Archivo por meses: abril 2008

EL SISTEMA DE PARTIDOS

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Sinesio López Jiménez

Marcelo Cavarozzi, destacado politólogo argentino, prefiere hablar de configuraciones partidarias antes que de sistemas de partidos en América Latina y reserva este último concepto para calificar la situación partidaria de algunos países en donde los partidos tienen estructuraciones internas sólidas y se reconocen recíprocamente como competidores legítimos en la arena política. Estos son los casos de Uruguay, Chile, Colombia, Venezuela y Costa Rica. En los otros países existen partidos sin sistema (México, Argentina, Bolivia y Paraguay) o políticos sin partido (Brasil y Perú). Los sistemas de partidos nacieron en el período oligárquico, hicieron la transición al sistema populista de incorporación de masas, pero en ninguno de ellos (salvo Chile, previo golpe militar) llevaron a cabo una reforma económica neoliberal plena. Con la excepción de la decimonónica Unión Cívica Radical (Argentina), los partidos sin sistema nacieron en el siglo XX y realizaron tanto la transición al sistema populista como la transición al modelo neoliberal. Como bien dice el mismo Cavarozzi, en este caso “la salida de la matriz estado–céntrica y su reemplazo por modelos neoliberales fue llevada a cabo por los mismos partidos que la habían construido”. En los países que cuentan con políticos sin partido, el orden oligárquico no generó partidos sólidos, la configuración partidaria fue extremadamente débil y los partidos fueron incapaces de estructurar tanto la matriz estado-céntrica como las reformas económicas neoliberales. Ambas transiciones – la populista y la neoliberal- fueron realizadas, especialmente en el Perú, por los poderes fácticos militares y empresariales. Pienso que es necesario relativizar la tesis de Cavarozzi en lo que se refiere al Perú pues ella parece encajar mejor para la década de los 90 en que predominó una situación antipartido. Pero ella no funciona para épocas anteriores al 90 ni posteriores al 2,000. En primer lugar, es cierto que los partidos han sido débiles y no han desempeñado ningún papel en las grandes transiciones económicas y políticas del siglo XX, pero no hay que olvidar que la incorporación de las masas a la política en el Perú se realizó a través de uno de los partidos mejor organizados de A. Latina, el APRA, como lo han mostrado David y Ruth Collier en su libro Shaping Political Arena. En segundo lugar, la competencia política electoral entre 1956 y 1989 (excluyendo desde luego la larga dictadura militar de Velasco y de Morales Bermúdez) se desarrolló a través del APRA y de Acción Popular y otros partidos menores en torno cuales giró más del 70% del electorado. En tercer lugar, a partir del 2001 la competencia política se realiza a través de partidos y de outsiders. Si ello es así, la configuración partidaria actual puede ser catalogada como un sistema poco institucionalizado de partidos en el que los problemas fundamentales son la alta volatilidad, la fragmentación y la polarización.

En estos últimos cinco años se han producido significativos cambios políticos en A. Latina que pueden implicar modificaciones sustantivas en la clasificación de la configuración partidaria de Cavarozzi. Alberto Adrianzén, por ejemplo, ha señalado la emergencia de una creciente polarización electoral, política y territorial (con base social) en los recientes procesos electorales de América Latina. Esta polarización podría contribuir a reducir la fragmentación sin afectar la volatilidad ya que ésta depende fundamentalmente de la confianza de los ciudadanos en los partidos y del nivel institucional de éstos. Las elecciones primarias abiertas vinculantes a las que se transfiere el voto preferencial y las cuotas, la eliminación del transfuguismo y el ajuste en la ley de partidos pueden contribuir decisivamente a la institucionalización de los partidos. La recuperación de la confianza en ellos depende principalmente de su desempeño en los diversos cargos que ocupen en el gobierno y en el sistema político. Los diseños institucionales que contribuyen a reducir la fragmentación partidaria se pueden desplegar tanto en las elecciones presidenciales como en las elecciones parlamentarias. Dieter Nohlen sugiere que el mejor diseño para reducir la fragmentación partidaria en las elecciones presidenciales e incrementar la efectividad es el establecimiento de un sistema de pluralidad (de mayoría relativa) con barrera mínima de votación pues tiende a concentrar el voto más que el sistema de pluralidad puro (sin barreras). Nolhen sostiene asimismo que, si hay una segunda vuelta para elegir el presidente, ella debiera realizarse en el parlamento en donde los partidos están obligados a organizar coaliciones para tener éxito, logrando al mismo tiempo legitimidad y gobernabilidad. Esta medida, que propende a la formación de coaliciones, ayuda también a reducir la polarización política. Con la finalidad de reducir la fragmentación en las elecciones parlamentarias se sugirió en la reunión de especialistas y dirigentes partidarios realizada en la PUCP elevar la valla electoral de 4% al 5%. Con esta medida se impulsa también la formación de coaliciones para garantizar una legitimidad de salida. Uno de los temas más difíciles de resolver es el de igualdad de oportunidades en la competencia electoral, especialmente en lo que se refiere al acceso de los medios. El establecimiento de la franja electoral no funciona cuando los partidos no se someten a los topes de gastos en la propaganda electoral que fija la ley. Además del cumplimiento de éste, es necesario imaginar medidas más imaginativas y eficaces que permitan elecciones efectivamente competitivas.

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UN SHOCK PARLAMENTARIO

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Sinesio López Jiménez

Tengo la impresión que algunas reformas políticas que viene discutiendo el Congreso como la bicameralidad y la eliminación del voto preferencial no son viables en esta coyuntura y que es necesario esperar a que las circunstancias políticas cambien para volver sobre el tema. Insistir en introducirlas en este momento puede ser contraproducente. En política, a veces, hay que saber esperar. Nadie está obligado a librar batallas que, casi con seguridad, va a perder, por más justas o razonables que ellas sean. No se trata, en este caso, de la razonabilidad de las reformas sino del momento político en que ellas son propuestas. La coyuntura política actual está marcada por el enorme desprestigio del Congreso, debido a los escandalosos actos de corrupción cometidos por algunos de sus integrantes, pero que salpican a toda la institución, sobre todo cuando se sospecha que, si se levanta toda la alfombra, el escándalo será mayor. El Congreso actual ha perdido capacidad y credibilidad para llevar a cabo algunas reformas políticas necesarias. En realidad, las corruptelas parlamentarias de hoy son la gota que rebalsa el vaso, pues el desprestigio parlamentario hunde sus raíces en la estructura social actual y tiene que ver con la crisis de representación generalizada en el mundo de hoy, que en el Perú adquiere particularidades dramáticas. Obviamente, en esta crisis lo acompañan los partidos políticos que son los organizadores de la representación en el mundo moderno. Como lo han mostrado Bernard Manin y otros estudiosos del tema, la forma de representación del siglo XX – la representación partidaria definida por la ideología, los programas y la organización- ha entrado en crisis y tiende a ser sustituida por la representación personalizada en la que juegan un papel central los líderes pragmáticos, los medios, las imágenes y el espectáculo. Debido a esa crisis, el parlamento ha dejado de ser un foro público en el que se discuten los grandes problemas nacionales y ha sido sustituido en ese rol por los medios de comunicación de masas que lo hacen peor. La masificación ha convertido a los medios en mediocres, pero felices. Hay que mirar la TV peruana para disipar cualquier duda al respecto. La crisis parlamentaria se extiende también a la renuncia del Congreso a legislar sobre los temas más importantes del país, delegando esa función al Poder Ejecutivo (la reforma tributaria, por ejemplo) y a la banalización de su función fiscalizadora. Todas estas crisis se expresan en forma dramática en la calidad de la representación parlamentaria. No creo equivocarme si afirmo que, en el caso peruano, la representación parlamentaria, cuya historia no es larga ni estable, presenta, con altibajos, altos niveles de calidad hasta el período de la Asamblea Constituyente (1978-1980). Lo que viene después en un árido desierto, con algunos oasis de excepciones notables.

Tengo la sospecha que el profundo desprestigio actual del Congreso contamina toda su actividad parlamentaria. Me parece que en estas graves circunstancias, lo mejor que podría hacer es declararse en emergencia y en reorganización, como sucede con cualquier institución en crisis. No sé si los procedimientos parlamentarios permiten esa salida, pero algo de impacto tiene que hacer para salir del hoyo en que se encuentra. Es necesario un shock parlamentario que lo despierte del letargo y que anuncie a la opinión pública su firme voluntad de autoreformarse. Tiene que promoverlo y hacerlo el mismo Congreso, impulsado por los elementos y las fuerzas sanas y respetables que, sin duda, existen en esa institución. Si no toma la iniciativa el Congreso, otros van a estar tentados de hacerlo como ya lo vienen pregonando algunos voceros del fujimorismo que no les vasta tener un fujimorismo sin Fujimori, sino que quieren hacer de García otro Fujimori. Con la campaña que promueve el cierre del parlamento, los voceros periodísticos del fujimorismo están alentado el golpismo que puede tener acogida en ciertos sectores de la opinión pública cuya situación social no les ofrece razón alguna para apostar a la consolidación de la democracia. La situación se agravaría si esa campaña fuese vista con simpatía, o peor aún, estuviese alentada por algunos elementos vinculados a las altas esferas del poder. Lo que les interesa a los golpistas no es, obviamente, reformar y mejorar el Congreso, sino aprovechar la grave crisis parlamentaria para impulsar un régimen autoritario que frene y acabe con las demandas regionales y sociales que, sin duda, van a ir creciendo y poniendo al descubierto la incapacidad del gobierno de García para resolver los graves problemas de empleo y de pobreza que agobian a la mayoría de peruanos y peruanas. El shock parlamentario tiene que ir más allá de pequeños cambios administrativos y financieros para comprender al Congreso como institución y como organización que es capaz de renovar, actualizar y hacer eficaces y transparentes sus clásicas funciones de representación, de debate público, de legislación y de fiscalización y que se erige, de ese modo, en un real y efectivo contrapeso del poder ejecutivo, del mercado y de los poderes fácticos que agobian actualmente a los ciudadanos.

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SAN FELIPE

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Sinesio López Jiménez
Lo que está sucediendo en la Residencial San Felipe del distrito de Jesús María es una fiel reproducción en pequeña escala de lo que pasa actualmente en el país en grande: Una empresa (Supermercados Peruanos) que quiere expandir su negocio, afectando el bienestar y la tranquilidad de sus moradores; un alcalde patrimonialista que cree que la propiedad privada de condominio es pública (del estado) para venderla como si fuera su chacra y los residentes de clase media que se han movilizado para frenar la voracidad de la empresa y del alcalde con imaginativas dramatizaciones: cacerolazos diarios a las 8 de la noche, desfiles sabatinos frente a la tienda de Santa Isabel, participación masiva y alegre de los jóvenes y de los niños y acalorados debates en las páginas Web, sazonados con un cierto humor democrático. Todo eso atrae la atención de los medios que ayudan a iluminar los juegos ocultos del poder económico y político local y a potenciar la fuerza de las dramatizaciones de los moradores. Cada actor, como es obvio, tiene sus propias intereses y motivaciones que chocan y definen el escenario del conflicto. Aprovechando la corriente “nacionalista” que emergió en Lima con la venta de las Tiendas Wong a una empresa chilena, Supermercados Peruanos busca crecer aumentando su inversión comercial y sus ganancias, lo que puede ser legítimo. Eso trae consigo, sin embargo, el cambio del carácter residencial de San Felipe y su transformación en zona comercial con todas las incomodidades y pérdidas que eso implica para sus residentes, lo que hace ilegítima la pretensión empresarial. El alcalde apoya el proyecto de Supermercados porque, dice, trae progreso para el distrito y sus moradores y, en nombre de ese supuesto progreso (construcción de la alameda, el ágora, el bulevar y el centro comunal), pretende privatizar la propiedad del condominio de San Felipe, acusando a sus opositores de ser radicales y de politizar el proyecto empresarial. Para llevarlo adelante ha organizado una “pequeña coalición” con Supermercados y ha dejado, de ese modo, de representar los intereses de los ciudadanos (de San Felipe) para defender los de la empresa. Esa coalición ilumina los reales y oscuros intereses del alcalde y compañía. Muchas investigaciones en el Perú y en el mundo han demostrado la estrecha asociación existente entre las privatizaciones y las concesiones y las diversas formas de corrupción de los funcionarios. Ante la resistencia de los moradores, el alcalde pretende legitimar su decisión convocando a una consulta ciudadana con la supervisión de la ONPE y de Transparencia, lo que es legalmente improcedente dado el carácter privado del condominio.

Y ¿qué es lo está en juego por el lado de los residentes? La Residencial San Felipe constituyó, en la década del 60, una forma imaginativa de incorporar a las clases medias al mercado de vivienda. La idea, que seguramente orientó a los creativos arquitectos que la diseñaron, fue construir un conjunto residencial que equilibrara armoniosamente las viviendas con el comercio, los bancos, los servicios, los colegios, los centros de salud y el centro cultural, esto es, establecieron una racional y agradable distribución funcional del espacio urbano. Todo ello acompañado de hermosas áreas verdes que constituyen el pulmón del conjunto residencial y del distrito. Un joven biólogo ha estudiado la fauna que ha emergido de estas áreas verdes y ha encontrado una rica variedad de especies (incluida un pequeña serpiente ciega no venenosa) que forma parte de los atractivos del conjunto residencial. Después de todo, a los moradores nos resulta agradable ser despertados por el trinar competitivo de los pájaros y no por el espantoso rugido motorizado de la chatarra limeña. Lo que los residentes rechazan es la pretensión de Supermercados y del alcalde de quebrar la relación armoniosa y equilibrada de las viviendas con su entorno moderno de servicios y áreas verdes en el Conjunto Residencial San Felipe para instaurar una especie de Mall que seguramente incrementará sus ganancias, pero que vulnerará indefectiblemente la propiedad, el bienestar y la tranquilidad de sus moradores.

Como todo conjunto residencial, la convivencia social plantea algunos problemas que se resuelven a través del diálogo y a veces de debates agitados. Aquí señalo brevemente dos: la tensión entre lo público (que deriva del hecho de vivir en colectividad) y lo privado y la cuestión de la intimidad. No hay linderos precisos entre lo público y lo privado. Ellos son establecidos por la convivencia social misma. He aquí un ejemplo: En un edificio del conjunto residencial, el portero se separó de la esposa. Algunas señoras estaban en contra de esa separación. Asamblea de los residentes y debate público. Acuerdo: Lo que pasa en los departamentos es privado y lo público es la limpieza del edificio, el cuidado de los jardines, la seguridad, el buen trato entre los vecinos. Una señora acusó al portero de enamorar a todas las empleadas del hogar. Acuerdo: si el portero se transforma en el terror de las empleadas del hogar, eso es un asunto público y hay que llamarlo al orden. La intimidad, a su vez, no está totalmente salvada, pero es mejor preservada en los departamentos amplios de San Felipe que en las cajas de fósforo que promueve el Ministerio de Vivienda.

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180 DIAS DE PRESIDENCIALISMO RETORICO

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Sinesio López Jiménez

A 180 días del nuevo gobierno, propongo a los lectores la siguiente hipótesis de trabajo para comprender mejor sus características fundamentales: Por su estilo político, el gobierno actual es alanista más que aprista, por su forma política, es un régimen de presidencialismo retórico y por su contenido social es la voz de un estado que expresa el dominio abierto de los ricos en desmedro de los pobres.

Las decisiones gubernamentales y las formas de gestión no provienen del Apra ni de las instituciones estatales sino de Alan García. Este estilo político, más acentuado ahora que en 1986, no anula al partido de gobierno pero lo debilita. El nombramiento de ministros, viceministros y altos funcionarios así como las políticas públicas que no tienen que ver con la economía están en manos de García, pero el APRA es la encargada de llevar a cabo la política estatal de clientela, esto es, de copar la administración central del Estado con apristas, especialmente ahora que ha perdido muchos gobiernos regionales y locales.

El alanismo no sólo define el estilo político gubernamental sino también el
régimen político de gobierno. En efecto, los seis meses de gobierno han mostrado que el régimen político actual, más allá de las irrelevantes incrustaciones semipresidencialistas de la Constitución, es, en realidad, un presidencialismo exacerbado y asfixiante. Aunque se pueden formular algunas observaciones a la manera cómo fue elegido García, el régimen político actual es, sin duda, democrático en su origen, pero tiende a no serlo en su funcionamiento por los valores que promueve García, las reglas de juego que quiere imponer y las estructuras de decisión política en las que se asienta. Los valores que mueven a García no son democráticos ni republicanos, pese a su énfasis verbal en la austeridad gubernamental y en los deberes de los ciudadanos. García no es, con toda seguridad, Jefferson que entró millonario al gobierno y salió quebrado por servir desinteresadamente a sus ciudadanos. Los valores profundos que mueven a García, como a la mayoría de los presidentes peruanos y quizás latinoamericanos, provienen del patrimonialismo como cultura política predominante. El se siente dueño de pelota (el gobierno y el poder) y no la quiere repartir ni a sus propios compañeros de partido.

Algunas políticas promovidas por García, tales como la pena de muerte, el control de las ONGs y otras, revelan la voluntad de cambiar las reglas de juego democrático y constitucional para imponer otras de carácter plebiscitario y autoritario. Las políticas económicas revelan que las estructuras de decisión del régimen político no están constituidas por los poderes formales de un Estado democrático sino por una coalición del Presidente de la República con los grandes poderes empresariales que, para esquivar toda presión social y el escrutinio público, han blindado y secuestrado la economía de mercado y administran los aparatos económicos del Estado a través de sus representantes sociales y políticos, apoyados por los grandes medios de comunicación. Esta coalición social y política muestra el corazón del Estado entendido, no sólo como administración pública y como sistema legal, sino también y principalmente como sistema institucionalizado de dominación social. Como es obvio, esta coalición gobierna para los ricos en desmedro de los pobres. Aparte de los grandes gestos y las pequeñas medidas de alivio temporal de la pobreza, ¿existe alguna política del gobierno alanista que mejore el empleo, reduzca la pobreza y combate la desigualdad social?.

En el primer gobierno aprista, García ejerció un presidencialismo plebiscitario. Fue un decisionista que obtenía su legitimidad de la plaza pública, de las masas y de los famosos balconazos. Su decisionismo era de izquierda para enfrentar la crisis económica de entonces y de derecha para enfrentar el terrorismo. En el actual gobierno aprista, García, en cambio, ejerce un presidencialismo retórico de derecha que obtiene su legitimidad, no de la plaza pública, sino de su inserción en la política como espectáculo y de su capacidad para convencer al auditorio a través de los medios de comunicación que, en su mayoría, se han puesto a su servicio. Tanto el presidencialismo plebiscitario como el retórico proceden de y se emparentan con el tronco autoritario y se caracterizan por el desprecio de las instituciones y por cierto desapego a la ley.

GOBIERNO Y PARTIDO DE GOBIERNO
Sinesio López Jiménez

En el Perú (y probablemente en América Latina) un partido, cuando triunfa en las elecciones, cree firmemente que ha ganado, no el gobierno, sino el Estado y se prepara para coparlo de inmediato. Por desgracia, ésta no es sólo una firme creencia de los partidos sino también de la gente común y corriente que tolera el copamiento con un permisivo “ya le tocó”. Esa creencia forma parte de la cultura política patrimonialista que nos envuelve, en mayor o menor medida, a todos y que nos predispone a manejar los asuntos públicos como si fueran privados, apelando a algún derecho. Eso, por un lado. Por otro, muchas veces se confunde el gobierno con el Estado, dejando de lado la clara diferencia que existe entre ellos. El gobierno está constituido sólo por los puestos de mando que ponen en marcha al Estado y, por extensión, comprende también al elenco de personas que ocupan esos puestos de mando. El estado, en cambio, es un complejo político e institucional que abarca el sistema institucionalizado de dominación social, el estado-para-la nación, la administración pública, los aparatos coercitivos y el sistema legal.

Este rasgo patrimonialista de la cultura política peruana puede ir retrocediendo lentamente, gracias a la marcación estricta que han establecido los medios sobre el partido de gobierno desde el 2001 en adelante, justamente cuando Perú Posible no tenía capacidad alguna para copar el Estado. Esos mismos medios, sin embargo, no dijeron esta boca es mía precisamente cuando se produjo el máximo copamiento del Estado que se conoce en la historia durante el primer gobierno de García (1985-1990). Pero la capacidad de copamiento del Estado no depende sólo de la cultura patrimonialista y del nivel de vigilancia de los medios sino, sobre todo, del nivel de institucionalización y de organización de los partidos, como lo ha demostrado Piero Corvetto en una excelente tesis para obtener el grado de magíster en Ciencia Política en la PUCP. En realidad, lo que Corvetto demostró, estudiando los gobiernos peruanos de 1980 hasta la primera mitad del gobierno de Toledo, es que existen tres tipos de relación entre el gobierno y el partido de gobierno: el partido de gobierno que influye en el gobierno, el gobierno que se impone sobre el partido de gobierno y un cierto equilibrio entre ambos.

¿De qué dependen estos diversos tipos de relación entre el gobierno y el partido de gobierno? La tesis de Corvetto demuestra que esos tipos de relación dependen del nivel de institucionalización y de organización de los partidos y despliega su demostración en tres campos: en la designación de ministros, viceministros y altos funcionarios, en la aplicación de políticas públicas y en la política de clientela para acceder a la administración pública. Esto significa que los partidos de gobierno con mayor nivel de institucionalización influyen más en el gobierno que los poco institucionalizados en los tres aspectos señalados, que los partidos de gobierno menos institucionalizados le abren un espacio al dominio del gobierno en esos mismos campos y los partidos de gobierno medianamente institucionalizados establecen un cierto equilibrio con el gobierno. En el segundo gobierno de Belaúnde (1980-1985), los partidos de gobierno (AP y PPC) influyeron un poco más del 50% (cito de memoria) en la designación de ministros y altos funcionarios, en el manejo de las políticas públicas y en la política de clientela. En el primer gobierno de García, en cambio, la influencia del APRA fue decisiva, especialmente en el copamiento de la administración pública por la militancia aprista. Pese al nefasto caudillismo avasallador de García, el APRA pudo ponerle límites como en el caso de la estatización de la banca y logró influir en más del 90% de la designación de ministros, viceministros y altos funcionarios, en el manejo de las políticas públicas y en la política de clientela. En este caso, el copamiento del estado es un efecto perverso (que es necesario controlar) generado, en gran medida, por un fenómeno político positivo como es la institucionalización de los partidos.

La situación se invirtió con Fujimori, quien no tenía un partido sino etiquetas cambiantes de partido, y con Toledo, cuyo partido era un pequeño y frágil agrupamiento político. Perú Posible, en efecto, pudo apenas influir en menos del 30% de la designación de las altas autoridades del estado, de la aplicación de políticas públicas y de la política de clientela. El peso de Fujimori y Toledo fue indiscutible en la designación de ministros, viceministros y altos funcionarios, importante en el manejo de las políticas sociales y limitado en el diseño e implementación de políticas económicas, en las que sólo eran un socio más de los organismos económicos internacionales, de los grupos empresariales y de los operadores tecnocráticos del capitalismo globalizado, dejando a sus modestos movimientos partidarios un cierto margen de maniobra en el manejo de las políticas de clientela.

En los seis primeros meses de su gobierno, García ha seguido la misma ruta de Fujimori y Toledo con la notable diferencia de la capacidad indudable del APRA para copar los aparatos del Estado. Esa capacidad se incrementará y avanzará hasta influir también en la designación de las altas autoridades del gobierno a medida que el presidencialismo retórico de García se agote y llegue a fatigar el imaginario y la paciencia de los ciudadanos. Y eso ya comenzó.

UNA NUEVA CONVIVENCIA
Sinesio López Jiménez

El azar existe en la historia y en la política, pero me parece que todo el enredo del “caso Pandolfi” es una maniobra consciente y calculadamente planificada por García, el Presidente de la República, con el expreso objetivo de debilitar al Primer Ministro, a quien, en público, le dice, sin embargo, te necesito y el país te necesita, y de redefinir las coaliciones políticas en las que se sustenta su gobierno. Mi hipótesis es que el gobierno de García se parece cada vez más al de Fujimori y que puede llegar a ser un fujimorismo sin Fujimori. He aquí algunos elementos para comparar similitudes y acercamientos: un presidencialismo exacerbado, retórico y autoritario, la voluntad de manejar gabinetes sumisos, la organización de un gobierno de los ricos con el apoyo de los pobres (la aspiración más acariciada de García), el asomo de un manejo perverso de los medios (un ministro que despotrica de la prensa democrática y financia a la corrupta), un desprecio por las instituciones, la sociedad civil (a la que García pretende controlar) y los partidos, la apelación a la austeridad como coartada (el problema no es que los ricos no paguen los impuestos que deben pagar sino que los parlamentarios, los altos funcionarios y los alcaldes se la llevan toda), un manejo cínico de la política (la inclusión en el gobierno de personajes cuestionados y corruptos y la amenaza del secretario general del APRA a la oposición con cerrar el parlamento recurriendo a nunca usados mecanismos constitucionales del semipresidencialismo), la conformación de coaliciones políticas sin ningún criterio ético (desde la integración de la plancha presidencial hasta la constitución de la mayoría parlamentaria).

Lo que está pasando ahora tiene una pequeña historia que es necesario recordar. García pasó ajustadamente a la segunda vuelta, pero su representación parlamentaria, elegida en la primera vuelta, era una segunda minoría. El triunfo electoral en la segunda vuelta, le dio legitimidad para gobernar pero no subsanó la carencia de una mayoría parlamentaria que le diera gobernabilidad. Esta es una de las desventajas de las segundas vueltas mediante elecciones generales. Si la segunda vuelta se hubiera llevado a cabo en el Congreso como sucedía hasta 1962, García hubiera obtenido al mismo tiempo legitimidad y gobernabilidad y se hubiera visto obligado a formar, no alianzas vergonzantes e informales, sino una coalición formal y a la luz del día que sustentara su gobierno. La carencia de una mayoría parlamentaria obligó al gobierno aprista a organizar una coalición informal con la derecha decente de unidad nacional y con la corrupta del fujimorismo. La informalidad de la coalición no niega, sin embargo, que ésta exista y se exprese en las votaciones congresales sobre los asuntos importantes del gobierno y en la elaboración de las agendas públicas. La coalición se expresa también en la conformación del equipo de gobierno, especialmente del equipo económico, con el que, al parecer, se sienten identificados, en mayor o menor medida, los apristas, los de Unidad Nacional y los fujimoristas. Se expresa también en la aplicación de las políticas públicas, especialmente de las políticas económicas y sobre todo en las ridículas e irrelevantes acusaciones de corrupción al gobierno de Toledo para encubrir la gigantesca corrupción del gobierno de Fujimori. La informalidad de la coalición permite, sin embargo, a sus integrantes defender su autonomía y alegar que sus acuerdos expresados en el equipo de gobierno y en las políticas públicas son meras coincidencias.

Mutatis mutandis, esta nueva coalición tiene ciertos aires de familia con la de 1956 en el contenido y en la forma. Entonces la oligarquía conformó una alianza con el APRA. La oligarquía estaba al mando y el APRA, subordinada, a la inversa de lo que pasa ahora. Como ahora, la coalición era informal, pero tenía plena vigencia en las Cámaras legislativas y en la política en general. Cuando la oposición de entonces acusaba al APRA de traición, ésta alegaba que no había tal alianza porque no existía un acuerdo oleado y sacramentado al respecto. Esa coalición fue bautizada por la oposición como el gobierno de la convivencia, un nombre que pasó a la historia y que se prolongó, con pequeñas variantes, hasta 1968. Esa convivencia bloqueó todas las reformas reclamadas masivamente por las nuevas fuerzas sociales, pero permitió un pequeño y languideciente oasis democrático dentro del excluyente Estado Oligárquico de entonces.

La oligarquía pasada y sus voceros han sido reemplazados ahora por el capital extranjero y local y por sus representantes sociales y políticos, configurando una nueva convivencia que, sin duda, define el contenido de las políticas públicas del gobierno actual. Si los rasgos políticos que acercan cada vez más a García con el gobierno y el estilo fujimoristas se acentúan es probable que la alianza del APRA con los representantes del extraditable se consolide y que Unidad Nacional tome distancias de la misma. Me parece que esta reconfiguración de coaliciones políticas en el gobierno ya comenzó a producirse a partir del caso Pandolfi.
LA AUSTERIDAD COMO COARTADA

Sinesio López Jiménez

Me resulta difícil imaginar a García enfundándose en el uniforme de gladiador y arriesgando su vida y la de sus hijos, como Maximus (Russell Crowe), en heroica lucha contra el emperador Comodus y en defensa de la República romana. Eso supone un nivel de heroísmo que nadie le reconoce. Pero García insiste en presentarse, en sus discursos, como un consumado republicano de acuerdo a los más exigentes cánones ciceronianos. ¿Puede un populista devenir con el tiempo y las circunstancias un republicano cívico? O para decirles en términos comunes y corrientes: ¿Puede un político que sueña con el gasto público expansivo y con el shock de inversiones ser un gobernante austero?. ¿Puede un político que gobernó como gobernó entre 1985 y el 2000 alardear de austero republicano?. O para decirlo más directamente: ¿Puede el señor García que hizo del fisco lo que quiso en su primer gobierno presentarse hoy impunemente como un virginal republicano?.

El republicanismo cívico es una vieja y venerable corriente del pensamiento político que levanta las banderas de la defensa del bien común, de la entrega desinteresada a él y de la ciudadanía activa (que no se limita a formular demandas sino que se asume también responsabilidades) y que se organiza como gobierno representativo de una comunidad política pequeña y homogénea. Esos fueron los discursos y la forma política de Esparta y de Roma republicanas, de las ciudades-repúblicas italianas que sobrevivieron como oasis republicanos en medio de la pugna entre el imperio feudal y el Papado, de la revolución inglesa que, bajo la inspiración de Harrington, instaló la república en 1648, de la revolución independentista norteamericana que, con Jefferson a la cabeza, proclamó la república en1776. La tarea posterior de los federalistas fue compatibilizar la tradición republicana con la extensa geografía, la complejidad social y la densa historia norteamericana. Además de los mencionados, los militantes más eximios del republicanismo cívico fueron Maquiavelo, Guiciardini, Savonarola, Rousseau, el joven Hegel. ¿Puede García acompañar a esta insigne galería de intelectuales y políticos republicanos? Pese a las importantes contribuciones que ha hecho la historiadora Carmen McEvoy en sus investigaciones sobre el pensamiento republicano peruano del siglo XIX, el Perú no ha sido una tierra fértil en donde germinara y se desarrollara con amplitud el republicanismo, inspirando la formación de organizaciones y partidos republicanos. Si así hubiera sido, habríamos tenido en estos lares una mayor tradición de accountability (rendición de cuentas) tanto horizontal (de instituciones) como vertical (de la esfera pública y la sociedad civil) y una menor cantidad de élites políticas corruptas. En el Perú del siglo XIX predominaron más bien el patrimonialismo, el comunitarismo conservador y el liberalismo, a los que se agregaron en el siglo XX el anarquismo, el socialcristianismo y el marxismo.

Por todas estas razones teóricas e históricas, me parece que la política de austeridad republicana de García es una coartada para varias cosas. En primer lugar, García busca no tocar y quiere más bien proteger los intereses de los ricos. Según el discurso de la austeridad, el problema no es que el Estado carezca de recursos para atender las urgentes necesidades de los pobres, sino que los altos funcionarios, los parlamentarios y los alcaldes se la llevan toda. Ergo, no es necesario desplegar una política impositiva que grave a los que más tienen, aunque tengan boyantes ganancias extraordinarias: Lo que hay que hacer –y es lo que se ha hecho- es recortar los sueldos de los que se la llevan toda. En una simple evaluación de costos y beneficios, las medidas de austeridad son una política ineficaz: lo ahorrado mediante la política de austeridad es una propina, comparado con lo que debieran haber pagado las empresas mineras mediante un impuesto a las ganancias extraordinarias. Se ha reemplazado el impuesto por una donación voluntaria que, además de ser poco significativa, se presta para todo, especialmente abre las puertas a la corrupción: la generosidad de los mineros no es política ni legalmente transparente, no está normada y, por consiguiente, no está sometida a la accountability vertical que es vinculante. En segundo lugar, García quiere, apelando a la austeridad, incrementar su poder interviniendo arbitrariamente instituciones que, por ley, son autónomas. Tal es el caso de los municipios que, bajo el pretexto de corregir los altos sueldos de algunos alcaldes, fueron intervenidos violando la autonomía municipal. Aunque satisfaga el ego y el poder de García, la medida es absurda: el salario de un chofer de Palacio de gobierno, que no tiene responsabilidad política alguna, es igual o más que el de algunos alcaldes distritales de Lima y el doble que el de algunos alcaldes de provincias.

En tercer lugar, García quiere limpiar su imagen y borrar las acusaciones de corrupción que se hicieron a su primer gobierno, apareciendo hoy como un gobernante honesto y austero, un republicano a carta cabal. En ciertos casos, sobre todo cuando los políticos y los funcionarios no son efectivamente republicanos, las medidas de austeridad generan lo que en política se llama efectos perversos, esto es, terminan produciendo lo contrario a lo buscado: con esa medida no se ahorra los fondos públicos sino que más bien se dilapidan mediante la corrupción política que trata de recuperar con creces lo perdido por la aplicación de las medidas de austeridad, como ya lo han advertido algunos medios.

EL CALENTAMIENTO SOCIAL
Sinesio López Jiménez

Contrastando con el enfriamiento climático, el calentamiento social crece día a día. Por los datos que recoge, organiza y distribuye eficientemente La Defensoría del Pueblo, sabemos que la protesta social se empina desde 4 casos activos en mayo del 2006 hasta 32 en mayo del 2007 y que los casos que la misma Defensoría llama latentes llegan a 45. La mayoría (39%) de estos conflictos (activos y latentes) ha surgido este año y el resto distribuye su aparición por igual (19%) en los años 2006, 2005 y 2004 y sólo el 4% apareció en el año 2003 o antes. El sismo social, que no alcanza aún la intensidad de un terremoto, cubre prácticamente todo el territorio, pero el epicentro se ubica en las zonas cocaleras y, sobre todo, en las regiones mineras en donde se desarrollan el 39% de los conflictos en torno a problemas socio-ambientales. Otro conflicto que cubre a varias regiones, las de la selva, es el que se refiere a las exoneraciones tributarias, un hueso duro de roer para el gobierno. Por ahora, los únicos movimientos capaces de producir conflictos de alcance nacional son la Federación de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos (que ya paralizó sus actividades a fines de abril y comienzos de mayo y que amenaza volver a paralizar en solidaridad con los trabajadores de Casapalca) y el SUTEP que entró ayer a la huelga general. A todos estos conflictos de mayor amplitud, hay que agregar los conflictos menores y locales: el 29% que cuestionan el desempeño de los alcaldes provinciales y distritales y la legitimidad de un presidente regional (el de Huancavelica), el 10% que se producen entre comunidades y el 9% por demandas gremiales. En resumen, el sismo social tiene varias ondas expansivas que van desde lo local hasta lo nacional pasando por lo regional y lo pluriregional. Un dato revelador que proporciona la Defensoría del Pueblo es el siguiente: la mayoría (29%) de los conflictos se producen en las zonas muy pobres, el 27% en las zonas pobres, el 8% en las zonas de extrema pobreza y sólo el 13% se desarrollan en las zonas no pobres. La pobreza es, pues, el escenario principal en el que se desarrollan los conflictos sociales. Tres son los principales motivos que inducen a la protesta social: Conflictos de linderos, recursos y decisiones de las autoridades, enfrentamientos por el riesgo de contaminación ambiental y cuestionamiento de las autoridades por presuntas irregularidades. La mayoría (65%) de los movimientos de protesta despliegan un cierto nivel de violencia: enfrentamientos con la policía, toma de locales públicos, bloqueo de carreteras, secuestro de personas.

Cualquiera sea el nivel de violencia de estos movimientos de protesta, incluidos los más agresivos, ellos no buscan destruir el sistema sino que quieren hacerlo funcionar, como apuntó agudamente el politólogo norteamericano James Payne, analizando los movimientos sindicales radicales de los 60 del siglo pasado. Comentando el libro de Payne, Labor and Politics in Perú, G. A. Almond y G.B. Powell en su libro ya clásico de ciencia política, Política Comparada, sostienen una tesis que puede sorprender: “Más que constituir una amenaza para el funcionamiento habitual del sistema, la violencia de masas forma parte del patrón normal de desarrollo; es un canal estructurado de acceso al sistema político” en algunas sociedades poco estructuradas, para advertir luego el peligro de caminar por la cornisa del sistema político puesto que “siempre existe el riesgo del descontrol, la posibilidad de que quienes la promueven no pueden contener el ímpetu de las masas, lo cual puede significar una amenaza para la vida y la propiedad de quienes utilizan este medio”. En realidad, muchos de estos actos de violencia social son dramatizaciones que buscan colocar sus problemas y demandas en la agenda pública, pues las élites empresariales y los gobernantes son ciegos y sordos a las exigencias que vienen de las clases populares y pobres. Las agendas públicas, por lo general, vienen desde arriba, desde el poder económico, el poder político y desde los medios. Colocar un tema, un problema o una demanda en la agenda pública desde abajo de la escala social exige dramatizaciones a veces extremas, con consecuencias muchas veces funestas. Pero sólo entonces las autoridades de turno, acostumbradas a mirar siempre hacia arriba, se dignan mirar hacia abajo, negociar y, si los reclamantes tienen suerte, resolver el problema. La situación se agrava cuando, debido a la ausencia de partidos políticos que canalicen las demandas y dramatizaciones y que contribuyan a buscar salidas a los problemas, son los mismos movimientos de protesta los que se enfrentan al poder político a través de un tipo de relación sociopolítica que Jurgen Habermas ha llamado el modelo de asedio: el poder se siente cercado, controlado en sus movimientos e iluminado en sus actividades (a veces ocultas) por múltiples faros sociales.

Es indudable que el movimientismo genera ingobernabilidad. Hace más de un siglo y medio Tocqueville, el más brillante de los sociólogos franceses, sostuvo una gran verdad: Cuando una sociedad produce más movimientos que instituciones genera inestabilidad. Pero también el presidencialismo retórico, que no respeta las instituciones, y las mismas instituciones mal diseñadas generan ingobernabilidad. Y desde luego, las condiciones de pobreza, de desigualdad, de poco desarrollo, de un estado ineficiente y poco transparente son la fuente principal de la ingobernabilidad. No son, pues, “la demagogia que engaña, el apetito político que divide y el desorden que destruye” los que producen ingobernabilidad, como sostiene García, sino la injusticia imperante, el presidencialismo retórico inoperante y el movimientismo desesperado que desborda todas las instituciones.

LA CORRUPCION
Sinesio López Jiménez

La última encuesta del Instituto de Opinión Pública (IOP) de la PUCP sobre la corrupción trae algunas cosas nuevas y confirma otras ya más o menos conocidas. Pese a que la corrupción en el Perú es un fenómeno reconocido por la mayoría (75%) como muy grave, ella ocupa (en otras encuestas) el cuarto lugar de los problemas más importantes del país, después del desempleo, la pobreza y la situación económica. Desde una perspectiva comparada, el Perú es percibido como uno de los países latinoamericanos más corruptos juntamente con Guatemala, Nicaragua, Jamaica y Ecuador, como lo señala una reciente publicación del IEP sobre la cultura política de la democracia en el Perú. Algo que llama la atención es que ella no tiene el mismo sentido para las personas encuestadas en Lima Metropolitana. Para la mayoría de los hombres y para los estratos medios y altos, la corrupción tiene un sentido patrimonialista (conseguir beneficios particulares aprovechando el cargo público que se ostenta y usar la ley para beneficio propio). En cambio, las mujeres y los estratos populares, pobres y muy pobres tienden a darle un significado no patrimonialista (asaltar y robar y no cumplir las promesas electorales). Esto significa que para los estratos medios y altos el patrimonialismo es simple y llanamente corrupción mientras que para los estratos populares y pobres es una forma de cultura política.

La encuesta revela un bajo nivel de autoestima de los limeños. En efecto, la mayoría (56%) cree que los peruanos son poco honestos y el 17% cree que son nada honestos, sobre todo los de más edad y los estratos populares, los pobres y los muy pobres. Si los limeños creen que los peruanos son poco o nada honestos entonces están dispuestos a ser tratados como tales. La mayoría de los limeños son pesimistas respecto al presente, pero son relativamente optimistas respecto al futuro: El 41% cree que ahora hay más corrupción que hace doce meses, sobre todo en los estratos populares, pobres y muy pobres y sólo el 24% piensa que hay menos corrupción, especialmente los estratos medios y altos; pero el 39% cree que la corrupción será menor en el futuro, especialmente estos últimos estratos y sólo el 22% cree que la corrupción será peor, especialmente en los sectores populares. Los estratos medios y altos tienden a ser más optimistas tanto en el presente como en el futuro de la corrupción mientras que los sectores populares y pobres mantienen un terco pesimismo al respecto. En la evaluación de la corrupción en los diversos gobiernos, Fujimori se lleva la palma de lejos como el gobierno más corrupto (56%), seguido por el primer gobierno de García (el 22%) y por el de Toledo (17%). A medida que se baja en la escala social, menor es el porcentaje de la población que juzga al gobierno de Fujimori como el más corrupto, lo que revela una cierta permisividad de los sectores populares y pobres con la corrupción de ese gobierno. Esos mismos estratos tienden a creer que los gobiernos de García y de Toledo fueron más corruptos. Esta peculiar evaluación de la corrupción de los gobiernos por parte de los sectores menos favorecidos del país tiene que ver probablemente con la agresiva política social desplegada por Fujimori entre 1993 y el 2000. El actual gobierno de García queda mejor librado pues el 52% de los limeños piensa que es menos corrupto que los otros, sobre todo en los estratos altos y medios, pero los estratos populares y pobres creen que es tan corrupto como los otros. Para los limeños la política es el escenario en el que impera la corrupción, pero la mayoría, especialmente los sectores medios y altos, piensa que se puede trabajar en el campo político sin corromperse. Los estratos populares y pobres, en cambio, son más escépticos al respecto. La mayoría de los sectores medios y alto, cree que el Estado ofrece los flancos más débiles a la corrupción en relación con la empresa privada. En cambio, los sectores populares y pobres tienden a pensar que la corrupción se da en ambos espacios. Las instituciones peruanas más corruptas, en opinión de los limeños, son el Congreso, la policía, el Poder Judicial, los partidos políticos, en ese orden, y, por eso, sorprende que le otorguen al Poder Judicial y al gobierno la capacidad de luchar contra la corrupción a través de diversas políticas: educación en valores, leyes y sanciones muy altas.

Por todo lo expuesto hasta ahora, sabemos que el conocimiento, el sentido, la percepción y la evaluación de la corrupción depende de varios factores como la edad, el género, el nivel de educación y sobre todo el estrato social de la población. Pero ¿qué la explica?. ¿Y cuáles son sus consecuencias en el campo de la política y en especial en el régimen democrático? Por desgracia, ninguna encuesta trata el tema de las causas y consecuencias. Aquí sugiero algunas hipótesis sobre la base de diversas investigaciones sobre el tema. La corrupción depende de la vigencia de la cultura patrimonialista, del nivel de control (accountability) horizontal (instituciones), vertical (electores) y social (ciudadanos, sociedad civil y esfera pública) y del nivel de pobreza que relativiza los valores de integridad moral de los ciudadanos. A mayor vigencia de cultura patrimonialista, mayor corrupción; a mayor control horizontal, vertical y social, menor corrupción y a más pobreza, más relativización de los valores y más permisividad con la corrupción. El impacto de la corrupción en el sistema política y en la democracia es calamitoso: la pérdida de confianza en las instituciones del estado, la insatisfacción con la democracia y la falta de gobernabilidad.
LA DEMOCRACIA EN CUESTION
Sinesio López Jiménez

Julio es un mes de evaluaciones políticas, de aprobaciones y de desaprobaciones por parte de los ciudadanos. García ha salido desaprobado en su primer año de gobierno, pese al buen desempeño de la economía (que no es obra suya) o quizás por eso mismo: la gente de a pie no siente en el bolsillo (o siente que es insuficiente lo poco que le toca) las boyantes cifras de las empresas y de la macroeconomía. También ha salido desaprobada la democracia: El 65% de los peruanos cree que el Perú es poco o nada democrático, según la encuesta de julio del Instituto de Opinión Pública de la PUCP. La desaprobación es mayor en las regiones, especialmente en el norte, centro y sur del país en donde el 71% cree que el Perú es poco o nada democrático. Es probable también que la desaprobación sea mayor en los estratos populares, pobres y muy pobres del Perú. La desafección con la democracia es asimismo alta: El 63% de los peruanos se siente insatisfecho y muy insatisfecho con la democracia, especialmente en las regiones sur y centro en donde la insatisfacción se empina hasta el 78%. ¿Existe alguna conexión entre la desaprobación del gobierno, la insatisfacción y la desaprobación de la democracia?. Por supuesto que existe. A medida que la desaprobación del gobierno (elegido democráticamente) crece, se incrementa también la insatisfacción y la desaprobación de la democracia: si el gobierno (democrático) no resuelve los problemas angustiosos de la gente, entonces ¿de qué democracia hablamos?. ¿Para quién funciona la democracia?. El gran economista Albert O. Hirschamn definió alguna vez la democracia como capacidad de espera y Julio Cotler, destacado sociólogo peruano, suele decir que la democracia es saber hacer la cola. Es probable que las tesis de Hirschmann y de Cotler funcionen en las clases medias y altas, pero no en los estratos populares que ya se cansaron de esperar y de hacer la cola.

¿Qué pasa en los países como el Perú en donde coexisten una economía boyante, un gobierno desaprobado y la mayoría de ciudadanos insatisfechos? Pueden pasar varias cosas. En primer lugar, esa coexistencia no puede durar mucho tiempo porque la desaprobación del gobierno se transforma en ingobernabilidad, la insatisfacción en impaciencia y la economía puede comenzar a caer. En segundo lugar, se puede incrementar la presión distributiva desde abajo y desde las regiones justamente aprovechando la democracia (que se desaprueba y que, en este caso, muestra para que y para quien sirve también) y el sostenido crecimiento de la economía. En tercer lugar, puede emerger un Pacto Social de verdad en el que estén presentes los empresarios (la CONFIEP y otros organizaciones empresariales), los trabajadores organizados (la CGTP), los gobiernos regionales y un representante (con poder) del gobierno central para hacer compatible el desarrollo económico (crecimiento, productividad) con la democracia (distribución e igualdad), creando las políticas (reforma tributaria, capacitaciones), los mecanismos (mantención del equilibrio macroeconómico, derechos sociales) y sistemas institucionales (organismos estatales que garanticen los acuerdos del pacto social). Si lo anterior no se hace o no es posible hacer, puede pasar cualquier cosa, la más probable es que se organice un gobierno abiertamente autoritario al servicio del gran capital con el apoyo de las clases medias conservadoras.

Pese a la insatisfacción y a la desaprobación de la democracia, la mayoría de los peruanos (60%) cree que la democracia es la mejor forma de gobierno, especialmente en Lima y Callao (65%) y en el norte (57%). Pero lo que más llama la atención en este caso es que casi la mitad de los ciudadanos que viven en el sur, centro y oriente creen que a veces es necesario un gobierno autoritario, una dictadura o les da lo mismo cualquier forma de gobierno. Y es también muy probable que los sectores populares, pobres y muy pobres de todas las regiones hayan llegado a desechar la democracia como la mejor forma de gobierno. ¿Existe una relación entre la insatisfacción, la desaprobación y la falta de apoyo a la democracia como forma de gobierno?. Esa relación es innegable: A medida que se incrementa la insatisfacción y la desaprobación de la democracia, aumenta también la falta de apoyo a la democracia como forma de gobierno. Esto significa que para un sector importante de los sectores populares la democracia no es o ya no es la mejor forma de gobierno. Si eso es así, entonces se están desarrollando las bases sociales para salidas desesperadas o para gobiernos dictatoriales. El Perú ha llegado a una situación en la que ya no se puede concentrar el poder en la cúpula (el presidente, el ministro de economía, la tecnoburocracia y la coalición social y política que está detrás) evitando la presión social y el escrutinio público y en la que, si se quiere mantener la democracia y hacerla compatible el desarrollo, tiene que abrirse un juego político y social complejo hacia las clases populares. Hemos llegado a una situación social y política en la que ya no se puede mantener el juego anterior en donde muy pocos ganan y la inmensa mayoría pierde. Ya no estamos en los 90 del siglo pasado. Ya no estamos en los tiempos de Fujimori. Felizmente.

LA DEMOCRACIA DE PARTIDOS
Sinesio López Jiménez

La encuesta de julio del IOP de la PUCP revela algunos datos interesantes que merecen algunas reflexiones: La evaluación de la democracia ha bajado significativamente, la insatisfacción y la desafección con ella se han incrementado, pero la apuesta por ella, como forma deseada de gobierno, se mantiene, aunque en franco descenso especialmente en las regiones el centro, sur y oriente en donde casi el 50% simpatiza con una forma no democrática de gobierno y/o no le interesa la forma de gobierno. Estos datos revelan procesos cognitivos, afectivos y de apuesta política sobre la democracia. Desde una perspectiva cognitiva, la mayoría de la gente, sobre todo de los sectores populares, pobres y muy pobres, percibe que la democracia tiene un nulo desempeño en la solución de sus problemas y, por ende, la desaprueba como ejercicio efectivo de gobierno. Pero si queremos profundizar en el tema es necesario preguntarse qué es lo que realmente no funciona. ¿Es la democracia?, ¿es el Estado en el que opera la democracia?, ¿son los partidos que organizan la representación en la democracia?, ¿son los ciudadanos pasivos que se niegan asumir un papel activo y responsable?. Gullermo O´Donnell, destacado politólogo argentino y profesor de la Universidad de Notre Dame (USA), se planteó algunas de estas preguntas para explicar la fragilidad de las democracias latinoamericanas y sugirió algunas respuestas que apuntan más a responsabilizar al tipo de ciudadanos y a la ineficiencia de los Estado que a la democracia como régimen político. O´Donnell sostiene, en síntesis, que los ciudadanos latinoamericanos, a diferencia de los ciudadanos de los países del norte, son principalmente políticos y no civiles (que no valoran la libertad, la autonomía ni la iniciativa individual) ni sociales (que no participan en el bienestar que producen sus sociedades) y que la exclusiva ciudadanía política no es sólido soporte de la democracia. Sostiene asimismo que los estados latinoamericanos no funcionan ni como sistemas legales, ni como burocracias, ni como seguridad ciudadana, ni como distribución funcional (poderes del estado) ni territorial (descentralización) del poder, ni como estados-para-la-nación. O´Donnell olvidó señalar que lo único que funciona es la forma-estado, esto es, el estado como sistema institucionalizado de dominación social (Weber) que organiza, entre otras cosas, el monopolio de la coerción, la relación inclusión-exclusión y las políticas económicas. Olvidó asimismo señalar las deficiencias de los partidos como organizadores de la representación democrática. Lamentablemente la encuesta del IOP tampoco formula preguntas que permitan conocer la percepción ciudadana sobre la actividad y el desempeño de los partidos actuales y medir el grado de insatisfacción y de desafección con ellos pues se limita a preguntar sobre la evaluación de la relación de los partidos con la democracia. Ello no obstante, los datos revelan que el 65% de los peruanos cree que la existencia de los partidos es importante, muy importante y extremadamente importante para el funcionamiento de la democracia, sobre todo en Lima y Callao (67%) y en el norte (66%) y en menor medida en el sur (61%) y en el oriente (61%), pero la región centro (55%) tiene una posición anti-partido pues cree que los partidos son poco o nada importantes para la vigencia de la democracia. Estas respuestas son concordantes con la creencia mayoritaria (56%) de todas las regiones según la cual “sin partidos políticos no puede haber democracia”, con la notoria excepción del centro del país. Más de un tercio de los peruanos (37%) cree, sin embargo, que la democracia puede funcionar sin partidos políticos.

Esta apuesta por los partidos como sustento de la democracia no deja de sorprender sobre todo cuando se conoce por otras encuestas (Latinobarómetro 2003) el bajo nivel de confianza de los peruanos en los partidos (8.0%), nivel que está por debajo de la media (8.4)% de los países andinos, un poco más arriba de Bolivia y Ecuador, muy por debajo de Colombia (17.3%) , Venezuela (20.1%), de los países latinoamericanos no andinos (22%) y de los países de Europa Occidental (24.6%). Estos datos expresan la profunda crisis de representación de los partidos políticos en el mundo, ciertamente en unos más que en otros. Lo que está en cuestión, como lo han analizado Scott Mainwaring, profesor de la Universidad de Notre Dame, y otros, es el lazo representativo entre los ciudadanos como titulares del poder (principales los llama Mainwaring) y los partidos políticos (agentes de la representación). Este cuestionamiento atraviesa por varias etapas que van desde la desaprobación de su desempeño hasta el colapso pasando por la insatisfacción, la desafección, la desconfianza, el rechazo y la erupción, configurando un proceso gradual de ruptura. ¿Cómo explicar esta crisis de representación?. Las respuestas van desde las que responsabilizan de la crisis representativa al mal diseño institucional de los partidos hasta las deficiencias del Estado, pasando por el mal desempeño de la democracia. Es probable que, en este caso, cada uno de estos factores tenga su propia cuota de responsabilidad.

UN ESTADO INEFICIENTE
Sinesio López Jiménez

Para comprender al estado peruano hay que mirarlo desde el terremoto del 15 de Agosto. Este fue un examen de desempeño que el Estado desaprobó. Ese fracaso era algo esperable para todos los que en algún momento de sus vidas se han visto envueltos en sus pesadas y mohosas redes. Si el estado no funciona en los tranquilos períodos de una aburrida normalidad, ¿porqué tiene que funcionar adecuadamente en los dramáticos períodos de desastres inesperados?. En estos períodos, por el contrario, salen a flote las virtudes y los defectos, las grandezas y las miserias, las generosidades y las mezquindades de los hombres (sobre todo de los hombres públicos), de las sociedades y de sus instituciones. El terremoto de Ica es un enorme espejo en el que todos tenemos que mirarnos y mirar en él, sobre todo, a los hombres públicos con sus capacidades y deficiencias para desempeñar el papel que les toca: enfrentar y resolver los graves problemas producidos por el desastre. El Presidente García exhibió todo lo que podía dar de sí en los diversos actos del drama: Desinformado en un primer momento (felizmente el terremoto no ha tenido graves consecuencias, dijo), incomunicado (dependiente sólo los intereses privados de la Telefónica y sin canales alternativos de comunicación), preocupado (desplazándose al lugar de los hechos), sereno (tratando de calmar a la gente damnificada, angustiada y desesperada) y desafiante (casi conminando a las ONGs, a la CGTP a la solidaridad activa para ocultar su propia incapacidad y las deficiencias del Estado que hoy comanda). Algo parecido sucedía con los ministros presentes en el escenario del drama: Todos ellos o casi todos ellos son personas de buena voluntad que se mostraban, ante la magnitud y la gravedad de los hechos, desconcertados, impotentes y afectados por una parálisis decisoria. Sincera e irritante al mismo tiempo fue la confesión del Ministro de Salud: Necesitados unas doscientas ambulancias, pero el Ministerio de Salud sólo tiene doce en estado operativo. Le faltó añadir con igual sinceridad: Tenemos los fondos necesarios, pero hasta ahora no podemos adquirirlas. El Primer Ministro soltó una afirmación del mismo calibre con pasmosa ingenuidad: No podemos llegar oportunamente con la ayuda a los damnificados porque se ha interrumpido la carretera y tenemos que ir por Arequipa. Una pregunta igualmente ingenua: ¿Era una tarea imposible construir un tramo de emergencia (de doscientos metros) de la carretera y habilitar el puente San Clemente?.

Pero ha sido la inoperancia del Estado la más escandalosa y dramática en la etapa de emergencia. No estaba presente un modesto burócrata para que entregue oportunamente un papel de defunción. Los fiscales necesarios para el levantamiento de los cadáveres brillaban por su ausencia. Los destacamentos de la policía y de las FF.AA. (las mismas que García quiso sacar de sus cuarteles para reprimir las huelgas del mes de julio) para garantizar la seguridad de los ciudadanos tampoco estaban presentes, pese a las exigencias desesperadas de los damnificados. El IDECI no tenía iniciativas, ni previsiones ni los aditamentos necesarios (carpas, frazadas, agua, etc) para atender a los damnificados en períodos de emergencia. La solidaridad de adentro y de afuera lo desbordó y se mostró incapaz para distribuir con la urgencia necesaria la generosa ayuda a los damnificados. El Ministerio de Salud no contaba con las ambulancias necesarias para el traslado de los heridos a los hospitales y Centros de Salud de Lima. El MINSA tampoco estaba en condiciones de dar un tratamiento adecuado (cámaras de refrigeración) a los cadáveres amontonados que se descomponían en la plaza pública. El Ministerio de Transportes se mostró incapaz para habilitar un tramo de urgencia de doscientos metros y un puente, medidas que hubieran aliviado el atascado tránsito de los primeros días, inmediatamente después de la catástrofe. Un insensible Ministerio de Economía y Finanzas, incapaz de imaginar situaciones de emergencia de la población y de librar los fondos necesarios para atenderlas. Engorrosos procedimientos impiden a los Ministros y a la alta burocracia tomar decisiones rápidas para resolver problemas de emergencia. Los organismos estatales de control paralizan a la tímida burocracia en la toma urgente de decisiones, amenazándola con procesos administrativos y judiciales si no se someten a los kafkianos procedimientos diseñados, al parecer, por una mano malévola para que todas las instituciones del Estado sean ineficientes. ¿Aprenderemos la lección que nos deja el terremoto del 15 de agosto?. Veremos. Una primera indicación de que hemos encontrado el camino de salida la tendremos en la etapa de reconstrucción y una segunda será la capacidad de diseñar un Estado de Emergencia que entre a funcionar cada vez que tengamos catástrofes como la del 15 de agosto.

LOGICA DE GUERRA
Sinesio López Jiménez

Entre el insulto, la sorna y el desafío, García ha formulado la siguiente pregunta:¿qué hacen por el Perú el picón, el criticón y el comechado?. Aceptando el desafío y asumiendo mi rol de crítico del gobierno de García me permito, previamente, devolverle la pregunta: ¿Qué hizo el presidente García entre 1985 y 1990 y que hace hoy por el Perú?. Sería interesante que él mismo respondiera, pero, como sé que no lo va a hacer, yo mismo voy a asumir esa ingrata tarea. He aquí un breve listado de las hazañas realizadas por García en su primer gobierno: Disparó los precios 22,000 veces, achicharró las remuneraciones reales en 53%, redujo el ingreso per cápita de 2,800 dólares en 1985 a 1,900 dólares en 1990, quebró al estado bajando la presión tributaria del 14% al 4%, multiplicó el número de pobres (en Lima Metropolitana) pasando de 16.9% al 44.3%, destruyó un millón de empleos adecuados e incrementó el desempleo de 42.5% al 73.1% (en Lima Metropolitana). Esta es la gran faena de García por el Perú en su primer gobierno. Puso al Perú y a los peruanos al borde del abismo. A esas hazañas económicas y sociales hay que agregar la violación sistemática de los derechos humanos (masacre de los penales, de Cayara, los paramilitares autodenominados Rodrigo Franco, etc.) y la corrupción generalizada (el 22% de los limeños cree que el primer gobierno es el más corrupto, después de Fujimori). He aquí un rápido recuento de su modesto desempeño en un año de su segundo gobierno: la austeridad como coartada para evadir la reforma tributaria, la desafiliación mediatizada de las AFP, la eliminación del Consejo Nacional de Descentralización (CND), la racionalización administrativa de las políticas sociales, la evaluación de los maestros, el shock fracasado de inversiones, la ley del control de las ONGs, la fusión de algunas OPDs, la negociación (rechazada cuando era candidato) del TLC , la reciente ley de la carrera pública magisterial. Nada de nada que tenga que ver con el trabajo, la distribución de la riqueza que producen los trabajadores gracias a la generosidad de los recursos naturales que pertenecen a todos los peruanos, la desigualdad creciente y la pobreza. Las medidas más importantes son las que se refieren a la educación (la evaluación de los profesores y la ley de la carrera magisterial), pero que han sido políticamente mal conducidas y sin obedecer a un plan previamente elaborado de una reforma educativa integral, lo que pone en duda su viabilidad. Sin este plan integral explícito se da la impresión, evidentemente errónea e injusta, de que toda la responsabilidad de la pésima calidad de la educación es sólo de los maestros y del SUTEP. ¿Y cuál es la responsabilidad de los ministros de educación, de los gobiernos que incumplen el Acuerdo Nacional de dedicar el 6% del PBI a la educación y que han hecho y hacen de la escuela pública, no un espacio de igualdad de oportunidades, sino un mecanismo más de discriminación (en donde sólo se educan los pobres y los cholos), de los misérrimos salarios que paga el Estado a los maestros, de las instituciones estatales que tienen que ver con la educación y que no funcionan?.

García puede sostener que su segundo gobierno es la autocrítica práctica de su desastroso primer gobierno. Pero en este caso su autocrítica es parcial y unilateral: es sólo un mea culpa frente al capital. ¿Y el mundo del trabajo no se merece una disculpa y una autocrítica práctica?. ¿Olvidó acaso las tesis primigenias del APRA de conciliar el capital y el trabajo?. Pero más allá de la ideología, la conducta política de García y de su gobierno obliga a preguntarse: ¿ Por qué los gobernantes no pueden mantener una lógica del equilibrio político y social?. ¿De que depende esa incapacidad?, ¿Es una cuestión de sicología, de la cultura política o de la estructura social?. Puede ser una combinación de las tres cosas. García, al parecer, es un hombre que se desborda así mismo, que quiere avasallar a los demás y que no ama la mesura, guiado quizás por la idea de Trotski de que la prudencia nada grande ha producido en la historia. Pero y ¿Del Castillo?, ¿Qué pasó con el prudente y mesurado del Castillo?. Ambos, presidente y primer ministro, parecían en estos días dos generales dirigiendo una guerra, provocando, insultando, inventando molinos de viento. La política fue definida como guerra, como en los viejos tiempos en los que los militares pensaban que la única forma de mantener el orden era acabando con el APRA y ésta creía que la única forma de realizar los cambios era acabando con los militares. Pero esta vez, el papel de los militares ha sido desempeñado por el APRA y el de ésta, por los sectores sociales descontentos y movilizados. Esta es la vieja cultura de la confrontación que rechaza la negociación y el diálogo y que privilegia la violencia. Los griegos que habitaban la polis, amantes de la lexis y la praxis (el diálogo y la acción), afirmaban que la violencia era muda. Y Hannah Arendt, una de las más destacadas filósofas del siglo XX, sostenía que la violencia surge cuando se trata al otro como cosa, como medio para conseguir algún fin. Sicologías desbordantes y culturas políticas confrontacionales se alimentan de una estructura social polarizada de ricos satisfechos (los menos) y de pobres descontentos e irritados (los más). ¿Es difícil para los menos (el gobierno, la derecha, los ricos, los medios) entender que los más ( las clases populares, los pobres y las izquierdas) están insatisfechos (según las últimas encuestas) y por eso protestan y se movilizan?. ¿Podrán entender los menos que los más no están locos sino disconformes con la actual situación de injusticia y con la política del gobierno? Espero que para su propio bien y para la sobrevivencia de la democracia logren entenderlo.

EL PACTO SOCIAL
Sinesio López Jiménez

García saca “instituciones” de su sesera como el prestidigitador saca conejos de la manga. Este es el caso del pacto social cuyos únicos elementos que se conocen son sus objetivos (el salario mínimo) y los convocados (grandes, medianas y pequeñas empresas, formales e informales), pero nada más. No se conocen ni el más elemental diseño, ni las reglas, ni los procedimientos, ni los incentivos, ni las sanciones ni el señalamiento básico de la estrategia para construirla, ni las relaciones con el complejo institucional (estatal, paraestatal), especialmente con otras similares que ya existen (El Acuerdo Nacional y el Consejo Nacional del Trabajo) con los que duplica sus funciones. Los ministros se enteraron del nacimiento de la criatura en el momento mismo del mensaje presidencial y están haciendo malabares para que termine de nacer. Una de las características de los presidencialismos plebiscitarios y los retóricos de AL. es su total desapego de las instituciones, a diferencia de los presidencialismos que se sientan en vigorosas coaliciones sociales y políticas y que se manejan con instituciones estables y gobernables. ¿Cómo explicar entonces la propuesta “institucional” de García?.

Mi hipótesis es que el pacto social de García no es una propuesta institucional seria sino una maniobra para burlar la presión distributiva que se viene con fuerza. El problema no es sólo el salario mínimo sino toda la estructura salarial que ha quedado brutalmente rezagada con respecto a las utilidades empresariales como lo viene demostrando Humberto Campodónico en su excelente columna diaria de La República: Algunas empresas recuperarán su inversión en el cortísimo período de tres años mientras los salarios no logran salir del abismo en el que los dejó el primer gobierno de García. Más aún: junto a los salarios está el problema del empleo: la calidad del empleo, el subempleo, la precarización y los mal llamados services, esto es, todas las formas laborales (sin derechos) impuestas por el capitalismo salvaje de 1990 en adelante. Enfrentar los problemas de los salarios y del empleo es la mejor manera de atacar los desafíos de la pobreza y la desigualdad. En la historia conflictiva entre el trabajo y el capital se han imaginado diversas fórmulas institucionales que han permitido su coexistencia productiva. De ellas voy a reseñar brevemente las tres más importantes: la autoprotección social del liberalismo del siglo XIX, el compromiso entre el capital y el trabajo de la socialdemocracia del siglo XX y las actuales reformas institucionales que se vienen desarrollando en Europa para aligerar el pesado estado socialdemócrata. Todas las historias sociales cuentan las duras resistencias que ofrecieron los campesinos para transformarse en obreros en los capitalismos originarios después del siglo XVIII. Las causas de esas resistencias no eran económicas (los obreros ganaban más que los campesinos) sino sociales: el abandono de la familia, la ruptura con la localidad de origen y de su cultura, el establecimiento de nuevas formas de disciplinamiento social y laboral, en fin, todo un conjunto de problemas derivados de lo que Karl Polanyi ha llamado el dislocamiento social. Estos problemas se agravaron en el siglo XIX cuando se impusieron en toda la línea la economía liberal y la autorregulación del mercado que buscaban transformar a todos los factores de producción en mercancías, incluidas las que Polanyi denomina ficticias (la fuerza de trabajo, el dinero y los recursos naturales) puesto que devienen tales por una decisión cultural. La resistencia de los trabajadores fue mayúscula y cedió sólo cuando, junto a la autoregulación del mercado, se estableció la autoprotección de la sociedad (jornada de ocho horas, mejores condiciones de trabajo, salarios dignos,etc) gracias a los sindicatos y organizaciones de los trabajadores y a las garantías que ofreció el Estado liberal. El liberalismo del siglo XIX pudo funcionar gracias a la tensión equilibradota entre economía de mercado y autoprotección de la sociedad. Todo eso colapsó con el crack de 1929.

En el siglo XX, gracias al crecimiento sostenido de Europa, a la sólida organización de los obreros, a la existencia de partidos socialdemócratas y liberales, se logró establecer lo que Adam Przeworski ha llamado una política de compromiso entre los obreros y los empresarios bajo el impulso y la garantía del Estado socialdemócrata. Los trabajadores aceptaron que la acumulación capitalista era legítima y los empresarios, a su vez, aceptaron que era asimismo legítima la participación de los trabajadores en la distribución de la riqueza que ellos producían. La fórmula que asumió este compromiso fue una reforma tributaria, el reconocimiento de los derechos sociales y la organización de los aparatos estatales adecuados para garantizarlos. La socialdemocracia llegó a esta fórmula de humanización del capitalismo, luego de amenazar con destruirlo a través de estatizaciones y nacionalizaciones en el siglo XIX, de superar una serie de dilemas que le planteaba la integración institucional al sistema vigente y de aplicar las políticas keynesianas en los años 30. En la década de 1980 apareció un creciente consenso con respecto al fracaso institucional del estado de bienestar y la aceptación del hecho de que, dadas las perspectivas económicas, no había muchas probabilidades de remediar la situación con la asignación de más recursos a la misma red institucional. Se han buscado fórmulas en el Reino Unido y en los países nórdicos para combinar el financiamiento y la asignación de recursos a la educación y la salud por parte del Estado con los mercados o cuasi-mercados (tercerización) y con la sociedad civil (publicización) en la gerencia y gestión de esos servicios. Estas diversas experiencias sugieren que un mayor predominio de las “fuerzas del mercado” puede significar, en realidad, un mayor protagonismo para el Estado, en particular en el terreno de la regulación. ¿En cuál de estas tradiciones se basa la propuesta de García?. Nadie lo sabe ni él mismo.

GARCIA QUIERE MATAR AL PERRO POR INANICION
Sinesio López Jiménez

Nunca segundas partes fueron buenas. Si el primer artículo de García era malo, el último es peor. El primero tenía, al menos, la virtud de la provocación porque invitaba al debate intelectual y político. El último, en cambio, es tecnoburocrático y aburrido. Es un pequeño misil tierra a tierra. Hay, para comenzar, una contradicción entre el título (receta para acabar con el perro del hortelano) y el contenido (modestos cambios institucionales del Estado para estimular la inversión privada y favorecer a los empresarios). Con estas medidas García va a engordar a los propietarios de los grandes huertos y, de carambola, puede quizás acabar con el perro del hortelano (como lo desea) por inanición. Todas las medidas que propone (quitar al Estado la obsesión de del control total, estimular al empleado público que presta el mejor servicio, liberar los bienes que el Estado no usa ni trabaja, abrir a la producción y al trabajo las áreas sin uso que tiene el país, nuevos procedimientos para fomentar la inversión) tienen como exclusivo propósito estimular y garantizar la inversión privada. No propone una sola medida que tenga que ver con el perro del hortelano: empleo, el ingreso, la educación, la salud y el bienestar de los peruanos. Esta sería la mejor manera de acabar con todos los perros del hortelano. A esto habría que añadir las medidas de protección del medio ambiente para redondear la faena. Pero nada de esto ha sido propuesto. Todo para el capital, nada para la sociedad ni para el medio ambiente. El Estado, financiado por el IGV de todos (62%), está siendo puesto una vez más al servicio de los dueños del huerto. Si los perros aludidos no mueren por inanición (como espero) van a seguir ladrando fuerte (protestando). No se trata de uno sino de varios. Es casi una jauría. Señalo brevemente a los más impacientes. Están en primer lugar los que viven aplastados por el capitalismo salvaje (precarización del empleo, bajos salarios, malas condiciones de trabajo, services, contratos). Vienen luego los campesinos a los que se quiere despojar de sus tierras para entregarlas a las corporaciones mineras o los que ya se ven afectados por éstas en sus recursos naturales (agua, cultivos, medio ambiente, etc). Sigue el enorme contingente de desempleados y subempleados de las ciudades que buscan empleo y mejores condiciones de vida. Culmina este desfile de perros contestarios la enorme masa de los excluidos económica y socialmente de las regiones, especialmente de la sierra y de la selva. Según revelan las encuestas, éstos son los que demandan más Estado (que los incluya) a pesar del Estado actual (que los excluye). Demandan también una comunidad política (nación) que los incorpore y los considere como sus miembros. Estatismo y nacionalismo (que tanto asustan a los propietarios de los grandes huertos y a sus guardianes) son demandas, no de un conjunto de locos desfasados y desactualizados, sino de amplios sectores sociales que se sienten excluidos. Son las formas a través de las cuales ellos creen que pueden resolver sus problemas fundamentales y pueden ser incluidos en la vida económica y social del país. Son productos inevitables del neoliberalismo excluyente de América Latina. En unos países más que en otros. Neoliberalismo agresivo y estatistmo y nacionalismo son hermanos enemigos que se alimentan mutuamente. Como por un túnel del tiempo, el Perú y América Latina parecen volver a las épocas de la exclusión oligárquica y a las respuestas estatistas y nacionalistas que dicha exclusión generó. Han reaparecido el terreno y el clima en los que germinaron y crecieron los partidos nacional populares y las Apras de América Latina de los años 30 del siglo pasado.

Las recetas presidenciales no curan para nada el estatismo ni el sectarismo, a los que García confunde con el patrimonialismo. Más chamba para Hugo Neira. En una clase de sociología y política al paso Hugo tiene que explicar a García en qué consiste el patrimonialismo (Max Weber). Puedo contribuir gratuitamente con un pequeño adelanto. Patrimnialismo es lo que hace el APRA cuando gana las elecciones: copa al Estado con sus militantes, lo administra como si fuera su chacra apelando al derecho que supuestamente le otorga el triunfo electoral. Si García quiere acabar efectivamente con el perro del hortelano para que pueda funcionar sin sobresaltos la economía de mercado autorregulada tiene que hacer por lo menos dos cosas. Primero, proteger la sociedad y el mundo del trabajo acabando con el capitalismo salvaje y organismo un capitalismo con derechos (empleo de calidad, salarios dignos, jornada de ocho horas, condiciones adecuadas de trabajo, seguridad social de los trabajadores, etc, etc,). Segundo, proteger el medio ambiente y los recursos naturales cuyo deterioro nos afecta a todos y no sólo a los campesinos. La Sigue leyendo

REVISITANDO A GARCÍA EN PERSPECTIVA

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Sinesio López Jiménez

Maquiavelo sostenía que el político, para tener éxito, tenía que adecuar su acción al tiempo y a las circunstancias que son cambiantes, manteniendo, sin embargo, su apuesta en el proyecto (de construir un Estado republicano en el caso del florentino). Por eso Rousseau afirmó que Maquiavelo, fingiendo dar lecciones a los príncipes, las dio, en realidad, más grandes a los pueblos. García no es un maquiaveliano ni en el proyecto (republicano) ni en la estrategia o, en todo caso, es un maquiaveliano a medias: cambia su acción de acuerdo al tiempo y las circunstancias, pero cambia también de proyecto. En la primera vuelta, García se presentó como el candidato antineoliberal que enfrentaba a Lourdes Flores, la candidata de los ricos (en sus propias palabras). En la segunda vuelta, se presentó como el candidato del cambio responsable que luchaba contra el caos y el cambio sin un rumbo claro que representaba supuestamente Ollanta Humala. Ganadas las elecciones en la segunda vuelta con el apoyo de la derecha, se transformó en el Presidente de la continuidad neoliberal. Cada cambio en el discurso y en la acción implicaba un desplazamiento social ascendente: de candidato popular (primera vuelta), a candidato de clase media (segunda vuelta) y a Presidente de los ricos (después el 28 de Julio del 2006).

Aplicando sus propias creencias según las cuales en política no hay que ser ingenuos, en la primera vuelta García se presentó con un discurso popular, pero con una fórmula presidencial vinculada al fujimorismo que representa la derecha rudimentaria y corrupta. Esa fórmula era un guiño a los electores fujimoristas (que carecían de una candidatura fuerte) y anunciaba, dado el caso, las futuras coaliciones políticas para contar con una mayoría parlamentaria y tener gobernabilidad. García es al mismo tiempo un caudillo nacionalmente devaluado (la mayoría ya no cree en él) y un caudillo respetado en el partido aprista al que le otorga un sentido instrumental y el que se siente poco o nada sin él. Por esas razones, García impuso al Apra esa fórmula presidencial y colocó también en los primeros puestos a sus propios candidatos al Congreso. Constitucionalmente, García es el Jefe de Estado y representa a la nación, pero, en realidad, es el Presidente de los ricos y, a partir de sus tesis sobre el Síndrome del perro del hortelano, quiere ser y se perfila como el jefe de la derecha en el Perú.

Si se tiene en cuenta los cambios en las relaciones de fuerza entre los actores sociales, políticos y los poderes fácticos, los cambios institucionales y las políticas se puede establecer la siguiente periodización en los dieciocho meses transcurridos del gobierno aprista:
1. La conformación de una coalición de derecha y la fragmentación de las oposiciones (de julio a noviembre del 2006).
2. El shock de las inversiones y la emergencia de una oposición social y regional (de diciembre del 2006 a diciembre del 2007)
a. El calentamiento social o el choque entre el gobierno y la oposición social y regional (primer semestre del 2007).
b. El rentismo como modelo de desarrollo, la liberalización comercial y la confrontación política (segundo semestre del 2007).

1. Coalición de derecha y fragmentación de las oposiciones

En este período García y el APRA logran organizar una coalición política de gobierno y una mayoría que le da gobernabilidad al mismo tiempo que las oposiciones de derecha y de izquierda nacionalista se fragmentan. García pasó ajustadamente a la segunda vuelta, pero su representación parlamentaria, elegida en la primera vuelta, era una segunda minoría. El triunfo electoral en la segunda vuelta, le dio legitimidad para gobernar pero no subsanó la carencia de una mayoría parlamentaria que le diera gobernabilidad. La carencia de una mayoría parlamentaria obligó al gobierno aprista a organizar una coalición informal con la derecha decente de unidad nacional y con la corrupta del fujimorismo. La coalición se expresa en las votaciones congresales sobre los asuntos importantes del gobierno, en la conformación del equipo de gobierno, especialmente del equipo económico, (con el que, al parecer, se sienten identificados, en mayor o menor medida, los apristas, los de Unidad Nacional y los fujimoristas) y en la aplicación de las políticas públicas, especialmente de las políticas económicas. La informalidad de la coalición permite, sin embargo, a sus integrantes defender su autonomía y alegar que sus acuerdos expresados en el equipo de gobierno y en las políticas públicas son meras coincidencias. Al mismo tiempo que se formaba la coalición informal mayoritaria, se disgregaba la primera minoría humalista, dando lugar a tránsfugas y un sector de congresistas (UPP) más tolerante con el gobierno del García. Este, a su vez, se encargó de romper la pequeña coalición de la derechista Unidad Nacional ofreciendo cargos ministeriales a algunos de sus representantes.

Una vez en el gobierno, García se encontró con una economía de mercado blindada por leyes, reglas de juego aceptadas, mecanismos de equilibrio macroeconómico, el peso de los oligopolios, los convenios de estabilidad tributaria, las presiones de los grupos de interés y los miedos de las clases medias y altas ante cualquier cambio que pueda poner en peligro sus pequeños o grandes intereses. Ante esta situación que no quiso cambiar o que se sintió impotente para cambiar, García estableció pragmáticamente una división política de trabajo en el gobierno. En primer lugar, dejó que la derecha, los grandes grupos empresariales y la tecnoburocracia cosmopolita siguieran manejando, desde los aparatos económicos del Estado, la economía de mercado autorregulada. Esto implicó una coalición política de García con los poderes fácticos que manejan la economía. En segundo lugar, García se concentró en lo político y en lo social, pero incluso en estos campos, las propuestas eran tan limitadas que la misma derecha exigía al gobierno reformas en lugar de pirotecnia verbal.

Desde sus inicios, el gobierno fue y es más alanista que aprista en su estilo político y se organizó como un régimen de presidencialismo retórico en su forma política. El nombramiento de ministros, viceministros y altos funcionarios así como las políticas públicas que no tienen que ver con la economía están en manos de García, pero el APRA es la encargada de copar la administración central del Estado con apristas. El alanismo no sólo define el estilo político gubernamental sino que incide también en la forma de gobierno. Más allá de las irrelevantes incrustaciones semipresidencialistas de la Constitución, el gobierno actual es exacerbadamente presidencialista si se le compara con el primer gobierno aprista. En éste, García ejerció un presidencialismo plebiscitario. Fue un decisionista que obtenía su legitimidad de la plaza pública, de las masas y de los famosos balconazos. En el actual, García, en cambio, ejerce un presidencialismo retórico que obtiene su legitimidad, no de la plaza pública, sino de su inserción en la política como espectáculo y de su capacidad para convencer al auditorio a través de los medios de comunicación que, en su mayoría, fueron y son generosos con él. Una de las preocupaciones de García en el primer período era poner la agenda del día o la semana para impedir que los medios se la impongan. Tanto el presidencialismo plebiscitario como el retórico proceden de y se emparentan con el decisionismo y se caracterizan por el desprecio de las instituciones y por cierto desapego de la ley.

Algunas políticas promovidas por García en esta etapa, tales como la pena de muerte y el control de las ONGs, revelaban la voluntad de cambiar las reglas de juego democrático y constitucional para imponer otras de carácter plebiscitario y autoritario. Pero las políticas de más impacto tienen que ver con la descentralización, con las medidas de austeridad, con los vagos anuncios de reforma judicial y de reforma del Estado y con la evaluación de los profesores con la finalidad de mejorar la calidad de la educación y de quebrar al mismo tiempo al Sutep. El chorreo, que fue tan criticado en la campaña electoral, siguió siendo la única política de distribución. García renunció a una de las prerrogativas que tiene todo poder político legítimo: el derecho a la extracción de recursos de las ganancias extraordinarias de las corporaciones mineras o petroleras, como lo venían haciendo Argentina, Chile, Bolivia, Venezuela.

Este período se cierra con la derrota del APRA en las elecciones regionales y municipales de noviembre en las que la corriente nacionalista de Ollanta Humala tampoco logró mantener su alta votación presidencial. Los 12 gobiernos regionales que tenía el APRA se redujeron a 1 y la alta votación presidencial de Ollanta se redujo también a 1 gobierno regional. Sin embargo, los presidentes elegidos en la mayoría de los gobiernos regionales de la sierra y de la selva tenían una trayectoria de izquierda y compartían o radicalizaban las posiciones nacionalistas de Ollanta Humala.

2. El shock de inversiones y la emergencia de una oposición social y regional

Las elecciones de noviembre del 2006 alentaron la emergencia de una oposición social y regional de izquierda que le dió sentido político a este período. García buscó mantener la iniciativa ofreciendo una serie de medidas de shock político y social, pero la oposición social y regional, pese a que no contaba aún con una centralización política y una representación nacional, hizo tambalear a un desconcertado García, quien perdió también, según las encuestas, el apoyo de la opinión pública.

Apoyándose en la boyante caja fiscal y en las crecientes transferencias a las regiones y al gobierno central (del canon a las regiones, de regalías y de excedentes del Fondoempleo) gracias al incremento significativo de los precios de los minerales en el mercado internacional desde el 2004 en adelante, García propone a las regiones y al gobierno central acelerar las inversiones públicas en diversos proyectos, pero encuentra la principal traba en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) del MEF. En el 2004 se transfirieron 451 millones de nuevos soles, en el 2005, S/.1,153; en el 2,006, S/. 2,113 millones de nuevos soles y en el 2007, S/. 4,160 millones de nuevos. Esto significa que en el lapso de cuatro años aumentaron 10 veces las transferencias de las empresas mineras a las regiones y al gobierno central. Sin embargo, las ganancias extraordinarias de las empresas mineras fueron mucho más altas que las transferencias y, sin embargo, lejos de gravarlas como han hecho la mayoría de los países de América Latina, García les pidió un óbolo voluntario.

Las pugnas en torno al SNIP mostraron varios escenarios de conflicto: en el gobierno, en la coalición social y política que manda y corta el jamón y en el escenario social y regional. Luego de un Decreto de Urgencia (el 014), de un forcejeo y negociaciones de García, representante de la nación, con el Ministro Carranza, representante del capital, apoyándose y tensando al mismo tiempo con las regiones, el Presidente logró aflojar ligeramente los nudos creados por la tecnoburocracia que obtiene su poder político de un supuesto saber técnico, amarrando las inversiones públicas. En la pugna de fondo se enfrentaron la oposición social y regional con el poder político y el poder económico en su conjunto. Lo que los gobiernos regionales planteaban no era sólo la transferencia de mayor cantidad de recursos financieros para el desarrollo y para atender las urgentes necesidades de sus regiones sino también una descentralización del SNIP para actuar con mayor flexibilidad y celeridad. El juego de García era doble en este plano: Por un lado, utilizaba a los movimientos sociales y a los gobiernos regionales para presionar a Carranza en el gobierno y en la coalición social y política dominante y, por otro, negociaba con ellos para hacerles algunas concesiones y limitarlos en sus demandas y atribuciones, buscando preservar para sí un rol importante en el manejo de los fondos arrancados al MEF. Ha sido el escenario social y regional el que dinamizaba los juegos de poder en los otros escenarios. Este rol dinamizador ha ido creciendo a medida que la presión distributiva se incrementaba y los acicateados gobiernos regionales y las regiones se vayan convirtiendo en epicentro de la política.

El gobierno encontró otra valla que le impedía avanzar exitosamente en la aplicación del shock de inversiones: la poca calidad de los funcionarios del Estado central, incluidos los ministros (que no podían comprar ambulancias ni patrulleros), y de los gobiernos regionales y su incapacidad para formular, impulsar e implementar proyectos de inversión. Todo eso se tradujo en incapacidad del gasto, lo que sirvió a los voceros de las empresas y de la derecha para sostener que no eran necesarios más impuestos a las ganancias extraordinarias de las mineras porque el Estado ya recibía muchos recursos que era incapaz de gastar. Esta misma ineficacia motivó la necesidad de una reforma del Estado que García redujo a la fusión de OPDs que duplicaban sus funciones, a la desactivación del CND y al fortalecimiento de la Presidencia del Consejo de Ministros, a la ley del silencio administrativo. La disolución del CND indujo a los gobiernos regionales a establecer una coordinación directa entre ellos que ha favorecido, a su turno, el desarrollo de algunos intentos de reagrupamiento político por parte de diversos presidentes de las regiones.

a. El calentamiento social

El desinterés del gobierno en negociar con las empresas mineras para obtener una mayor renta gravando sus ganancias extraordinarias, las trabas del SNIP para bloquear la inversión pública y la poca o nula calificación de los funcionarios del Estado para gastar bien los dineros públicos llevaron inevitablemente al fracaso del shock de inversiones y desataron las contenidas iras de los movimientos sociales y de los gobiernos regionales.

Por los datos que recoge, organiza y distribuye eficientemente La Defensoría del Pueblo, sabemos que la protesta social se empinó desde 4 casos activos en mayo del 2006 hasta 32 en mayo del 2007 y que los casos que la misma Defensoría llama latentes llegaron a 45. La mayoría (39%) de estos conflictos (activos y latentes) surgió en el 2007 y el resto distribuye su aparición por igual (19%) en los años 2006, 2005 y 2004 y sólo el 4% apareció en el año 2003 o antes. El sismo social de julio del 2007, que no alcanzó aún la intensidad de un terremoto, cubrió prácticamente todo el territorio, pero el epicentro se ubicó en las zonas cocaleras y, sobre todo, en las regiones mineras en donde se desarrollaron el 39% de los conflictos en torno a problemas socio-ambientales. Otro conflicto que cubrió a varias regiones, las de la selva, fue el de las exoneraciones tributarias, un hueso duro de roer para el gobierno. Los únicos movimientos que tuvieron un alcance nacional fueron la Federación de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos (que ya había paralizado sus actividades a fines de abril y comienzos de mayo y que amenazaba volver a paralizar en solidaridad con los trabajadores de Casapalca) y el SUTEP que entró a la huelga general. A todos estos conflictos de mayor amplitud, hay que agregar los conflictos menores y locales: el 29% que cuestionaban el desempeño de los alcaldes provinciales y distritales y la legitimidad de un presidente regional (el de Huancavelica), el 10% que se producían entre comunidades y el 9% por demandas gremiales. En resumen, el sismo social tuvo varias ondas expansivas que iban desde lo local hasta lo nacional pasando por lo regional y lo pluriregional. Un dato revelador que proporcionó la Defensoría del Pueblo fue el siguiente: la mayoría (29%) de los conflictos se produjeron en las zonas muy pobres, el 27% en las zonas pobres, el 8% en las zonas de extrema pobreza y sólo el 13% se desarrollaron en las zonas no pobres. La pobreza fue el escenario principal en el que se desarrollaron los conflictos sociales. Tres fueron los principales motivos que indujeron a la protesta social: Conflictos de linderos, recursos y decisiones de las autoridades, enfrentamientos por el riesgo de contaminación ambiental y cuestionamiento de las autoridades por presuntas irregularidades. La mayoría (65%) de los movimientos de protesta desplegaron un cierto nivel de violencia: enfrentamientos con la policía, toma de locales públicos, bloqueo de carreteras, secuestro de personas.

Cualquiera haya sido el nivel de violencia de estos movimientos de protesta, incluidos los más agresivos, ellos no buscaban destruir el sistema sino que querían hacerlo funcionar, como apuntó agudamente el politólogo norteamericano James Payne, analizando los movimientos sindicales radicales de los 60 del siglo pasado. En realidad, muchos de estos actos de violencia social eran dramatizaciones que buscaban colocar sus problemas y demandas en la agenda pública, pues las élites empresariales y los gobernantes eran ciegos y sordos a las exigencias que provenían de las clases populares y pobres. Las agendas públicas, por lo general, vienen desde arriba, desde el poder económico, el poder político y desde los medios. Colocar un tema, un problema o una demanda en la agenda pública desde abajo de la escala social exige dramatizaciones a veces extremas, con consecuencias muchas veces funestas. Pero sólo entonces las autoridades de turno, acostumbradas a mirar siempre hacia arriba, se dignan mirar hacia abajo, negociar y, si los reclamantes tienen suerte, resolver el problema. La situación se agrava cuando, debido a la ausencia de partidos políticos que canalicen las demandas y dramatizaciones y que contribuyan a buscar salidas a los problemas, son los mismos movimientos de protesta los que se enfrentan al poder político a través de un tipo de relación sociopolítica que Jurgen Habermas ha llamado el modelo de asedio: el poder se siente cercado, controlado en sus movimientos e iluminado en sus actividades (a veces ocultas) por múltiples faros sociales.

Además de denunciar a “la demagogia que engaña, al apetito político que divide y al desorden que destruye”, García apeló a las amenazas y también a los acuerdos para neutralizar las protestas sociales y regionales. A los presidentes regionales los amenazó con el desafuero y la cárcel si encabezaban movimientos de protesta de sus propias regiones. A los movimientos sociales y al país les propuso un pacto social (que murió casi al nacer) para discutir el salario mínimo. Ese pacto no era una propuesta institucional seria sino una maniobra para burlar la presión distributiva que venía con fuerza. El problema no era sólo el salario mínimo sino toda la estructura salarial que ha quedado brutalmente rezagada con respecto a las utilidades empresariales. Humberto Campodónico ha señalado que algunas empresas recuperarían su inversión en el cortísimo período de tres años mientras los salarios no han logrado salir del abismo en el que los dejó el primer gobierno de García.

b. El rentismo, la liberalización comercial y la confrontación política

Con la finalidad de retomar la iniciativa política que los movimientos sociales y regionales le habían hecho perder, García propuso (en un artículo publicado en el diario El Comercio y que titula El síndrome del perro del hortelano) que las industrias extractivas, principalmente la minería y el gas, sean los pivotes del desarrollo peruano. Se trata de privatizar los bosques amazónicos, vender las tierras comunales, expropiar a los campesinos y pobladores sus tierras para entregar el subsuelo a las grandes corporaciones extranjeras. García cree que el gobierno aprista y él mismo como presidente no pueden impulsar ese proyecto porque tienen la férrea oposición del perro del hortelano (l@s peruan@s que no piensan como él). Lo que allí dice García lo ubica en el polo opuesto de El antiimperialismo y el APRA y de otros escritos fundacionales del partido de Alfonso de Ugarte. Todas las medidas que propone (quitar al Estado la obsesión del control total, estimular al empleado público que presta el mejor servicio, liberar los bienes que el Estado no usa ni trabaja, abrir a la producción y al trabajo las áreas sin uso que tiene el país, establecer nuevos procedimientos para fomentar la inversión) tienen como exclusivo propósito estimular y garantizar la inversión privada. No propone una sola medida que tenga que ver con el perro del hortelano: empleo, el ingreso, la educación, la salud y el bienestar de los peruanos. Tampoco propone medidas de protección del medio ambiente. Todo para el capital, nada para la sociedad ni para el medio ambiente.

Diversas investigaciones (Terry Karl) sobre el tema planteado por García sostienen que los países con industrias extractivas tienen dos grandes retos: la negociación de la renta que deben dejar las grandes empresas internacionales (privadas y estatales) a los países propietarios de los recursos minerales y petroleros y la administración y distribución justa de la misma (renta) entre los diversos sectores sociales de estos países. Las soluciones de estos retos dependen, por un lado, de la capacidad de negociación de los gobiernos con las grandes compañías y, por otro, de las tensiones y negociaciones de los gobiernos con sus respectivas sociedades civiles. Sostiene asimismo que estos países sufren lo que los economistas llaman la maldición de los recursos: A más abundancia de recursos, menos desarrollo. Entre 1970 y 1993 los países más pobres en recursos naturales crecieron cuatro veces más rápido que aquellos que los tenían en abundancia. La historia muestra que ningún país petrolero ha alcanzado el desarrollo y que sólo algunos países que explotan sus recursos minerales (Chile, Malasia, Indonesia, Botswana) han tenido un relativo éxito en su camino al desarrollo.

La corrupción hace parte de la maldición de los recursos. Como bien lo ha señalado Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, cuando en un contrato entre el Estado y las corporaciones se precisan claramente las sanciones que debe pagar aquel si incumple determinadas cláusulas y no se señala, en cambio, la mayor participación estatal cuando los precios internacionales mejoran sustantivamente, esa omisión no es producto de la ignorancia sino que es un síntoma claro de corrupción. Lo mismo sucede cuando, en lugar de renegociar la renta con las compañías extranjeras pretextando la violación de los contratos, el Estado se limita a pasar el sombrero para recibir “contribuciones voluntarias” o cuando el Ministro de Economía propone bajar los impuestos para estimular la reinversión de las compañías mineras cuando éstas no lo necesitan porque los altos precios de los minerales en el mercado internacional son su mejor estímulo.

Acompañando la propuesta rentista de García, el gobierno acentuó en esta etapa su política de liberalización comercial (ingreso libre de varios productos industriales, aprobación del TLC con los EE.UU y con Canadá y búsqueda de aprobación de un TLC con China), desatando la protesta de empresarios industriales, de las organizaciones agrarias y de algunas centrales sindicales, los mismos que se verían afectados por los nuevos convenios establecidos. Para proteger a sus propios trabajadoras los demócratas norteamericanos obligaron al gobierno aprista a respetar los derechos laborales de los peruanos y a establecer medidas de protección del medio ambiente, previa aprobación del TLC. Con la fe del converso neoliberal, García ha planteado a la Unión Europea un TLC sólo con el Perú, instando a dejar de lado a los países “que no creen en el libre comercio”. Esta traición a los países andinos, cuando el Perú más los necesita para enfrentar su diferendo marítimo con Chile, muestra que García ha buscado la solución en la Corte Internacional de la Haya arrastrando los pies.

La liberalización comercial no ha sido un obstáculo para el endurecimiento de la política represiva y confrontacional (permisividad en el uso de las armas a las fuerzas armadas y policiales) contra los movimientos sociales y los gobiernos regionales bajo el pretexto de combatir a las bandas armadas del narcotráfico y a los remanentes del terrorismo que se han mostrado muy activos en el 2007 sin que el gobierno haya logrado éxitos importantes en ese combate.

El shock de inversiones y las políticas fiscales y monetarias del gobierno han incrementado la demanda interna en casi 12%, han acelerado las tasas de crecimiento (8.3 en el 2007), han aumentando las importaciones y han favorecido la emergencia de preocupantes presiones inflacionarias (3.9). Esta difícil situación y la recesión de la economía norteamericana pueden inducir al gobierno a desplegar políticas restrictivas, a reducir los montos inversión en las regiones, dando lugar a renovadas protestas sociales y recomposiciones políticas en el tercer período político que ya se inició.

A un año y medio de gobierno, la caída de García en la valoración ciudadana es acelerada e incontenible: Más de dos tercios de los peruanos y peruanas lo desaprueban, especialmente en el oriente, sur y centro en donde el rechazo se empina hasta el 84%. La desaprobación va acompañada de la pérdida de confianza y credibilidad: El 75% no tiene confianza o tiene poca confianza en el gobierno de García. Las regiones más renuentes a otorgarle un voto de confianza son el centro, el sur y el oriente en donde la mitad de sus poblaciones no le tiene ninguna confianza. Evaluando el desempeño del actual gobierno aprista y sus políticas, la gente se siente igual o peor en lo que se refiere a la creación de empleo (79%), en el control de la inflación (84%), en sueldos y salarios (86%), en la calidad de la educación pública (82%), en el acceso a los servicios de salud (80%), en el acceso al agua y al desagüe (71%), en los problemas de delincuencia e inseguridad (92%), en la reforma del poder judicial (87%), en la lucha contra la corrupción (87%). Las mejoras sólo se sienten en lo que se refiere a los acuerdos comerciales internacionales (37%) y en la promoción de la inversión privada (28%). Todo esto significa que, en opinión de enorme mayoría de la gente, García es desaprobado en la aplicación de las políticas sociales, en las políticas de seguridad ciudadana y en la lucha contra la corrupción y que sólo una tercera parte lo aprueba en las políticas económicas que favorecen, en mayor medida, al empresariado y al capital. El único caso de política social en el que la gente siente una cierta mejora es en el acceso al agua y al desagüe: el 26% cree que su situación ha mejorado en este rubro. Todo esto significa que la mayoría del país cree que García está gobernando para los sectores sociales más acomodados en desmedro de los pobres. Visto desde la legitimidad y desde la gobernabilidad, esto implica que García y su gobierno han perdido legitimidad por desempeño, aunque mantiene, obviamente, la legitimidad de origen. Es probable que esa pérdida sea mayor en las clases populares y pobres de las diversas regiones del país, incluida Lima, la más conservadora de las regiones. Pese a ello, la gente es suficientemente sensata para creer que su segundo gobierno es mejor que el primero. Sorprende, sin embargo, que para la mitad del país el actual gobierno aprista sea igual o peor que el de 1985-1990. En este alto porcentaje están probablemente los pobres de siempre cuya situación de pobreza sigue igual o peor desde el primer gobierno de García o desde antes. Este es el núcleo duro que no le reconoce mérito alguno al Presidente. Dado este sombrío panorama, los recientes cambios ministeriales son notoriamente insuficientes. La mayoría quiere no sólo un cambio de personas sino también de políticas.

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CAMBIAR EL PASADO

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Sinesio López Jiménez

En el Perú, al parecer, estamos condenados a cambiar el pasado y no el provenir. García, por ejemplo, está empeñado en mantener el presente para cambiar su pasado. El tenía otras opciones, pero ha preferido la más conservadora que, sin embargo, tiene sus riesgos. En efecto, el éxito de esa opción, que tiene un fuerte componente en favor de los ricos, no depende de él, como actor, ni de su partido, sino de las circunstancias internacionales. ¿Logrará cambiar su pasado?. Es difícil saberlo, especialmente cuando casi todo depende del azar y de la libertad de otros actores. Lo que sí se puede afirmar con un cierto nivel de certidumbre es que, cuando se escriba la historia desde los de abajo (como lo intentaron varios autores de diversas orientaciones políticas en la década del 80 del siglo pasado), García se diluirá como una pequeña pompa de jabón. En verdad, lo que se ha propuesto García es más una tarea de historiadores que de políticos. García es el único conservador que no puede decir que todo tiempo pasado fue mejor.

La historiadora que sí ha logrado cambiar el pasado del Perú, especialmente el del siglo XIX, es Carmen Mc Evoy en dos sentidos. En primer lugar, sus notables investigaciones y publicaciones sobre las ideas y proyectos políticos de ese siglo (La Utopia Republicana, Un Proyecto Nacional del siglo XIX, Forjando la nación) han sido corrientes de aire fresco en la asfixiante perspectiva economicista que predominaba hasta hace poco en la historiografía peruana. En segundo lugar, sus exploraciones en torno a la idea republicana, al gobierno representativo y a las virtudes cívicas (el bien común, la defensa del mismo aún sacrificando los intereses propios, la ciudadanía activa, la austeridad, la moderación, etc.) han puesto en cuestión el predominio de las ideas liberales en el proceso independentista y en la historia de las ideas del siglo XIX. En realidad, esta nueva perspectiva forma parte de una revolución copernicana en la historia de las ideas que, realizada por la escuela de Cambridge (John G.A. Pocock, John Dunn, Quentin Skinner) a partir de los 70 del siglo pasado, desplazó al liberalismo de su rol protagónico en esa historia y en el impacto sobre la política de algunos países (Inglaterra y Estados Unidos). La monumental obra de Pocock (El momento maquiaveliano. El pensamiento político florentino y la tradición republicana atlántica) logró “mostrar a los Estados Unidos menos como el primer acto revolucionario de la Ilustración y más como el último gran acto del Renacimiento”, como recientemente lo ha recordado el politólogo mejicano José Antonio Aguilar. En una notable publicación hecha por el IEP ( La república Peregrina, hombres de armas y letras en América del Sur, 1800-1884), Carmen Mc Evoy y la historiadora chilena Ana María Stuven (editoras) extienden esta perspectiva a la mayoría de los países sudamericanos. Varios historiadores investigan el tránsito de los países de América del Sur desde la república de las letras a la república posible. Este tránsito aparece como un peregrinaje, no sólo porque muchos de estos personajes (algunos de ellos extranjeros) se desplazan por diversos países latinoamericanos, sino también por el carácter incierto y riesgoso que implica todo peregrinaje. Los peregrinos son más o menos conocidos: Simón Bolívar, Jaime Zudánes, Juan José Castelli, Juan Crisóstomo Lafinur, Simón Rodríguez, Andrés Santa Cruz, Los hermanos Arboleda, los hermanos Bilbao, Domingo Faustino Sarmiento, Benjamín Vicuña Mackenna. Citando a Elías Palti, profesor de Universidad de Quilmes, las editoras y autoras asumen el paradigma de los modelos y las desviaciones, presentando a los primeros como parte de la historia intelectual de Occidente y a las segundas como “yerros” de la periferie, productos de una cultura tradicional y jerárquica.

En el breve espacio que dispongo, me gustaría discutir esta tesis central que inspira y da forma al libro de Mc Evoy y Stuven. El republicanismo se expresa en varios modelos: el clásico (Esparta y Roma) que combinó el gobierno representativo con las virtudes cívicas; el de las ciudades-republica italianas que recogieron Maquiavelo, Guiciardini, Savonarola y otros de la tradición romana republicana; el de Harrington que combinó la tradición romana y maquiaveliana con algunos elementos liberales para el caso inglés; el de Rousseau que asumió el modelo romano y el de las ciudades-república italianas, pero sin el gobierno representativo, el de Jefferson que hizo suyo el modelo rousseauniano, pero con el gobierno representativo, el del joven Hegel que asumió el modelo maquiaveliano. ¿Qué modelo o qué modelos republicanos asumieron los hombres de armas y letras de América del Sur?. Lamentablemente el libro que comento no explora este tema que, a mi juicio, es central para ir más allá de un republicanismo epidérmico que se impuso porque no había otra alternativa frente a la monarquía. El único caso que se investiga es el de Manuel Arredondo, jurista español y regente de las audiencias de Buenos Aires y Lima, en cuya biblioteca no se encuentran evidencias de una influencia republicana. Eso era esperable puesto que en España predominó, no una tradición maquiaveliana, sino escolástica. ¿Por qué los casos latinoamericanos son desviaciones o yerros?. ¿Por qué el caso norteamericano no es un yerro si está al otro lado del Atlántico?. Como se sabe, la revolución norteamericana dio origen, no a una democracia, sino a una república o a unas repúblicas y, sólo a partir del debate constitucional de 1787, los federalistas (Madison, Hamilton y Jay) plantean la forma de combinar la tradición republicana, propia de comunidades pequeñas, homogéneas y unánimes, con la enorme geografía y la compleja historia norteamericanas. Este modelo norteamericano combinó el republicanismo con el liberalismo y la democracia dando origen a la republica democrática. Más que yerros habría que analizar las experiencias sudamericanas como variantes republicanas, algunas de las cuales pegaron más que otras en el chúcaro escenario latinoamericano.
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LA REPRODUCCIÓN DE LA DESIGUALDAD

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Sinesio López Jiménez

Si algo debiera haber aprendido García en su larga carrera hacia el poder es que la política es el campo de la incertidumbre, que la Presidencia de la República no otorga el don de la infalibilidad a quien la ejerce y que, por eso mismo, los errores hay que reconocerlos y corregirlos. Eso es lo que hace grande a un político. La persistencia en el error revela un orgullo mal entendido y una pequeñez de espíritu. La terquedad en mantener el vapuleado tercio superior induce a pensar que no es sólo un error sino también una defensa de intereses mezquinos lo que está de por medio: la presencia en el magisterio de militantes apristas que se educan en mediocres universidades públicas y privadas e institutos de educación superior en donde ocupan el tercio superior. Esa misma pertinacia en el error en otras políticas educativas hace que la educación no sea una herramienta de igualación de oportunidades sino una forma de reproducir las desigualdades. En un estudio realizado en 18 países latinoamericanos, la CEPAL (Una década de desarrollo social en América Latina, 1990-1999, Santiago de Chile, 2004) ha demostrado que la educación, pese a su masificación, ha sido incapaz de torcerle el cuello a la desigualdad social. El 75% de los jóvenes provienen de hogares en donde los padres tienen menos de 10 años de estudios y más del 45% no alcanza el umbral educativo (12 años como promedio) para acceder al bienestar (empleos bien remunerados y adecuado nivel de vida). La situación en las áreas rurales es aún más dramática: El 80% de los jóvenes no logra acumular el capital educativo mínimo para acceder al bienestar, aún considerando umbrales más bajos que los urbanos. La proporción de jóvenes que superan significativamente el nivel educativo de los padres es baja, pese a la ampliación de la cobertura educativa entre ambas generaciones. Los años promedio de estudio de los jóvenes se han elevado de 7.1% a 10.4 en las zonas urbanas y de 3 a 6.8 % en las rurales, pero sólo el 30% de los jóvenes urbanos y el 20% de los jóvenes rurales han logrado superar significativamente el nivel de educación de sus padres. Los jóvenes de estratos sociales bajos tienen escasas posibilidades de lograr un nivel de educación que les permita alcanzar un nivel mínimo de bienestar. Sólo el 30% de los jóvenes cuyos padres no han terminado la primaria logran terminar el ciclo secundario. En cambio, el 75% de los hijos de padres que han cursado al menos 10 años de estudios termina la secundaria. Esto significa que la desigualdad se reproduce de generación en generación y que la educación actual no es un canal de movilidad social en AL porque no logra romper las cadenas de la desigualdad social.

La transmisión intergeneracional de las desigualdades educacionales es importante porque ahora el ciclo secundario concluido es el umbral necesario para situarse fuera de las garras de la pobreza. Hay drásticas diferencias en la proporción de jóvenes con más de 12 años de estudio según el nivel de educación de los padres. En los países con más bajos niveles de educación secundaria (Bolivia, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Venezuela) “sólo uno de tres jóvenes cuyos padres tienen menos de seis años de educación llega a completar la enseñanza media. En cambio, tres de cada cuatro jóvenes cuyos padres tienen más de 12 años de estudio alcanzan, como mínimo, ese nivel”. La diferencia en el nivel educacional de los jóvenes con respecto al de sus padres también existe en los países con tasas más altas de matricula en la secundaria (Argentina, Chile, Panamá, Perú y Uruguay): “En estos países la proporción de los jóvenes urbanos que cursan 12 o más años de estudio alcanza en promedio a 60%, cifra que supera el promedio correspondiente del primer grupo de países, donde llega a 53%. Esta distancia también se registra en las zonas rurales (37% frente a 11%). Sin embargo, si bien en estos países sólo 36% de los hijos de padres con menos de seis años de estudio terminan la educación secundaria, más del 90% de los hijos de padres que completaron la secundaria alcanzan dicho nivel”.

El excelente estudio de la CEPAL constata que los esfuerzos por ampliar la cobertura de la educación no se han traducido, en la última década, en una reducción de la distancia que separa a los jóvenes de los distintos estratos sociales: en 15 países de AL, las diferencias en la proporción de jóvenes de 20 a 24 años de edad con más de 12 años de estudio que provienen de hogares con distinto nivel educativo, prácticamente no ha variado. Esto significa que en AL el capital educativo de los hijos depende del capital educativo y del nivel socioeconómico de los padres: Es muy probable que los jóvenes que cursan sólo ocho años de estudio reproduzcan la pobreza de su hogar de origen. La situación se torna más dramática si se tiene en cuenta que la calidad de la educación que reciben los jóvenes depende del estrato social del que provienen: Los que provienen de estratos sociales medios y altos y que se educan generalmente en colegios privados reciben una educación de mayor calidad que los provenientes de estaros populares y pobres.

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LA MALDICION DEL DIABLO

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Sinesio López Jiménez

Los economistas llaman maldición del diablo a la condición según la cual los países que poseen una mayor dependencia de los recursos naturales tienen asimismo un menor grado de desarrollo. Si las cosas son así, entonces García con el cuento del perro del hortelano nos quiere vender gato por liebre: quiere ofrecer la maldición del diablo como si fuera una bendición de Dios. Historiadores, economistas, sociólogos y politólogos han realizado imaginativas investigaciones con la finalidad de determinar los factores y señalar las diversas rutas que han seguido los diferentes países para lograr el desarrollo y la democracia. Barrington Moore, el más brillante de todos, examinó el papel de las élites rurales frente al mercado y a los campesinos y encontró que cuando ellas produjeron para el mercado (nacional e internacional) y liberaron a los campesinos dieron origen al capitalismo democrático, que cuando se abrieron al mercado, pero mantuvieron sometidos a los campesinos y reinventaron la esclavitud, sentaron las bases del nazismo y del fascismo y que cuando ellas no se abrieron al mercado o fracasaron al intentarlo, abrieron las puertas a futuras revoluciones campesinas que, en su mayoría, terminaron en el comunismo. Alexander Gerschenkron analizó el tiempo y los actores de la industrialización y sostuvo que, cuando ésta se desarrolló en una etapa temprana, fue impulsada por capitalistas individuales (que invirtieron en industrias de bienes de consumo inmediato) y favoreció el tránsito de las monarquías absolutas a las monarquías constitucionales (Inglaterra y Francia) y que cuando ella se desarrolló, en cambio, en una etapa tardía fue promovida por los bancos (que invirtieron en la industria pesada), impulsada por un gran acelerón y facilitada por el despliegue del autoritarismo en los países que la experimentaron (Alemania, Japón y el norte de Italia). Para explicar la industrialización en Europa del Sur y de América Latina, Albert O. Hirschman añadió a la propuesta de Gerschenkron el concepto de industrialización postardía que, impulsada por el Estado, desarrolló la industria de bienes de consumo inmediato y duradero, manteniendo sus compromisos con los sectores sociales tradicionales. Para explicar el caso latinoamericano Cardoso y Faletto sostuvieron que cuando las oligarquías controlaron la producción agroexportadora, sin poner en peligro sus vínculos con el mercado internacional que garantizaba su propio dominio al mismo tiempo que limitaba sus posibilidades de acción y de decisión, apostaron a la instauración de un estado nacio¬nal, pero sus alianzas con los sectores tradicionales impregnaron a las instituciones políticas y estatales una serie de ambigüedades y compromisos que limitaban tanto el desarrollo como la democracia. Esas limitaciones fueron mayores cuando los inversores extranjeros establecieron enclaves que eran prolongaciones directas de las economías desarrolladas sin vínculos con las economías locales, pero con relaciones con las sociedades dependientes a través de los sistemas de poder. Guillermo O´ Donnell sostuvo que, ante el agotamiento de la Industria Sustitutiva de Importaciones y la reactivación de las clases populares, las élites económicas, políticas y militares de los países del Cono Sur decidieron profundizar la industrialización disciplinando el consumo y la mano de obra e instalando la mano invisible del mercado y la mano de hierro de la dictadura.

En una investigación que brinda muchas luces sobre los procesos económicos y políticos de nuestro país, Terry Lynn Karl, destacada profesora de la Universidad de Stanfor, ha estudiado las industrias extractivas (petróleo y minerales) y su impacto en los procesos de desarrollo y de democratización de los países emergentes. Ella sostiene que estos países tiene dos grandes retos: la negociación de la renta que deben dejar las grandes empresas internacionales (privadas y estatales) a los países propietarios de los recursos minerales y petroleros y la administración y distribución justa de la misma (renta) entre los diversos sectores sociales de estos países. Las soluciones de estos retos dependen, por un lado, de la capacidad de negociación de los gobiernos con las grandes compañías y, por otro, de las tensiones y negociaciones de los gobiernos con sus respectivas sociedades civiles. Sostiene asimismo que estos países sufren lo que los economistas (Rosemary Thorp) llaman la maldición del diablo: Entre 1970 y 1993 los países más pobres en recursos naturales crecieron cuatro veces más rápido que aquellos que los tenían en abundancia. La historia muestra que ningún país petrolero ha alcanzado el desarrollo y que sólo algunos países que explotan sus recursos minerales (Chile, Malasia, Indonesia, Botswana) han tenido un relativo éxito en su camino al desarrollo. Terry Karl va más allá que los economistas al sostener que la maldición del diablo se expresa también en autoritarismo, ineficacia y corrupción. Sobre estos temas volveremos en el próximo artículo.

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CORRUPCION

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RENTISMO MINERO Y Sinesio López Jiménez

Hace más de seis años que la economía peruana viene creciendo en forma sostenida y es probable que siga creciendo en un futuro indeterminado que depende de la demanda internacional y del azar. En el 2007 el PBI ha crecido en 8.3 y entre el 2001 y el 2007 el ingreso per capita casi se ha duplicado, bordeando los 4, 000 dólares, cifra que representa, sin embargo, dos tercios del ingreso per capita de Uruguay y de Argentina y la mitad del ingreso per cápita de Chile. El crecimiento sostenido y el incremento del ingreso per capita constituyen, sin duda, logros que, sin embargo, se encuentran limitados por las características del motor que arrastra los vagones de la economía, por la pésima negociación que realizan los gobiernos con las empresas mineras sobre el monto de la renta que éstas deben dejar para el país y por el injusto reparto entre los peruanos de la renta obtenida. Si bien la minería muestra un mejor desempeño que el petróleo, ella no es el mejor motor para impulsar el crecimiento y el desarrollo sostenido debido a una serie de limitaciones que ella presenta. En primer lugar, son recursos relativamente agotables que, aunque proporcionaran al país una renta significativa, no cuentan con el tiempo económico necesario para la consolidación del desarrollo. En segundo lugar, la intensidad de la actividad minera y su rentabilidad depende de los vaivenes de la azarosa coyuntura internacional: Los picos más altos de los precios de los minerales están estrechamente asociados a la guerra de Corea en los 50, a la de Vietnam en los 60 y 70 y a la de Iraq del 2001 en adelante. En tercer lugar, la explotación de la renta minera está en manos de corporaciones internacionales cuyo interés fundamental es, no el desarrollo del país, sino su propia ganancia. En cuarto lugar, la actividad minera no genera poderosos eslabonamientos internos (en la región y en el país) capaces de generar otras actividades productivas que puedan contribuir a un crecimiento sostenido ni los gobiernos despliegan políticas que ayuden a generar esos eslabonamientos. Todas estas limitaciones debieran obligar a los gobiernos a concentrar su fuerza, su imaginación y su capacidad de negociación en la obtención de la mayor renta posible. Revirtiendo las políticas de liberalización de los 90, los países latinoamericanos están revisando los contratos y los regímenes de impuestos para asegurar un mayor reparto de las ganancias extraordinarias que resultan de mejores precios o de mayor control sobre las ganancias sobre las industrias extractivas. Pese a que los países de América Latina han negociado mejor que los países mineros y petroleros del Asia y del Africa, el Perú y Colombia, de acuerdo a la investigación de Terry Karl, profesora de la Universidad de Stanford, son los países que se han mostrado más concesivos y dadivosos en sus negociaciones de la renta minera con las grandes corporaciones internacionales. Mientras Venezuela ha tomado un control mayoritario de las ganancias manejadas por las compañías extranjeras y ha dado a PDVSA un mayor reparto equitativo, Bolivia ha convertido los desfavorables contratos de producción en contratos de operación nacionalizando sus recursos de petróleo y gas, Chile ha renegociado e incrementado la renta imponible teniendo en cuenta la bonanza internacional y Argentina ha aumentado los impuestos sobre las exportaciones de gas de 20 a 45%, Colombia ha privatizado parte de ECOPETROL y ha reducido los impuestos a las industrias extractivas de de 38.5% al 33% en 2008 y Perú ha pedido a las compañías mineras “contribuciones voluntarias” para el desarrollo social con la finalidad de eludir el incremento de los impuestos. El proceso de negociación es distorsionado brutalmente por la corrupción de los gobernantes de turno. La falta de la transparencia hace muy difíciles los repartos justos. En el Perú, los ingresos por impuestos provenientes de las minas fueron muy pequeños durante los años 90, pero entre 2000 y 2006, a medida que los precios subieron, el ingreso anual de los impuestos creció significativamente, sin que existiera negociación alguna, como en el caso chileno. Como bien lo ha señalado Stiglitz, el premio Nobel de Economía, cuando en un contrato entre el Estado y las corporaciones se precisan claramente las sanciones que debe pagar aquel si incumple determinadas cláusulas y no se señala, sin embargo, la mayor participación estatal cuando los precios internacionales mejoran sustantivamente, esa omisión no es producto de la ignorancia sino que es un síntoma claro de corrupción. Lo mismo sucede cuando en lugar de renegociar la renta con las compañías extranjeras, alegando el pretexto de violación de los contratos, el Estado se limita a pasar el sombrero para recibir “contribuciones voluntarias” o cuando un Ministro de Economía propone bajar los impuestos para estimular la reinversión de las compañías mineras cuando éstas no lo necesitan si se tienen en cuenta los altos precios de los minerales. La situación se torna más grave si se considera el injusto reparto de la renta en el país: ¿A cuántos peruanos se les ha duplicado el ingreso anual entre el 2001 y el 2007 como sugiere el vertiginoso crecimiento del ingreso per capita de los últimos seis años?.
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LA RENDICION DE CUENTAS

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Sinesio López Jiménez

La politica tiene sus leyes. Una de ellas es la siguiente: A más control, menos corrupción y a menos control, más corrupción. Esto es lo que sucedió precisamente en el gobierno de Alberto Fujimori. Y no sucedió por casualidad sino que fue una política desplegada en forma sistemática que tenía como objetivo el desmontaje de los ya débiles controles que existían en el Perú. La hipótesis que sugiero aquí es que Fujimori y sus socios desmontaron en forma deliberada y sistemática las instituciones encargadas del control para cometer delitos sin que los acuse de nada y sin que los alcance el brazo de la ley. Asociada a esta hipótesis sugiero otra: Este desmontaje sistemático no se podía hacer dentro de las reglas de un juego democrático sino que sólo era viable dentro del funcionamiento propio de un gobierno autoritario. El corolario que se deriva de esta última hipótesis es claro y preciso: El autogolpe de estado del 5 de abril fue hecho con el expreso propósito de encubrir las fechorías de todo tipo de Fujimori y su mafia. Sé que este corolario es polémico por diversas razones. No faltan las hipótesis utilitaristas (que son compartidas por muchos investigadores serios) que sostienen que el golpe de Fujimori tuvo como objetivo la realización de una doble y difícil transición: de la agotada industrialización sustitutiva de importaciones a la economía neoliberal y el tránsito del estado populista al estado neoliberal. Esta hipótesis es falsa como en su momento varios analistas tratamos de demostrar. Fujimori, sus aliados no tenían resistencia alguna para realizar esta doble transición porque prácticamente todas las fuerzas políticas (que para entonces eran ya muy débiles) se habían allanado a la aplicación de los dos programas que produjeron esa doble transición: la estabilización y las reformas estructurales. Más aún: No existían fuerzas económicas, sociales, políticas que pudieran resistir esos cambios. El Perú era una pampa y cualquier cosa se podía hacer en ella. ¡Qué diferencia con la situación política que recibió Belaúnde en su segundo gobierno!. Belaúnde y Ulloa no pudieron realizar el mismo proyecto de la doble transición porque tuvieron la férrea resistencia APRA, de la izquierda, de los sindicatos y movimientos sociales, de la sociedad civil y de varios medios. La única forma de imponer la doble transición en esa difícil situación política hubiera sido un golpe que no sólo no era deseado por ellos (Belaúnde y Ulloa) sino que era inviable porque se estaba saliendo de la dictadura de Velazco y de Morales Bermúdez. Tampoco faltan las hipótesis de la gobernabilidad que buscan explicar el golpe por la necesidad de acabar con el terrorismo y de construir un nuevo orden político. Esta hipótesis de origen schmittiano (de Carl Scmitt, el más brillante teórico del pensamiento reaccionario) sostiene que no era posible acabar con la guerra interna, desatada por el terrorismo, usando los métodos propios de la democracia ni apelando al Estado de Excepción (que ésta acepta) sino que era necesario un golpe de estado. Esta es una hipótesis más atendible. En efecto, cuando en noviembre de 1991 las fuerzas políticas de la oposición rechazaron una parte del paquete de más de 30 medidas antiterroristas se desató una etapa tensión y de negociación entre algunos representantes del gobierno y algunos dirigentes de la oposición. Cuando estas negociaciones fracasan allí se decide el golpe del 5 de abril. Pero estas negociaciones fracasan porque Fujimori, Montesinos y sus aliados estaban tercamente interesados en imponer lo que entonces se llamó un golpe blanco y ese punto era no negociable.

La democracia tiene muchos defectos pero también presenta grandes virtudes. Una de estas es la rendición de cuentas. Gracias a ella los gobernantes y representantes están obligados a rendir cuentas ante los ciudadanos, éstos tienen el derecho de exigirles la rendición de cuentas de su gestión y de sus funciones de representación y el gobierno tiene que garantizar la existencia y el funcionamiento de instituciones encargadas de efectuar el control. Todo esto esto no surge de la noche a la mañana sino que es un proceso que está vinculada a ciertas tradiciones democráticas y a cierta cultura política, como lo señalado el politólogo argentino Guillermo O´Donnell.

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