Sinesio López Jiménez

La revolución cubana surgió dentro de un contexto político latinoamericano (post 1930) en el que todas las fuerzas progresistas reclamaban una revolución para acabar con la dominación imperialista y con la exclusión oligárquica. En el Perú la izquierda marxista y el Apra de los años 30 postulaban una revolución política y social. Acción Popular, la Democracia Cristiana y el Social-progresismo reclamaban una revolución anti-oligárquica en los 50 y los 60. Incluso los militares calificaron a los cambios que realizaron en los 70 como una revolución.

Lo que quiero decir es que el postulado de una revolución era una demanda mayoritaria entre el 30 y los 70 en el Perú y en AL. Es cierto que cada fuerza entendía la revolución a su modo, pero todas las fuerzas progresivas coincidían en demandar un cambio revolucionario y lo hacían a través de un discurso radical. Es cierto también que a medida que accedían al gobierno moderaban su discurso y sus políticas. Eso sucedió con el Apra desde 1956 y con AP después de 1963.

Los que rechazaban una revolución eran las minoritarias fuerzas conservadoras y las oligarquías que defendían sus intereses y sus privilegios a través de dictaduras militares. Hasta 1978 América Latina tenía sólo tres democracias y los otros diecisiete países tenían regímenes abiertamente autoritarios. De estos, uno (Cuba) era una dictadura socialista, otro (Perú) era una dictadura anti-oligárquica y quince eran dictaduras conservadoras, defensoras de statu-quo.

La situación cambió profundamente entre 1978 y 1995. AL que había sido siempre predominantemente autoritaria fue testigo de la virtual desaparición de regímenes abiertamente autoritarios, salvo Cuba y Haití. Además, la ola democratizadora de los 80 es la más larga si se la compara con las anteriores de AL. Esta transformación es uno de los cambios más profundos en la historia política latinoamericana (Mainwaring, Scott y Aníbal Pérez Liñan, 2013, Democracies and Dictatorships in Latin America. Emergence, Survival and Fall, Cambrigde University Press).

La izquierda latinoamericana no fue ajena a este amplio proceso democratizador de los 80 y vivió un periodo de transición confusa de la revolución a la democracia y, por eso mismo, fue tironeada por esos grandes ideales. Fidel, el político más importante de AL, encarnaba la revolución anti-imperialista y anti-oligárquica que encandiló a las juventudes latinoamericanas de los 60 y que desató apoyos entusiastas y resistencias extraordinarias en el mundo de la guerra fría. El pueblo cubano lo amó y lo ama porque lo sacó de la indignidad, de la miseria y del atraso.

Cuando cayó el muro de Berlín se abrieron varios caminos que recorrieron los países comunistas: el de glásnost y perestroika de la URRS que fracasó, el de perestroika con dictadura de China que ha tenido cierto éxito, y el del inmovilismo de los países comunistas de Europa que colapsó estrepitosamente. Cuba apostó por este último con la peculiaridad de que se mantiene en pie. Creo que Fidel pudo haber impulsado una transición de modernización con democracia. Pienso que la izquierda tiene que recoger las grandes contribuciones sociales de la revolución y avanzar hacia la democracia de todos los ciudadanos.

                                               Sinesio López Jiménez

Están en desacuerdo, pero no se atreven a cuestionar directamente la ley universitaria que, salvo contadas excepciones, viene funcionando más o menos bien. Sólo apuntan a echarse abajo a la SUNEDU para reemplazarla por la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), la vieja articuladora de varias mafias que manejaron el podrido sistema universitario por décadas. Alegan que la SUNEDU viola la autonomía universitaria como si la ANR hubiera sido su celosa guardiana al ponerla en manos de los intereses privados de las mafias. La ley universitaria es buena y hay que hacerle sólo algunos ajustes.

¿Quiénes quieren volver a la ANR?. En primer lugar, los dueños de universidades privadas de pésima calidad que son la mayoría del sistema universitario, que no quieren ningún control que garantice su calidad académica y que sólo están interesadas en lucrar. En segundo lugar, algunas mafias agazapadas en las universidades nacionales que pretenden volver al control de las mismas. En tercer lugar, algunas autoridades eternas de universidades asociativas que ganan altísimos sueldos y que pretenden transformar las sociedades civiles sin fines de lucro en lucrativas empresas privadas, lo que constituiría un robo descarado.

Esta suma de intereses mafiosos se expresa en el proyecto del congresista Velásquez Quesquén que busca cambiar la ley universitaria y que ha recibido, al parecer, el respaldo del fujimorismo. La maniobra pasa por interpelar al Ministro de Educación Jaime Saavedra, impulsor de la actual reforma universitaria junto con el ex-congresista Daniel Mora, censurarlo y obligarlo a renunciar.   Esta es la madre del cordero. Las acusaciones de corrupción en el Ministerio de Educación (el mal manejo de fondos de los Juegos Panamericanos, la compra de computadoras, etc) son triquiñuelas para justificar la interpelación del Ministro Saavedra.

Jaime Saavedra es un excelente economista (egresado de la PUCP y Phd por la Universidad de Columbia) que sabe, como pocos, lo que hay que hacer con la educación en el Perú porque ha investigado sus problemas y desafíos y ha escrito muchos artículos académicos sobre el tema. Es un funcionario honesto que quiere hacer las cosas bien y con transparencia. Si se presume la existencia de corrupción, que se investigue y que sancione a los responsables, pero que no se manche la honra de un buen ministro como Jaime Saavedra.

Lo más irritante de todo esto es que los Catones de afiche son los congresistas partidarios y defensores de los gobiernos más corruptos de la historia (Fujimori y García). ¿Con qué cara, con qué derecho, con qué moral estos partidarios de gobiernos y líderes corruptos se erigen hoy en defensores de la moral pública?. ¿Es necesario recordarles cuántos funcionarios de sus gobiernos están presos por corrupción?. ¿Desconocen acaso a los corruptos que han salido del país huyendo de la justicia? ¿No saben acaso que sus líderes han sido blindado por fiscales y jueces corruptos?.

Si se produce la interpelación y si PPK defiende a su ministro Saavedra con energía, la polarización entre el gobierno y el fujimorismo se pondrá al rojo vivo. Una causa justa bien vale una buena batalla.

                                               Sinesio López Jiménez

Las renuncias y expulsiones que vienen sucediendo en los agrupamientos políticos de diverso signo es un síntoma del malestar que las habita. Tanto en los viejos partidos (Apra, Patria Roja) que sobreviven aún, pero muy disminuidos, como en las agrupaciones partidarias nuevas (Tierra y Libertad-Frente Amplio, PPK, Fuerza Popular) con mayor gravitación electoral se producen contradicciones y tensiones internas que culminan en renuncias y expulsiones.

Las contradicciones y tensiones son de diverso tipo: ideológicas, programáticas, de liderazgo, organizativas. Con frecuencia muchas disputas de liderazgo se disfrazan con un ropaje ideológico y programático. Hay que reconocer, sin embargo, que aún existe un debate ideológico real, en particular en Patria Roja y en el Apra. Sospecho que Patria Roja, como partido comunista ortodoxo, no termina de digerir lo que significa, en términos ideológicos, políticos y programáticos, la caída del muro de Berlín y el triunfo del neoliberalismo en el mundo.

El Apra está viviendo algo parecido. Algunos dirigentes y sus seguidores se niegan a asimilar y digerir el neoliberalismo que les impuso García y su estado mayor. Ellos quieren volver a la tradición socialdemócrata que inspiró al Apra en las primeras décadas. El debate programático será siempre un tema abierto, particularmente en el campo de la izquierda. Un tema central es el programa económico. ¿Cuál es el programa económico de la izquierda para el mediano y largo plazo?. En el corto plazo ha izquierda se mueve en el plano reivindicativo y distributivo tanto en Europa como en AL.

La crisis del 2008-2009 y la desaceleración económica después del 2013 han puesto en cuestión el neoliberalismo como programa económico. Estas crisis revelaron que el “milagro” económico en el Perú y AL no provenía del neoliberalismo sino del boom exportador. La crisis actual de los agrupamientos políticos no es tan apasionada, ni ideologizada ni destructiva como en el pasado. Las renuncias a Tierra y Libertad y la búsqueda de inscripción del nuevo partido Por un Perú Nuevo se producen para fortalecer el Frente Amplio sin afectar la unidad del bloque parlamentario de la izquierda.

Es posible que la crisis partidaria actual genere un proceso de renovación política de los partidos en el campo de los programas, de los liderazgos y de la organización. Si supera su origen dinástico y las disputas de sucesión dinástica y se organiza como un partido moderno, FP puede constituir un sólido partido popular de derecha. Si Por un Perú Nuevo logra su inscripción, construye un enraizamiento popular sólido y fortalece el FA, este podría convertirse en un poderoso partido de izquierda en el Perú. No se puede descartar la existencia de un partido ultraizquierdista formado a partir de los remanentes de Sendero Luminoso. El centro está abierto a agrupamientos políticos renovados o a nuevos agrupamientos que emergen generalmente en épocas electorales.

La crisis “partidaria” actual puede contribuir a superar la fragmentación política, los problemas de representación y a dar origen a un nuevo sistema de partidos con nuevos formatos organizativos y con nuevos anclajes en la vida social.

                                   Sinesio López Jiménez

Hay varios mitos sobre los conflictos sociales. El más frecuente es que ellos son generados por conspiradores que quieren crear problemas a las empresas y al gobierno. Este mito supone que la gente involucrada en el conflicto no tiene intereses reales sino que es manipulada. Otro mito es que el conflicto proviene de un solo lado: el de los malos de la película. Son los antimineros dice la derecha, por ejemplo, olvidando que el conflicto nace de una relación social que anida intereses sociales en contradicción o en tensión en este caso entre la empresa minera, por un lado, y los trabajadores y el medio ambiente que la rodea, por otro.

Otro mito es que se puede acabar con los conflictos a través de la represión y la aplicación de la ley por parte del Estado. Este mito soslaya el hecho que, en este caso, se enfrentan los efectos, pero quedan intactas las causas del conflicto. Mientras las causas más irritantes permanezcan intactas, el conflicto seguirá latente, listo a estallar en el momento oportuno. Se pueden eliminar quizás las aristas más irritantes y contradictorias que suscitan mayor rechazo y protesta, pero es imposible eliminar todas causas de los conflictos. En este sentido, los conflictos son inevitables. John Stuart Mill, un gran pensador liberal del siglo XIX, decía que si no existiera el conflicto habría que inventarlo para evitar la standarización y el conformismo social.

Para enfrentar adecuadamente los conflictos no basta conocer las causas que los producen sino que es necesario imaginar y proponer las formas y las estrategias más adecuadas para resolverlos.  En el señalamiento de las causas es alentador lo que dice el Vice-presidente de la República: “Más que el polvo, el camión es la expresión del paso de la riqueza delante de sus ojos”. Y sigue: “No puede ser que un proyecto de tanta inversión conviva con vecinos que sufren de estos niveles de falta de desarrollo y de pobreza” (Caretas N.2460)

En la búsqueda de soluciones, el gobierno apela a organizar coaliciones con los gobiernos regionales y al diálogo con los actores en conflicto. Eso está bien, pero aún es una propuesta parcial y limitada. Las coaliciones y el diálogos son eficaces si van acompañadas por una política que articule una amplia coalición socio-política entre los empresarios mineros y los pobladores de las zonas mineras que permita la coexistencia de los intereses privados con la producción de bienes públicos (educación y salud pública de calidad, saneamiento, electricidad, carreteras, etc).

Ryan Saylor ha escrito un libro que va en esta dirección: State Building in Boom Times. Commodities and Coalitions in Latin America and Africa (Oxford, 2014) en el que se propone explicar la capacidad del Estado a través de una perspectiva “botton–up”, es decir, la capacidad del Estado explicada por un juego de coaliciones  de los grupos políticos y económicos.  Saylor sostiene que la capacidad del Estado consiste en la habilidad para estructurar bienes públicos e instituciones fuertes como un prerrequisito para el desarrollo económico.

                                               Sinesio López Jiménez

La elección de los representantes del Congreso al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) pone sobre el tapete un debate sobre la democracia de regla de mayoría que es el tipo de democracia que el Perú comparte con la mayoría de países del mundo. Luz Salgado ha pedido que “se respete el voto popular. Quienes respetan la democracia deben respetar el voto popular; si no, ya se hubiera desconocido a este gobierno. Basta de odio!”. Juan Sheput, vocero de PPK, ha dicho: “A mí no me gusta el resultado de las elecciones de los directores del BCRP, pero soy un político demócrata, y si vamos a continuar sin aceptar las decisiones que se toman y actuar como se está haciendo, entonces que el Congreso cierre y que la turba tome decisiones” (Perú21, 2/10/2016).

Matices más o matices menos, fujimoristas y ppkausas se ubican del mismo lado. Pero la mayoría de los medios, los colectivos de jóvenes y el FA cuestionan esa elección por razones técnicas, éticas y políticas. Mi posición crítica cuestiona la concepción misma de democracia que tienen los fujimoristas y los ppkausas (no todos quizás). Para ellos la democracia se reduce al dicho popular “la mayoría manda” y punto. Doble reduccionismo: Reducen la democracia a la regla de mayoría (desconociendo la democracia de consenso que se aplica a una docena de países de sociedades plurales o multinacionales) y reducen la democracia a la mera voluntad (o capricho) de la mayoría.

La democracia de regla de mayoría no sólo se rige por la voluntad de la mayoría sino también por el sometimiento de la voluntad mayoritaria a las leyes y a la ley de leyes que es la Constitución tanto en el acceso al gobierno como en el ejercicio del mismo (y de la mayoría parlamentaria). La regla de mayoría tiene límites. Las reglas de acceso al gobierno son de sobra conocidas aunque poco practicadas: las elecciones tienen que ser generales, libres, limpias, competitivas y periódicas. Las reglas y leyes de ejercicio del gobierno son múltiples, dependiendo del caso de que se trate. Lamentablemente en Perú y en AL estas leyes son las menos practicadas. Elegimos presidentes y parlamentos democráticos, pero nos gobiernan dictadores. Ya es hora de acabar con esta pésima tradición.

En el caso que estamos discutiendo, la Constitución prescribe que el BCRP es autónomo y el artículo 11 de su Ley Orgánica traduce esa autonomía en la exigencia de capacidades técnicas y calidad moral de sus representantes, pero ni el fujimorismo ni su apéndice aprista han respetado la Constitución ni la Ley Orgánica. Ergo su decisión no es legítima porque no es legal. Se argumenta que anteriores representantes no fueron técnicos (economistas) sino abogados y de otras profesiones. Ha sido un error y el error no puede ser un fundamento de la jurisprudencia. Manuel Moreyra es quizás una excepción. Era abogado, pero sabía economía como el que más y manejó bien el BCRP.

El riesgo que el fujimorismo aplique esta concepción errónea de la democracia de regla de mayoría sin límites a otros organismos autónomos de control (Poder Judicial, CNM, Tribunal Constitución) nos encamina hacia una dictadura de mayoría. Las protestas y movilizaciones contra esa amenaza son legítimas.

                                               Sinesio López Jiménez

La corrupción en el mundo moderno surge de la confusión deliberada de la política con los negocios. Hay gente que entra a la política para enriquecerse cuando para eso está el mundo de la economía. Parece que para los corruptos la política es la actividad más fácil para acumular riqueza.

Uno de los rasgos centrales de la modernidad es la diferenciación estructural e institucional de la vida social en esferas: la economía, la política, la sociedad, la cultura. Cada esfera tiene sus propios fines, su organización, sus instituciones, en fin su propia lógica. Esa diferenciación no impide, sin embargo, una mutua interrelación legítima entre los subsistemas. La economía moderna no funciona sino es garantizada por la seguridad jurídica que le ofrece el Estado; este, a su vez, no puede funcionar sin la tributación que proviene de la economía y sin la legitimidad que le otorga la sociedad si esta recibe del Estado los bienes y servicios públicos que la satisfacen.

La confusión de esferas surge de la constante penetración de la economía en la política. En un artículo anterior señalé que las élites políticas descuidan expresamente el desarrollo de las capacidades del Estado para proveer los bienes públicos de salud y educación con la finalidad de entregarlos a los negocios privados y, de paso, también a los corruptos. La capacidad extractiva o impositiva y las políticas públicas se prestan muchas veces a la imposición de los intereses económicos en la política por medios nada santos.

Las formas más escandalosas de penetración de los intereses económicos en la política se dan sobre todo en el acceso de los políticos al gobierno: las campañas electorales, la inscripción de los partidos en los organismos electorales, las candidaturas al Congreso, el voto preferencial.  Las actuales campañas electorales se han vuelto muy caras debido al papel que juegan en ellas los medios, especialmente la TV. Esto lleva a los políticos a la búsqueda de financiamientos indebidos (narcotráfico, cobro de comisiones, robos al fisco, injerencias externas, etc).

La inscripción electoral ya no se obtiene de la adhesión libre y voluntaria de los ciudadanos sino en el mercado. Los políticos del establisment han elevado el número de firmas para la inscripción de nuevas organizaciones políticas haciéndola más cara y construyendo un sistema político cerrado. El colapso de los partidos y la emergencia de liderazgos con entornos han convertido las candidaturas al Congreso en un mercado persa. Los recientes escándalos denunciados y acallados en la organización de PPK son moneda corriente en casi todos los partidos.

El voto preferencial permite que los candidatos que cuentan con más recursos económicos tengan mayores posibilidades de hacer campañas agresivas y ganar. Esta creciente penetración de los intereses económicos en la política no sólo genera injusticias y corrupción sino que le arrebata a la política su identidad y su sustancia: la búsqueda del interés general y del bien común.

                                               Sinesio López Jiménez

¿En qué ha cambiado el Perú en los primeros cien días del gobierno de PPK?.  Objetivamente en nada, subjetivamente en algo. Nadie esperaba grandes cambios con el triunfo de un hombre de derecha, con un entorno central pituco, con operadores políticos de dudosa procedencia y con un gabinete de cierta calidad. Lo que la mayoría de la gente esperaba es que sea un gobierno decente y eficiente. Esto ya está en duda hoy.

Para la mitad de los peruanos (que cultiva diversos grados de antifujimorismo) PPK era un alivio ante el posible triunfo de KF. Si hubiera triunfado KF tampoco se hubieran producido grandes cambios en los cien primeros días. Quizá algunas medidas populistas, pero nada espectacular. FP es un movimiento popular de derecha con un entorno en el que hay de todo: empresarios, profesionales y dirigentes acusados de lavar activos.

Debido al populismo desbocado del primer gobierno de García y al terrorismo de Sendero Luminoso, del MRTA y del Estado, el Perú se ha convertido en uno de los países más conservadores de AL en el que coexisten sectores sociales impacientes que quieren grandes cambios y que votaron en las últimas elecciones por Verónica y por Goyo. Si no se pierde en el camino, el FA puede convertirse en una alternativa que dispute con el  fujimorismo el control de los gobiernos regionales y locales en el 2018 y la Presidencia la Republica en el 2021.

En estos cien primeros días hemos visto de todo en el campo de la política. Un estilo político sencillo y nada solemne del Presidente, aceptado por la mayoría de la gente. Los sueños de un buen discurso presidencial el 28 de Julio y la dura realidad del presupuesto que hace inalcanzables esos sueños. Negociaciones y tensiones entre PPK y FP que produjeron un cierto desgaste en el fujimorismo y que terminaron dando luz verde al voto de investidura del gabinete y a la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo. Las debilidades, tensiones y desacuerdos que atraviesan a las diversas organizaciones políticas y a los distintos grupos parlamentarios cuya disciplina y unidad el fujimorismo trata de mantener mediante una discutible ley contra el transfuguismo.

En estos cien días hemos tenido los primeros conflictos sociales de envergadura: el de las etnias de la selva contra el derrame de petróleo y el minero de Bambas en Apurímac. En ellos se ha visto la fuerza de los sectores sociales que enfrentan a empresas estratégicas, los extraños convenios entre la policía y las empresas y las dificultades del gobierno para encontrar una salida política que permita una coexistencia pacífica entre las fuerzas en conflicto. El diálogo es fructífero si acompaña una política en el que todos ganan.

Lo más bochornoso de los cien primeros días es el estallido de la corrupción en la cúspide del gobierno que venía predicando transparencia y honestidad en el manejo de la cosa pública. La respuesta del gobierno ha sido la dación de un decreto-ley que establece la muerte civil de los corruptos. Se espera que esta alcance también a los corruptores porque, como lo ha recordado El Comercio, la corrupción es un baile entre dos. El escándalo, desde luego, ha producido los primeros estragos en la aprobación ciudadana del Presidente.

                                               Sinesio López Jiménez

El caso Moreno es como un poliedro que presenta muchas aristas desde las cuales puede ser analizado: el poco cuidado de los presidentes en la selección de sus asesores, la falta  (o falla ) de filtros institucionales para detectar a los corruptos en las altas esferas del poder, la dificultad de las candidaturas y de sus entornos partidarios para impedir la infiltración de personajes cuestionados y cuestionables, la permisividad de algunos ministros que se hacen de la vista gorda con ciertos asesores, las tercerizaciones y las alianzas público-privadas (APP) que abren las puertas a la corrupción, los negocios privados con los bienes públicos, las pocas capacidades del Estado para atender bien la provisión de bienes públicos como la educación y la salud, etc.

Me interesa centrarme en el análisis de las pocas capacidades del Estado para desempeñar bien las funciones que tiene, particularmente en los campos de la salud y la educación, lo que permite y legitima la presencia de los negocios privados en el manejo de los bienes públicos. Salvo contadas excepciones, a nuestras élites políticas les ha interesado poco o nada construir un Estado con las capacidades necesarias para atender adecuadamente las demandas de una educación pública y de una salud pública de calidad. A muchas de ellas les ha interesado más bien mantener perversamente la mala calidad de la educación y la salud para justificar el negocio privado de esos bienes públicos.

Un indicador de la poca importancia que las élites políticas le dan a la educación y a la salud es la baja asignación de recursos fiscales para atenderlas. García, por ejemplo, bajó la asignación de 3.2% del PBI a 2.8% en su segundo gobierno. El Ministro Saavedra ha elevado esa asignación a 3.4% que sigue siendo baja si se la compara con la demandada por el Acuerdo Nacional: 6% del PBI. Si la asignación presupuestal es baja y la demanda de educación pública de calidad es creciente entonces se crea un escenario propicio para que florezcan los negocios privados de la educación. Lo mismo pasa con la salud pública.

Con esos bajos recursos fiscales asignados, es difícil que los altos funcionarios de la salud y de la educación puedan impulsar el desarrollo de capacidades infraestructurales, organizaciones, institucionales, de capacitación para mejorar la calidad de los servicios que brindan. Cuando las exigencias de la población son crecientes y sus capacidades son escasas se ven obligadas o son obligadas a tercerizar sus servicios o a hacer alianzas público-privadas. La tercerización y las APP son inevitables en algunos rubros como la infraestructura, pero en otros rubros como la prestación misma del servicio no serían necesarias si el Estado hubiera desarrollado las capacidades necesarias para atenderlos.

Para evitar la corrupción en la tercerización y en la APP es necesario que los organismos de control institucional desplieguen sus operaciones de fiscalización con el mismo celo que lo hacen con los organismos del Estado. Tienen que impedir los negociazos de los corruptos con los bienes públicos de todos los ciudadanos.

                                               Sinesio López Jiménez

El triunfo del NO en el plebiscito colombiano ha envalentonado a algunos escribas de la derecha peruana y los ha llevado a pedir lo que ni el expresidente Uribe se atreve: la renuncia del Presidente Santos. Son más papistas que el Papa. ¿Qué importancia política tiene este pedido para el gobierno colombiano y para su oposición?. Ninguna. Es probable que los políticos colombianos los miren compasivamente como loquitos que están pidiendo tonterías. ¿Saben nuestros escribas derechistas que su pedido es irrelevante para la política colombiana?. Creo que lo saben. Entonces, ¿por qué lo hacen? Mi hipótesis es que le dicen a Santos para que escuche PPK.

Según los derechistas locales, la causa principal por la que el Presidente Santos debe renunciar es el fracaso del SI y de su política de pacificación acordada con las FARC. Este fracaso implica una pérdida de legitimidad para seguir dialogando con las FARC y con la oposición política colombiana (Uribe y Pastrana). ¿Ha perdido legitimidad el Presidente Santos?, ¿ha perdido legitimidad de desempeño o legitimidad de origen?. Sin duda, Santos ha perdido legitimidad de desempeño. No es poca cosa la derrota del SI. Pero ¿esta pérdida de legitimidad de desempeño trae consigo la pérdida de legitimidad de origen?.

La legitimidad de origen se obtiene en las elecciones generales limpias y justas y el triunfo en ellas autoriza al candidato victorioso a gobernar. La legitimidad de desempeño, en cambio, se obtiene en el exitoso ejercicio del gobierno. Si este fracasa, pierde legitimidad de desempeño, pero la legitimidad de origen se mantiene en pie. ¿Por qué entonces el Presidente Santos tiene que renunciar?. El fracaso, por más desastroso que sea, es un criterio demasiado ligero y a veces subjetivo como para traerse abajo la legitimidad de origen de los gobernantes.

Sostener que un presidente de la República debe renunciar porque fracasa se debe a cualquiera de las siguientes razones: o porque se confunden los dos tipos de legitimidad, o porque se cultiva in pectore una predisposición golpista o por ambas cosas. En los regímenes democráticos peruanos las oposiciones políticas, en particular las de derecha, no han sido siempre leales a la democracia. Apenas el Presidente de La República perdía popularidad y legitimidad por desempeño, las oposiciones pedían elecciones adelantadas o exigían un mayor protagonismo del Presidente del Consejo de Ministros en desmedro del poder del Presidente y si no pedían su destitución era porque no tenían una mayoría parlamentaria que la hiciera viable.

Ahora la derecha, de tradición golpista, tiene mayoría en el Congreso. ¿Qué va a pasar si PPK fracasa y pierde legitimidad de desempeño?. ¿Le van a pedir su renuncia o le van a pedir que dé medio paso al costado para que el titular de la PCM actúe como si fuera jefe de gobierno?. Esta fórmula política ya se la quisieron aplicar al Presidente Toledo como si la forma de gobierno del Perú fuera semi-presidencialista. El golpismo actual en AL asume diversas formas y la ciudadanía y las fuerzas políticas democráticas tienen que estar vigilantes para impedirlo.

                                               Sinesio López Jiménez

La delegación de facultades legislativas del Congreso al Ejecutivo es moneda corriente en todas las democracias contemporáneas. Ella tiene que ver con la complejidad creciente de los Estados y los gobiernos que requiere un alto nivel de especialización en el manejo de los asuntos públicos del que carecen los Congresos, especialmente los de los países atrasados. El nuestro, por ejemplo, ha incrementado su representatividad gracias al sufragio universal, pero ha disminuido su calidad con las excepciones del caso, por supuesto.

La delegación legislativa hace parte de la devaluación de los Parlamentos en las democracias actuales, aunque siguen siendo un componente fundamental de las mismas. Sin ellos no hay democracia. Hay otros roles parlamentarios, como el de foro público y el de espacio casi exclusivo de formación de las élites, que también se han devaluado debido a los profundos cambios en la estructura social y cultural y en la revolución de los medios de comunicación. Las funciones parlamentarias que se mantienen vigorosas son el control y la fiscalización de los poderes del Estado, pese a que existen también otras formas de accountability: el control ciudadano (que se expresa en las elecciones) y el control de la esfera pública y de la sociedad civil (que no es vinculante).

El Ejecutivo ha despertado expectativas exageradas en la dación de las facultades legislativas que son presentadas como si fueran la varita mágica que permite hacer los cambios que la ciudadanía espera en las materias a legislar: Reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petro-Perú.  Los cambios que es necesario hacer en estas materias no dependen sólo de la ley sino también y principalmente de la voluntad política y de las habilidades de los que manejan el gobierno, de las capacidades del Estado y de los recursos disponibles.

A lo anterior hay que añadir los recortes en el tiempo y en el contenido que el fujimorismo ha impuesto a la delegación de facultades legislativas, especialmente en lo se refiere a la lucha contra la corrupción tratando de evitar que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda enviar información sobre el secreto bancario y la reserva tributaria de los candidatos a los organismo electorales. El fujimorismo se cura en salud y blinda a su ex-secretario general y a otros dirigentes y parlamentarios acusados de lavado de activos.

Las expectativas exageradas en la delegación de facultades legislativas pueden desembocar en una gran frustración de la ciudadanía si, una vez otorgadas con los recortes impuestos y culminados los plazos, el gobierno no ha realizado medidas concretas que mejoren o tiendan a mejorar la situación de la gente de a pie. Por confiar demasiado en las facultades delegadas para legislar sobre determinadas materias, el gobierno está desperdiciando los míticos 100 días de luna de miel para proponer algunos cambios de impacto que susciten el apoyo de la ciudadanía, como lo hizo el primer gobierno de Belaúnde en la década del 60. ¿O no sabe qué hacer?.