Considerando que una de las funciones principales de la política sino la más importante, es la de posibilitar una convivencia justa, factible y pacífica, comprendemos que su ejercicio no puede prescindir de la inclusión de los sectores históricamente desplazados y excluidos del espacio público deliberativo ni del diseño de una política de Estado que, a través del diálogo y la concertación, contribuya a superar las aún presentes brechas de desigualdad. Por ello, nos comprometemos a realizar un profundo examen sobre las causas estructurales que impiden un desarrollo equitativo y una justa distribución de los bienes y recursos generados en nuestro país a trasluz de un análisis atento del devenir nacional orientado por una comprensión mayor que le brinde carácter de guía.
Creyentes en la necesidad que la democracia se consolida a partir de reglas igualitarias de conducción, un Estado de derecho consolidado y la generación de acuerdos entre todas las partes, vemos con preocupación la creciente recurrencia de conflictos locales de índole regional que no pueden ser absorbidos por los canales formales previstos para su canalización comprometiendo así la solvencia y posibilidad del sistema de poderlos regular y resolver de forma pacífica. Llamamos la atención respecto a la necesidad de combatir a través del estudio, la reflexión política y las iniciativas comunes de base; las implicancias y repercusiones del recurso a la violencia, analizando sus causas de aparición y proponiendo alternativas viables ofrecidas desde las canteras de la Cultura de Paz, la Ética aplicada y la Teoría de Manejo y transformación de conflictos.
Conscientes que la sola existencia de partidos políticos no es garantía para la consolidación del régimen democrático y que la política partidaria no es el botín de sus correligionarios, comprendemos la apatía y la creciente desconfianza de la población en general respecto a la clase política llamando la conciencia del ciudadano de a pie sobre la constatación de que a menor participación y control ciudadano mayor posibilidad de que grupos y sectores de corte dictatorial-autoritario reaparezcan generando además el cáncer de la corrupción. Las posibilidades de revertir dichas condiciones requieren de un compromiso serio y honesto por parte de la ciudadanía, la clase política y la sociedad en su conjunto. Es preciso tomar conciencia de la necesidad de construir una cultura democrática comprendiendo que ella no puede sustentarse más en la improvisación o el aprovechamiento circunstancial de nuestra historia nacional más en un proyecto de acción común que sea respuesta a una visión moderna, deliberada y plausible de país, basado en los principios de pluralidad y tolerancia propios de un régimen democrático constitucional. Las instituciones de la sociedad civil y los foros públicos que dispone el Estado constituyen espacios de diálogo en los que puede forjarse la cultura cívica que necesitamos.
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