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Sinesio López Jiménez
A 180 días del nuevo gobierno, propongo a los lectores la siguiente hipótesis de trabajo para comprender mejor sus características fundamentales: Por su estilo político, el gobierno actual es alanista más que aprista, por su forma política, es un régimen de presidencialismo retórico y por su contenido social es la voz de un estado que expresa el dominio abierto de los ricos en desmedro de los pobres.
Las decisiones gubernamentales y las formas de gestión no provienen del Apra ni de las instituciones estatales sino de Alan García. Este estilo político, más acentuado ahora que en 1986, no anula al partido de gobierno pero lo debilita. El nombramiento de ministros, viceministros y altos funcionarios así como las políticas públicas que no tienen que ver con la economía están en manos de García, pero el APRA es la encargada de llevar a cabo la política estatal de clientela, esto es, de copar la administración central del Estado con apristas, especialmente ahora que ha perdido muchos gobiernos regionales y locales.
El alanismo no sólo define el estilo político gubernamental sino también el
régimen político de gobierno. En efecto, los seis meses de gobierno han mostrado que el régimen político actual, más allá de las irrelevantes incrustaciones semipresidencialistas de la Constitución, es, en realidad, un presidencialismo exacerbado y asfixiante. Aunque se pueden formular algunas observaciones a la manera cómo fue elegido García, el régimen político actual es, sin duda, democrático en su origen, pero tiende a no serlo en su funcionamiento por los valores que promueve García, las reglas de juego que quiere imponer y las estructuras de decisión política en las que se asienta. Los valores que mueven a García no son democráticos ni republicanos, pese a su énfasis verbal en la austeridad gubernamental y en los deberes de los ciudadanos. García no es, con toda seguridad, Jefferson que entró millonario al gobierno y salió quebrado por servir desinteresadamente a sus ciudadanos. Los valores profundos que mueven a García, como a la mayoría de los presidentes peruanos y quizás latinoamericanos, provienen del patrimonialismo como cultura política predominante. El se siente dueño de pelota (el gobierno y el poder) y no la quiere repartir ni a sus propios compañeros de partido.
Algunas políticas promovidas por García, tales como la pena de muerte, el control de las ONGs y otras, revelan la voluntad de cambiar las reglas de juego democrático y constitucional para imponer otras de carácter plebiscitario y autoritario. Las políticas económicas revelan que las estructuras de decisión del régimen político no están constituidas por los poderes formales de un Estado democrático sino por una coalición del Presidente de la República con los grandes poderes empresariales que, para esquivar toda presión social y el escrutinio público, han blindado y secuestrado la economía de mercado y administran los aparatos económicos del Estado a través de sus representantes sociales y políticos, apoyados por los grandes medios de comunicación. Esta coalición social y política muestra el corazón del Estado entendido, no sólo como administración pública y como sistema legal, sino también y principalmente como sistema institucionalizado de dominación social. Como es obvio, esta coalición gobierna para los ricos en desmedro de los pobres. Aparte de los grandes gestos y las pequeñas medidas de alivio temporal de la pobreza, ¿existe alguna política del gobierno alanista que mejore el empleo, reduzca la pobreza y combate la desigualdad social?.
En el primer gobierno aprista, García ejerció un presidencialismo plebiscitario. Fue un decisionista que obtenía su legitimidad de la plaza pública, de las masas y de los famosos balconazos. Su decisionismo era de izquierda para enfrentar la crisis económica de entonces y de derecha para enfrentar el terrorismo. En el actual gobierno aprista, García, en cambio, ejerce un presidencialismo retórico de derecha que obtiene su legitimidad, no de la plaza pública, sino de su inserción en la política como espectáculo y de su capacidad para convencer al auditorio a través de los medios de comunicación que, en su mayoría, se han puesto a su servicio. Tanto el presidencialismo plebiscitario como el retórico proceden de y se emparentan con el tronco autoritario y se caracterizan por el desprecio de las instituciones y por cierto desapego a la ley.
GOBIERNO Y PARTIDO DE GOBIERNO
Sinesio López Jiménez
En el Perú (y probablemente en América Latina) un partido, cuando triunfa en las elecciones, cree firmemente que ha ganado, no el gobierno, sino el Estado y se prepara para coparlo de inmediato. Por desgracia, ésta no es sólo una firme creencia de los partidos sino también de la gente común y corriente que tolera el copamiento con un permisivo “ya le tocó”. Esa creencia forma parte de la cultura política patrimonialista que nos envuelve, en mayor o menor medida, a todos y que nos predispone a manejar los asuntos públicos como si fueran privados, apelando a algún derecho. Eso, por un lado. Por otro, muchas veces se confunde el gobierno con el Estado, dejando de lado la clara diferencia que existe entre ellos. El gobierno está constituido sólo por los puestos de mando que ponen en marcha al Estado y, por extensión, comprende también al elenco de personas que ocupan esos puestos de mando. El estado, en cambio, es un complejo político e institucional que abarca el sistema institucionalizado de dominación social, el estado-para-la nación, la administración pública, los aparatos coercitivos y el sistema legal.
Este rasgo patrimonialista de la cultura política peruana puede ir retrocediendo lentamente, gracias a la marcación estricta que han establecido los medios sobre el partido de gobierno desde el 2001 en adelante, justamente cuando Perú Posible no tenía capacidad alguna para copar el Estado. Esos mismos medios, sin embargo, no dijeron esta boca es mía precisamente cuando se produjo el máximo copamiento del Estado que se conoce en la historia durante el primer gobierno de García (1985-1990). Pero la capacidad de copamiento del Estado no depende sólo de la cultura patrimonialista y del nivel de vigilancia de los medios sino, sobre todo, del nivel de institucionalización y de organización de los partidos, como lo ha demostrado Piero Corvetto en una excelente tesis para obtener el grado de magíster en Ciencia Política en la PUCP. En realidad, lo que Corvetto demostró, estudiando los gobiernos peruanos de 1980 hasta la primera mitad del gobierno de Toledo, es que existen tres tipos de relación entre el gobierno y el partido de gobierno: el partido de gobierno que influye en el gobierno, el gobierno que se impone sobre el partido de gobierno y un cierto equilibrio entre ambos.
¿De qué dependen estos diversos tipos de relación entre el gobierno y el partido de gobierno? La tesis de Corvetto demuestra que esos tipos de relación dependen del nivel de institucionalización y de organización de los partidos y despliega su demostración en tres campos: en la designación de ministros, viceministros y altos funcionarios, en la aplicación de políticas públicas y en la política de clientela para acceder a la administración pública. Esto significa que los partidos de gobierno con mayor nivel de institucionalización influyen más en el gobierno que los poco institucionalizados en los tres aspectos señalados, que los partidos de gobierno menos institucionalizados le abren un espacio al dominio del gobierno en esos mismos campos y los partidos de gobierno medianamente institucionalizados establecen un cierto equilibrio con el gobierno. En el segundo gobierno de Belaúnde (1980-1985), los partidos de gobierno (AP y PPC) influyeron un poco más del 50% (cito de memoria) en la designación de ministros y altos funcionarios, en el manejo de las políticas públicas y en la política de clientela. En el primer gobierno de García, en cambio, la influencia del APRA fue decisiva, especialmente en el copamiento de la administración pública por la militancia aprista. Pese al nefasto caudillismo avasallador de García, el APRA pudo ponerle límites como en el caso de la estatización de la banca y logró influir en más del 90% de la designación de ministros, viceministros y altos funcionarios, en el manejo de las políticas públicas y en la política de clientela. En este caso, el copamiento del estado es un efecto perverso (que es necesario controlar) generado, en gran medida, por un fenómeno político positivo como es la institucionalización de los partidos.
La situación se invirtió con Fujimori, quien no tenía un partido sino etiquetas cambiantes de partido, y con Toledo, cuyo partido era un pequeño y frágil agrupamiento político. Perú Posible, en efecto, pudo apenas influir en menos del 30% de la designación de las altas autoridades del estado, de la aplicación de políticas públicas y de la política de clientela. El peso de Fujimori y Toledo fue indiscutible en la designación de ministros, viceministros y altos funcionarios, importante en el manejo de las políticas sociales y limitado en el diseño e implementación de políticas económicas, en las que sólo eran un socio más de los organismos económicos internacionales, de los grupos empresariales y de los operadores tecnocráticos del capitalismo globalizado, dejando a sus modestos movimientos partidarios un cierto margen de maniobra en el manejo de las políticas de clientela.
En los seis primeros meses de su gobierno, García ha seguido la misma ruta de Fujimori y Toledo con la notable diferencia de la capacidad indudable del APRA para copar los aparatos del Estado. Esa capacidad se incrementará y avanzará hasta influir también en la designación de las altas autoridades del gobierno a medida que el presidencialismo retórico de García se agote y llegue a fatigar el imaginario y la paciencia de los ciudadanos. Y eso ya comenzó.
UNA NUEVA CONVIVENCIA
Sinesio López Jiménez
El azar existe en la historia y en la política, pero me parece que todo el enredo del “caso Pandolfi” es una maniobra consciente y calculadamente planificada por García, el Presidente de la República, con el expreso objetivo de debilitar al Primer Ministro, a quien, en público, le dice, sin embargo, te necesito y el país te necesita, y de redefinir las coaliciones políticas en las que se sustenta su gobierno. Mi hipótesis es que el gobierno de García se parece cada vez más al de Fujimori y que puede llegar a ser un fujimorismo sin Fujimori. He aquí algunos elementos para comparar similitudes y acercamientos: un presidencialismo exacerbado, retórico y autoritario, la voluntad de manejar gabinetes sumisos, la organización de un gobierno de los ricos con el apoyo de los pobres (la aspiración más acariciada de García), el asomo de un manejo perverso de los medios (un ministro que despotrica de la prensa democrática y financia a la corrupta), un desprecio por las instituciones, la sociedad civil (a la que García pretende controlar) y los partidos, la apelación a la austeridad como coartada (el problema no es que los ricos no paguen los impuestos que deben pagar sino que los parlamentarios, los altos funcionarios y los alcaldes se la llevan toda), un manejo cínico de la política (la inclusión en el gobierno de personajes cuestionados y corruptos y la amenaza del secretario general del APRA a la oposición con cerrar el parlamento recurriendo a nunca usados mecanismos constitucionales del semipresidencialismo), la conformación de coaliciones políticas sin ningún criterio ético (desde la integración de la plancha presidencial hasta la constitución de la mayoría parlamentaria).
Lo que está pasando ahora tiene una pequeña historia que es necesario recordar. García pasó ajustadamente a la segunda vuelta, pero su representación parlamentaria, elegida en la primera vuelta, era una segunda minoría. El triunfo electoral en la segunda vuelta, le dio legitimidad para gobernar pero no subsanó la carencia de una mayoría parlamentaria que le diera gobernabilidad. Esta es una de las desventajas de las segundas vueltas mediante elecciones generales. Si la segunda vuelta se hubiera llevado a cabo en el Congreso como sucedía hasta 1962, García hubiera obtenido al mismo tiempo legitimidad y gobernabilidad y se hubiera visto obligado a formar, no alianzas vergonzantes e informales, sino una coalición formal y a la luz del día que sustentara su gobierno. La carencia de una mayoría parlamentaria obligó al gobierno aprista a organizar una coalición informal con la derecha decente de unidad nacional y con la corrupta del fujimorismo. La informalidad de la coalición no niega, sin embargo, que ésta exista y se exprese en las votaciones congresales sobre los asuntos importantes del gobierno y en la elaboración de las agendas públicas. La coalición se expresa también en la conformación del equipo de gobierno, especialmente del equipo económico, con el que, al parecer, se sienten identificados, en mayor o menor medida, los apristas, los de Unidad Nacional y los fujimoristas. Se expresa también en la aplicación de las políticas públicas, especialmente de las políticas económicas y sobre todo en las ridículas e irrelevantes acusaciones de corrupción al gobierno de Toledo para encubrir la gigantesca corrupción del gobierno de Fujimori. La informalidad de la coalición permite, sin embargo, a sus integrantes defender su autonomía y alegar que sus acuerdos expresados en el equipo de gobierno y en las políticas públicas son meras coincidencias.
Mutatis mutandis, esta nueva coalición tiene ciertos aires de familia con la de 1956 en el contenido y en la forma. Entonces la oligarquía conformó una alianza con el APRA. La oligarquía estaba al mando y el APRA, subordinada, a la inversa de lo que pasa ahora. Como ahora, la coalición era informal, pero tenía plena vigencia en las Cámaras legislativas y en la política en general. Cuando la oposición de entonces acusaba al APRA de traición, ésta alegaba que no había tal alianza porque no existía un acuerdo oleado y sacramentado al respecto. Esa coalición fue bautizada por la oposición como el gobierno de la convivencia, un nombre que pasó a la historia y que se prolongó, con pequeñas variantes, hasta 1968. Esa convivencia bloqueó todas las reformas reclamadas masivamente por las nuevas fuerzas sociales, pero permitió un pequeño y languideciente oasis democrático dentro del excluyente Estado Oligárquico de entonces.
La oligarquía pasada y sus voceros han sido reemplazados ahora por el capital extranjero y local y por sus representantes sociales y políticos, configurando una nueva convivencia que, sin duda, define el contenido de las políticas públicas del gobierno actual. Si los rasgos políticos que acercan cada vez más a García con el gobierno y el estilo fujimoristas se acentúan es probable que la alianza del APRA con los representantes del extraditable se consolide y que Unidad Nacional tome distancias de la misma. Me parece que esta reconfiguración de coaliciones políticas en el gobierno ya comenzó a producirse a partir del caso Pandolfi.
LA AUSTERIDAD COMO COARTADA
Sinesio López Jiménez
Me resulta difícil imaginar a García enfundándose en el uniforme de gladiador y arriesgando su vida y la de sus hijos, como Maximus (Russell Crowe), en heroica lucha contra el emperador Comodus y en defensa de la República romana. Eso supone un nivel de heroísmo que nadie le reconoce. Pero García insiste en presentarse, en sus discursos, como un consumado republicano de acuerdo a los más exigentes cánones ciceronianos. ¿Puede un populista devenir con el tiempo y las circunstancias un republicano cívico? O para decirles en términos comunes y corrientes: ¿Puede un político que sueña con el gasto público expansivo y con el shock de inversiones ser un gobernante austero?. ¿Puede un político que gobernó como gobernó entre 1985 y el 2000 alardear de austero republicano?. O para decirlo más directamente: ¿Puede el señor García que hizo del fisco lo que quiso en su primer gobierno presentarse hoy impunemente como un virginal republicano?.
El republicanismo cívico es una vieja y venerable corriente del pensamiento político que levanta las banderas de la defensa del bien común, de la entrega desinteresada a él y de la ciudadanía activa (que no se limita a formular demandas sino que se asume también responsabilidades) y que se organiza como gobierno representativo de una comunidad política pequeña y homogénea. Esos fueron los discursos y la forma política de Esparta y de Roma republicanas, de las ciudades-repúblicas italianas que sobrevivieron como oasis republicanos en medio de la pugna entre el imperio feudal y el Papado, de la revolución inglesa que, bajo la inspiración de Harrington, instaló la república en 1648, de la revolución independentista norteamericana que, con Jefferson a la cabeza, proclamó la república en1776. La tarea posterior de los federalistas fue compatibilizar la tradición republicana con la extensa geografía, la complejidad social y la densa historia norteamericana. Además de los mencionados, los militantes más eximios del republicanismo cívico fueron Maquiavelo, Guiciardini, Savonarola, Rousseau, el joven Hegel. ¿Puede García acompañar a esta insigne galería de intelectuales y políticos republicanos? Pese a las importantes contribuciones que ha hecho la historiadora Carmen McEvoy en sus investigaciones sobre el pensamiento republicano peruano del siglo XIX, el Perú no ha sido una tierra fértil en donde germinara y se desarrollara con amplitud el republicanismo, inspirando la formación de organizaciones y partidos republicanos. Si así hubiera sido, habríamos tenido en estos lares una mayor tradición de accountability (rendición de cuentas) tanto horizontal (de instituciones) como vertical (de la esfera pública y la sociedad civil) y una menor cantidad de élites políticas corruptas. En el Perú del siglo XIX predominaron más bien el patrimonialismo, el comunitarismo conservador y el liberalismo, a los que se agregaron en el siglo XX el anarquismo, el socialcristianismo y el marxismo.
Por todas estas razones teóricas e históricas, me parece que la política de austeridad republicana de García es una coartada para varias cosas. En primer lugar, García busca no tocar y quiere más bien proteger los intereses de los ricos. Según el discurso de la austeridad, el problema no es que el Estado carezca de recursos para atender las urgentes necesidades de los pobres, sino que los altos funcionarios, los parlamentarios y los alcaldes se la llevan toda. Ergo, no es necesario desplegar una política impositiva que grave a los que más tienen, aunque tengan boyantes ganancias extraordinarias: Lo que hay que hacer –y es lo que se ha hecho- es recortar los sueldos de los que se la llevan toda. En una simple evaluación de costos y beneficios, las medidas de austeridad son una política ineficaz: lo ahorrado mediante la política de austeridad es una propina, comparado con lo que debieran haber pagado las empresas mineras mediante un impuesto a las ganancias extraordinarias. Se ha reemplazado el impuesto por una donación voluntaria que, además de ser poco significativa, se presta para todo, especialmente abre las puertas a la corrupción: la generosidad de los mineros no es política ni legalmente transparente, no está normada y, por consiguiente, no está sometida a la accountability vertical que es vinculante. En segundo lugar, García quiere, apelando a la austeridad, incrementar su poder interviniendo arbitrariamente instituciones que, por ley, son autónomas. Tal es el caso de los municipios que, bajo el pretexto de corregir los altos sueldos de algunos alcaldes, fueron intervenidos violando la autonomía municipal. Aunque satisfaga el ego y el poder de García, la medida es absurda: el salario de un chofer de Palacio de gobierno, que no tiene responsabilidad política alguna, es igual o más que el de algunos alcaldes distritales de Lima y el doble que el de algunos alcaldes de provincias.
En tercer lugar, García quiere limpiar su imagen y borrar las acusaciones de corrupción que se hicieron a su primer gobierno, apareciendo hoy como un gobernante honesto y austero, un republicano a carta cabal. En ciertos casos, sobre todo cuando los políticos y los funcionarios no son efectivamente republicanos, las medidas de austeridad generan lo que en política se llama efectos perversos, esto es, terminan produciendo lo contrario a lo buscado: con esa medida no se ahorra los fondos públicos sino que más bien se dilapidan mediante la corrupción política que trata de recuperar con creces lo perdido por la aplicación de las medidas de austeridad, como ya lo han advertido algunos medios.
EL CALENTAMIENTO SOCIAL
Sinesio López Jiménez
Contrastando con el enfriamiento climático, el calentamiento social crece día a día. Por los datos que recoge, organiza y distribuye eficientemente La Defensoría del Pueblo, sabemos que la protesta social se empina desde 4 casos activos en mayo del 2006 hasta 32 en mayo del 2007 y que los casos que la misma Defensoría llama latentes llegan a 45. La mayoría (39%) de estos conflictos (activos y latentes) ha surgido este año y el resto distribuye su aparición por igual (19%) en los años 2006, 2005 y 2004 y sólo el 4% apareció en el año 2003 o antes. El sismo social, que no alcanza aún la intensidad de un terremoto, cubre prácticamente todo el territorio, pero el epicentro se ubica en las zonas cocaleras y, sobre todo, en las regiones mineras en donde se desarrollan el 39% de los conflictos en torno a problemas socio-ambientales. Otro conflicto que cubre a varias regiones, las de la selva, es el que se refiere a las exoneraciones tributarias, un hueso duro de roer para el gobierno. Por ahora, los únicos movimientos capaces de producir conflictos de alcance nacional son la Federación de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos (que ya paralizó sus actividades a fines de abril y comienzos de mayo y que amenaza volver a paralizar en solidaridad con los trabajadores de Casapalca) y el SUTEP que entró ayer a la huelga general. A todos estos conflictos de mayor amplitud, hay que agregar los conflictos menores y locales: el 29% que cuestionan el desempeño de los alcaldes provinciales y distritales y la legitimidad de un presidente regional (el de Huancavelica), el 10% que se producen entre comunidades y el 9% por demandas gremiales. En resumen, el sismo social tiene varias ondas expansivas que van desde lo local hasta lo nacional pasando por lo regional y lo pluriregional. Un dato revelador que proporciona la Defensoría del Pueblo es el siguiente: la mayoría (29%) de los conflictos se producen en las zonas muy pobres, el 27% en las zonas pobres, el 8% en las zonas de extrema pobreza y sólo el 13% se desarrollan en las zonas no pobres. La pobreza es, pues, el escenario principal en el que se desarrollan los conflictos sociales. Tres son los principales motivos que inducen a la protesta social: Conflictos de linderos, recursos y decisiones de las autoridades, enfrentamientos por el riesgo de contaminación ambiental y cuestionamiento de las autoridades por presuntas irregularidades. La mayoría (65%) de los movimientos de protesta despliegan un cierto nivel de violencia: enfrentamientos con la policía, toma de locales públicos, bloqueo de carreteras, secuestro de personas.
Cualquiera sea el nivel de violencia de estos movimientos de protesta, incluidos los más agresivos, ellos no buscan destruir el sistema sino que quieren hacerlo funcionar, como apuntó agudamente el politólogo norteamericano James Payne, analizando los movimientos sindicales radicales de los 60 del siglo pasado. Comentando el libro de Payne, Labor and Politics in Perú, G. A. Almond y G.B. Powell en su libro ya clásico de ciencia política, Política Comparada, sostienen una tesis que puede sorprender: “Más que constituir una amenaza para el funcionamiento habitual del sistema, la violencia de masas forma parte del patrón normal de desarrollo; es un canal estructurado de acceso al sistema político” en algunas sociedades poco estructuradas, para advertir luego el peligro de caminar por la cornisa del sistema político puesto que “siempre existe el riesgo del descontrol, la posibilidad de que quienes la promueven no pueden contener el ímpetu de las masas, lo cual puede significar una amenaza para la vida y la propiedad de quienes utilizan este medio”. En realidad, muchos de estos actos de violencia social son dramatizaciones que buscan colocar sus problemas y demandas en la agenda pública, pues las élites empresariales y los gobernantes son ciegos y sordos a las exigencias que vienen de las clases populares y pobres. Las agendas públicas, por lo general, vienen desde arriba, desde el poder económico, el poder político y desde los medios. Colocar un tema, un problema o una demanda en la agenda pública desde abajo de la escala social exige dramatizaciones a veces extremas, con consecuencias muchas veces funestas. Pero sólo entonces las autoridades de turno, acostumbradas a mirar siempre hacia arriba, se dignan mirar hacia abajo, negociar y, si los reclamantes tienen suerte, resolver el problema. La situación se agrava cuando, debido a la ausencia de partidos políticos que canalicen las demandas y dramatizaciones y que contribuyan a buscar salidas a los problemas, son los mismos movimientos de protesta los que se enfrentan al poder político a través de un tipo de relación sociopolítica que Jurgen Habermas ha llamado el modelo de asedio: el poder se siente cercado, controlado en sus movimientos e iluminado en sus actividades (a veces ocultas) por múltiples faros sociales.
Es indudable que el movimientismo genera ingobernabilidad. Hace más de un siglo y medio Tocqueville, el más brillante de los sociólogos franceses, sostuvo una gran verdad: Cuando una sociedad produce más movimientos que instituciones genera inestabilidad. Pero también el presidencialismo retórico, que no respeta las instituciones, y las mismas instituciones mal diseñadas generan ingobernabilidad. Y desde luego, las condiciones de pobreza, de desigualdad, de poco desarrollo, de un estado ineficiente y poco transparente son la fuente principal de la ingobernabilidad. No son, pues, “la demagogia que engaña, el apetito político que divide y el desorden que destruye” los que producen ingobernabilidad, como sostiene García, sino la injusticia imperante, el presidencialismo retórico inoperante y el movimientismo desesperado que desborda todas las instituciones.
LA CORRUPCION
Sinesio López Jiménez
La última encuesta del Instituto de Opinión Pública (IOP) de la PUCP sobre la corrupción trae algunas cosas nuevas y confirma otras ya más o menos conocidas. Pese a que la corrupción en el Perú es un fenómeno reconocido por la mayoría (75%) como muy grave, ella ocupa (en otras encuestas) el cuarto lugar de los problemas más importantes del país, después del desempleo, la pobreza y la situación económica. Desde una perspectiva comparada, el Perú es percibido como uno de los países latinoamericanos más corruptos juntamente con Guatemala, Nicaragua, Jamaica y Ecuador, como lo señala una reciente publicación del IEP sobre la cultura política de la democracia en el Perú. Algo que llama la atención es que ella no tiene el mismo sentido para las personas encuestadas en Lima Metropolitana. Para la mayoría de los hombres y para los estratos medios y altos, la corrupción tiene un sentido patrimonialista (conseguir beneficios particulares aprovechando el cargo público que se ostenta y usar la ley para beneficio propio). En cambio, las mujeres y los estratos populares, pobres y muy pobres tienden a darle un significado no patrimonialista (asaltar y robar y no cumplir las promesas electorales). Esto significa que para los estratos medios y altos el patrimonialismo es simple y llanamente corrupción mientras que para los estratos populares y pobres es una forma de cultura política.
La encuesta revela un bajo nivel de autoestima de los limeños. En efecto, la mayoría (56%) cree que los peruanos son poco honestos y el 17% cree que son nada honestos, sobre todo los de más edad y los estratos populares, los pobres y los muy pobres. Si los limeños creen que los peruanos son poco o nada honestos entonces están dispuestos a ser tratados como tales. La mayoría de los limeños son pesimistas respecto al presente, pero son relativamente optimistas respecto al futuro: El 41% cree que ahora hay más corrupción que hace doce meses, sobre todo en los estratos populares, pobres y muy pobres y sólo el 24% piensa que hay menos corrupción, especialmente los estratos medios y altos; pero el 39% cree que la corrupción será menor en el futuro, especialmente estos últimos estratos y sólo el 22% cree que la corrupción será peor, especialmente en los sectores populares. Los estratos medios y altos tienden a ser más optimistas tanto en el presente como en el futuro de la corrupción mientras que los sectores populares y pobres mantienen un terco pesimismo al respecto. En la evaluación de la corrupción en los diversos gobiernos, Fujimori se lleva la palma de lejos como el gobierno más corrupto (56%), seguido por el primer gobierno de García (el 22%) y por el de Toledo (17%). A medida que se baja en la escala social, menor es el porcentaje de la población que juzga al gobierno de Fujimori como el más corrupto, lo que revela una cierta permisividad de los sectores populares y pobres con la corrupción de ese gobierno. Esos mismos estratos tienden a creer que los gobiernos de García y de Toledo fueron más corruptos. Esta peculiar evaluación de la corrupción de los gobiernos por parte de los sectores menos favorecidos del país tiene que ver probablemente con la agresiva política social desplegada por Fujimori entre 1993 y el 2000. El actual gobierno de García queda mejor librado pues el 52% de los limeños piensa que es menos corrupto que los otros, sobre todo en los estratos altos y medios, pero los estratos populares y pobres creen que es tan corrupto como los otros. Para los limeños la política es el escenario en el que impera la corrupción, pero la mayoría, especialmente los sectores medios y altos, piensa que se puede trabajar en el campo político sin corromperse. Los estratos populares y pobres, en cambio, son más escépticos al respecto. La mayoría de los sectores medios y alto, cree que el Estado ofrece los flancos más débiles a la corrupción en relación con la empresa privada. En cambio, los sectores populares y pobres tienden a pensar que la corrupción se da en ambos espacios. Las instituciones peruanas más corruptas, en opinión de los limeños, son el Congreso, la policía, el Poder Judicial, los partidos políticos, en ese orden, y, por eso, sorprende que le otorguen al Poder Judicial y al gobierno la capacidad de luchar contra la corrupción a través de diversas políticas: educación en valores, leyes y sanciones muy altas.
Por todo lo expuesto hasta ahora, sabemos que el conocimiento, el sentido, la percepción y la evaluación de la corrupción depende de varios factores como la edad, el género, el nivel de educación y sobre todo el estrato social de la población. Pero ¿qué la explica?. ¿Y cuáles son sus consecuencias en el campo de la política y en especial en el régimen democrático? Por desgracia, ninguna encuesta trata el tema de las causas y consecuencias. Aquí sugiero algunas hipótesis sobre la base de diversas investigaciones sobre el tema. La corrupción depende de la vigencia de la cultura patrimonialista, del nivel de control (accountability) horizontal (instituciones), vertical (electores) y social (ciudadanos, sociedad civil y esfera pública) y del nivel de pobreza que relativiza los valores de integridad moral de los ciudadanos. A mayor vigencia de cultura patrimonialista, mayor corrupción; a mayor control horizontal, vertical y social, menor corrupción y a más pobreza, más relativización de los valores y más permisividad con la corrupción. El impacto de la corrupción en el sistema política y en la democracia es calamitoso: la pérdida de confianza en las instituciones del estado, la insatisfacción con la democracia y la falta de gobernabilidad.
LA DEMOCRACIA EN CUESTION
Sinesio López Jiménez
Julio es un mes de evaluaciones políticas, de aprobaciones y de desaprobaciones por parte de los ciudadanos. García ha salido desaprobado en su primer año de gobierno, pese al buen desempeño de la economía (que no es obra suya) o quizás por eso mismo: la gente de a pie no siente en el bolsillo (o siente que es insuficiente lo poco que le toca) las boyantes cifras de las empresas y de la macroeconomía. También ha salido desaprobada la democracia: El 65% de los peruanos cree que el Perú es poco o nada democrático, según la encuesta de julio del Instituto de Opinión Pública de la PUCP. La desaprobación es mayor en las regiones, especialmente en el norte, centro y sur del país en donde el 71% cree que el Perú es poco o nada democrático. Es probable también que la desaprobación sea mayor en los estratos populares, pobres y muy pobres del Perú. La desafección con la democracia es asimismo alta: El 63% de los peruanos se siente insatisfecho y muy insatisfecho con la democracia, especialmente en las regiones sur y centro en donde la insatisfacción se empina hasta el 78%. ¿Existe alguna conexión entre la desaprobación del gobierno, la insatisfacción y la desaprobación de la democracia?. Por supuesto que existe. A medida que la desaprobación del gobierno (elegido democráticamente) crece, se incrementa también la insatisfacción y la desaprobación de la democracia: si el gobierno (democrático) no resuelve los problemas angustiosos de la gente, entonces ¿de qué democracia hablamos?. ¿Para quién funciona la democracia?. El gran economista Albert O. Hirschamn definió alguna vez la democracia como capacidad de espera y Julio Cotler, destacado sociólogo peruano, suele decir que la democracia es saber hacer la cola. Es probable que las tesis de Hirschmann y de Cotler funcionen en las clases medias y altas, pero no en los estratos populares que ya se cansaron de esperar y de hacer la cola.
¿Qué pasa en los países como el Perú en donde coexisten una economía boyante, un gobierno desaprobado y la mayoría de ciudadanos insatisfechos? Pueden pasar varias cosas. En primer lugar, esa coexistencia no puede durar mucho tiempo porque la desaprobación del gobierno se transforma en ingobernabilidad, la insatisfacción en impaciencia y la economía puede comenzar a caer. En segundo lugar, se puede incrementar la presión distributiva desde abajo y desde las regiones justamente aprovechando la democracia (que se desaprueba y que, en este caso, muestra para que y para quien sirve también) y el sostenido crecimiento de la economía. En tercer lugar, puede emerger un Pacto Social de verdad en el que estén presentes los empresarios (la CONFIEP y otros organizaciones empresariales), los trabajadores organizados (la CGTP), los gobiernos regionales y un representante (con poder) del gobierno central para hacer compatible el desarrollo económico (crecimiento, productividad) con la democracia (distribución e igualdad), creando las políticas (reforma tributaria, capacitaciones), los mecanismos (mantención del equilibrio macroeconómico, derechos sociales) y sistemas institucionales (organismos estatales que garanticen los acuerdos del pacto social). Si lo anterior no se hace o no es posible hacer, puede pasar cualquier cosa, la más probable es que se organice un gobierno abiertamente autoritario al servicio del gran capital con el apoyo de las clases medias conservadoras.
Pese a la insatisfacción y a la desaprobación de la democracia, la mayoría de los peruanos (60%) cree que la democracia es la mejor forma de gobierno, especialmente en Lima y Callao (65%) y en el norte (57%). Pero lo que más llama la atención en este caso es que casi la mitad de los ciudadanos que viven en el sur, centro y oriente creen que a veces es necesario un gobierno autoritario, una dictadura o les da lo mismo cualquier forma de gobierno. Y es también muy probable que los sectores populares, pobres y muy pobres de todas las regiones hayan llegado a desechar la democracia como la mejor forma de gobierno. ¿Existe una relación entre la insatisfacción, la desaprobación y la falta de apoyo a la democracia como forma de gobierno?. Esa relación es innegable: A medida que se incrementa la insatisfacción y la desaprobación de la democracia, aumenta también la falta de apoyo a la democracia como forma de gobierno. Esto significa que para un sector importante de los sectores populares la democracia no es o ya no es la mejor forma de gobierno. Si eso es así, entonces se están desarrollando las bases sociales para salidas desesperadas o para gobiernos dictatoriales. El Perú ha llegado a una situación en la que ya no se puede concentrar el poder en la cúpula (el presidente, el ministro de economía, la tecnoburocracia y la coalición social y política que está detrás) evitando la presión social y el escrutinio público y en la que, si se quiere mantener la democracia y hacerla compatible el desarrollo, tiene que abrirse un juego político y social complejo hacia las clases populares. Hemos llegado a una situación social y política en la que ya no se puede mantener el juego anterior en donde muy pocos ganan y la inmensa mayoría pierde. Ya no estamos en los 90 del siglo pasado. Ya no estamos en los tiempos de Fujimori. Felizmente.
LA DEMOCRACIA DE PARTIDOS
Sinesio López Jiménez
La encuesta de julio del IOP de la PUCP revela algunos datos interesantes que merecen algunas reflexiones: La evaluación de la democracia ha bajado significativamente, la insatisfacción y la desafección con ella se han incrementado, pero la apuesta por ella, como forma deseada de gobierno, se mantiene, aunque en franco descenso especialmente en las regiones el centro, sur y oriente en donde casi el 50% simpatiza con una forma no democrática de gobierno y/o no le interesa la forma de gobierno. Estos datos revelan procesos cognitivos, afectivos y de apuesta política sobre la democracia. Desde una perspectiva cognitiva, la mayoría de la gente, sobre todo de los sectores populares, pobres y muy pobres, percibe que la democracia tiene un nulo desempeño en la solución de sus problemas y, por ende, la desaprueba como ejercicio efectivo de gobierno. Pero si queremos profundizar en el tema es necesario preguntarse qué es lo que realmente no funciona. ¿Es la democracia?, ¿es el Estado en el que opera la democracia?, ¿son los partidos que organizan la representación en la democracia?, ¿son los ciudadanos pasivos que se niegan asumir un papel activo y responsable?. Gullermo O´Donnell, destacado politólogo argentino y profesor de la Universidad de Notre Dame (USA), se planteó algunas de estas preguntas para explicar la fragilidad de las democracias latinoamericanas y sugirió algunas respuestas que apuntan más a responsabilizar al tipo de ciudadanos y a la ineficiencia de los Estado que a la democracia como régimen político. O´Donnell sostiene, en síntesis, que los ciudadanos latinoamericanos, a diferencia de los ciudadanos de los países del norte, son principalmente políticos y no civiles (que no valoran la libertad, la autonomía ni la iniciativa individual) ni sociales (que no participan en el bienestar que producen sus sociedades) y que la exclusiva ciudadanía política no es sólido soporte de la democracia. Sostiene asimismo que los estados latinoamericanos no funcionan ni como sistemas legales, ni como burocracias, ni como seguridad ciudadana, ni como distribución funcional (poderes del estado) ni territorial (descentralización) del poder, ni como estados-para-la-nación. O´Donnell olvidó señalar que lo único que funciona es la forma-estado, esto es, el estado como sistema institucionalizado de dominación social (Weber) que organiza, entre otras cosas, el monopolio de la coerción, la relación inclusión-exclusión y las políticas económicas. Olvidó asimismo señalar las deficiencias de los partidos como organizadores de la representación democrática. Lamentablemente la encuesta del IOP tampoco formula preguntas que permitan conocer la percepción ciudadana sobre la actividad y el desempeño de los partidos actuales y medir el grado de insatisfacción y de desafección con ellos pues se limita a preguntar sobre la evaluación de la relación de los partidos con la democracia. Ello no obstante, los datos revelan que el 65% de los peruanos cree que la existencia de los partidos es importante, muy importante y extremadamente importante para el funcionamiento de la democracia, sobre todo en Lima y Callao (67%) y en el norte (66%) y en menor medida en el sur (61%) y en el oriente (61%), pero la región centro (55%) tiene una posición anti-partido pues cree que los partidos son poco o nada importantes para la vigencia de la democracia. Estas respuestas son concordantes con la creencia mayoritaria (56%) de todas las regiones según la cual “sin partidos políticos no puede haber democracia”, con la notoria excepción del centro del país. Más de un tercio de los peruanos (37%) cree, sin embargo, que la democracia puede funcionar sin partidos políticos.
Esta apuesta por los partidos como sustento de la democracia no deja de sorprender sobre todo cuando se conoce por otras encuestas (Latinobarómetro 2003) el bajo nivel de confianza de los peruanos en los partidos (8.0%), nivel que está por debajo de la media (8.4)% de los países andinos, un poco más arriba de Bolivia y Ecuador, muy por debajo de Colombia (17.3%) , Venezuela (20.1%), de los países latinoamericanos no andinos (22%) y de los países de Europa Occidental (24.6%). Estos datos expresan la profunda crisis de representación de los partidos políticos en el mundo, ciertamente en unos más que en otros. Lo que está en cuestión, como lo han analizado Scott Mainwaring, profesor de la Universidad de Notre Dame, y otros, es el lazo representativo entre los ciudadanos como titulares del poder (principales los llama Mainwaring) y los partidos políticos (agentes de la representación). Este cuestionamiento atraviesa por varias etapas que van desde la desaprobación de su desempeño hasta el colapso pasando por la insatisfacción, la desafección, la desconfianza, el rechazo y la erupción, configurando un proceso gradual de ruptura. ¿Cómo explicar esta crisis de representación?. Las respuestas van desde las que responsabilizan de la crisis representativa al mal diseño institucional de los partidos hasta las deficiencias del Estado, pasando por el mal desempeño de la democracia. Es probable que, en este caso, cada uno de estos factores tenga su propia cuota de responsabilidad.
UN ESTADO INEFICIENTE
Sinesio López Jiménez
Para comprender al estado peruano hay que mirarlo desde el terremoto del 15 de Agosto. Este fue un examen de desempeño que el Estado desaprobó. Ese fracaso era algo esperable para todos los que en algún momento de sus vidas se han visto envueltos en sus pesadas y mohosas redes. Si el estado no funciona en los tranquilos períodos de una aburrida normalidad, ¿porqué tiene que funcionar adecuadamente en los dramáticos períodos de desastres inesperados?. En estos períodos, por el contrario, salen a flote las virtudes y los defectos, las grandezas y las miserias, las generosidades y las mezquindades de los hombres (sobre todo de los hombres públicos), de las sociedades y de sus instituciones. El terremoto de Ica es un enorme espejo en el que todos tenemos que mirarnos y mirar en él, sobre todo, a los hombres públicos con sus capacidades y deficiencias para desempeñar el papel que les toca: enfrentar y resolver los graves problemas producidos por el desastre. El Presidente García exhibió todo lo que podía dar de sí en los diversos actos del drama: Desinformado en un primer momento (felizmente el terremoto no ha tenido graves consecuencias, dijo), incomunicado (dependiente sólo los intereses privados de la Telefónica y sin canales alternativos de comunicación), preocupado (desplazándose al lugar de los hechos), sereno (tratando de calmar a la gente damnificada, angustiada y desesperada) y desafiante (casi conminando a las ONGs, a la CGTP a la solidaridad activa para ocultar su propia incapacidad y las deficiencias del Estado que hoy comanda). Algo parecido sucedía con los ministros presentes en el escenario del drama: Todos ellos o casi todos ellos son personas de buena voluntad que se mostraban, ante la magnitud y la gravedad de los hechos, desconcertados, impotentes y afectados por una parálisis decisoria. Sincera e irritante al mismo tiempo fue la confesión del Ministro de Salud: Necesitados unas doscientas ambulancias, pero el Ministerio de Salud sólo tiene doce en estado operativo. Le faltó añadir con igual sinceridad: Tenemos los fondos necesarios, pero hasta ahora no podemos adquirirlas. El Primer Ministro soltó una afirmación del mismo calibre con pasmosa ingenuidad: No podemos llegar oportunamente con la ayuda a los damnificados porque se ha interrumpido la carretera y tenemos que ir por Arequipa. Una pregunta igualmente ingenua: ¿Era una tarea imposible construir un tramo de emergencia (de doscientos metros) de la carretera y habilitar el puente San Clemente?.
Pero ha sido la inoperancia del Estado la más escandalosa y dramática en la etapa de emergencia. No estaba presente un modesto burócrata para que entregue oportunamente un papel de defunción. Los fiscales necesarios para el levantamiento de los cadáveres brillaban por su ausencia. Los destacamentos de la policía y de las FF.AA. (las mismas que García quiso sacar de sus cuarteles para reprimir las huelgas del mes de julio) para garantizar la seguridad de los ciudadanos tampoco estaban presentes, pese a las exigencias desesperadas de los damnificados. El IDECI no tenía iniciativas, ni previsiones ni los aditamentos necesarios (carpas, frazadas, agua, etc) para atender a los damnificados en períodos de emergencia. La solidaridad de adentro y de afuera lo desbordó y se mostró incapaz para distribuir con la urgencia necesaria la generosa ayuda a los damnificados. El Ministerio de Salud no contaba con las ambulancias necesarias para el traslado de los heridos a los hospitales y Centros de Salud de Lima. El MINSA tampoco estaba en condiciones de dar un tratamiento adecuado (cámaras de refrigeración) a los cadáveres amontonados que se descomponían en la plaza pública. El Ministerio de Transportes se mostró incapaz para habilitar un tramo de urgencia de doscientos metros y un puente, medidas que hubieran aliviado el atascado tránsito de los primeros días, inmediatamente después de la catástrofe. Un insensible Ministerio de Economía y Finanzas, incapaz de imaginar situaciones de emergencia de la población y de librar los fondos necesarios para atenderlas. Engorrosos procedimientos impiden a los Ministros y a la alta burocracia tomar decisiones rápidas para resolver problemas de emergencia. Los organismos estatales de control paralizan a la tímida burocracia en la toma urgente de decisiones, amenazándola con procesos administrativos y judiciales si no se someten a los kafkianos procedimientos diseñados, al parecer, por una mano malévola para que todas las instituciones del Estado sean ineficientes. ¿Aprenderemos la lección que nos deja el terremoto del 15 de agosto?. Veremos. Una primera indicación de que hemos encontrado el camino de salida la tendremos en la etapa de reconstrucción y una segunda será la capacidad de diseñar un Estado de Emergencia que entre a funcionar cada vez que tengamos catástrofes como la del 15 de agosto.
LOGICA DE GUERRA
Sinesio López Jiménez
Entre el insulto, la sorna y el desafío, García ha formulado la siguiente pregunta:¿qué hacen por el Perú el picón, el criticón y el comechado?. Aceptando el desafío y asumiendo mi rol de crítico del gobierno de García me permito, previamente, devolverle la pregunta: ¿Qué hizo el presidente García entre 1985 y 1990 y que hace hoy por el Perú?. Sería interesante que él mismo respondiera, pero, como sé que no lo va a hacer, yo mismo voy a asumir esa ingrata tarea. He aquí un breve listado de las hazañas realizadas por García en su primer gobierno: Disparó los precios 22,000 veces, achicharró las remuneraciones reales en 53%, redujo el ingreso per cápita de 2,800 dólares en 1985 a 1,900 dólares en 1990, quebró al estado bajando la presión tributaria del 14% al 4%, multiplicó el número de pobres (en Lima Metropolitana) pasando de 16.9% al 44.3%, destruyó un millón de empleos adecuados e incrementó el desempleo de 42.5% al 73.1% (en Lima Metropolitana). Esta es la gran faena de García por el Perú en su primer gobierno. Puso al Perú y a los peruanos al borde del abismo. A esas hazañas económicas y sociales hay que agregar la violación sistemática de los derechos humanos (masacre de los penales, de Cayara, los paramilitares autodenominados Rodrigo Franco, etc.) y la corrupción generalizada (el 22% de los limeños cree que el primer gobierno es el más corrupto, después de Fujimori). He aquí un rápido recuento de su modesto desempeño en un año de su segundo gobierno: la austeridad como coartada para evadir la reforma tributaria, la desafiliación mediatizada de las AFP, la eliminación del Consejo Nacional de Descentralización (CND), la racionalización administrativa de las políticas sociales, la evaluación de los maestros, el shock fracasado de inversiones, la ley del control de las ONGs, la fusión de algunas OPDs, la negociación (rechazada cuando era candidato) del TLC , la reciente ley de la carrera pública magisterial. Nada de nada que tenga que ver con el trabajo, la distribución de la riqueza que producen los trabajadores gracias a la generosidad de los recursos naturales que pertenecen a todos los peruanos, la desigualdad creciente y la pobreza. Las medidas más importantes son las que se refieren a la educación (la evaluación de los profesores y la ley de la carrera magisterial), pero que han sido políticamente mal conducidas y sin obedecer a un plan previamente elaborado de una reforma educativa integral, lo que pone en duda su viabilidad. Sin este plan integral explícito se da la impresión, evidentemente errónea e injusta, de que toda la responsabilidad de la pésima calidad de la educación es sólo de los maestros y del SUTEP. ¿Y cuál es la responsabilidad de los ministros de educación, de los gobiernos que incumplen el Acuerdo Nacional de dedicar el 6% del PBI a la educación y que han hecho y hacen de la escuela pública, no un espacio de igualdad de oportunidades, sino un mecanismo más de discriminación (en donde sólo se educan los pobres y los cholos), de los misérrimos salarios que paga el Estado a los maestros, de las instituciones estatales que tienen que ver con la educación y que no funcionan?.
García puede sostener que su segundo gobierno es la autocrítica práctica de su desastroso primer gobierno. Pero en este caso su autocrítica es parcial y unilateral: es sólo un mea culpa frente al capital. ¿Y el mundo del trabajo no se merece una disculpa y una autocrítica práctica?. ¿Olvidó acaso las tesis primigenias del APRA de conciliar el capital y el trabajo?. Pero más allá de la ideología, la conducta política de García y de su gobierno obliga a preguntarse: ¿ Por qué los gobernantes no pueden mantener una lógica del equilibrio político y social?. ¿De que depende esa incapacidad?, ¿Es una cuestión de sicología, de la cultura política o de la estructura social?. Puede ser una combinación de las tres cosas. García, al parecer, es un hombre que se desborda así mismo, que quiere avasallar a los demás y que no ama la mesura, guiado quizás por la idea de Trotski de que la prudencia nada grande ha producido en la historia. Pero y ¿Del Castillo?, ¿Qué pasó con el prudente y mesurado del Castillo?. Ambos, presidente y primer ministro, parecían en estos días dos generales dirigiendo una guerra, provocando, insultando, inventando molinos de viento. La política fue definida como guerra, como en los viejos tiempos en los que los militares pensaban que la única forma de mantener el orden era acabando con el APRA y ésta creía que la única forma de realizar los cambios era acabando con los militares. Pero esta vez, el papel de los militares ha sido desempeñado por el APRA y el de ésta, por los sectores sociales descontentos y movilizados. Esta es la vieja cultura de la confrontación que rechaza la negociación y el diálogo y que privilegia la violencia. Los griegos que habitaban la polis, amantes de la lexis y la praxis (el diálogo y la acción), afirmaban que la violencia era muda. Y Hannah Arendt, una de las más destacadas filósofas del siglo XX, sostenía que la violencia surge cuando se trata al otro como cosa, como medio para conseguir algún fin. Sicologías desbordantes y culturas políticas confrontacionales se alimentan de una estructura social polarizada de ricos satisfechos (los menos) y de pobres descontentos e irritados (los más). ¿Es difícil para los menos (el gobierno, la derecha, los ricos, los medios) entender que los más ( las clases populares, los pobres y las izquierdas) están insatisfechos (según las últimas encuestas) y por eso protestan y se movilizan?. ¿Podrán entender los menos que los más no están locos sino disconformes con la actual situación de injusticia y con la política del gobierno? Espero que para su propio bien y para la sobrevivencia de la democracia logren entenderlo.
EL PACTO SOCIAL
Sinesio López Jiménez
García saca “instituciones” de su sesera como el prestidigitador saca conejos de la manga. Este es el caso del pacto social cuyos únicos elementos que se conocen son sus objetivos (el salario mínimo) y los convocados (grandes, medianas y pequeñas empresas, formales e informales), pero nada más. No se conocen ni el más elemental diseño, ni las reglas, ni los procedimientos, ni los incentivos, ni las sanciones ni el señalamiento básico de la estrategia para construirla, ni las relaciones con el complejo institucional (estatal, paraestatal), especialmente con otras similares que ya existen (El Acuerdo Nacional y el Consejo Nacional del Trabajo) con los que duplica sus funciones. Los ministros se enteraron del nacimiento de la criatura en el momento mismo del mensaje presidencial y están haciendo malabares para que termine de nacer. Una de las características de los presidencialismos plebiscitarios y los retóricos de AL. es su total desapego de las instituciones, a diferencia de los presidencialismos que se sientan en vigorosas coaliciones sociales y políticas y que se manejan con instituciones estables y gobernables. ¿Cómo explicar entonces la propuesta “institucional” de García?.
Mi hipótesis es que el pacto social de García no es una propuesta institucional seria sino una maniobra para burlar la presión distributiva que se viene con fuerza. El problema no es sólo el salario mínimo sino toda la estructura salarial que ha quedado brutalmente rezagada con respecto a las utilidades empresariales como lo viene demostrando Humberto Campodónico en su excelente columna diaria de La República: Algunas empresas recuperarán su inversión en el cortísimo período de tres años mientras los salarios no logran salir del abismo en el que los dejó el primer gobierno de García. Más aún: junto a los salarios está el problema del empleo: la calidad del empleo, el subempleo, la precarización y los mal llamados services, esto es, todas las formas laborales (sin derechos) impuestas por el capitalismo salvaje de 1990 en adelante. Enfrentar los problemas de los salarios y del empleo es la mejor manera de atacar los desafíos de la pobreza y la desigualdad. En la historia conflictiva entre el trabajo y el capital se han imaginado diversas fórmulas institucionales que han permitido su coexistencia productiva. De ellas voy a reseñar brevemente las tres más importantes: la autoprotección social del liberalismo del siglo XIX, el compromiso entre el capital y el trabajo de la socialdemocracia del siglo XX y las actuales reformas institucionales que se vienen desarrollando en Europa para aligerar el pesado estado socialdemócrata. Todas las historias sociales cuentan las duras resistencias que ofrecieron los campesinos para transformarse en obreros en los capitalismos originarios después del siglo XVIII. Las causas de esas resistencias no eran económicas (los obreros ganaban más que los campesinos) sino sociales: el abandono de la familia, la ruptura con la localidad de origen y de su cultura, el establecimiento de nuevas formas de disciplinamiento social y laboral, en fin, todo un conjunto de problemas derivados de lo que Karl Polanyi ha llamado el dislocamiento social. Estos problemas se agravaron en el siglo XIX cuando se impusieron en toda la línea la economía liberal y la autorregulación del mercado que buscaban transformar a todos los factores de producción en mercancías, incluidas las que Polanyi denomina ficticias (la fuerza de trabajo, el dinero y los recursos naturales) puesto que devienen tales por una decisión cultural. La resistencia de los trabajadores fue mayúscula y cedió sólo cuando, junto a la autoregulación del mercado, se estableció la autoprotección de la sociedad (jornada de ocho horas, mejores condiciones de trabajo, salarios dignos,etc) gracias a los sindicatos y organizaciones de los trabajadores y a las garantías que ofreció el Estado liberal. El liberalismo del siglo XIX pudo funcionar gracias a la tensión equilibradota entre economía de mercado y autoprotección de la sociedad. Todo eso colapsó con el crack de 1929.
En el siglo XX, gracias al crecimiento sostenido de Europa, a la sólida organización de los obreros, a la existencia de partidos socialdemócratas y liberales, se logró establecer lo que Adam Przeworski ha llamado una política de compromiso entre los obreros y los empresarios bajo el impulso y la garantía del Estado socialdemócrata. Los trabajadores aceptaron que la acumulación capitalista era legítima y los empresarios, a su vez, aceptaron que era asimismo legítima la participación de los trabajadores en la distribución de la riqueza que ellos producían. La fórmula que asumió este compromiso fue una reforma tributaria, el reconocimiento de los derechos sociales y la organización de los aparatos estatales adecuados para garantizarlos. La socialdemocracia llegó a esta fórmula de humanización del capitalismo, luego de amenazar con destruirlo a través de estatizaciones y nacionalizaciones en el siglo XIX, de superar una serie de dilemas que le planteaba la integración institucional al sistema vigente y de aplicar las políticas keynesianas en los años 30. En la década de 1980 apareció un creciente consenso con respecto al fracaso institucional del estado de bienestar y la aceptación del hecho de que, dadas las perspectivas económicas, no había muchas probabilidades de remediar la situación con la asignación de más recursos a la misma red institucional. Se han buscado fórmulas en el Reino Unido y en los países nórdicos para combinar el financiamiento y la asignación de recursos a la educación y la salud por parte del Estado con los mercados o cuasi-mercados (tercerización) y con la sociedad civil (publicización) en la gerencia y gestión de esos servicios. Estas diversas experiencias sugieren que un mayor predominio de las “fuerzas del mercado” puede significar, en realidad, un mayor protagonismo para el Estado, en particular en el terreno de la regulación. ¿En cuál de estas tradiciones se basa la propuesta de García?. Nadie lo sabe ni él mismo.
GARCIA QUIERE MATAR AL PERRO POR INANICION
Sinesio López Jiménez
Nunca segundas partes fueron buenas. Si el primer artículo de García era malo, el último es peor. El primero tenía, al menos, la virtud de la provocación porque invitaba al debate intelectual y político. El último, en cambio, es tecnoburocrático y aburrido. Es un pequeño misil tierra a tierra. Hay, para comenzar, una contradicción entre el título (receta para acabar con el perro del hortelano) y el contenido (modestos cambios institucionales del Estado para estimular la inversión privada y favorecer a los empresarios). Con estas medidas García va a engordar a los propietarios de los grandes huertos y, de carambola, puede quizás acabar con el perro del hortelano (como lo desea) por inanición. Todas las medidas que propone (quitar al Estado la obsesión de del control total, estimular al empleado público que presta el mejor servicio, liberar los bienes que el Estado no usa ni trabaja, abrir a la producción y al trabajo las áreas sin uso que tiene el país, nuevos procedimientos para fomentar la inversión) tienen como exclusivo propósito estimular y garantizar la inversión privada. No propone una sola medida que tenga que ver con el perro del hortelano: empleo, el ingreso, la educación, la salud y el bienestar de los peruanos. Esta sería la mejor manera de acabar con todos los perros del hortelano. A esto habría que añadir las medidas de protección del medio ambiente para redondear la faena. Pero nada de esto ha sido propuesto. Todo para el capital, nada para la sociedad ni para el medio ambiente. El Estado, financiado por el IGV de todos (62%), está siendo puesto una vez más al servicio de los dueños del huerto. Si los perros aludidos no mueren por inanición (como espero) van a seguir ladrando fuerte (protestando). No se trata de uno sino de varios. Es casi una jauría. Señalo brevemente a los más impacientes. Están en primer lugar los que viven aplastados por el capitalismo salvaje (precarización del empleo, bajos salarios, malas condiciones de trabajo, services, contratos). Vienen luego los campesinos a los que se quiere despojar de sus tierras para entregarlas a las corporaciones mineras o los que ya se ven afectados por éstas en sus recursos naturales (agua, cultivos, medio ambiente, etc). Sigue el enorme contingente de desempleados y subempleados de las ciudades que buscan empleo y mejores condiciones de vida. Culmina este desfile de perros contestarios la enorme masa de los excluidos económica y socialmente de las regiones, especialmente de la sierra y de la selva. Según revelan las encuestas, éstos son los que demandan más Estado (que los incluya) a pesar del Estado actual (que los excluye). Demandan también una comunidad política (nación) que los incorpore y los considere como sus miembros. Estatismo y nacionalismo (que tanto asustan a los propietarios de los grandes huertos y a sus guardianes) son demandas, no de un conjunto de locos desfasados y desactualizados, sino de amplios sectores sociales que se sienten excluidos. Son las formas a través de las cuales ellos creen que pueden resolver sus problemas fundamentales y pueden ser incluidos en la vida económica y social del país. Son productos inevitables del neoliberalismo excluyente de América Latina. En unos países más que en otros. Neoliberalismo agresivo y estatistmo y nacionalismo son hermanos enemigos que se alimentan mutuamente. Como por un túnel del tiempo, el Perú y América Latina parecen volver a las épocas de la exclusión oligárquica y a las respuestas estatistas y nacionalistas que dicha exclusión generó. Han reaparecido el terreno y el clima en los que germinaron y crecieron los partidos nacional populares y las Apras de América Latina de los años 30 del siglo pasado.
Las recetas presidenciales no curan para nada el estatismo ni el sectarismo, a los que García confunde con el patrimonialismo. Más chamba para Hugo Neira. En una clase de sociología y política al paso Hugo tiene que explicar a García en qué consiste el patrimonialismo (Max Weber). Puedo contribuir gratuitamente con un pequeño adelanto. Patrimnialismo es lo que hace el APRA cuando gana las elecciones: copa al Estado con sus militantes, lo administra como si fuera su chacra apelando al derecho que supuestamente le otorga el triunfo electoral. Si García quiere acabar efectivamente con el perro del hortelano para que pueda funcionar sin sobresaltos la economía de mercado autorregulada tiene que hacer por lo menos dos cosas. Primero, proteger la sociedad y el mundo del trabajo acabando con el capitalismo salvaje y organismo un capitalismo con derechos (empleo de calidad, salarios dignos, jornada de ocho horas, condiciones adecuadas de trabajo, seguridad social de los trabajadores, etc, etc,). Segundo, proteger el medio ambiente y los recursos naturales cuyo deterioro nos afecta a todos y no sólo a los campesinos. La Sigue leyendo →