“El Perú es una República sin ciudadanos”. Entrevista en RBC Radio a propósito de ex presidentes condenados o investigados (18/Jul/2017)

Carlo Magno Salcedo (abogado constitucionalista asociado del Estudio Ugaz Zegarra & Abogados, analista político y docente universitario), Víctor Hugo Quijada Tacuri  (analista político y consultor en contrataciones del Estado) y Agustín Molina (ex congresista de la República), disertaron sobre la coyuntura política actual y la situación de los ex presidentes de la República, en el programa Radar Político de RBC Radio, conducido por Ángel Arévalo, del 18 de julio de 2017.

Al respecto, “el Perú es una República sin ciudadanos” señalo enfáticamente Carlo Magno Salcedo, parafraseando a Alberto Flores Galindo, al referirse a los temas de corrupción y violación de derechos humanos relacionados a los ex presidentes de la República, desde el dictador Francisco Morales Bermúdez hasta Ollanta Humala.

Salcedo sostiene que el tema de fondo es la salud de la República, en vista que todos los expresidentes vivos que tenemos están condenados o están siendo investigados por delitos de corrupción, lavado de activos o de violación de derechos humanos. Agrego que “Alan García es percibido como el Presidente más corrupto que hemos padecido en el Perú”, y que ha escapado del brazo de la justicia debido a la “consabida capacidad operativa del partido de la estrella para copar determinadas entidades del sistema de justicia para encubrirlo y que por lo tanto Alan García es el símbolo de la impunidad”. Señaló también que el problema no solo es la clase política sino también la sociedad, en vista de su tolerancia y flexibilidad frente a la corrupción, en vista que tenemos una “República sin ciudadanos, es decir ciudadanos que no solo reclamen derechos, sino que tengan virtudes cívicas y sean respetuosos de las normas”.

En ese mismo sentido, Víctor Hugo Quijada Tacuri, indicó que en el país existen dos grupos interesados a tener un país sin ciudadanos, con electores sin educación y con falta de criterio. Estos son los grandes grupos empresariales y la clase política obsoleta. Por lo que recomienda votar por el político que menos dinero invierta en una campaña proselitista, ya que existen menos probabilidades de corromperlo, por haber menos indicios de que pagará favores más adelante, como lo que sucedió con Ollanta Humala. “Impunidad, corrupción y patrimonialismo” son las variables que confluyen para fomentar la putrefacción de la clase política.

Para complementar su argumento, Salcedo agregó que es necesaria una “Refundación Republicana”, invertir en un gran proyecto educativo, que va más allá del sistema educativo formal, para formar ciudadanos y una “clase política republicana” con proyectos políticos de verdad, para la cual debemos contar con estadistas que estén a la altura de las grandes necesidades del país.

A su turno, Agustín Molina manifestó que no existen partidos sólidos, lo que ha generado toda esta situación de inestabilidad, lo que deviene en arbitrariedades, según su criterio,  como lo acontecido con la prisión preventiva para Ollanta Humala.

¿Prisión preventiva o medida mediática?

 

Por:  Francisco Pérez García

 

El último jueves, el juez Richard Concepción Carhuancho, superó su propio récord al dictar prisión preventiva contra Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, siendo así, el segundo exmandatario al cual el magistrado emite dicha medida, tras pedidos presentados por la fiscalía.

Tras cinco horas de audiencia, Concepción ordenó las pruebas presentadas por el fiscal Germán Juárez, con las cuales sustentó el pedido de cambio de situación de comparecencia restringida a prisión preventiva, tras considerar que existían riesgos de fuga y de obstrucción a la justicia por parte de la ex pareja presidencial y consideró que la mayoría de pruebas cumplía con los supuestos legales que daban pie a la medida de restricción de la libertad.

Sin embargo, la discusión que se ha generado pasa por la dimensión del dictamen emitido por el titular de la Sala Penal Nacional. ¿Es una medida adecuada?, ¿En verdad existía riesgo de fuga por parte de los investigados?, ¿Había disposición por parte de Humala para quebrar el proceso con compra de testigos?, ¿La justicia es igual para todos?, ¿Por qué Humala preso mientras que Alan García y Keiko Fujimori no son tocados por la justicia?

Estas preguntas recorrieron las redes sociales y las opiniones políticas en los medios de comunicación. Más aún cuando un caso reciente tiene a un gobernador regional libre, luego de pasar unas semanas en prisión tras una decisión del mismo juez. Otra Mirada, conversó con analistas, políticos y especialistas para tratar de tener una visión completa sobre esta decisión.

CAMINOS POLÍTICO Y JUDICIAL

Para el abogado Carlo Magno Salcedo, existe una doble vía en este proceso cuyos caminos no pueden ir por separado. “Existe una mirada política y otra jurídica”, señala en diálogo con este portal. “Los expertos han dicho, en reiterados momentos, que en el Perú se abusa de la detención preventiva”, afirma Salcedo. 

Quien sorprendió a muchos con sus comentarios, fue el abogado César Nakasaki, exdefensor del reo Alberto Fujimori. En la víspera de la emisión del dictamen comentó desde su cuenta de Twitter que “Pedidos de prisión preventiva sin fundamentos y a casi 5 meses de diferencia; sirven para argumentar falta de debido proceso”.

Incluso, una vez conocida la decisión y mientras se esperaba el traslado de Heredia y Humala a los penales donde serían derivados, Nakasaki tuiteó, mientras comentaba una entrevista al ex procurador César Azabache: “(Azabache dice) que lo más probable es que sean culpables, pero eso se ve en juicio, no en una audiencia de prisión preventiva”.

Quien coincide con esa visión, es el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan José Quispe quien comentó que, si bien la resolución ha sido bien fundamentada, existen algunos baches judiciales como por ejemplo en el punto del peligro procesal de fuga. Señala Quispe que ese punto “es muy ambiguo, total ellos no podían salir del país sin autorización del juez y no los han ubicado en un aeropuerto del país o en la frontera, y siempre acudieron a declarar cuando fueron requeridos.”

Sobre el uso de la transcripción de los audios para el proceso del caso “Madre Mía” como prueba de un peligro de entorpecimiento de la actividad probatoria, con la intención de disuadir a los testigos del caso por el cual hoy están en prisión, el abogado de IDL apunta que “pareciera que se sustenta en hechos no investigados en este proceso como es el caso de la compra de testigos en el caso “Madre Mía”. Lo que no está en el expediente, no existe”.

¿Una apelación podría ser aceptada? “Es probable que la Sala de Apelaciones revoque la decisión del juez Concepción”, apunta Quispe.

JUSTICIA ¿PARA ALGUNOS? 

Otro aspecto discutido en los últimos días, tiene que ver con la idoneidad de la medida, y si la fiscalía y el Poder Judicial actuarían con dicha celeridad con otros personajes involucrados en las delaciones de Odebrecht y Jorge Barata.

La sospecha crece cuando se da a conocer que el mismo fiscal que acaba de lograr la prisión de los Humala – Heredia, desiste de continuar con los interrogatorios a Barata quien, según el mismo Odebrecht, era el que ejecutaba la entrega de pagos a otros candidatos como Keiko Fujimori o negociaba con el personaje de iniciales “AG”.

Para Víctor Huarancca, dirigente del Frente Dignidad Callao, colectivo que denunció en reiteradas oportunidades la corrupción en el primer puerto promovida por “Chimpún Callao”, existe un “envilecimiento de los órganos de justicia y este tiene nombre y apellido “Alan-fujimontesinismo””. Para Huarancca ambas fuerzas políticas “han copado la fiscalía, el poder judicial y el Consejo Nacional de la Magistratura, para su propio beneficio”.

Recuerda el dirigente chalaco que esta misma justicia es la que ha liberado a Félix Moreno, gobernador regional implicado en denuncias relacionadas al caso Lava Jato.

Sobre esto, Salcedo Cuadros también manifiesta que “Todos los involucrados en hechos de corrupción, deberían ser investigados u juzgados con la misma severidad, pero hay algunos respecto de los que se actúa con sospechosa desidia”.

Para el excongresista y exmilitante del Partido Nacionalista, Sergio Tejada “La prisión preventiva a Ollanta y Nadine me parece desproporcionada y muestra una justicia que se ensaña con dos de varios políticos investigados”.

Tejada Galindo recuerda que “Keiko Fujimori también tiene un proceso por lavado de activos, no acude a citaciones y según declaraciones de Odebrecht habría recibido aportes de campaña. Pero increíblemente en este caso el fiscal dice que hay que tomar las declaraciones “con reservas””.

Visto así, queda mucho por revisar y esperar los próximos resultados de este proceso que se presentaba como el caso del “fin del mundo”, pero que pareciera estar afectando solo a algunos.

El imposible indulto común a Fujimori

Publicado en diario Exitosa, lunes 26 de junio de 2017, p. 7.

Alberto Fujimori no puede ser indultado. Salvo que el in­dulto le sea concedido por razones humanitarias frente a un grave estado de su salud o ante la inminencia de su muerte: padecer una enfermedad terminal; padecer una enfermedad no terminal en etapa avanzada, progresiva degenerativa e incurable, o un transtorno mental cró­nico, irreversible y degenerativo, en cuyos supuestos las condiciones carcelarias puedan colocar en grave riesgo la vida, salud e integridad del prisionero.

La imposibilidad de concederle el indulto común a Fu­jimori, quien entre otros delitos fue condenado por se­cuestro agravado, se origina en una prohibición expresa establecida por la Ley N.° 26478, aprobada en 1995 por el Parlamento de mayoría fujimorista de entonces y que, por ironías del destino, fue promulgada por el propio Alberto Fujimori. Según esa ley: “Quedan excluidos del beneficio del indulto los autores del delito de secuestro agravado”. Una especie de justicia poética.

Hay “constitucionalistas” que cuestionan lo señalado, aduciendo que el indulto es una atribución presidencial prevista por la Constitución, que solo depende de la vo­luntad del presidente de la República, quien puede con­cederla por consideraciones políticas, prescindiendo de razones jurídicas, no pudiendo limitarse por normas de menor rango como las leyes. Bajo esa lógica, la excandi­data Keiko Fujimori, mediante un tuit, prácticamente le ordena al presidente que indulte a su padre: “Haga uso de su potestad de presidente. Indúltelo”.

Sin embargo, en un estado constitucional de dere­cho, en una república democrática, nadie, ni siquiera el presidente de la República, puede actuar al margen de la ley. Y en el Perú, como se ha visto, las leyes le pro­híben expresamente indultar a los condenados por se­cuestro agravado.

El presidente de la República tampoco puede inaplicar la ley que le prohíbe indultar, alegando una supuesta su­premacía de la norma constitucional sobre la legal. Solo los jueces, a través del denominado control difuso de la Constitución, pueden inaplicar las normas legales si las encuentran inconstitucionales.

Bajo el marco legal vigente, pues, Fujimori solo podría ser indultado por razones humanitarias. Pero previamen­te habría que analizar si el expresidente cumple con las condiciones para el indulto humanitario. Por la informa­ción pública que se maneja, parece que tampoco cumple esas condiciones.

¡Qué lecheras! las empresas mercantilistas

Publicado en diario Exitosa, jueves 22 de junio de 2017.

Como secuela de la cuestión de las “leches” que no son leche, se han generado diversos debates públicos que, si los seguimos y politizamos en el mejor sentido, po­drían dejarnos valiosas lecciones y efectos prácticos para beneficio de toda la sociedad.

En mi columna anterior, frente al estándar de “consu­midor razonable”, ultrainformado y consciente de las características de los bienes o servicios que adquiere –que es el “consumidor como quisiéramos que sea”, pero que no corresponde a un país con tantas caren­cias sociales, económicas y culturales, como el Perú–, enarbolamos el están­dar del “consumidor tal cual es”, que es el consu­midor que merece pro­tección constitucional y, por tanto, es el estándar que deberían utilizar las entidades de defensa de los derechos de los con­sumidores al resolver o tomar decisiones.

Como ha documen­tado Ojo-Público.com, en la última década, el Indecopi archivó o declaró infundadas la gran mayoría de denuncias contra la empresa Gloria, por publicidad engañosa y competencia desleal en las etiquetas de la “leche Pura Vida”. El Indecopi utilizó el estándar de “consumidor razonable” para desestimar esas denuncias. ¡Qué lechera!, ¡qué suertuda! resultó ser la empresa en cuestión.

Una de esas denuncias fue por el uso del mensaje publi­citario: “Sigue tomando tres vasos de Gloria al día porque así obtendrás el calcio que necesitas para crecer y ser más grande”. Para el Indecopi, sin embargo, “un consumidor razonable que conoce las propiedades de la leche no en­tendería que tres vasos de leche al día proporcionan todo el calcio que cualquier menor necesita en su alimenta­ción”. Quizá mi caso sea el de una ignorancia supina, pero jamás supuse que el contenido de ese mensaje fuera falso.

Defender al consumidor no es lo mismo que ser anti libre mercado o antiempresa. Es asumir que el mer­cado tiene fallas que deben corregirse. Por tanto, la defensa de los derechos de los consumidores, desde una postura liberal auténtica, implica luchar contra los empresarios mercantilistas y su nefasta influencia sobre las entidades del Estado. Los “mercas” son los ver­daderos favorecidos de la desregulación que proponen los ultraliberales ortodoxos, en perjuicio de millones de ciudadanos consumidores.

Todo indica que la poderosa empresa lechera mantie­ne prácticas mercantilistas que deberían ser erradica­das. Gloria no debería seguir siendo “tan lechera” cuan­do afronta denuncias ante el Indecopi.

Plantean modificar ley para reos mayores de 75 años. Entrevista en TV Perú Noticias (26/abr/2017)

En la entrevista realizada por la periodista María de Jesús Gonzales, el pasado 26 de abril, el abogado constitucionalista Carlo Magno Salcedo, asociado del Estudio Ugaz Zegarra & Abogados, respondió diversas interrogantes a propósito de la presentación del proyecto de ley que pretendía establecer la prisión domiciliaria para personas condenadas mayores de 75 años.

Previamente precisó las razones legales por las cuales el presidente de la República no podría otorgarle un indulto al ex presidente Alberto Fujimori, debido a una ley aprobada durante el gobierno de Alan García, que de manera expresa prohíbe el indulto y beneficios penitenciarios y reducción de la pena para condenados por delitos de terrorismo, narcotráfico, asesinato agravado y secuestro agravado, por dos de los cuales Fujimori fue condenado.

Precisamente, ante la imposibilidad de otorgarle un indulto es que se ha promovido como posibilidad el proyecto de ley de prisión domiciliaria, elaborado de tal manera que el ex presidente Fujimori pueda, eventualmente, acogerse a sus alcances. Sobre la prisión domiciliaria, se precisa, asimismo, que se trata de una medida alternativa al cumplimiento de una condena, que, a diferencia de un indulto, no implica reducción o redención de la pena; mucho menos el otorgamiento de libertad.

Sin embargo, Carlo Magno Salcedo pronosticaba que los más probable es que el proyecto de ley no sería aprobado en el Parlamento, toda vez que, paradójicamente, el sector del fujimorismo vinculado a Keiko Fujimorino no estaba de acuerdo con el mismo, a diferencia del sector vinculado a Kenji Fujimori, que sí podría apoyarlo. Semanas después, los hechos confirmarían el pronóstico.

 

“Prisión domiciliaria no implica la reducción de pena o perdón”

Entrevista al abogado Carlo Magno Salcedo: Diario EXPRESO, Lunes 8 de mayo del 2017.

Si es que se aprueba el proyecto de Roberto Vieira, Alberto Fujimori cumpliría, con restricciones, su pena en domicilio.

-Doctor, en estos días se viene hablando mucho de una posible liberación del expresidente Alberto Fujimori. Desde el punto de vista legal, ¿qué nos puede decir usted?

Un primer dato es que en los esfuerzos de excarcelación del expresidente Alberto Fujimori parece ser que ya estaría descartada la posibilidad de un indulto. Lo digo porque en algún momento se estuvo trabajando mucho esa posibilidad y la razón de ser de esto es que jurídicamente un indulto para el tipo de delitos que ha cometido, y por los que ha sido sentenciado el presidente Alberto Fujimori, estaría proscrito para la legislación peruana.

-¿Así lo dice la ley?

Hay una ley que de manera expresa prohíbe el indulto y beneficios penitenciarios y reducción de la pena para varios delitos como terrorismo, narcotráfico, asesinato agravado y secuestro agravado, precisamente dos de los delitos por los cuales fue sentenciado. Hay una ley expresa aprobada por el Congreso de la República, en el gobierno de Alan García, donde además votaron a favor los integrantes del fujimorismo, que impide que el presidente de la República le pueda dar un indulto a Fujimori, además del pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La vía del indulto está cerrada, desde nuestro punto de vista.

-Pero ahora se busca otra vía con un proyecto de ley presentado por el congresista Roberto Vieira…

Hay una nueva alternativa, la posibilidad de buscar un excarcelamiento con un proyecto de ley de prisión domiciliaria, presentado por el legislador Vieira. Lo que debemos tener en cuenta es que este proyecto de ley lo que propone es que los presos mayores de 75 años y con alguna enfermedad o estado de salud con pronóstico reservado puedan gozar de prisión domiciliaria, siempre que cumplan con ciertas condiciones, como que ya hayan cumplido un tercio de la condena, que acrediten el lugar de residencia y que van a ser atendidos por ciertos familiares…

-¿Condiciones que las cumpliría el expresidente?

Sí, eso le calzaría. Pero la norma, como suele ocurrir en este tipo de normas, señala exclusiones, no es para todos. Por ejemplo, si la norma se quedase en lo que yo le referí en un principio, podría acogerse a esta norma, por ejemplo, el terrorista Abimael Guzmán, porque calzaría la norma, y es por eso que la norma tiene que tener candados. Los candados que le pone la norma son tres: terrorismo, con lo cual Abimael Guzmán no podría acogerse; violación sexual y narcotráfico, no se dice más. Por ninguna de estos tres delitos ha sido condenado el expresidente Alberto Fujimori, por lo tanto es un proyecto de norma que calza con el expresidente y de aprobarse ciertamente él podría acogerse a esta norma.

-¿Se vería realmente beneficiado con esto Alberto Fujimori?

La prisión domiciliaria no es un beneficio penitenciario, no implica la reducción de la pena, no implica perdón, es simplemente una medida alternativa a la pena privativa de la libertad. Las personas que serían beneficiarias de esta prisión domiciliaria no es que se les está perdonando, conmutando la pena, reduciendo la pena, ellos siguen condenados, simplemente que ahora cumplen su pena en su domicilio, donde también quedan restringidos de la libertad. No puede salir a la calle, no queda habilitado en sus derechos políticos, no es que pueda ser candidato…

-Entonces, ¿tampoco podría, por ejemplo, dar libres declaraciones a la prensa?

Eso es algo que tendría que determinarse. En este caso el proyecto de ley no ha precisado cuál sería el régimen de esta prisión domiciliaria especial, no lo ha precisado, y por cierto es un vacío que tendría que ser cubierto, tendría que explicitarse.

Sería inconstitucional

-¿Es una ley con nombre propio?

Hay algunos que han considerado que es una ley con nombre propio, por lo tanto sería inconstitucional. Ciertamente, si uno analiza el proyecto de norma lo que tiene que hacer es contrastar con otras normas parecidas, y una parecida a esta es una ley que ya entró en vigencia, que es la de Vigilancia Electrónica Personal, comúnmente conocida como ley del grillete electrónico, que también puede considerarse alternativa a la pena privativa de libertad, en cuyo caso, para ser beneficiario de este grillete electrónico, se ha excluido diversos delitos, entre ellos los cometidos por Alberto Fujimori, como asesinato agravado, secuestro agravado, violación sexual, están excluidos…

BORIS PUÉMAPE LOSTAUNAU
(boris.puemape@expreso.com.pe)

Conversatorio sobre Derecho y Literatura (21/abr/2017)

Reseña publicada en el portal institucional de la USMP.

Facultad de Derecho de la USMP desarrolló conversatorio: “Importancia de la relación entre el Derecho y la Literatura en el mundo de hoy”

En el marco de la XV edición del Mes de las Letras y de la Cultura que se realiza en la Universidad de San Martín de Porres, la Facultad de Derecho desarrolló el conversatorio: “Importancia de la relación entre el Derecho y la Literatura en el mundo de hoy” en el auditorio Focum Culturae de la mencionada Facultad [realizado el 21 de abril de 2017].

Para abarcar a profundidad este interesante conversatorio la Dra. María Fernández Ruíz, docente del curso de Lenguaje de la Facultad de Derecho, hizo una breve diferenciación entre Derecho y Literatura, explicando que, en primer lugar, el discurso jurídico es formativo, dogmático y se fundamenta en hechos concretos, lo que no deja mayor espacio para la imaginación, se basa en conductas concretas de las personas a quienes se les atribuyen derechos y deberes. Por otro lado, el discurso literario, se ampara en la imaginación y la creatividad.

“La Literatura cultiva la ambigüedad de sus personajes. Así como ocurre en Papá Goriot, el protagonista de Balzac, puede ser un débil ante las ambiciones de sus hijas o más bien, un padre generoso y desprendido, según el punto de vista del cual se le mire”.

Asimismo, recordó que existen numerosos trabajos literarios que han utilizado nociones jurídicas. Walter Benjamin, por ejemplo, reflexiona sobre la violencia como fuente del Derecho en su ensayo titulado, Sobre los orígenes de la violencia. También lo hace Sófocles en Antígona; Dostoievski en Los hermanos Karamazov, además de Miguel de Cervantes Saavedra en Don Quijote de la Mancha, donde uno de los temas fundamentales es la justicia y la libertad; esto solo por nombrar algunos de los casos más representativos de la literatura universal.

“Sobre la base de lo señalado, es posible concluir que estudiar asuntos jurídicos a partir de casos tomados de la literatura puede fortalecer la imaginación y la creatividad para mejorar la interpretación y comprensión del Derecho y la búsqueda de la justicia. Por eso es conveniente que los estudios de Literatura y Derecho se deban incluir en los cursos de pregrado de la Facultad de Derecho para ampliar y mejorar la capacidad argumentativa y expresiva de los abogados”.

A su turno, el Dr. Carlo Magno Salcedo Cuadro, docente de Derecho Electoral de la Facultad de Derecho, explicó que la Literatura contribuye a la formación del abogado de muchas maneras, por ejemplo, puede aportar al estudiante la habilidad para escribir bien y para hablar bien.

“El abogado es un profesional del arte de convencer y por tanto de la retórica y de la narración. La Literatura le ayuda a construir mejores narraciones. Además puede contribuir a entender la cultura jurídica del medio en el que le toca actuar en el mundo jurídico”.

Por otro lado, reconoció que el lenguaje formalizado del Derecho ha alejado a los abogados de la vida y a estos les resulta particularmente difícil entrar a hacer distinciones sobre el odio, la venganza, las pasiones, el remordimiento; en otras palabras, los impulsos más antiguos de la psiquis humanas. En ese sentido, indicó que la Literatura puede entrenar a los abogados para que se acerquen a la vida, para que puedan comprender los sinsentidos y absurdos que a veces anidan en el alma.

Santa Anita, 26 de abril de 2017
Oficina de Relaciones Públicas
e Imagen Institucional
rrpp@usmp.pe

¿Policía podía detener a integrantes del Movadef por marcha?

Nota de El Comercio, versión web 02.05.2017, que consigna declaraciones mías.

El Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) manchó ayer la celebración por el Día Internacional del Trabajo. Con pancartas, con el rostro del cabecilla terrorista Abimael Guzmán, miembros de esta agrupación de fachada de Sendero Luminoso recorrieron calles del Centro de Lima.

Por esos hechos, el procurador antiterrorismo Milko Ruiz anunció que presentará una denuncia por apología al terrorismo contra los dirigentes del brazo político del grupo terrorista identificados en la manifestación.

Desde el Congreso, legisladores como Héctor Becerril (Fuerza Popular) y Mauricio Mulder (Célula Parlamentaria Aprista) no descartaron interpelar al ministro del Interior, Carlos Basombrío, por estos hechos. Ellos cuestionaron que efectivos de la Policía Nacional hayan acompañado al Movadef en su movilización sin intervenir.

Sin embargo, ¿podía la Policía detener la marcha del Movadef, en la que hicieron apología al terrorismo?

El inciso 12 del artículo 2 de la Constitución Política establece que los peruanos tienen derecho a reunirse pacíficamente en plazas y vías públicas siempre y cuando hayan anunciado su intención a la autoridad. Añade que estas pueden prohibirse “solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad públicas”.

En tanto, el inciso 2 del artículo 316 del Código Penal indica que quienes hagan apología pública al terrorismo o a personas que hayan sido condenadas por ese delito recibirán una condena no menor de seis ni mayor de doce años.

Para el constitucionalista Carlo Magno Salcedo, las manifestaciones públicas responden a una serie de derechos, como el de la libertad de expresión, y que por ello la Policía no puede evitar su realización.

En diálogo con El Comercio, el abogado del estudio Ugaz Zegarra detalló que la única restricción “al derecho a la protesta y a la movilización es violar otra ley”. En esa línea, explicó que la marcha del Movadef “por sí misma no tiene ninguna implicancia penal”, pero que “sí se podría presumir válidamente que en su transcurso podría ocurrir alguna vulneración a la ley” y que eso no depende de la Policía, sino de un fiscal de prevención del delito.

“Si la Policía está acompañando es por resguardar el orden público, no es que los esté cuidando a ellos en particular. Si se tiene conocimiento de eso, sería interesante saber si hubo la presencia de un fiscal de prevención del delito, quien tiene la competencia para evaluar si un hecho tiene implicancias de índole penal”, detalló Salcedo.

Por su parte, el penalista Luis Lamas Puccio precisó que el delito de apología al terrorismo “es materialmente imposible configurar a simple vista”. “Requiere toda una reinterpretación para ver si efectivamente se está o no cometiendo”, acotó.

Sin embargo, sí cuestionó que “a veces los policías no tienen criterio. Como es un tema que requiere desarrollo jurídico interpretativo, muchas veces no tienen la formación y se abstiene de intervenir, sobre todo en este tipo de delitos complejos”.

“Mostrar letreros con la foto de Abimael Guzmán, que es un condenado por terrorismo, sí sería una apología. […] [Los policías] pudieron haber intervenido, llevarlos a la comisaría y ponerlos a disposición de un fiscal de turno con un atestado policial por el delito de apología”, dijo a este Diario.

–Posición contraria–
El congresista Carlos Tubino (Fuerza Popular) dijo que sí hay responsabilidad de parte del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional respecto a la movilización realizada ayer por el Movadef.

En declaraciones a Canal N, Tubino dijo que la no intervención de los policías demuestra que “no están bien capacitados o instruidos y terminan haciendo algo irregular, como resguardar a personas que están en flagrante delito”.

“Eso demuestra que tenemos mucho que hacer. […] Estamos frente a un tema donde no actúan los policías porque desde arriba, desde los niveles más altos, no hay directivas claras”, cuestionó el legislador.

–La ley alemana–
Uno de los principales referentes sobre leyes para evitar la apología a la violencia sucede en Alemania, país que vivió una época de terror durante el régimen nazi encabezado por el fallecido Adolfo Hitler.

Es por ello que, en la actualidad, el Código Penal alemán prohíbe cualquier tipo de exaltación a ese régimen, a sus símbolos y a sus referentes mediante un concepto legal conocido como Volksverhetzung.

Es así que el inciso 3 del artículo 130 de dicho código señala que será castigado, con una pena privativa de la libertad de de hasta cinco años, “quien públicamente o en una reunión apruebe, niegue o minimice un hecho cometido bajo el régimen del nacionalsocialismo”.

Nuevo Perú y Partido Morado critican restricciones a partidos

Nota de El Comercio, versión web 02.05.2017, versión impresa 03.05.2017, que consigna declaraciones mías.

Miembros de ambas agrupaciones consideran que proyecto de comisión de Patricia Donayre busca anular a nuevos candidatos.

Redacción El Comercio

Los cuestionamientos en contra de las limitaciones que buscan implementar Patricia Donayre y la sub comisión de reforma electoral son especialmente fuertes por parte de agrupaciones como el Partido Morado, que busca presentar como candidato a Julio Guzmán, y de Nuevo Perú, encabezado por Verónika Mendoza.

“Evidentemente lo que buscan es que no haya posibilidad de inscripción para los actores políticos que tuvieron una posibilidad electoral en el 2016 y que pusieron nerviosos al fujimorismo, que fueron Verónika Mendoza y Julio Guzmán”, dijo la congresista Marisa Glave a El Comercio.

Según la parlamentaria del Frente Amplio, el fujimorismo y otras bancadas que respaldan la reforma electoral que encabeza Patricia Donayre buscan cerrar el espectro electoral a través de un alto número de firmas para inscribir partidos y creando una cláusula de antigüedad como requisito para participar en las elecciones (3 años de antigüedad para presidenciales y un año para regionales y municipales).

Glave, en cambio, consideró la propuesta del Poder ejecutivo como “un poco más sensata” pero de todas maneras calificó como alta la exigencia del 1% del padrón electoral, ya que termina creando una valla económica para participar en la vida política del país.

Carlo Magno Salcedo, miembro del comité político del Partido Morado, también consideró que el proyecto del Congreso busca cerrarles las puertas. “Pretenden que partidos que ahora tienen que superar una valla alta no lleguen a inscribirse, con lo que apuntan claramente a actores políticos que consideran riesgosos para sus intereses”, comentó.

“Ningún partido de lo que están actualmente inscritos tardó menos de 3 años y tuvieron requisitos mucho más bajos de firmas”, añadió.