Informar sobre procesos penales en trámite no vulnera la presunción de inocencia

Esta semana, la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República aprobó el dictamen que propone incorporar la exigencia de incluir obligatoriamente una serie de nuevos datos en la hoja de vida que los candidatos deben presentar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) al momento de su postulación: sentencias firmes por delitos dolosos, incluyendo aquellos con reserva de fallo condenatorio; sentencias por incumplimiento de obligaciones familiares o alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar; e información sobre sus bienes y rentas. El dictamen también autoriza, al JNE a retirar, hasta diez días antes de las elecciones, a los candidatos que omitan consignar dicha información.

Sin embargo, por mayoría de votos, la Comisión de Constitución desestimó la propuesta de incluir la obligación de los candidatos de consignar  en sus hojas de vida si afrontan procesos penales (que aún no tienen sentencia firme), con el argumento que incluir esa información atentaría contra la presunción de inocencia. No compartimos esta decisión y consideramos que el argumento que lo sustenta es equivocado. » Leer más

Candidatos no tendrán que revelar procesos penales en trámite

Publicado en El Comercio, edición impresa, miércoles 15 de abril de 2015, p. A6.

La Comisión de Constitución del Congreso aprobó que consignen en sus hojas de vida sus bienes y rentas.

La Comisión de Constitución del Congreso acordó por mayoría que los candidatos a cargos de elección popular no estén obligados a consignar en sus hojas de vida si afrontan procesos penales. El argumento que se esgrimió fue que ello atentaría contra la presunción de inocencia.

Los candidatos solo deberán consignar si tienen sentencias firmes por incumplimiento de obligaciones familiares o alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar.

También estarán obligados a anotar en la hoja de vida –que se incorporará en la página web del Jurado Nacional de Elecciones– sus bienes y rentas.

Esta propuesta autoriza, al JNE a retirar –hasta diez días antes de las elecciones– la candidatura de los postulantes que omitan consignar las sentencias firmes, incluyendo aquellas que tengan “reserva de fallo condenatorio”.

El politólogo Fernando Tuesta Soldevilla comentó a El Comercio que con este dictamen se ha avanzado “en algo” respecto de la transparencia electoral. “Pero no es suficiente para mejorar la representación parlamentaria”, anotó.

“Si esta medida evita que entren los corruptos, mejor. Pero faltan otras acciones: eliminación del voto preferencial y financiamiento directo”, dijo.

El catedrático en Derecho Electoral Carlo Magno Salcedo precisó que el hecho de que los candidatos oculten si tienen procesos penales colisiona con el derecho de los electores a conocer realmente a las próximas autoridades.

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Mandato de posición en las listas (para la cuota de género)

Una versión más reducida aún de este breve artículo se publicó, como Punto de vista de la nota “No hay consenso para aprobar la alternancia de género” de Jorge Saldaña Ramírez, en la edición impresa de El Comercio, viernes 3 de abril de 2015, p. A4.

Fuente: El Comercio, viernes 3 de abril de 2015, p. A4

Una de las cuestiones que se pretenden abordar como parte de la reforma política es la denominada “alternancia” en las listas de candidatos. Por este mecanismo, las listas deben estar ordenadas alternando un hombre y una mujer (o una mujer y un hombre), desde la posición uno de la lista. Se trata, pues, de una medida que establece un mandato de posición en las listas de candidatos.

La propuesta de la alternancia tiene dos variantes. La primera, pretende que se aplique hasta cubrir el porcentaje de la cuota de participación electoral por género, que es del 30%. La segunda va más allá y pretende una “cuota paritaria”, con lo que las listas deberían estar integradas por la mitad de hombres y la mitad de mujeres, ordenados de forma alternada, desde el puesto uno hasta el puesto final de la lista.

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No es el voto, son los partidos (Editorial de Altavoz)

Reproduzco esta Editorial de Altavoz, publicada el 24 de marzo de 2015, en que se me cita y está en la línea de la postura que he sostenido por lo menos desde 2008, de que el voto preferencial no se debe suprimir si antes no se realiza una reforma que garantice una verdadera democracia interna en los partidos políticos.

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Eliminar el voto preferencial, sin antes hacer una reforma que garantice que los partidos realizarán elecciones internas democráticas, es un suicidio.

Por: Altavoz

Como parte de la llamada “Reforma electoral”, el Congreso se ha propuesto votar la eliminación del voto preferencial. Es decir, nuestros legisladores van a decidir si nos quitan la opción de poder elegir a candidatos particulares para que integren el Congreso. Lo que desean los defensores de la eliminación del voto preferencial es que en las elecciones sólo se pueda votar por listas parlamentarias y que no podamos marcar el número del candidato de nuestra preferencia. Por poner un ejemplo sencillo de cómo funcionaría el sistema, si Gana Perú obtuviera dos curules en las elecciones, ingresarían los candidatos número 1 y 2 de la lista, independientemente de si los ciudadanos prefieren a los números 3 y 15.

De acuerdo a los que insisten en que es urgente eliminar el voto preferencial, dar la opción a los ciudadanos de elegir a personas particulares debilita y destruye a los partidos políticos. La idea central detrás de la propuesta de eliminar el voto preferencial es que debido a que los peruanos podemos elegir a candidatos particulares, muchas veces los partidos invitan a personas populares que no necesariamente comparten sus lineamientos, por lo que cuando llegan al Congreso defienden una “agenda particular” y no son capaces de articular proyectos con sus bancadas. De eliminarse el voto preferencial, los defensores de la propuesta esperan que los partidos realicen elecciones internas y se elija a los más capaces y a los que mejor representan su programa político.

En aras de la verdad, debemos decir que los argumentos que esgrimen los defensores de la eliminación del voto preferencial no merecen despreciarse. En una democracia con partidos débiles como la peruana, el voto preferencial puede contribuir a que las agrupaciones no se consoliden. Sin embargo, hay una cuestión de suma importancia que los proponentes de esta idea no están tomando en cuenta y es que acabar con el voto preferencial sin realizar también otra reforma que asegure que hayan adecuadas elecciones internas en los partidos puede incluso empeorar la situación actual. » Leer más

El RENIEC previene la acción de los electores golondrinos

Anoche, en Radio y Tv Capital,  Carlo Magno Salcedo, asesor de la Jefatura Nacional y especialista en temas electorales, fue entrevistado sobre la forma en que RENIEC previene la acción de los electores golondrinos.

Él explicó los alcances del proyecto de ley aprobado recientemente en el Parlamento y la importancia de verificar y georreferenciar domicilios. Durante el programa, se recibieron llamadas telefónicas que elogiaban el trabajo del RENIEC.

Carlo Magno Salcedo, además, informó que nuestra institución había logrado identificar a cuatro personas fallecidas en el accidente de tránsito ocurrido en Huarmey.

(Prensa/RENIEC)

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La lucha por la Unión Civil no es cosa de maricones

Monseñor Luis Bambarén, otrora sacerdote progresista y en teoría ubicado en las antípodas del cardenal Juan Luis Cipriani, dio unas lamentables declaraciones la semana pasada al señalar que el congresista Carlos Bruce, principal promotor del proyecto de ley de la Unión Civil para las personas del mismo sexo, estaba haciendo un papelón con todo eso, apareciendo como un “maricón” en medio de todo. El sacerdote pretendió justificar sus expresiones refiriendo que el propio Bruce había reconocido que es gay, pero que gay no es una palabra peruana ya que aquí decimos “maricón”.

Con el término maricón pasa algo parecido a lo que ocurre con el término “cholo”. Hay quienes lo usan como un insulto racista (“cholo de mierda”), pero hay otros que, sin complejos, lo usamos como una expresión de afecto (“cholo lindo”, “vamos mi cholo”). Pienso que el problema de las declaraciones de Bambarén no es que haya empleado el término “maricón” para calificar a Bruce, sino el sentido peyorativo y homofóbico de su expresión. Por cierto, hay países como España en que el término “maricón”, incluso entre algunos sectores homosexuales, no tiene la carga peyorativa que el sacerdote le dio a la palabra.

Pero hay más problemas, además del agravio personal contra Bruce, en las declaraciones de Bambarén. Lo que se puede leer entre líneas de las mismas es que, según este “hombre de Dios”, quienes apoyan una causa como la de la unión civil son unos maricones, en el sentido de homosexuales, y que por serlo son dignos de agravio. Seguro, en su fuero interno, el obispo emérito de Chimbote piensa que quienes están a favor de la unión civil son unos “maricones de mierda” a los que por su condición homosexual no hay problema en insultar.

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El RENIEC plantea una reforma electoral mínima

‪El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC)‬ plantea una reforma electoral mínima con tres medidas indesligables: que las elecciones internas de los partidos políticos estén a cargo de los organismos electorales; que se haga efectivo el financiamiento público directo a los partidos, y el Estado financie las campañas electorales; y que se elimine el voto preferencial.

En Radio Existosa [entrevista realizada el lunes 8 de marzo de 2015], el asesor del RENIEC Carlo Magno Salcedo explicó los puntos principales de la reforma planteadas por la institución.

En la entrevista también se abordaron otros temas como la reforma constitucional que establece la no reelección inmediata de presidentes regionales y alcaldes, o las propuestas de que se establezca la no reelección de congresistas; así como el proyecto de la “curul vacía”.

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¿“Curul vacía” o “mueve tu curul”?

El dictamen sobre la “curul vacía” de la Comisión de Constitución y Reglamento, que ha empezado a ser discutido en el Pleno del Congreso de la República, propone retirar definitivamente del Parlamento a los congresistas sentenciados por determinados delitos (narcotráfico, terrorismo, trata de personas y lavado de activos derivado de tales ilícitos), e impedir su reemplazo por el accesitario del mismo partido, con lo cual la curul respectiva quedaría sin ser ocupada.

El propósito de la iniciativa legislativa, que forma parte del paquete de la reforma electoral que se viene discutiendo, es loable: con la referida sanción se pretende obligar a los partidos políticos a ser más rigurosos en la selección de sus candidatos al Congreso, lo cual, se supone, coadyuvará a mejorar la calidad de los parlamentarios.

Sin embargo, tal como ha sido formulada, la “curul vacía” presenta algunos inconvenientes. El más grave es que, pretendiendo sancionar al partido político que no fue riguroso en la selección de sus candidatos (privándolo de la posibilidad de reemplazar al congresista vacado por las causales señaladas con el respectivo accesitario del propio partido), en verdad se terminaría afectando a los electores y distritos electorales (regiones) que son representados por el parlamentario que ocupaba la curul, que se quedarían desprovistos de representación.

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Partidos políticos deben ser financiados por el Estado

Reproduzco la siguiente Nota de diario Exitosa, domingo 08 de marzo de 2015, p. 6, que consigna mis declaraciones. [Los textos entre corchetes son precisiones mías].

ONPE podría fiscalizar mejor uso de recursos económicos.

 Por: Jorge Weston

Hace unos días el Pleno del Parlamento promulgó la reforma constitucional que prohíbe la reelección de gobernadores regionales y alcaldes. Ahora, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Mariano Cucho, instó al Congreso a debatir la modificación de la Ley de Partidos Políticos para fortalecer la supervisión y control de las agrupaciones y el financiamiento público directo.

Sobre lo último quedan algunas preguntas por dilucidar: ¿la reforma de esta norma esclarecerá las dudas sobre los aportes en las campañas de algunos partidos? ¿Permitirá, realmente, que la ONPE cumpla su función fiscalizadora? ¿Acabará con uno de los principales problemas: la elección y la ubicación de candidatos en las listas a raíz de cuánto dinero aporten a la campaña?

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