EXPECTATIVAS EXAGERADAS

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                                               Sinesio López Jiménez

La delegación de facultades legislativas del Congreso al Ejecutivo es moneda corriente en todas las democracias contemporáneas. Ella tiene que ver con la complejidad creciente de los Estados y los gobiernos que requiere un alto nivel de especialización en el manejo de los asuntos públicos del que carecen los Congresos, especialmente los de los países atrasados. El nuestro, por ejemplo, ha incrementado su representatividad gracias al sufragio universal, pero ha disminuido su calidad con las excepciones del caso, por supuesto.

La delegación legislativa hace parte de la devaluación de los Parlamentos en las democracias actuales, aunque siguen siendo un componente fundamental de las mismas. Sin ellos no hay democracia. Hay otros roles parlamentarios, como el de foro público y el de espacio casi exclusivo de formación de las élites, que también se han devaluado debido a los profundos cambios en la estructura social y cultural y en la revolución de los medios de comunicación. Las funciones parlamentarias que se mantienen vigorosas son el control y la fiscalización de los poderes del Estado, pese a que existen también otras formas de accountability: el control ciudadano (que se expresa en las elecciones) y el control de la esfera pública y de la sociedad civil (que no es vinculante).

El Ejecutivo ha despertado expectativas exageradas en la dación de las facultades legislativas que son presentadas como si fueran la varita mágica que permite hacer los cambios que la ciudadanía espera en las materias a legislar: Reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petro-Perú.  Los cambios que es necesario hacer en estas materias no dependen sólo de la ley sino también y principalmente de la voluntad política y de las habilidades de los que manejan el gobierno, de las capacidades del Estado y de los recursos disponibles.

A lo anterior hay que añadir los recortes en el tiempo y en el contenido que el fujimorismo ha impuesto a la delegación de facultades legislativas, especialmente en lo se refiere a la lucha contra la corrupción tratando de evitar que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda enviar información sobre el secreto bancario y la reserva tributaria de los candidatos a los organismo electorales. El fujimorismo se cura en salud y blinda a su ex-secretario general y a otros dirigentes y parlamentarios acusados de lavado de activos.

Las expectativas exageradas en la delegación de facultades legislativas pueden desembocar en una gran frustración de la ciudadanía si, una vez otorgadas con los recortes impuestos y culminados los plazos, el gobierno no ha realizado medidas concretas que mejoren o tiendan a mejorar la situación de la gente de a pie. Por confiar demasiado en las facultades delegadas para legislar sobre determinadas materias, el gobierno está desperdiciando los míticos 100 días de luna de miel para proponer algunos cambios de impacto que susciten el apoyo de la ciudadanía, como lo hizo el primer gobierno de Belaúnde en la década del 60. ¿O no sabe qué hacer?.

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