Sinesio López Jiménez

Como presidente de la República está desaprobado. Como analista político también. García sostiene que “lo importante de la encuesta es (mostrar) que no hay en marcha un movimiento antisistema y destructivo de lo que se está haciendo. Al contrario, la encuesta demuestra que hay una solidificación de los rumbos básicos que tiene este gobierno”. ¿Qué encuesta leyó García?. La encuesta del IOP de la PUCP, a la que evidentemente alude, muestra todo lo contrario. Veamos dos campos que examina la encuesta y que hacen parte del desempeño de García: el funcionamiento de la democracia y la situación económica. El 66% de los peruanos está insatisfecho y muy insatisfecho con la democracia en los tiempos de García. La insatisfacción es mayor en las mujeres, los jóvenes, las clases populares, los pobres, los muy pobres y en las regiones del Sur y del Centro en donde llega a más del 80%. En el campo de la economía, en el que García cree tener su mejor desempeño, la situación es parecida. Sólo el 25% cree que su situación económica ha mejorado en los últimos 12 meses, el 32% siente que ella sigue igual y un abultado 43% piensa que su economía ha empeorado. Este es el caso particularmente de las mujeres, de los mayores de 45 años, de las clases populares, de los pobres y los muy pobres y de las regiones del Sur (54%) y del Centro (61%). La situación se agrava cuando los peruanos examinan la situación económica del país: el 52% cree que ella está peor que hace 12 meses. Los más pesimistas son nuevamente las mujeres (52%), los mayores de 30 años (58%), las clases populares (56%), los pobres y muy pobres (55%), Lima y Callao (52%) y las regiones del Sur (62%) y del Centro (66%). ¿Dónde está la “solidificación de rumbos que tiene este gobierno”?. Para mayoría de los peruanos existe más bien un extravío de rumbos.

Con estos resultados no debiera llamar la atención que, contrariamente a lo que piensa García, haya “en marcha un movimiento antisistema”. Al 45% de los peruanos le da lo mismo cualquier forma de gobierno y está dispuesto a aceptar un gobierno autoritario o una dictadura. Esta es a todas luces una actitud antisistema que puede alimentar fácilmente un movimiento antisistema. Este sentimiento de rechazo a la democracia –que es el verdadero sentido del concepto antisistema en la teoría política- se desarrolla sobre todo en las mujeres (49%), en las clases populares (47%), en los pobres y muy pobres (53%), en el Sur (47%) y en el Oriente (58%). García no presta la debida atención a este creciente rechazo ciudadano de la democracia como régimen político. ¿Qué es entonces el antisistema? García ni siquiera estira el concepto desde la política para extenderlo al modelo económico neoliberal sino que lo concentra en éste. Es antisistema toda crítica, oposición y rechazo al modelo neoliberal. Este punto de vista erróneo y conservador conduce a absurdos como el siguiente: Todos los demócratas que se oponen al modelo neoliberal forman parte de un movimiento antisistema. Este absurdo es, sin embargo, congruente con el pensamiento de los neoliberales que reducen su liberalismo al campo económico y lo excluyen del campo político en donde son profundamente conservadores y autoritarios. Desde esta perspectiva conservadora, la mayoría de los peruanos formarían parte de un movimiento antisistema: Sólo el 45% está de acuerdo con “promover la economía privada de mercado como única forma para que el país avance”. La mayoría, en cambio, está de acuerdo con “promover una mayor participación del Estado en la economía como única forma para que el país avance”. Este es el punto de vista de la mayoría de las mujeres (51%), de los jóvenes (52%), de las clases populares (50%), de los pobres y muy pobres (59%), y de las regiones del Sur (57%), Centro (52%) y Oriente (57%).

Pese a la muy alta desaprobación ciudadana (75%), García no se rinde, ni se siente pesimista ni derrotado pues hace suyos los avances de Castañeda, Lourdes Flores, Alejandro Toledo y Keiko Fujimori porque ellos van a seguir supuestamente el mismo camino: “Ninguna de estas personas traería a nuestro país una revolución colectivista, estatizante, antiinversión, antipequeña empresa”. El sofista García en acción, buscando salvar al político García. En la conciencia de la gente, sin embargo, Castañeda, Flores, Toledo, Keiko avanzan porque García se hunde. La gente no los premia porque son la continuidad de García, sino porque son sus críticos. Esta actitud ciudadana es más contundente en el caso de Ollanta Humala (ninguneado por García). Si alguno de ellos dijera que sigue “los rumbos básicos” de García, seguiría también la misma suerte política de éste. En realidad, lo que la encuesta muestra es el desarrollo incipiente de bastiones y de las principales competencias políticas en ellos. Lourdes tiene sus bastiones en Lima y en el Norte y su competidor inmediato es Toledo en ambos casos. Toledo tiene como bastión el Oriente y su competidora inmediata es Lourdes. El bastión de Ollanta es el Sur y su competidora inmediata es Keiko Fujimori. El centro es un terreno de disputa entre Lourdes, Toledo y Ollanta. ¿La competencia inmediata supone una disputa del mismo tipo de electores?. Cualquiera sea la respuesta y el análisis de sus consecuencias políticas requieren un examen más amplio.

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Sinesio López Jiménez

El poder económico no la necesita. Tampoco el poder cultural. El único poder que requiere legitimidad es el político. ¿Por qué?. El poder político exige la obediencia de todos, ofrece las razones por las cuales debe ser obedecido y apela al consenso o a la coerción para obtenerla. Los que obedecen necesitan, a su vez, razones para someterse a la autoridad. La legitimidad de ésta reposa en que las razones para gobernar son las mismas que requieren los gobernados para obedecer. Estas razones son los fundamentos de la legitimidad. La historia política occidental ofrece dos fundamentos de legitimidad: la titularidad del poder y el ejercicio del poder. La primera alude al sujeto que detenta el poder o al principio de potestad y la segunda al desempeño de las autoridades. Estos dos fundamentos han ido cambiando a lo largo de la historia en su naturaleza y en la forma como ellos se relacionan.

Por un lado, la titularidad de poder y la legitimidad de la política, apelando a las revoluciones y a las evoluciones, han pasado desde los fundamentos divinos hasta la voluntad de los ciudadanos, pasando por las monarquías absolutas. En el campo de las ciencias sociales a todo este proceso turbulento de la historia política se le denomina secularización que, en el mundo occidental, comienza con el humanismo cívico y el republicanismo entre el siglo XII y el siglo XV. El saeculum (el siglo o el tiempo en el que viven los cristianos) que se ubica entre el pecado y la redención dentro de la historia teocrática es el punto de partida de la construcción de una historia propiamente humana a través del republicanismo cívico del que formó parte Nicolás Maquiavelo quien vivió a caballo entre los siglos XV y XVI. Maquiavelo confrontó simultáneamente la virtud cívica (expresión del republicanismo) con la Providencia (condensación de la historia teocrática de los creyentes), con la fortuna (la incertidumbre de los no creyentes) y con el comercio (el comienzo de la mano invisible del mercado y de los liberales). Pero fue la Monarquía absoluta la que logró la primera secularización de la titularidad del poder y de la legitimidad y fueron las revoluciones modernas las que las colocaron en las manos de los ciudadanos. Por otro, la relación entre la titularidad del poder y la forma de ejercerlo ha cambiado desde la separación entre ellas en la etapa teocrática (en la que el Papa, como representante de Dios en la tierra y de la titularidad divina del poder, coronaba al rey para que ejerza legítimamente el poder) hasta una nueva separación en la etapa moderna (en la que los ciudadanos como titulares del poder elijen a sus representantes y gobernantes para que lo ejerzan) pasando por la fusión de la titularidad del poder con el ejercicio del mismo en la persona del monarca que ejercía legítimamente el poder porque lo detentaba como titular.

La forma de ejercer poder, particularmente el fracaso o los pocos logros del gobierno, cuestiona la legitimidad por desempeño, pero no invalida la legitimidad de origen. Esta nace de la voluntad de los ciudadanos que eligieron a García para que gobernara por un período de cinco años. Ni un día más ni un día menos. Si ahora no nos gusta, no podemos, sin violar la ley y la legitimidad de origen, desprendernos de él a mitad del cruce del río. No nos queda otra, además de protestar legítimamente, que cargar con la cruz y aprender a votar en la próxima elección. García ha descendido al 20% de aprobación ciudadana, su gobierno ha llegado a la mitad del camino que le toca recorrer, pero ya está con lengua afuera y algunos partidos de oposición están exigiendo su revocatoria. Esta exigencia es un grave error político no sólo porque viola la legitimidad de origen sino también porque abre las puertas a la inestabilidad permanente. Si la crisis de legitimidad por desempeño afecta la gobernabilidad, la demanda de revocatoria nos conduce directamente al caos. Algunos políticos y un porcentaje significativo de los ciudadanos sostienen que García, debido al incumplimiento de sus promesas electorales, ha roto el contrato con los ciudadanos que lo eligieron y ha violado, por consiguiente, su legitimidad de origen. Lo mismo sucedió con Fujimori en los 90. Haciendo literalmente de abogado del diablo, yo pregunto: ¿Qué promesas?, ¿las de la primera o las de la segunda vuelta? García fue elegido en la segunda vuelta en la que se produjo una coalición implícita y silenciosa del Apra con la derecha. Más aún: García puede aproximarse a una cifra en la aprobación ciudadana, pero eso sólo acentúa la crisis de legitimidad por desempeño, pero de ningún modo afecta su legitimidad de origen. ¿Puede ésta ser quebrada desde la pérdida de legitimidad por desempeño?. Depende de lo que haga García. Si define a toda protesta social como subversión y a todos los contestarios como enemigos, si su gobierno se torna autoritario y viola abiertamente los derechos de los ciudadanos, entonces la legitimidad de origen estará seriamente amenazada. Por responsabilidad del propio García.

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Sinesio López Jiménez

Guerras religiosas europeas, monarquías absolutas, ilustración y revolución francesa son acontecimientos y procesos históricos estrechamente vinculados. La demostración brillante de los lazos indisolubles entre ellos ha corrido a cargo, entre otros, del célebre historiador alemán Reinhart Kosselleck. Las monarquías absolutas emergieron como producto de dos victorias (sobre las guerras religiosas y sobre las aristocracias) y se consolidaron cuando lograron construir una estrategia de tolerancia diferenciando y separando lo público de lo privado. Lo público fue restringido a la relación de protección y obediencia entre los ciudadanos y el poder monárquico y lo privado era un cajón de sastre. Allí entraban las actividades económicas, las ideas, las creencias religiosas, las convicciones íntimas, la moral particular, etc. La paz se logró y se consolidó gracias a esa separación. La guerra nacía de la fusión y confusión entre lo público y lo privado, sobre todo de la explosiva mezcla entre la política y la religión. La ilustración emergió del mundo privado y se proyectó, sin embargo, hacia lo público, redefiniéndolo y ensanchándolo, pero manteniendo su separación. Emergió entonces lo público social: el debate público, la esfera pública, la sociedad civil que abrieron, como lo ha demostrado Jurgen Habermas, el poder cerrado de las monarquías absolutas transformándolas en monarquías constitucionales. En este caso, lo público social precedió a lo público estatal. La ilustración abrió el camino a la revolución. Esta fue obra de los grandes movimientos sociales que protestaban contra la crisis del trigo y del pan, pero el combustible que puso en marcha ese motor social y que le dio sentido y proyección histórica fue la ilustración. Las revoluciones burguesas dieron a luz a las democracias modernas, a los derechos humanos, a la ciudadanía.

Para la Iglesia Católica ha sido y es difícil separar lo público y lo privado. Las razones son múltiples pero la dificultad principal radica quizás en lo que Habermas ha llamado la publicidad representativa que se basaba, no en el debate y el diálogo de individuos privados sobre asuntos de interés general, sino en el status y en la exhibición del poder que la gente aceptaba, aprobaba y aplaudía. Esta fue la publicidad propia del mundo feudal. Los públicos en el mundo clásico (griego y romano) y en el mundo moderno, en cambio, son producto del diálogo y del debate crítico y racional. En este sentido, la Iglesia Católica no tenía un público sino fieles. El concilio Vaticano II fue toda una revolución en la relación entre la jerarquía eclesiástica, el clero y los fieles. Se produjo entonces una revolución copernicana: Se comenzó a mirar a Dios, no desde arriba y desde la jerarquía eclesiástica, sino desde el mundo y la perspectiva de los desheredados y los pobres. Estos cambios se expresaron también en lo ritual. Los sacerdotes celebran la misa, ya no de espaldas a los fieles y en latín, sino de frente en una relación cara a cara y en el idioma de cada país. En algunas ocasiones se produjo y se produce un diálogo entre el sacerdote y los fieles y se comenzó a esbozar un público religioso, producto de una combinación peculiar entre la fe y la razón. Por este motivo, incluso con el Concilio Vaticano II, es difícil separar la autoridad de la fe de la crítica de la razón tanto en las corrientes conservadoras como en las progresistas de la Iglesia.

¿Que tienen que ver todas estas disquisiciones con el señor Cipriani?. Mi hipótesis es que Monseñor Cipriani se ha quedado en la publicidad representativa medieval; que el Concilio Vaticano II pasó por encima de él, pero él no ha pasado por el Concilio Vaticano II; que no ha logrado diferenciar y separar lo público de lo privado y que hace política desde la religión y desde el status que ocupa en la jerarquía eclesiástica. Cuando habla desde el púlpito no dialoga sino pontifica, no emite razones sino dictados, no delibera sino aprueba y condena. Todo lo humano lo somete al dictado divino que él supuestamente encarna y representa. A los medios de comunicación los transforma en púlpitos. Desde ellos ensalza a sus amigos y fulmina a los que no piensan como él y a los que previamente ha transformado en demonios. El político Cipriani utiliza al cardenal para legitimar las causas (conservadoras) que defiende. Su discurso, además, tiene clase y sexo. Habla en favor de los ricos, de los poderosos y de los machazos en contra de los pobres y los débiles. Su postura ideológica y política castra la vocación universal a la Iglesia Católica, la enclaustra en una dimensión elitista y abre un forado para el avance de otras iglesias y del escepticismo. Tengo la impresión que para él el mal existe y está encarnado en los que no piensan como él y que son, no enemigos relativos (Carl Schmitt dixit), sino absolutos a los que se debe aplicar una guerra sin reglas: nada de respeto a los derechos humanos. El mal tiene que desaparecer de todos modos. Julio II decía que el Papa es el único hombre al que los reyes besan los pies. El Cardenal peruano podría decir también que Cipriani es el único hombre al que García besa la mano.

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Sinesio López Jiménez

El informe que la CVR publicó hace cinco años sigue siendo un documento que nos interpela a todos. Seguirá interpelándonos en el futuro mientras nos neguemos a tomar conciencia de los problemas de fondo que salieron a luz con el fenómeno de la violencia terrorista. Pero ese informe es, sobre todo, una valiente requisitoria contra los gobiernos y las élites económicas, sociales y políticas del Perú que se niegan a asumir su responsabilidad en la producción y reproducción de las enormes fracturas económicas, sociales y culturales que alimentaron, potenciaron y prolongaron la violencia terrorista por más de veinte años. El documento expresa, desde luego, una condena clara y explícita de la violencia terrorista de Sendero Luminoso y del MRTA así como del terrorismo que el Estado desplegó como respuesta. La CVR tiene razón cuando señala que “el conflicto armado interno vivido en el Perú entre 1980 y 2000 ha sido el de mayor duración, el de impacto más extenso sobre el territorio nacional y el de más elevados costos humanos y económicos”. Esa violencia no golpeó por igual a todos los peruanos sino que se ensañó con algunas regiones (el centro y el sur andinos), con algunos estratos sociales (los más pobres) y con algunos grupos étnicos (quechuas, aymaras, ashaninkas). Por el número de muertos y desaparecidos (69 mil personas) y por el tipo de víctimas, la violencia terrorista de los 80 y 90 alcanzó niveles y visos de genocidio, comparable con el producido durante la revolución y la derrota de Túpac Amaru (1780-1783) en que fueron aniquiladas más de 100 mil personas. Fueron eliminadas física y jurídicamente todas las élites indígenas que anteriormente eran reconocidas por el poder colonial. La CVR sostiene que “existió una evidente relación entre exclusión social e intensidad de la violencia. No fue casual que cuatro de los departamentos más afectados por el conflicto armado interno (Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Huánuco) sean ubicados por diferentes estudios (…) dentro de las lista de los cinco departamentos más pobres del país”. Afirma asimismo que la proporción de personas que hablaban quechua u otra lengua nativa fue siempre mayor entre las víctimas fatales reportados a la CVR que en el conjunto de la población”. Concluye que “la verdad que el país necesita asumir en toda su gravedad es que el Perú rural, andino y selvático, quechua y ashaninka, campesino, pobre y con escasa instrucción formal se desangró durante años sin que el resto de la nación se percatara de la verdadera dimensión de la tragedia de ese “pueblo ajeno dentro del Perú” (frase usada por un sobreviviente de la violencia terrorista ante la CVR).

La CVR afirma que “la pobreza no explica por sí sola el estallido del conflicto armado. Es más preciso verlo como uno de los factores que contribuyó a encenderlo y como el telón de fondo en el cual se desarrolló ese drama”. En ese telón de fondo se han desplegado múltiples brechas, siendo las más importantes la desigualdad creciente entre ricos y pobres, la discriminación étnica y racial, el centralismo limeño y costeño. ¿Cuál ha sido la reacción de los gobiernos y de las distintas élites del país ante el informe de la Comisión de la Verdad? ¿Acaso han hecho suyo el documento en su integridad? ¿Lo han analizado y discutido seriamente? ¿Qué han dicho sobre “los factores de largo plazo que explican el conflicto” y sobre todo qué han hecho para superarlos?. ¿Han hecho algún esfuerzo por tomar conciencia de las profundas fracturas sociales que ellos han producido o han contribuido a mantener?. ¿Han hecho caso algún propósito de enmienda?. ¿Han asumido siquiera alguna de las reformas sugeridas por la CVR?. No. Nada de nada. Su respuesta ha sido el linchamiento del mensajero (la CVR) que trae tan malas noticias. Las respuestas de los gobiernos y de las élites a los planteamientos de la CVR han sido banales: el cuestionamiento de la supuesta militancia política de los integrantes de la CVR, los errores en el señalamiento del número de muertos. Ningún planteamiento de fondo sobre el problema de la violencia terrorista y sus causas.

¿Qué han respondido los gobernantes que, en su respectivo gobierno, abdicaron de su responsabilidad de enfrentar políticamente la violencia terrorista y apelaron más bien a la militarización del conflicto y toleraron el terrorismo estatal? ¿ Qué han hecho para superar los llamados “factores institucionales” que han impedido al Estado tener legitimidad en su relación con la sociedad y que bloquearon su capacidad política para responder adecuadamente al desafío terrorista? ¿ Que han los partidos y algunos dirigentes de izquierda (e intelectuales) que con sus posiciones ambiguas echaron más leña al fuego terrorista?. Poco o nada han hecho los gobiernos para hacer suyo y cumplir el Plan Integral de Reparaciones (simbólicas, en salud, en educación, restitución de derechos ciudadanos, reparaciones económicas individuales y colectivas) así como el Plan Nacional de Investigaciones Antropológico-forences con la finalidad de esclarecer las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales. A muchos de ellos no sólo la historia los juzgará. También el Poder Judicial. Así espero.

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Sinesio López Jiménez

El capitalismo salvaje (sin derechos) que emergió con Fujimori y que continuó con Toledo ha recibido un nuevo impulso con García: la ley de la Selva que desconoce los derechos de la ciudadanía diferenciada. La voluntad de entregar las tierras a las grandes corporaciones pasa por arrasar con los derechos específicos de este tipo de ciudadanía. Ella implica el reconocimiento simultáneo de los derechos individuales universales y de los derechos colectivos de grupos culturalmente diferentes. En un libro que publiqué hace once años (Ciudadanos Reales e Imaginarios, Concepciones, Desarrollo y Mapas de Ciudadanía en el Perú), discutí ampliamente este concepto. La ciudadanía no es sólo un status determinado, definido por un conjunto de derechos y responsabilidades. Ella expresa también una identidad, un sentimiento de pertenencia a una comunidad política. Marshall, el pionero de la teoría moderna de la ciudadanía, consideró a ésta como una identidad compartida que integraba grupos previamente excluidos de la sociedad británica y proporcionaba una fuente de unidad nacional. Estaba particularmente preocupado por integrar a las clases trabajadoras que, por falta de educación y recursos económicos, eran excluidas de la “cultura común” que debía ser una “posesión y herencia común”. La ciudadanía cumple, según Marshall, una función integradora.

Muchos grupos -mujeres, pueblos aborígenes, minorías étnicas y religiosas y otras minorías – se sienten excluidos de la “cultura común”, a pesar de poseer los derechos comunes de la ciudadanía. Ese sentimiento de exclusión proviene no sólo de su situación económica y social sino también de su identidad cultural: de su “diferencia”. Estos grupos sólo pueden ser integrados a la cultura común si se adopta lo que Iris Marion Young ha llamado la “ciudadanía diferenciada”. En esta perspectiva pluralista, los miembros de ciertos grupos pueden ser incorporados a la comunidad política nacional no sólo como individuos sino también como colectividades y sus derechos dependen, en parte, de su pertenencia a ellas. Las demandas de “ciudadanía diferenciada” plantean un desafío serio a la concepción prevalente de ciudadanía. En la visión ortodoxa, la ciudadanía implica, por definición, el tratamiento a las personas como individuos con iguales derechos ante la ley. Este es el principio con el que operan los estados nacionales que definen políticas homogeneizadoras de integración social. En la perspectiva del pluralismo cultural, en cambio, el intento de crear una concepción universal de ciudadanía que trasciende las diferencias de grupo es fundamentalmente injusto porque oprime a los grupos históricamente excluidos. Hay dos razones por las cuales la igualdad genuina requiere afirmar más que ignorar las diferencias de grupo. En primer lugar, los grupos culturalmente excluidos están en desventaja en el proceso político como producto de una injusticia histórica que no se resuelve con fórmulas presentistas de justicia. Una solución posible y plausible que resuelva su exclusión es proporcionar medidas institucionales (ley de cuotas, autonomías, derechos especiales, etc.) para el reconocimiento y la representación explícita de los grupos oprimidos y excluidos. En segundo lugar, los grupos culturalmente excluidos tienen a menudo necesidades claras que pueden ser enfrentadas sólo mediante políticas diferenciadas por grupo: el derecho a la identidad, la autonomía del territorio que ocupan y formas propias de representación política. Este el caso de las demandas de las etnias de la Amazonía que plantean demandas fuertes de carácter multinacional. Los quechuas y los aymaras peruanos, en cambio, plantean reivindicaciones, no multinacionales, sino multiétnicas (respeto a sus costumbres, a su cultura e idioma, etc) y, en todo caso, mejores formas de integración.

El Centro Amazónico Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) ha analizado de una manera inteligente y justa los siete Decretos Legislativos (N. 994, 1064, 1073,1079, 1081, 1089,1090) que tienen que ver con la ley de la Selva de García y ha mostrado que todos ellos violan la Constitución, algunas leyes de mayor jerarquía y los tratados internacionales que suscribe el Estado peruano para reconocer los derechos de una ciudadanía diferenciada. El CAAAP señala que la política económica genera un marco de desprotección para los pueblos indígenas porque no reconoce sus derechos colectivos. Señala asimismo que esos Decretos Legislativos no les ofrecen la oportunidad de un desarrollo sostenible, que violan sus derechos de propiedad y posesión, que pasan por alto la consulta previa, libre e informada a los ciudadanos y que desconocen y expropian la territorialidad indígena y sus recursos. El conjunto de estas violaciones de los derechos de la ciudadanía diferenciada ha generado la natural e impactante protesta de los pueblos indígenas. El gobierno amenaza a los movimientos contestatarios con la represión y la cárcel y acusa de sabotaje a las ONGs que supuestamente manipulan a estos movimientos. La protesta desplegada en un centro neurálgico de la economía ha obligado al gobierno, al Congreso y a diversas instituciones a buscar soluciones negociadas para salir del atolladero en que nos ha metido García.
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Sinesio López Jiménez

Tonterías, necedades, cojudeces (para emplear la jerga de un obispo) son las cosas que escuchamos del oficialismo y leemos (y oímos también) en ciertos medios de prensa a propósito de los resultados de la última encuesta nacional de CPI: “No gobernamos para las encuestas, gobernamos para el país”. “La población es injusta al desaprobar al gobierno en un porcentaje tan alto” (80%). “El gran crecimiento del país también genera una demanda que va a los mercados y origina aumento de precios”. “Este es el momento en que se prefieren las críticas y el cargamontón. Conozco a mi país y sé como suben y bajan las olas. No me parece justo que se diga que no se hace nada en el sur (afectado por el sismo) o que no avanzan las obras materiales ni el empleo”. “La gente comprenderá finalmente que éste es el rumbo acertado y naturalmente por descontentos o por desaprobación en encuestas momentáneas sería una irresponsabilidad cambiar los objetivos que nos hemos planteado”. ¿Quiénes habitan el país? ¿Extraterrestres o ciudadanos de carne y hueso?. ¿Quien es injusto?. ¿El gobierno que aplica políticas públicas que no reducen la pobreza y que agravan la desigualdad o la ciudadanía que las evalúa en su propio pellejo?. El gran crecimiento: la cantaleta de todos los días. ¿Quiénes gozan, engordan y estallan con el gran crecimiento?. ¿De qué sirve “el gran crecimiento” para casi la mitad de los peruanos que son pobres y para el 20% de los ciudadanos que viven en la extrema pobreza?. “Este el rumbo acertado”: ¿Acertado para quienes?. ¿Acertado para los pobres y muy pobres?. “Por desaprobación en encuestas momentáneas sería una irresponsabilidad cambiar los objetivos que nos hemos planteado”: ¿Cuáles objetivos, aquellos que García propuso como candidato y por los cuales fue elegido presidente por los ciudadanos o los actuales con los que gobierna para los ricos?.

¿Qué quiere decir García con eso de “conozco a mi país y sé como suben y bajan las olas”? ¿Quiere decir que pese a su desastroso primer gobierno fue elegido en una segunda oportunidad en el 2006 y que pese a las desaprobaciones ciudadanas de hoy puede ser reelegido en el 2016?. Se equivoca de cabo a rabo. Ese fue el país del pasado. No conoce al país del presente. El mundo político del que García es hijo y heredero se ha derrumbado, pero el derrumbe ha sido tan lento y silencioso que el mismo García no lo ha percibido. América Latina ya no es un continente “partidocéntrico”: La centralidad del mundo sociopolítico latinoamericano (para usar la feliz expresión de Isidoro Cheresky, destacado sociólogo y politólogo argentino, profesor de la UBA) es ocupada hoy por los ciudadanos. Adiós al pueblo y a “los partidos del pueblo”. Bienvenidos los partidos de los ciudadanos. Es probable que la política latinoamericana –los partidos, las instituciones, los estados- se reconstituyan desde esa nueva centralidad en conflicto, desde luego, con otros actores y otros intereses con vocación epicéntrica. Hundimientos y emergencias, fragmentaciones y recomposiciones, manipulaciones y deliberaciones caracterizan y dinamizan el escenario actual de la política en AL. Se hunden los partidos y emergen los ciudadanos. Los viejos movimientos sociales se fragmentan y se recomponen lentamente las sociedades civiles en los diversos países latinoamericanos. La manipulación arrolladora de los medios es puesta en cuestión y múltiples voces entran atropelladamente a la crítica y al debate público.

Los ciudadanos están hoy el centro de la escena en el Perú y en América Latina. Invaden diversos espacios y desempeñan múltiples funciones. No ejercen el poder, pero son sus titulares. Están presentes en los procesos electorales para delegar la autoridad y elegir representes y gobernantes. Constituyen el eje de la accountability vertical. Los ciudadanos y la sociedad civil forman los pilares de la accountability social. Al deliberar sobre asuntos de interés general, son los constructores de la esfera pública y de la opinión pública. Son los que otorgan y quitan legitimidad a los políticos y a las instituciones. Por eso mismo, se erigen en el centro de referencia y en el terror de los políticos. No son en sí mismos demócratas, pero constituyen la base de la democracia. Son los jueces severos que juzgan a los políticos y a las instituciones y expresan su veredicto en las encuestas. Como en Argentina y Bolivia en momentos de crisis, los ciudadanos pueden dar golpes de Estado. Pero pueden contribuir también a la consolidación y al mejoramiento de la calidad de la democracia. Más aún: Desde la ciudadanía, especialmente desde la ciudadanía social, como lo sostuvo Marshall en su célebre conferencia (Ciudadanía y clase social) en la Universidad de Cambridge en 1949, se puede, sino superar, al menos reducir la desigualdad social. ¿Puede García revertir el veredicto ciudadano de la desaprobación masiva de su gobierno?. Difícil, pero no imposible. La receta es, sin embargo, simple: Que no gobierne para los ricos sino para todos los ciudadanos. Eso no es populismo. Es simplemente justicia y democracia.
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Sinesio López Jiménez

En sus orígenes tuvo un sentido conservador. Pero con el tiempo la gobernabilidad se ha transformado en un concepto relativamente neutro que es utilizado por los teóricos y los políticos de diversas orientaciones ideológicas y por los regímenes políticos democráticos y por los no democráticos. La razón principal es que ningún gobierno, ningún régimen político y ninguna sociedad, en suma, pueden vivir en el caos permanente. Todos ellos requieren un mínimo de orden para hacer viable la convivencia social. Huntington, un politólogo conservador norteamericano, escribió en uno de sus libros clásicos, El orden político en las sociedades en cambio, que uno de los méritos de los regímenes comunistas era haber logrado organizar un alto nivel de gobernabilidad. Hasta donde yo sé el primer teórico en usar el término fue Max Weber, destacado sociólogo alemán, quien lo utilizó en sus escritos políticos para señalar que la democracia como contenido (valores, bienes, participación, soberanía popular) chocaba con la gobernabilidad y que, por eso mismo, era necesario organizar la democracia como procedimiento, esto es, postular una democracia como un método (las elecciones) a través del cual los ciudadanos eligen a sus gobernantes y representantes y los dejan gobernar. Como concepto, sin embargo, el primero en aludir a ella, fue Tomás Hobbes quien, como todos los teóricos del contrato, fundamentó la política en el estado de naturaleza y, en su caso particular, en la guerra de todos contra todos y en el miedo. Todo ello induce a los ciudadanos, según Hobbes, a entregar sus derechos absolutos a todo al Leviatán, el dios mortal que, en nombre del Dios inmortal, crea el orden (la sociedad civilizada) para que todos puedan vivir en paz. Hobbes resumió sus ideas centrales en el símbolo del Leviatán que adorna una de las carátulas de su libro (porque hay otra especialmente elaborada y dedicada a su amigo Carlos II) en la que aparece la mitad superior del cuerpo de un hombre, constituido por múltiples cabezas (inteligencias y voluntades) de hombres mirándose entre sí, que observa y domina el mundo, que adorna su cabeza con una corona de rey y que sostiene el báculo del Papa con su brazo izquierdo y la espada con el brazo derecho. Es el símbolo del Estado Soberano que ejerce el poder porque él, ya no Dios, es el titular del mismo gracias a la voluntad de todos los ciudadanos.

Fundando la política, ya no en la naturaleza humana, sino en la historia como todos los científicos sociales modernos desde Montesquieu en adelante, fue Tocqueville, el teórico político más importante del siglo XIX, el que sostuvo que cuando una sociedad producía más movimientos sociales que instituciones generaba necesariamente inestabilidad. Se adelantó a lo que hoy la ciencia política llama gobernanza. En la década del 70 del siglo pasado, Huntington, Crozier y Watanuki, de la Comisión Trilateral, retomaron y radicalizaron hacia la derecha el concepto weberiano, afirmando que la democracia, al estimular las demandas de los ciudadanos, sobrecargaba al Estado, lo inducía a la crisis y generaba inestabilidad e ingobernabilidad. Su propuesta conservadora era limitar la capacidad que tienen las democracias de formular demandas. En la misma línea conservadora, añadiéndole un toque tecnocrático, los neoliberales de los 80 y los 90 identificaron la ingobernabilidad con la parálisis decisoria como resultado de la presión social y del escrutinio público desplegado por los ciudadanos, estimulados por la vigencia de la democracia. Su receta igualmente conservadora fue concentrar el poder de decisión en la cúpula (Presidente de la República, alta burocracia y poderes fácticos) y gobernar apelando a la sorpresa y al secreto (los decretos de urgencia).
La ciencia política convencional diferencia la acción de gobierno, la gobernanza (el conjunto de reglas, procedimientos y rutinas que regulan a la primera) y la gobernabilidad, y reduce a esta última a los factores estructurales que limitan o potencian las políticas públicas desplegadas por el gobierno. Se dice entonces, por ejemplo, que una región, un país o un continente son ingobernables porque poseen un bajo grado de desarrollo, no tienen un Estado consolidado, son agobiados por una profunda desigualdad social, etc, etc. A mi me parece que esa perspectiva es unilateral puesto que los problemas de la gobernabilidad atraviesan las instituciones (gobernance) y la acción de gobierno (goberning). De hecho, existen actores (el caudillismo, los autsiders, el movimientismo) y acciones de gobierno (la improvisación, los ex –abruptos, las inspiraciones de García por ejemplo) que afectan la gobernabilidad. Igualmente existen diseños institucionales (la designación presidencial en elecciones generales de dos vueltas, el sistema proporcional puro, el presidencialismo plebiscitario exacerbado (tipo García), la inexistencia de un sistema de partidos) que afectan seriamente la gobernabilidad. Tengo la impresión que García y el APRA tienen un concepto primario, unilateral y conservador de la gobernabilidad. Ellos están dispuestos a sacrificar la democracia y la transparencia en nombre del orden neoliberal. Ese y no otro es el sentido de la coalición apro-fujimorista formada recientemente en el Congreso.

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Sinesio López Jiménez

Es la primera vez que esto me sucede. Me había preparado de antemano para escuchar una sorpresa. Carlos Franco, a quien creo y aprecio de veras, había anunciado en una entrevista a la República que, de acuerdo a informaciones más o menos confiables, los cambios podían comenzar el 28 de julio. Me senté cómodamente frente a la TV a la espera de los cambios anunciados. Lo escuché con atención durante media hora y luego me quedé profundamente dormido. El discurso de García fue para mí un poderoso somnífero no sólo por la forma sino sobre todo por el fondo. Todo lo que pude escuchar me pareció la lectura de un periódico de ayer, algo dejá vu. Tengo la impresión que los bajos niveles de aprobación ciudadana lo deprimen mucho, aunque lo niegue invocando a los peruanos a contagiarse con su optimismo. Me parece que ese mismo estado de ánimo lo indujo a realizar un modesto desfile militar y a mantenerse lejos de las multitudes.

Quizá lo más importante del discurso de García es lo que no dijo. Otro tono y otro espíritu habría tenido su discurso si hubiera señalado los grandes desafíos que tiene su gobierno en los tres años que le restan y que constituyen la agenda pendiente. En primer lugar está el crecimiento sin inflación. Este es el desafío inmediato. Hasta ahora los operadores de la política económica que están en el MEF y en el BCR se han mostrado incapaces para frenar la inflación. El consuelo que nos ofrece García y que nadie le cree, particularmente los pobres de las regiones, es que el Perú tiene la inflación más baja de AL y la solución que nos propone es la disminución de la demanda a través de la reducción del gasto público y de la inversión pública sin afectar un ápice el desbordante gasto privado y las importaciones. El segundo tema de la agenda pendiente es el crecimiento con distribución y con equidad. García ha mantenido un silencio total sobre este tema y ha asumido la tesis obsoleta de chorreo. La distribución es asunto básicamente político y la herramienta más eficaz para logarla es la reforma tributaria: Que paguen más los que más tienen. Que los ingresos fiscales provengan principalmente de la renta y no del IGV a través del cual pagan más los que menos tienen. Es hora de olvidarse del óbolo a las mineras, que tiene un sospechoso olor a corrupción, y discutir seriamente el impuesto a las ganancias extraordinarias. García en este aspecto ha optado por lo más fácil, extrayendo los ingresos fiscales de los sectores menos pudientes y de los más débiles: los consumidores y los trabajadores en planilla a los que mete la mano al bolsillo y les saca casi un tercio de su sueldo. Lo más irritante de los impuestos a la clase media es que no les devuelve nada a cambio, lo que constituye casi un robo. El tercer tema de la agenda pendiente es el desarrollo con descentralización. Enfrentar este desafío implica superar la injusta e irracional distribución de la renta principalmente minera (canon, regalías e impuestos) para que todos participen en la cosecha de lo que no siembran y que pertenece a todos los peruanos. Es necesario evitar la dilapidación de la renta engordando una abundante clientela política para destinarla al desarrollo de todas las regiones, especialmente de las más pobres, en un esfuerzo combinado del gobierno central, las regiones y la empresa privada. El aprobado CEPLAN es la herramienta necesaria para impulsar el desarrollo con descentralización. Una cuarta cuestión pendiente es la disminución de la pobreza con reducción de la desigualdad. El camino es más o menos conocido: el aumento de empleos adecuados con salarios dignos a través de la inversión privada y pública, además del incremento sustantivo del gasto público como parte del PBI para desarrollar las capacidades de los pobres e impulsar una política de igualdad de oportunidades a través de la educación de calidad y de la salud. La supuesta reducción de la pobreza se evaporó y se ha incrementado con la inflación actual. Un quinto tema de la agenda pendiente es la reforma del Estado en todas sus dimensiones (las instituciones y la burocracia, el sistema legal, las FF.AA. y policiales, los poderes del Estado, el Estado-para- la- nación, el Estado como sistema institucionalizado de dominación social) con la reforma política (reforma constitucional, reforma de sistema electoral, reforma de los partidos y del sistema de partidos y cambio de la forma de gobierno). Aparte de pequeños e insignificantes cambios burocráticos, las reformas estatales hasta ahora propuestas no son para la nación sino para el capital y los grandes empresarios. El último tema pendiente, y no por eso menos importante, es el desarrollo con democracia. García no puede sacrificar la democracia en nombre del crecimiento como lo viene haciendo hasta ahora: Cualquier demanda y la más modesta protesta social son definidas por él como una declaratoria de guerra. Y se prepara disparar y dispara. El crecimiento y el desarrollo forman parte sustantiva de la construcción de la democracia y de una sociedad democrática. En cuanto a la reforma del alma que propone García, debiera comenzar por la suya porque las políticas que viene desplegando son francamente desalmadas.
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Sinesio López Jiménez

La inflación está produciendo estragos en García. No en su voluminosa corporeidad, por cierto, sino en su ya magra popularidad. El descenso es vertical si se compara julio de este año (31%) con el mismo mes de año pasado (45%) y visiblemente declinante si se compara con el mes anterior (37%). Este es el porcentaje de aprobación más bajo en la ciudad de Lima que siempre ha engreído a García en los dos años que lleva de gobierno. La desaprobación tiene sexo y clase social. En efecto, son las mujeres, los sectores populares, los pobres y los muy pobres los que desaprueban su desempeño. Las causas principales de su desaprobación son el alza de costo de vida y el incumplimiento de sus promesas electorales. Este reclamo, constante en todas las encuestas, debiera enseñar a García y a todos los políticos que no pueden cambiar impunemente de posición política cuando transitan de candidatos a gobernantes. En el polo opuesto, los sectores medios y altos, que aprueban su gestión, sostienen que está haciendo una buena gestión económica y que ha logrado mantener la estabilidad económica.

La insatisfacción de los limeños es tanto económica como política. Una mayoría relativa de limeños (39%), especialmente las mujeres y los sectores pobres y muy pobres, siente que su situación económica es peor que la que tenían hace un año, pero el 40% es relativamente optimista pues cree que ella mejorará mucho o algo en el próximo año. Este optimismo individual contrasta, sin embargo, con el pesimismo cuando se miran las cosas en el seno de la familia (40%) en donde las cosas irían algo peor o mucho peor en los próximos 12 meses. El malestar político se expresa claramente en la enorme insatisfacción (64%) de los limeños con la democracia, pese a que el 62% cree que ella es la mejor forma de gobierno. Pero no se puede cerrar los ojos ante el crecimiento sostenido de los que piensan que les da lo mismo cualquier forma de gobierno o que en ciertas ocasiones es aceptable un gobierno no democrático. Estas creencias políticas constituyen el núcleo de las actitudes anti-sistema que probablemente son más altas en el centro, en el sur y en el oriente. El ideal democrático termina, sin embargo, salvando a la democracia realmente existente. ¿Cómo explicar esta aparente contradicción?. Es probable, por un lado, que cada uno de los limeños cultive en su imaginario un tipo de democracia que choca con la realmente existente y, por otro, es muy posible, como lo ha señalado Guillermo O´Donnell – destacado politólogo argentino- que la democracia sea una especie de chivo expiatorio que termina pagando los platos rotos del mal desempeño del Estado en el que ella se enmarca. La insatisfacción política se expresa también en la enorme desconfianza de los limeños con las instituciones, especialmente el congreso, el poder judicial y los partidos políticos. Sólo las FF.AA. se salvan de la racha de desconfianza ciudadana en las instituciones estatales.

La encuesta de Julio de IOP de la PUCP trae algunos datos relevantes y reveladores para los políticos y los analistas y despeja las dudas (si algunos las tenían) sobre la orientación social del gobierno de García. Los limeños, independientemente de la edad, el sexo y el estrato social, creen que García gobierna para los limeños más que para los provincianos, para los dueños de las grandes empresas más que para los trabajadores, para los empresarios extranjeros más que para los nacionales, para la clase alta más que para las clases populares. ¿Qué dirá la caverna política de la lucidez de los limeños? ¿ Estos limeños forman parte también del electarado que no sabe escoger a sus gobernantes?. La clara percepción del sentido social de las políticas del gobierno de García proviene no sólo de su inteligencia, de su nivel de educación e información sino también de su sensación en la piel y en el estómago. La mayoría de los limeños (38%) se autoubican ideológica y políticamente en el centro y ubican al gobierno de García en el centro-derecha o en la derecha pura y simple. Es un dato relevante para la política y para las futuras campañas electorales el dato según el cual el 29% de los limeños se autoubica en el centro derecha o en la derecha, cifra que contrasta con el 18% que se coloca en el centro izquierda o en la izquierda. Todo esto confirma la hipótesis que sostiene que Lima y el Perú han experimentado un proceso indiscutible de conservadorización ideológica y política. Los que se ubican en el centro provienen casi por igual de las diversas clases sociales. En cambio, los se definen como de izquierda o centro izquierda proceden principalmente de las clases populares y pobres y los que se autodenominan de derecha o de centro-derecha provienen especialmente de las clases medias y altas. Si así están las cosas casi a mitad de su gobierno, García bien puede recitar los seis primeros versos de la Divina Comedia de Dante: Nell mezzo del camin di nostra vita/ mi ritrovai per una selva oscura/che la diritta vía era amarrita./ Ohimé, a dir qual era é cosa dura/ questa selva selvaggia ed aspra e forte/che nell pensier rinnuova la paura.

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Sinesio López Jiménez
Aman las libertades económicas, pero detestan las libertades políticas. Adoran al mercado, pero rechazan a la democracia. Impulsan la reforma económica, pero boicotean la consolidación democrática. Tienen una imagen distorsionada e idílica del mercado: Creen ingenuamente que allí todos somos iguales, ocupamos posiciones parecidas y podemos intercambiar bienes y servicios en forma libre e igual. Olvidan que el mercado, como sucede en el Perú, está poblado no sólo por mansos y ávidos consumidores sino también por tiburones y pirañas o, para decirlo en términos académicos, por lo que Robert Dahl -uno de los más destacados teóricos de la democracia- llama los Leviatanes corporativos que influyen sobre la vida de los ciudadanos sin que éstos tengan la capacidad de defenderse. Su imagen de la democracia es pobre, marchita y flácida, cuando no peligrosa. Hasta la democracia electoral les asusta, sobre todo cuando piensan en el 2011. Más allá de las declaraciones de fe democrática, esta tensión (transformada a veces en contradicción) es lo que define a los neoliberales. Ellos, como dice Sartori, no son liberales: son liberistas. El modelo neoliberal, para tener éxito, requiere una sociedad del silencio: nada de reclamos, protestas y paros. La democracia, sostienen los neoliberales, produce excesivas demandas que restringen su libertad de decisión. Apenas ven que algo se mueve en la sociedad o en la política, los invade el pánico y sienten una inevitable parálisis decisoria. El gobierno pierde toda capacidad ejecutiva. Su sociedad ideal es aquella que no esté habitada por ciudadanos que exigen derechos y asumen responsabilidades sino por súbditos que se someten dócilmente a los dictados del Leviatán corporativo. Su modus operandi es el siguiente: Concentrar las decisiones en la cúpula integrada por el Presidente de la República y los poderes fácticos, desplegar un hiperactivismo legislativo por parte del Poder Ejecutivo devaluando las funciones del Poder Legislativo (lo hemos visto estos días con más de 100 decretos legislativos), tomar decisiones sorpresivas, diseñar las políticas en secreto, aplicarlas autoritariamente, evadir la accountability o la rendición de cuentas a los ciudadanos, bloquear la presión social y eludir el escrutinio público. Toda esta forma de gobernar funciona si a la sociedad y a la política se les impone el silencio y la desmovilización. Este escenario relativamente ideal para el neoliberalismo funcionó con Fujimori, gracias a la colaboración que recibió de Sendero Luminoso, a la destrucción económica y social del desastroso primer gobierno de García y al autogolpe del 5 de Abril de 1995. Todos ellos contribuyeron a destruir los derechos ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales, el sistema partidos y todo cuanto podía significar capacidad de acción y de respuesta política y social a la imposición de un nuevo modelo económico y de una nueva forma de Estado. Con variantes peculiares, según las características propias de cada país (profundidad de las crisis, grado de autonomía de los Estados, existencia o no de movimientos sociales y vigencia de los sistemas de partidos) esta modalidad se impuso en toda América Latina con resultados que todos conocemos. Este esquema político-social cambió con Toledo: los ciudadanos, los movimientos sociales, las regiones, los mismos partidos opositores se despertaron y comenzaron a movilizarse llegando a cuestionar no sólo la legitimidad de desempeño sino también la legitimidad de origen del Presidente de la República. El Apra y otros partidos fueron desleales con el juego democrático y apostaron irresponsablemente a la vacancia presidencial. Pese a muchos de sus defectos, la virtud de Toledo fue la tolerancia y el respeto a las reglas de juego de la democracia.

García, en cambio, ha llevado esta la tensión entre el mercado y la democracia hasta el límite: la guerra. Para defender el mercado (el desarrollo llama él lo que sólo es crecimiento económico para algunos privilegiados), García sacrifica la democracia. El paro, la protesta, las movilizaciones, que son reconocidos derechos constitucionales, han sido definidos como actos de guerra. García ha decidido enfrentar a los peruanos que protestan y que se movilizan, (desplegando a veces dramatizaciones que violentan algunos derechos individuales pero que no tienen como objetivo echarse abajo el sistema), como enemigos a los que hay que combatir, no con la policía, sino con el ejército, los profesionales de la guerra. Pese al despliegue bélico, los paros y las movilizaciones se hicieron sentir el miércoles pasado en todo el país, menos en Lima y más en las regiones. Obviamente todas estas movilizaciones asumen un carácter político como deber ser cuando se enfrenta a un Estado que define las políticas y que defiende a las grandes corporaciones contra las que las fuerzas contestarias combaten. Las movilizaciones no son una procesión religiosa sino un grito de protesta social y política y son al mismo tiempo la búsqueda de un liderazgo político alternativo que las exprese y que las conduzca a un puerto más seguro. La última elección de García es, sin duda, negativamente aleccionadora para los contestarios de hoy.

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