asunto técnico, sino también político. De lo que se trata no es sólo de garantizar una inversión pública de calidad (cuánto, cómo, en qué, en donde, con qué prioridades, con qué resultados), sino también de resolver el problema de quien decide y quien controla esa inversión. ¿Van a seguir teniendo el candado y la llave los tecnoburócratas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)?¿Van a sacar un duplicado para García y para los integrantes del gabinete?¿Van a tener también un duplicado los gobiernos regionales? ¿O García y su gobierno van a tener el coraje y la fuerza suficiente para quitarle el control al MEF que opera como celoso guardián de la caja fiscal para entregarla a otro organismo que piense y actúe en términos de desarrollo del país?. Me parece que este el es problema de fondo que ha emergido debido a la presión de las regiones y al fracaso del llamado shock de inversiones y su penosa transformación en un show de inversiones.
Visto desde la política, el SNIP constituye una arena política en la que se desarrollan diversos juegos de poder en distintos planos con diferentes actores, objetivos e intereses. En un primer plano- el oficial- están, por un lado, el presidente García y todo su gabinete y, por otro, el solitario Ministro Carranza del MEF. Aquí se enfrentan la urgencia política con el saber técnico. Lo que está en juego es quien decide la inversión pública y cual es la naturaleza del candado a la que ella debe someterse. Lo que García y el gabinete plantean es compartir la decisión: Que el MEF siga controlando la gran inversión con los candados actuales y que la mediana y pequeña inversión no tenga candados (o tenga candados muy permisivos) y sea decidida por el presidente y sus ministros en alianza con los gobiernos regionales. En esta pugna, el presidente y sus aliados han actuado con alevosía y ventaja: Han esperado tener primero el visto bueno del FMI sobre la marcha de la economía, le han arrebatado dos aliados más o menos seguros en el gabinete (los ministros de Vivienda y de Transportes) al titular del MEF y han roto el candado del SNIP (a través del Decreto de Urgencia 014) cuando éste había terminado de perfilar la deuda externa en el Club de París y estaba volviendo al Perú. Carranza se parapeta en el saber técnico y en la calidad de la inversión pública y recibe el apoyo de la derecha y de la mayoría de los medios que levantan el cuco del populismo y despiertan a los fantasmas del desastroso primer gobierno de García. El primer Ministro busca, por su parte, legitimar el Decreto de Urgencia y asustar al Ministro Carranza y a otros poderosos actores que están detrás de este primer plano con el desborde social que empujaría al gobierno a un populismo inevitable. En un segundo plano – el de las representaciones sociales y políticas- están, por un lado, el Ministro Carranza, pero ya no es el solitario Ministro de Economía con todas sus prerrogativas políticas sino el todopoderoso representante directo de los organismos económicos internacionales, de los inversores extranjeros y de la burguesía local y, por otro, el presidente García, representante de las clases medias y otros sectores sociales y del país mismo. Aquí chocan la economía con la política. Este escenario opaco y duro es una especie de molino satánico en donde se articulan la economía, la política y las clases sociales, asumiendo la forma de una coalición social y política que organiza el estado neoliberal y sus políticas públicas (incluido el SNIP) y que manda en el país más allá de los gobiernos y de los regímenes políticos. Lo que García está planteando en este plano es tener una cuota mayor de poder en esta coalición para decidir ahora sobre la inversión pública y después sobre otros aspectos de la política económica (la reforma tributaria, por ejemplo). Es probable que en este plano los organismos económicos internacionales, los inversionistas extranjeros y el capital local hagan sentir al presidente García el peso de su poder económico y le hagan saber hasta donde están dispuestos a ceder.
Finalmente hay un tercer plano – el social, regional y mediático – en donde se ubican, por un lado, los actores sociales y los gobiernos regionales y, por otro, el gobierno central y la mayoría de los medios. Aquí se enfrentan la presión distributiva y la urgencia social y regional con el poder político. Lo que los gobiernos regionales plantean no es sólo la transferencia de mayor cantidad de recursos financieros para el desarrollo y para atender las urgentes necesidades de sus regiones sino también una descentralización del SNIP para actuar con mayor flexibilidad y celeridad. El juego del gobierno es doble en este plano: Por un lado, utiliza a los movimientos sociales y a los gobiernos regionales para presionar a Carranza en el primer plano y a la coalición social y política dominante en el segundo plano y, por otro, negocia con ellos para hacerles concesiones y limitarlos en sus demandas y capacidades buscando preservar para García un rol importante en el manejo de los fondos liberados de las garras del MEF. Este es el plano que dinamiza los juegos de poder en los otros planos, incidiendo directamente en el primer plano e indirectamente en el segundo. Este rol dinamizador va ir creciendo a medida que la presión distributiva se incremente y los acicateados gobiernos regionales y las regiones se conviertan en epicentro de la política.