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Implicancias legales de la confirmación de la prisión preventiva de la pareja Humala – Heredia (04/Ago/2017)

Carlo Magno Salcedo Cuadros, asociado del Estudio Ugaz Zegarra & Abogados, en entrevista realizada el 04 de agosto por Nicolás Salazar (TV Perú Noticias 7.3), analiza la situación legal de la pareja Humala – Heredia.

Ante la ratificación de la medida de prisión preventiva de la pareja Humala- Heredia, Salcedo señala que la defensa legal de los investigados tiene dos alternativas: recurrir a la casación extraordinaria o al proceso de hábeas corpus. Salcedo sostiene que “una primera posibilidad sería ir a una casación extraordinaria, que tiene que ver con una discusión doctrinaria para dilucidar si la decisión adoptada por juzgado y la sala es consistente y coherente con la doctrina penal, que es una especie de apelación de puro derecho” y lo que eventualmente analizará la Corte Suprema “es si se han presentado nuevos hechos que determinen que ha cambiado la situación y si existe peligro procesal, es decir eventos que pudieran afectar la impartición de justicia o  un potencial riesgo de fuga”.

El constitucionalista agregó que “una de las cuestiones principales en el país es que hay un abuso de la medida de la prisión preventiva. Parece que por cualquier cosa los jueces penales hacen uso de este recurso, llenando las cárceles de procesados o investigados, cuando en realidad esta figura es una medida extrema. Lo que llama la atención, en este caso y en otros, es que el Ministerio Público se demore tanto tiempo para determinar si formula denuncia o no, lo que denota es que no tienen la certeza de contar con los elementos para que las denuncias puedan tener éxito en el Poder Judicial”.

Con respecto al recurso de hábeas corpus, Salcedo indica que es un proceso constitucional que protege la libertad individual de la persona y que podría ser usado por la defensa para demostrar que este fallo judicial es arbitrario y viola la libertad constitucional de sus patrocinados, más aún cuando hay otras medidas que implementar. Además refiere que este recurso se vería en un juzgado penal, pudiendo ser apelado, en caso de ser adverso para los investigados, en una sala superior, podría acudirse al Tribunal Constitucional a través de un recurso de agravio constitucional, recordando adicionalmente que, por lo general, los procesos de amparo o hábeas corpus contra resoluciones judiciales que han sido declarados fundados, lo han sido en el Tribunal Constitucional.

Para concluir con su análisis, Salcedo señala que si la defensa de la pareja Humala – Heredia desea acudir a una instancia internacional, primero debe agotar el fuero interno: Si el abogado Pedraza desea acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos deberá agotar la vía interna, para lo cual debe recurrir al hábeas corpus.

“No se mide a todos con la misma vara”. Entrevista en TV Perú Noticias sobre el accionar de la administración de justicia ante casos de corrupción de ex Jefes de Estado (04/Ago/2017)

Carlo Magno Salcedo Cuadros (constitucionalista, analista político y docente universitario), en entrevista telefónica realizada el 04 de agosto por María de Jesús Gonzáles (TV Perú Noticias 7.3), analiza la situación judicial de la pareja Humala – Heredia y de los ex Presidentes de la República involucrados en casos de corrupción.

Acerca de la resolución que desestima el recurso de apelación presentado por la defensa de la pareja Humala-Heredia, que buscaba revertir la prisión preventiva aprobada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria en el marco de la investigación por lavado de activos, Carlo Magno Salcedo señala que la Sala de Apelaciones ha actuado en el mismo sentido del Juzgado, de acuerde a las facultades inherentes al Poder Judicial.

“Siempre es aventurado que una de las partes de un proceso se adelante a lo que el juez va a resolver, quién decide no son las partes quién decide es el juez”, afirmó Salcedo, en alusión al optimismo aparente de los abogados de Humala en horas previas a la emisión del fallo.

Salcedo resaltó que en otros casos similares que involucran a otros expresidente o políticos no se actúa con el mismo rigor. “Existe la percepción ciudadana que el expresidente Alan García siempre sale bien librado de todas las cuestiones relacionadas de la justicia”, sentenció el abogado constitucionalista. Agrego que “hay una gran negligencia de la justicia peruana”, al referirse al poco interés de la Fiscalía por investigar a otros políticos relacionados al caso Odebrecht amparándose en “formulismos”, en concreto a los supuestos aportes financieros brasileños a las campañas de Keiko Fujimori y Alan García, lo que denota “lo poco organizada que está la justicia en el Perú”.

Salcedo afirmó enérgicamente que “no se mide con la misma vara a todos” y “que hay otras personas (políticos) que tendrían que ser sometidos a similares procesos y eventualmente a similares decisiones o medidas (prisión preventiva). A igual razón, igual derecho. Si los casos son similares por qué en unos casos se actúa de un modo y en otros no”. Agregó que “la pertinencia de la medida de la prisión efectiva es algo que está dentro de la valoración de los jueces”, el problema es la percepción generalizada de que no todos son sometidos al rigor de la ley, lo que no le hace bien a la imagen de la administración de justicia en el Perú.

Señala, asimismo, que la defensa de Humala y Heredia podría ahora optar por recurrir a un hábeas corpus o a una casación, para seguir intentando que el Poder Judicial disponga su libertad. También refiere que, en general, la justicia peruana suele abusar de la prisión preventiva.

Para culminar su participación, Salcedo llamó a la reflexión: “debe llamarnos la atención como República, como país que somos, prácticamente todos los expresidente vivos están involucrados con temas con la justicia, recordemos que el exdictador Morales Bermúdez ha sido condenado por la justicia italiana a cadena perpetua por violación de derechos humanos, igual el caso del expresidente Alberto Fujimori que cumple condena por violación de derechos humanos y corrupción; el caso del expresidente Alejandro Toledo que está fugado de la justicia, ligado a casos de corrupción y lavado de activos; el caso de Ollanta Humala; el caso del expresidente Alan García, del que hay evidencias de irregularidades en su primer y su segundo gobierno; la información de candidatos como Keiko Fujimori,  involucrada en recibir dinero indebido. Existe la sensación que toda la clase política tiene rabo de paja, lo que es un indicador de la mala salud de la República”.

“El Perú es una República sin ciudadanos”. Entrevista en RBC Radio a propósito de ex presidentes condenados o investigados (18/Jul/2017)

Carlo Magno Salcedo (abogado constitucionalista asociado del Estudio Ugaz Zegarra & Abogados, analista político y docente universitario), Víctor Hugo Quijada Tacuri  (analista político y consultor en contrataciones del Estado) y Agustín Molina (ex congresista de la República), disertaron sobre la coyuntura política actual y la situación de los ex presidentes de la República, en el programa Radar Político de RBC Radio, conducido por Ángel Arévalo, del 18 de julio de 2017.

Al respecto, “el Perú es una República sin ciudadanos” señalo enfáticamente Carlo Magno Salcedo, parafraseando a Alberto Flores Galindo, al referirse a los temas de corrupción y violación de derechos humanos relacionados a los ex presidentes de la República, desde el dictador Francisco Morales Bermúdez hasta Ollanta Humala.

Salcedo sostiene que el tema de fondo es la salud de la República, en vista que todos los expresidentes vivos que tenemos están condenados o están siendo investigados por delitos de corrupción, lavado de activos o de violación de derechos humanos. Agrego que “Alan García es percibido como el Presidente más corrupto que hemos padecido en el Perú”, y que ha escapado del brazo de la justicia debido a la “consabida capacidad operativa del partido de la estrella para copar determinadas entidades del sistema de justicia para encubrirlo y que por lo tanto Alan García es el símbolo de la impunidad”. Señaló también que el problema no solo es la clase política sino también la sociedad, en vista de su tolerancia y flexibilidad frente a la corrupción, en vista que tenemos una “República sin ciudadanos, es decir ciudadanos que no solo reclamen derechos, sino que tengan virtudes cívicas y sean respetuosos de las normas”.

En ese mismo sentido, Víctor Hugo Quijada Tacuri, indicó que en el país existen dos grupos interesados a tener un país sin ciudadanos, con electores sin educación y con falta de criterio. Estos son los grandes grupos empresariales y la clase política obsoleta. Por lo que recomienda votar por el político que menos dinero invierta en una campaña proselitista, ya que existen menos probabilidades de corromperlo, por haber menos indicios de que pagará favores más adelante, como lo que sucedió con Ollanta Humala. “Impunidad, corrupción y patrimonialismo” son las variables que confluyen para fomentar la putrefacción de la clase política.

Para complementar su argumento, Salcedo agregó que es necesaria una “Refundación Republicana”, invertir en un gran proyecto educativo, que va más allá del sistema educativo formal, para formar ciudadanos y una “clase política republicana” con proyectos políticos de verdad, para la cual debemos contar con estadistas que estén a la altura de las grandes necesidades del país.

A su turno, Agustín Molina manifestó que no existen partidos sólidos, lo que ha generado toda esta situación de inestabilidad, lo que deviene en arbitrariedades, según su criterio,  como lo acontecido con la prisión preventiva para Ollanta Humala.

¿Prisión preventiva o medida mediática?

 

Por:  Francisco Pérez García

 

El último jueves, el juez Richard Concepción Carhuancho, superó su propio récord al dictar prisión preventiva contra Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, siendo así, el segundo exmandatario al cual el magistrado emite dicha medida, tras pedidos presentados por la fiscalía.

Tras cinco horas de audiencia, Concepción ordenó las pruebas presentadas por el fiscal Germán Juárez, con las cuales sustentó el pedido de cambio de situación de comparecencia restringida a prisión preventiva, tras considerar que existían riesgos de fuga y de obstrucción a la justicia por parte de la ex pareja presidencial y consideró que la mayoría de pruebas cumplía con los supuestos legales que daban pie a la medida de restricción de la libertad.

Sin embargo, la discusión que se ha generado pasa por la dimensión del dictamen emitido por el titular de la Sala Penal Nacional. ¿Es una medida adecuada?, ¿En verdad existía riesgo de fuga por parte de los investigados?, ¿Había disposición por parte de Humala para quebrar el proceso con compra de testigos?, ¿La justicia es igual para todos?, ¿Por qué Humala preso mientras que Alan García y Keiko Fujimori no son tocados por la justicia?

Estas preguntas recorrieron las redes sociales y las opiniones políticas en los medios de comunicación. Más aún cuando un caso reciente tiene a un gobernador regional libre, luego de pasar unas semanas en prisión tras una decisión del mismo juez. Otra Mirada, conversó con analistas, políticos y especialistas para tratar de tener una visión completa sobre esta decisión.

CAMINOS POLÍTICO Y JUDICIAL

Para el abogado Carlo Magno Salcedo, existe una doble vía en este proceso cuyos caminos no pueden ir por separado. “Existe una mirada política y otra jurídica”, señala en diálogo con este portal. “Los expertos han dicho, en reiterados momentos, que en el Perú se abusa de la detención preventiva”, afirma Salcedo. 

Quien sorprendió a muchos con sus comentarios, fue el abogado César Nakasaki, exdefensor del reo Alberto Fujimori. En la víspera de la emisión del dictamen comentó desde su cuenta de Twitter que “Pedidos de prisión preventiva sin fundamentos y a casi 5 meses de diferencia; sirven para argumentar falta de debido proceso”.

Incluso, una vez conocida la decisión y mientras se esperaba el traslado de Heredia y Humala a los penales donde serían derivados, Nakasaki tuiteó, mientras comentaba una entrevista al ex procurador César Azabache: “(Azabache dice) que lo más probable es que sean culpables, pero eso se ve en juicio, no en una audiencia de prisión preventiva”.

Quien coincide con esa visión, es el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan José Quispe quien comentó que, si bien la resolución ha sido bien fundamentada, existen algunos baches judiciales como por ejemplo en el punto del peligro procesal de fuga. Señala Quispe que ese punto “es muy ambiguo, total ellos no podían salir del país sin autorización del juez y no los han ubicado en un aeropuerto del país o en la frontera, y siempre acudieron a declarar cuando fueron requeridos.”

Sobre el uso de la transcripción de los audios para el proceso del caso “Madre Mía” como prueba de un peligro de entorpecimiento de la actividad probatoria, con la intención de disuadir a los testigos del caso por el cual hoy están en prisión, el abogado de IDL apunta que “pareciera que se sustenta en hechos no investigados en este proceso como es el caso de la compra de testigos en el caso “Madre Mía”. Lo que no está en el expediente, no existe”.

¿Una apelación podría ser aceptada? “Es probable que la Sala de Apelaciones revoque la decisión del juez Concepción”, apunta Quispe.

JUSTICIA ¿PARA ALGUNOS? 

Otro aspecto discutido en los últimos días, tiene que ver con la idoneidad de la medida, y si la fiscalía y el Poder Judicial actuarían con dicha celeridad con otros personajes involucrados en las delaciones de Odebrecht y Jorge Barata.

La sospecha crece cuando se da a conocer que el mismo fiscal que acaba de lograr la prisión de los Humala – Heredia, desiste de continuar con los interrogatorios a Barata quien, según el mismo Odebrecht, era el que ejecutaba la entrega de pagos a otros candidatos como Keiko Fujimori o negociaba con el personaje de iniciales “AG”.

Para Víctor Huarancca, dirigente del Frente Dignidad Callao, colectivo que denunció en reiteradas oportunidades la corrupción en el primer puerto promovida por “Chimpún Callao”, existe un “envilecimiento de los órganos de justicia y este tiene nombre y apellido “Alan-fujimontesinismo””. Para Huarancca ambas fuerzas políticas “han copado la fiscalía, el poder judicial y el Consejo Nacional de la Magistratura, para su propio beneficio”.

Recuerda el dirigente chalaco que esta misma justicia es la que ha liberado a Félix Moreno, gobernador regional implicado en denuncias relacionadas al caso Lava Jato.

Sobre esto, Salcedo Cuadros también manifiesta que “Todos los involucrados en hechos de corrupción, deberían ser investigados u juzgados con la misma severidad, pero hay algunos respecto de los que se actúa con sospechosa desidia”.

Para el excongresista y exmilitante del Partido Nacionalista, Sergio Tejada “La prisión preventiva a Ollanta y Nadine me parece desproporcionada y muestra una justicia que se ensaña con dos de varios políticos investigados”.

Tejada Galindo recuerda que “Keiko Fujimori también tiene un proceso por lavado de activos, no acude a citaciones y según declaraciones de Odebrecht habría recibido aportes de campaña. Pero increíblemente en este caso el fiscal dice que hay que tomar las declaraciones “con reservas””.

Visto así, queda mucho por revisar y esperar los próximos resultados de este proceso que se presentaba como el caso del “fin del mundo”, pero que pareciera estar afectando solo a algunos.

La No Investidura del Gabinete Ministerial

Fuente: Diario 16

El artículo 130° de la Constitución Política del Perú regula lo que en la doctrina constitucional se denomina investidura (del consejo de ministros o gabinete ministerial) que ocurre cada vez que el Presidente de la República nombra a un nuevo Presidente del Consejo de Ministros. Esta investidura es una de las atribuciones de la función de control político propia del Parlamento.

Según la referida norma: “Dentro de los treinta días de haber asumido sus funciones, el Presidente del Consejo [de Ministros] concurre al Congreso, en compañía de los demás ministros, para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Plantea al efecto cuestión de confianza.”

La idea detrás de esta figura, originada en el parlamentarismo, es que el Presidente del Consejo de Ministros (y el gabinete ministerial que este dirige) debe obtener un respaldo o apoyo político explícito por parte del Parlamento para poder mantenerse en el cargo y ejercer sus funciones de gobierno. Contrario sensu, si no obtiene tal respaldo, no puede mantenerse en el cargo. Es para dicho efecto (obtener o no el respaldo del Parlamento) que el Presidente del Consejo de Ministros plantea la cuestión de confianza.

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Expertos opinan sobre repunte de Humala

Publicado en EL COMERCIO, lunes 27 de febrero de 2012, pág. a6

ASCENDENTE APROBACIÓN

Resaltan que el mandatario envía señales positivas al inversionista.

Expertos opinan que está pendiente el trabajo por la inclusión social.

Ante la última encuesta de Ipsos Apoyo que le otorga al presidente Ollanta Humala 59% de aprobación, los analistas destacaron la contribución del nivel socioeconómico A a su popularidad.

En efecto, mientras el mes pasado Humala era aceptado por el 60% del sector A, ahora cuenta con el respaldo del 75% de este grupo. Cabe señalar que en el sector E lo apoya el 56% .

Para el analista político Carlos Reyna, la popularidad de Humala en los estratos más altos se debe a que ha tomado las decisiones que el sector A esperaba.
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Cien días de cautela presidencial

Publicado en EL COMERCIO, sábado 5 de noviembre de 2011, pág. a2

ANÁLISIS DEL PRIMER TRAMO DEL GOBIERNO DE OLLANTA HUMALA

Las fortalezas se centran en los consensos y el buen manejo económico.

Preocupan el mensaje ambiguo y el eventual desinterés frente a las críticas.

Por: Juan Aurelio Arévalo

Pese al manejo prudente de la economía y los esfuerzos por mejorar la inclusión social, en estos tres meses de gobierno Ollanta Humala mantuvo mensajes ambiguos, remeció instituciones tutelares y defendió a toda costa a sus allegados.

Saludó el rol fiscalizador de la prensa, pero puso en duda que los medios dejaran expresarse libremente al pueblo. Aplaudió la inversión extranjera, pero planteó un Estado que enfrente las multinacionales. Tanto en las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional como en la cancillería inició una purga que zamaqueó al personal de mayor trayectoria. No hizo caso a las denuncias sobre nombramientos cuestionables (Adrián Villafuerte, Ricardo Soberón, Eduardo Roy Gates, entre otros). Solo cambió a Luis Pereyra del Indeci y lo hizo por un impedimento legal.
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Un Gobierno sin “partido de gobierno”

Publicado en Revista ideele, edición 212.

Fuenta: Andina - Revista Ideele, edición web, N.° 212

Carlo Magno Salcedo

Junto con Keiko Fujimori, el “extremista” Ollanta Humala fue uno de los candidatos que más temores despertaba y resistencias generaba en la mayor parte del electorado, ya que era considerado un riesgo para la democracia y para la continuidad del crecimiento económico sustentado en el libre mercado. No obstante, paradojas de la política peruana, fue él quien se alzó con el triunfo electoral.

Para poder ganar las elecciones, entre la primera y la segunda vuelta Humala se desplazó desde el extremo izquierdo del espectro político, que a juicio de muchos era lo que amenazaba la estabilidad democrática y el crecimiento económico, hacia la centro-izquierda, espacio desde el cual, en teoría, se pueden hacer ajustes a la política económica, en aras de lograr una mayor inclusión social sin arriesgar la estabilidad económica ni amenazar la democracia política. Con tal fin, presentó un nuevo plan de gobierno y reforzó su equipo con técnicos provenientes de canteras liberales o socialdemócratas.

La nueva ubicación de Humala, sin embargo, no es por sí misma garantía suficiente para lograr la consolidación de un gobierno de centro-izquierda, inclusivo y democrático. Era y es de prever que su Gobierno se encontrará sometido a una doble presión, desde ambos lados del espectro social y político. Los sectores más a la izquierda intentarán que Humala retome su agenda radical, sobre todo cuando su Gobierno se enfrente a las crecientes demandas sociales que se han gestado en estos años, y que los anteriores gobiernos no han tenido capacidad de atender. Seguramente, no faltarán desde este lado acusaciones de “traición”, de que su Gobierno es “más de lo mismo”, de que “una vez más el pueblo ha sido engañado”; y no pocos conflictos sociales podrían generarse.
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Los desafíos vencidos y por vencer de Ollanta Humala

Publicado en la Revista Interquorum Nueva Generación – Democracia y elecciones presidenciales, N.° 11, julio 2011; antes que el nuevo gobierno asuma el mando.

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*Carlo Magno Salcedo Cuadros

La elección presidencial se definió entre los dos candidatos que generaban mayores resistencias en el electorado. En un inicio, quien tenía mayores resistencias que vencer era Ollanta Humala. Aunque Keiko Fujimori era identificada con el gobierno autoritario y corrupto de su padre, también se creía que ella garantizaba la continuidad del modelo de libre mercado ortodoxo, al que se atribuye haber generado el espectacular crecimiento económico experimentado en los últimos diez años. Por ello contó con el decidido apoyo de los grupos de poder y los principales medios de comunicación, a los que no importó que dicha candidatura implicara la reivindicación moral de uno de los regímenes políticos más criminales de la historia del Perú y uno de los más corruptos del mundo.

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Perdedores en las urnas pretenden desestabilizar

Publicado en diario LA PRIMERA, viernes 8 de julio de 2011, p. 6.

Fuente: diario 16
Rosa María Loayza
Redacción

El líder de Fuerza Social Gustavo Guerra García cree que las fuerzas políticas y empresariales que perdieron las elecciones municipales y presidenciales están “con la sangre en el ojo” e intentan desestabilizar la gobernabilidad de Lima, cosa que también replicarán con el gobierno de Ollanta Humala.

Guerra García sostuvo que los grandes perdedores quieren entorpecer la gestión municipal, distraerla con ataques múltiples orquestados por la maquinaria mediática con la que cuentan, para luego desestabilizar e impedir el éxito del gobierno de Humala, con el objeto de evitar que se logre la redistribución social que ha prometido.

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