Fuente: http://www.cnnexpansion.com/especiales/2014/12/10/hacer-negocios-entre-robo-secuestro-y-extorsion?newsvcnn2=1421759840
CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) — (NOTA DEL EDITOR: Ésta es la primera parte del reportaje publicado por la revista Expansión en su edición del 19 de diciembre de 2014. La segunda parte será publicada en este sitio el miércoles 21 de enero de 2015).
Para llegar a la oficina del empresario Adrián Alarcón, en la periferia de Chilpancingo, hay que cruzar una reja, siete puertas blindadas con doble metal y subir tres pisos por escaleras
“Aquí, en el piso de abajo, hay agentes armados hasta los dientes: no nos van a agarrar indefensos”, dice este constructor de la capital de Guerrero, una ciudad 241,000 habitantes que puede cruzarse minutos, a pesar de sus calles apretujadas.
En marzo de 2013, en pleno mediodía, de hombres armados bloqueó la entrada cementera de Alarcón para impedir el paso de concreto que estaban a punto de salir, un valor de 2 millones de pesos (mdp).
Los hombres llevaban un mensaje: “Me citaron en una casa particular”, cuenta el empresario, que dice que en Chilpancingo vende más que Cemex. “Acudí porque mi apuro eran las siete ollas: si el concreto se seca, es una pérdida total”, explica sentado al frente de un amplio escritorio empolvado.
Cuando entró en la casa, la primera sorpresa que se llevó es que conocía al extorsionador: había sido compañero de su papá en un sindicato. Y la segunda, que le dijo que era el jefe local de Los Rojos, el grupo delictivo que se disputa el estado con Guerreros Unidos.
Alarcón lo encontró leyendo la Biblia. “La leo para que Dios se compadezca de mí, por todo lo que estoy haciendo”, recuerda que le dijo.
Le exigió 900,000 pesos para dejarlo en paz y que le ayudara a localizar a unos empresarios que tenía en una lista. Alarcón respondió que no conocía a ninguno, pagó el dinero y recuperó las ollas a tiempo.
La pesadilla no terminó ahí, porque 15 días después los hombres regresaron a la oficina, le rompieron los dientes al vigilante y pidieron más dinero. Los empleados quisieron renunciar en bloque, pero Alarcón los convenció de mudarse a trabajar a una casa.
Luego, una empresa de seguridad colocó agentes armados y blindó su camioneta, su hogar y la constructora.
Los hombres armados que lo visitaron tenían el rostro descubierto. Los criminales en esta ciudad suelen esperar en las puertas de casas y comercios como si fueran viejos conocidos, cuentan varios empresarios del lugar en entrevistas por separado. Casi nadie denuncia.
Crece la violencia, no la economía
“En el momento en que levantas la voz, eres víctima de más ataques”, dice María Luisa Vargas en la oficina de su taller, en el centro de la ciudad, al lado de una estética donde un día antes secuestraron a la dueña.
Vargas es líder de 300 maquiladores en el estado y presidenta de la Comisión de Seguridad de la Confederación Patronal (Coparmex) de Chilpancingo, un grupo que surgió para tomar medidas contra la inseguridad por falta de confianza en las autoridades.
En Chilpancingo, la escalada de violencia comenzó en 2006, cuando el cártel de Los Zetas llegó a Guerrero y aparecieron las primeras cabezas de policías. En la lucha por el control del territorio, los nombres de los grupos criminales cambiaron, también los jefes. Pero las formas son las mismas: decapitados, desmembrados, desollados y calcinados por “la maña”, como la gente llama a los criminales organizados.
Guerrero es uno de los estados más violentos de México: el primero por asesinatos -32 por cada 100,000 habitantes- y organizaciones criminales -cerca de 30- y el sexto con más secuestros.
Abundan las plantaciones de marihuana y amapola, de la que se sacan el opio, la morfina y la heroína. Y allí, en Iguala de la Independencia, a 112 kilómetros de Chilpancingo, desaparecieron el 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, entregados por policías municipales al grupo Guerreros Unidos, según la PGR.
La economía del estado se resiente: en los últimos cuatro años, en promedio, fue la tercera región de México que menos creció, después de Campeche y Sinaloa.
“He pensado en irme de Guerrero, pero ¿a dónde, cómo empezar todo y rehacerlo en alguna parte? Lo único que le pido a Dios es que esto ya no pase”. Empresario de la industria del maíz y la tortilla. (Foto: Jesús Almazán / Revista Expansión).
Guerrero y siete estados más
Pero Guerrero no es el único lugar donde los empresarios sufren extorsiones y secuestros y cierran negocios por la violencia. Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa, Michoacán, Jalisco, Morelos y Estado de México viven, en mayor o menor medida, situaciones parecidas.
Las desapariciones de Iguala ocurrieron menos de dos meses después de que en Tlatlaya, Estado de México, los militares ejecutaran presuntamente a por lo menos 15 personas en la madrugada del 30 de junio, según la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Estos dos sucesos desataron un movimiento social que salió a las calles a reclamar ante la debilidad del Estado de Derecho en el país.
“No es un tema de que se haya roto (el Estado de Derecho). Estamos hablando especialmente de comunidades en donde ha habido debilidad institucional, en donde ha habido recursos precarios”, dice Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia.
Los costos directos e indirectos por la inseguridad en México son de 0.75% del PIB, calcula el INEGI. Pero tres estudios de otros organismos -el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el Institute for Economics and Peace y el Banco Interamericano de Desarrollo- estiman este porcentaje en al menos 10% del PIB. ¿Cómo se hacen negocios en medio de la violencia?
Frente común
Como Alarcón, muchos empresarios de Chilpancingo tienen historias de secuestros y extorsiones.
Un empresario, líder en la industria de la tortilla en el estado, que habla con condición de anonimato, todavía debe dinero del millón de pesos que pidieron por su rescate. Lo agarraron afuera de su negocio, lo vendaron, lo metieron a una camioneta y lo golpearon. Por la cantidad de curvas en el camino, calcula que lo llevaron a una casa en Tixtla, a 25 minutos de Chilpancingo.
“Llegó su líder y me dijo que estaba entre sicarios, que tenía que pagar un rescate o morirme. Me preguntó la cantidad de tortillerías, dónde compraba el maíz”, cuenta, sentado en un café frente a una plaza. Lo tuvieron cautivo tres días. En ningún momento le quitaron la venda de los ojos.
Habla con voz queda y mira constantemente el reflejo de la ventana, tratando de ver el movimiento de la gente en las mesas detrás de él. Desde aquella vez, dice que no ha vuelto a dormir bien y toma antidepresivos.
En esta zona de la ciudad hay varios hoteles con muy pocos turistas. Sólo se llenan cuando hay congresos organizados por dependencias de gobierno.
Desde la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, más de 500 negocios permanecen cerrados en Chilpancingo y han tenido pérdidas por 300 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Coparmex.
Sólo algunos bares abren hasta tarde, aunque lucen con las mesas vacías. Tienen la música siempre alta. Un hotelero dice que sabe que el ruido molesta a sus inquilinos, pero que no denuncia por miedo.
“En Chilpancingo no hay ley”, dice Jaime Nava, un publicista de 40 años que preside la Coparmex en Chilpancingo desde hace año y medio.
Cuando Nava llegó al cargo, su teléfono comenzó a sonar “como si fuera la PGR”, dice. Decidió organizar a todos para “autocuidarse”. Así, líderes del transporte, del maíz, de la maquila, policías comunitarias y una barra de abogados formaron un frente común.
Tienen grupos de WhatsApp y cambian a menudo de número celular. Si eres un desconocido, primero piden que te comuniques a través del chat, y ya decidirán si contestan. Van poco a sus negocios, y en diferentes horarios.
Derecho de piso
“Hemos tenido un día con 10 asaltos a negocios en el centro de Chilpancingo. ¡Diez asaltos! Hemos llegado a tener hasta cinco empresarios por semana secuestrados”, dice Nava.
Varios de estos empresarios consiguieron desde 2013 medidas cautelares de la CNDH. De esa manera, pueden andar con escoltas. “Hemos tomado lo que nos queda de valentía, hemos juntado nuestros miedos”, dice el constructor Alarcón. “Pero si fueran insuficientes, pues aquí en el negocio hay gente armada”.
El cobro de derecho de piso a cambio de la vida ocurre todos los días. Apolinar Segueda, líder de la Unión de Taxistas Democráticos, afirma que a los dueños de taxis les arrebatan 5,000 pesos al mes. A los tortilleros, 3,000 pesos, según un empresario del ramo. A los polleros, 2 pesos por cada pollo, dice Nava.
Y los bares tienen que pagar 3,500 pesos por semana, cuenta Pioquinto Damián Huato, ocho veces líder de la Cámara de Comercio (Canaco) local. Este empresario sufrió un atentado el 28 de enero de 2014: más de 120 balazos a la camioneta donde viajaba con su esposa, su hijo, su nuera -que murió en el acto- y otros tres acompañantes.
Vive recluido desde entonces en su edificio de cinco pisos, frente al zócalo, con puertas blindadas y vigilancia las 24 horas. Dice que hace siete meses que no sale de su casa.
“En agosto de 2013, empecé a denunciar que algunos policías municipales están ligados al cártel de Los Rojos”, explica, como causa del atentado.
Nava, Huato, Alarcón, Vargas y Segueda denuncian además que el alcalde Mario Moreno dio este año permiso para que circularan 200 taxis más en las estrechas calles de la ciudad, cuando ya había 524 licencias.
El transporte está “narcotizado -acusa Segueda-, está controlado por la mafia”. En la calle principal de Chilpancingo, circulan unos cuatro taxis por cada auto particular.
Expansión pidió entrevista con el alcalde de Chilpancingo y con el gobernador estatal, Rogelio Ortega -sustituto de Ángel Aguirre, que dejó el cargo después de los sucesos de Iguala-, pero no recibió respuesta al cierre de la edición correspondiente al 19 de diciembre de 2014.
En el exilio
Hay empresarios que optaron por marcharse. “Sé que se han ido del municipio unos 103”, dice Huato.
Entre ellos está un hotelero al que, el año pasado, tres hombres intentaron secuestrar afuera de su casa. Pudo someterlos gracias a que sabe kung-fu. Aún mantiene sus negocios. “Pero ya no se para aquí, se fue lejos y nadie sabe dónde está”, dice Huato.
Otro caso es el de Luis Castillo, un empresario editorial que cuenta su historia por teléfono, desde otro lugar del país. A su hijo lo secuestraron el 8 de febrero de 2014, a una cuadra del ayuntamiento.
Quiere regresar, pero el cierre de la edición, el gobierno estatal no le había aprobado las medidas cautelares para entrar con seguridad. “Estamos viviendo un exilio involuntario”, dice.
Al recorrer las calles de Chilpancingo y charlar con los comerciantes y empresarios, parece que sólo hay tres clases de negocios en auge: las empresas de seguridad privada, las funerarias y los prestamistas.
El nivel de pobreza del estado, los cobros de piso, los secuestros y las extorsiones generan mayor demanda de las casas de empeño y de los negocios de compra y venta de oro, que proliferan en las esquinas como si fueran Oxxos. (La segunda parte de este reportaje de Expansión, disponible a partir del miércoles 21 de enero de 2015).
Con información de Dalia Martínez (Michoacán), Javier Estrada (Tamaulipas), Lourdes Flores (Nuevo León), Isabella González (Veracruz) y Jessica Bigio (Morelos).
