Sinesio López Jiménez
Martín Tanaka (LR, 5 de febrero) cree encontrar en tres de mis artículos recientes (post renuncia del gabinete Lerner) una lógica de confrontación que se emparenta con la desarrollada en un ensayo que escribí en los 70 (De imperio a nacionales oprimidas) y que se aleja de la lógica de concertación expresada en otros escritos míos de los ochenta en adelante. En resumen, afirma que mi pensamiento político en el campo de la izquierda ha evolucionado desde la polarización a la institucionalización y que ahora involuciona a la confrontación, esto es, que paso del estilo Chávez al estilo Lula y que ahora vuelvo al primero.
Tanaka hace una lectura parcial y parcializada de mis columnas recientes (aparecidas en LR) pues deja de lado los términos precisos de la salida del gobierno. Con la renuncia del gabinete Lerner, la izquierda sale del gobierno, pero no renuncia al programa de la gran transformación ni a la hoja de ruta primigenia con la que Ollanta gana la segunda vuelta (Carta desde la sociedad civil). Esto significa que la izquierda evalúa al gobierno desde estas perspectivas programáticas y exige que las cumpla en las políticas que despliega. Este apoyo crítico irá cambiando de acuerdo a las políticas y a la conducta del gobierno.
La misma lectura tiene de mi ensayo escrito en 1978 que fue escrito para entender al Perú, para comprenderme a mí mismo (nací en una hacienda feudal), para explicar (desde la perspectiva de la sociología histórica) la transformación del Imperio de los Incas (siglo XVI) en una clase campesino-indígena en el siglo XX y para celebrar la conquista del voto de los campesinos gracias al proceso de democratización abierto en 1976. ¿Quienes impidieron la participación de los campesinos analfabetos en el siglo XX?, ¿Quiénes bloquearon la participación política del Apra y del PC con el artículo 53 de la Constitución del 33?, ¿Quiénes trataron de impedir la participación de las clases medias y de los jóvenes arequipeños en el proceso electoral de 1956? ¿Quiénes pretendieron sacar del juego electoral a Fernando Belaúnde en 1956? ¿Quiénes entonces polarizaron al país e impidieron un juego electoral e institucional?
La respuesta, estimado Martín, es la misma: No fueron las fuerzas democratizadoras (los ciudadanos movilizados de las diversas clases sociales con sus distintas representaciones sociales y políticas), sino la oligarquía, el gamonalismo, las dictaduras pro-oligárquicas y la derecha política de entonces. Mantuvieron la exclusión casi total al costo de producir y alimentar una polarización exacerbada. La fuerzas democratizadores, en cambio, buscaron participar en las elecciones y abrir un juego institucional (que he llamado incursiones democratizadoras en otros escritos). Es cierto también que los representantes políticos de las fuerzas democratizadoras respondieron al paradigma oligárquico de la exclusión y la polarización con el paradigma de la revolución. Todos los políticos de la reforma (Haya hasta los 50, Cornejo Chávez, Belaúnde, las izquierdas desde luego y hasta Velasco mismo) hablaron de la revolución para acabar con la exclusión oligárquica.
Martín parece asustarse con las polarizaciones que, con frecuencia, son inevitables en un país sin instituciones fuertes como el nuestro y parece creer que la concertación y la institucionalización acaban con ellas. Grave error. Toda polarización expresa una o un conjunto de contradicciones o clivajes (económicos, sociales, políticos, culturales) que es necesario resolver para construir el orden (si es justo mejor). Hay tres maneras típicas de manejar las polarizaciones. Una es la sumisión (derrota) de los de abajo. Otra es la lógica de las movilizaciones contestatarias-la represión-la negociación (Charles Tilly en sus últimas obras brillantes) que no resuelve las contradicciones, pero las redefine, si la negociación es exitosa para los de abajo. Y finalmente, la victoria de los de abajo sobre los de arriba. Es el caso típico de una revolución exitosa. A diferencia de México o de Bolivia, Perú se ha movido entre la sumisión y la contestación negociadora. Es esta última la que permite el juego institucional.
La institucionalización no acaba, sin embargo, con las polarizaciones ni con las contradicciones sino que las transforma (haciendo que el enemigo devenga un adversario y un opositor) y permite que los actores diferentes jueguen el mismo partido (competencia electoral) con las mismas reglas. Pero la lucha continúa porque hay que resolver las contradicciones en democracia y esta, para que tenga calidad, tiene que apoyarse en un proceso democratizador. Esta es ya otra discusión.

Sinesio López Jiménez
La democracia y la dictadura en el Perú del siglo XX se mueven por ciclos que se alternan. El motor que los dinamiza es la relación cambiante entre el Estado y los ciudadanos. Cuando éstos formulan demandas y realizan protestas y movilizaciones inician o reactivan los ciclos de democratización (que se institucionaliza para culminar en una democracia) y cuando el Estado fortalece sus capacidades y reprime afectando los derechos de los ciudadanos anuncia o pone en marcha un ciclo autoritario. La del 90 es una década de desdemocratización en el Perú. El golpe del 5 de abril de 1992 cerró el ciclo de democratización (abierto en 1976) que dio lugar a la transición 1978-1980 y a la instauración del régimen democrático del 80 y que continuó en esa década, pero debilitado y neutralizado por el terrorismo de Sendero Luminoso y del MRTA. Ese golpe tuvo varios sentidos. El primero, recuperar para el Estado el monopolio perdido de la violencia e imponer el orden; el segundo, arrebatar los derechos de los ciudadanos; el tercero, perpetuar a Fujimori en el poder y cuarto, establecer el modelo neoliberal extremo y blindarlo constitucionalmente.
El caos económico creado por la hiperinflación y el político generado por el terrorismo indujeron a los ciudadanos a otorgar un respaldo mayoritario al golpe del 5 de abril. Eso no obstante, las relaciones que estableció el Estado con los ciudadanos (apoyados por las principales democracias de América y Europa) fueron muy inestables y quebradizas dando lugar a sucesivos y breves regímenes políticos no democráticos: la dictadura inicial, la dictablanda, la democradura y un régimen autoritario relativamente estable que duró hasta el 2000. El Estado que emergió de ese golpe tuvo un carácter contradictorio. Por un lado, recuperó poco a poco sus capacidades políticas (monopolio de la violencia, dominio territorial, funcionamiento burocrático, imposición del orden, capacidad extractiva de recursos, dación de políticas públicas, etc) y por otro, debilitó y redujo su rol económico y su capacidad reguladora del mercado.
Del capitalismo de Estado de Velasco se pasó al capitalismo de mercado sin un Estado autónomo que lo regule. Los organismos reguladores (Indecopi, Osiptel, Osinerming, etc,) estuvieron y están subordinados a los intereses de los grupos económicos que deben ser regulados. Los organismos financieros internacionales (FMI, Banco Mundial, BID) y los grupos económicos poderosos capturaron el Estado, crearon islas estatales de modernidad (MEF, BCR, SUNAT, etc) y mantuvieron los aparatos sociales en la inopia y en la ineficacia burocrática. Gracias a esas islas de modernidad, el ministro de economía, que desde el 90 no proviene del partido que triunfa en las elecciones sino de los organismos financieros internacionales y de los bancos, es un superministro que es casi el gobierno.
La captura del Estado trae consigo la imposición de los intereses de los grupos económicos poderosos a todo el país a través de la burocracia, bloqueando la posibilidad de que el Estado exprese y defienda el interés general y el bien común e impidiendo la formulación y el acceso a las políticas públicas universales de calidad. La captura del Estado por los intereses privados abre las puertas a la corrupción o, en todo caso, la tolera. La captura y la corrupción son casi lo mismo. En ambos casos se trata de la apropiación de los aparatos estatales y/o de los fondos públicos para ponerlos al servicio de los intereses privados.
El Estado neoliberal acompañó la emergencia y permanencia del capitalismo salvaje (capitalismo sin derechos de los trabajadores, mercado sin Estado, apertura al mercado internacional sin protección interna, etc.) y desplegó una política asistencialista agresiva (financiada por el Banco Mundial y el BID) en los tiempos de Fujimori, quien gobernó para los ricos con el apoyo de los pobres. Ese Estado neoliberal limita los derechos políticos y civiles de los ciudadanos y recorta sus derechos sociales. Con la marcha de los cuatro suyos se inició un nuevo ciclo de democratización que (con apoyo externo) se trajo abajo al gobierno autoritario de Fujimori, posibilitó la instauración de regímenes democráticos del 2001 en adelante, pero no ha logrado aún recuperar todos sus derechos perdidos en la década del 90.
Toledo permitió el libre cauce del ciclo democratizador, García pretendió liquidarlo criminalizando las protestas sociales y se esperaba que Ollanta lo fortaleciera, pero la forma autoritaria de enfrentar las protestas y los movimientos sociales anuncia más bien un freno en seco. Mi hipótesis es, sin embargo, que, por las expectativas desatadas, la ola democratizadora que viene es grande.

Sinesio López Jiménez
El Perú no ha logrado hasta ahora establecer una relación equilibrada entre el Estado y los ciudadanos que permita y garantice la democracia. Estas relaciones han estado marcadas casi siempre por el desequilibrio que ha provenido principalmente de los cambios en el Estado. Los peruanos hemos tenido o poco Estado que no tenía capacidad para reconocer ni garantizar los derechos de los ciudadanos o mucho Estado que los aplastaba. Los ciudadanos han hecho lo suyo en la búsqueda de un equilibrio democrático con el Estado a través de sus demandas de derechos, de sus contestaciones, movilizaciones y negociaciones.
Los cambios en las relaciones entre el Estado y los ciudadanos han producido diversos tipos de regímenes: democráticos, no democráticos, dictablandas, democraduras y otras especies. Los momentos democratizadores han surgido por lo general de las contestaciones ciudadanas mientras los momentos de desdemocratización (que son también momentos autoritarios) han provenido generalmente (no siempre) de las políticas del Estado. La iniciativa y la dinámica de los cambios estatal-ciudadanos varía. En algunos casos, ellas provienen del Estado (Velazco, Fujimori) y en otros de los ciudadanos (1955-1968, 1976-86; 2001 en adelante).
Aparte del Estado criollo del siglo XIX, que no era propiamente un Estado, en el Perú han existido tres formas de Estado que han tenido diversos tipos de relación con sus ciudadanos: El Estado oligárquico (1895-1968), el Estado velasquista (1968-90) y el estado neoliberal. El Estado oligárquico fue una estructura muy débil y fragmentada (no tuvo una autoridad centralizada), fue privatizado por los grandes propietarios de la tierra (oligarquía y gamonalismo) que controlaron sus aparatos principales, no tuvo el monopolio de la violencia, sus relaciones con los ciudadanos fueron indirectas (mediadas por los terratenientes), sus aparatos coercitivos tuvieron preeminencia sobre sus aparatos hegemónicos, su capacidad impositiva fue mínima y fue incapaz de establecer políticas públicas universales.
El Estado oligárquico fue la forma política de la economía agro-minero-exportadora (que coexistía con el gamonalismo y amplios sectores económicos tradicionales) y desplegó, por eso, una política económica ortodoxa (liberal). Con respeto a los ciudadanos fue excluyente, paternalista, represivo y cooptativo. Fue incapaz de reconocer los derechos ciudadanos y de garantizarlos. Las cosas comenzaron a cambiar con la formación del Apra (sobre todo) y del PC en los 30 y aceleraron el paso después de los 50 con movimientos de clases medias, grandes movimientos campesinos, con las luchas de los pobladores urbanos y con el movimiento obrero. Se produjo entonces un ciclo político de movilización y contestación-represión- negociación que favoreció la democratización y un ensanchamiento de los derechos ciudadanos que, sin embargo, seguían siendo limitados.
El velasquismo fortaleció el Estado echándose abajo a todos los poderes (la oligarquía, el gamonalismo, las empresas extranjeras, los medios) que lo habían capturado y que impedían el desarrollo de sus capacidades estatales, centralizó la autoridad, estableció relaciones directas con los ciudadanos, culminó la monopolización de la violencia (que comenzó en el oncenio de Leguía), impulsó un reforma de la burocracia estatal, liberó a la servidumbre rural, desplegó políticas de reconocimiento de la diversidad cultural, integró a los ciudadanos en forma corporativa, incrementó la presión tributaria y estableció políticas públicas universales que, sin embargo, no llegaron a toda la sociedad y al territorio.
El Estado Velasquista impulsó el proceso de industrialización y de desarrollo del mercado interno, pero fracasó porque la burguesía era muy débil y porque faltaron capitales para financiarlo debido, entre otras cosas, a que no existió en los 70 una vigorosa demanda internacional de materias primas. Como dictadura corporativa inclusiva, su relación con los ciudadanos fue contradictoria. Por un lado, limitó los derechos políticos de los ciudadanos pero, por otra, ensanchó parcialmente los derechos civiles y otorgó un reconocimiento amplio a los derechos sociales de los trabajadores. La situación cambió gracias a los masivos movimientos ciudadanos entre 1976 y 1986 que iniciaron un nuevo ciclo democratizador de contestación-represión-negociación dando lugar a la democracia a partir de 1980 y ensanchando los derechos de los ciudadanos, aunque el Estado no podía garantizarlos.
La aparición del terrorismo en los 80 neutralizó el ciclo democratizador, debilitó al Estado, generó el caos y la ingobernabilidad y sentó las bases del Estado autoritario de los 90.

Sinesio López J
La captura de Ollanta, como la de Atahualpa, se produjo en Cajamarca, coincidentemente en el mes de noviembre, pero con la friolera de 479 años de diferencia. Sus captores no han sido, desde luego, las huestes de Pizarro (reforzadas por Almagro) sino sus descendientes: los Velarde, los Castilla, con el refuerzo posterior de los Benavides y compañía. El rescate no ha sido un modesto cuarto dos veces lleno de plata y una de oro sino la codiciada mina de La Conga y sus lagunas atiborradas del metal precioso.
A diferencia de Atahualpa, Ollanta no ha sido felizmente condenado a la horca porque no arrojó la Biblia de los nuevos conquistadores (el catecismo neoliberal) sino que la ha hecho suya, la ha estrechado contra su pecho y todos ellos han quedado satisfechos. Hasta le han hecho creer que sigue gobernando el Perú desde el cautiverio. Como broche de oro, una encuesta, muy objetiva, científica y oportuna, ha mostrado que todos los peruanos de los diversos estratos sociales están felices con la captura, el cautiverio, el rescate y la continuidad de su gobierno.
Más allá de las semejanzas y las diferencias, constato que la historia se repite, pero no voy a apelar a Vico o a Marx para explicar esa aburrida repetición. Me parece más fundada la idea del path dependence de los politólogos serios, (no de los figuretis que gustan tanto a la derecha), según la cual un hecho importante y decisivo de la historia de un país marca su camino y condiciona lo que viene después. Las instituciones, que encarnan trayectorias y punto de inflexión, son configuradas por la historia y los actores pueden elegir una alternativa entre diversos cursos de acción dentro de los marcos institucionales establecidos, pero no pueden elegir las circunstancias en las que ellos actúan.
La conquista y colonia han marcado la historia del Perú y los diversos esfuerzos por revertirlas han fracasado. El intento más serio fue el de Túpac Amaru en 1780, pero fue derrotado por los españoles con el alto costo de más de 100 mil muertos. La independencia del Perú fue una revolución ambigua, según el historiador inglés John Lynch. Los criollos querían la independencia sin abjurar de la colonia. Pablo Macera se ha preguntado cómo era el Perú al día siguiente de la independencia y se ha respondido: el mismo de antes. En los años 30 del siglo XX, Haya de la Torre y Mariátegui, cada uno dentro de sus propios cauces, pretendieron construir el Estado-nación, pero sus organizaciones y propuestas fueron cooptadas (Apra) o derrotadas (el PS y luego el PC) por la oligarquía.
Las reformas de Velasco y de los militares en los 70 fueron las que más lejos llegaron en el intento de revertir la conquista y la colonia, acabando con la oligarquía y el gamonalismo, pero los diversos errores del gobierno y de sus líderes y las adversas circunstancias nacionales e internacionales impidieron que el Estado-nación fuera impuesto desde arriba. Otro esfuerzo frustrado en los 80 fue la Izquierda Unida (IU). Muchos peruanos y peruanas esperábamos que Ollanta abriera el camino democrático de la gran transformación, impulsara un conjunto de reformas que acabaran con el capitalismo salvaje del neoliberalismo, instalara un capitalismo democrático en una primera etapa y avanzara luego hacia un desarrollo nacional inclusivo. Esperábamos que, a pesar de algunos recodos en el camino, se superaran las deficiencias de 1821, se construyera el Estado nacional republicano y se contribuyera a celebrar en grande el bicentenario de la independencia del Perú.
La captura de Ollanta acabó con estos sueños. Pienso que Ollanta se resistió a ser capturado en un primer momento e intentó organizar un gobierno legítimo y viable sobre la base del triunfo electoral de la segunda vuelta. Su voluntad política no fue, sin embargo, muy vigorosa ni su imaginación muy fecunda para movilizar y organizar el apoyo popular que lo sustentara, que le permitiera cambiar la relación política de fuerzas y que bloqueara la ofensiva de la derecha económica, política y mediática y los susurros de sus asesores brasileros. Pocos días antes de la toma de mando, cedió a las presiones y cantos de sirena e invitó a Velarde y Castilla a que, en representación de los grandes grupos económicos y financieros, siguieran con la captura del Estado.
Se organizó entonces el gobierno de concertación integrado por Ollanta y sus amigos, la derecha económica y la izquierda. Con la salida posterior de ésta del gobierno y con el consiguiente fortalecimiento de la derecha económica y del entorno militar, se crearon las condiciones políticas para pasar de la captura del Estado a la captura de Ollanta.

Sinesio López Jiménez
La hoja de ruta ha sido políticamente prostituida. Todos la manosean y la definen como quieren. El fujimorismo, la Alianza por el Gran Cambio y el Apra tienen una visión conservadora de ella y la entienden, en lo esencial, como la continuidad del modelo económico y de las políticas públicas del 90 en adelante. Valdés y Castilla le han arrebatado el horizonte utópico y reformista y la han convertido en una hoja de parra que oculta sus desnudeces fujimoristas. Cada cual la apoya y exige su cumplimiento de acuerdo a la manera como la entiende y la define. Como anotó agudamente Carlín en su momento, a la hoja de ruta se le han caído algunas letras que fueron sustituidas por otras otorgándole un sentido radicalmente distinto al primigenio.
Ella surgió como una adecuación del programa de la gran transformación a la coyuntura de la segunda vuelta y como expresión de la nueva coalición social y política con los sectores liberal-democráticos. Gracias a esa nueva coalición se pudo ganar a Keiko Fujimori y a todos los poderes que la respaldaron pasando de 32% a casi 52%. Se consideró con razón que los tiempos políticos no son homogéneos sino que cambian de acuerdo a las modificaciones en las relaciones de poder entre las fuerzas sociales y políticas. En la coyuntura de la segunda vuelta, que era moderada y hasta conservadora, la exitosa hoja de ruta tuvo un sentido de cambio y de reforma. Hoy, en cambio, ella tiene un sentido conservador debido al avance del fujimorismo y de las fuerzas conservadoras que se ha producido en el gobierno.
Ello significa que el sentido político de los acontecimientos y de los programas no depende sólo del significado que le imprimen los actores sino también del carácter del contexto (reformista o conservador) en el que ellos operan. En otras palabras, el contexto resignifica el sentido político que los actores otorgan a sus acciones y a los programas. ¿En qué momento la hoja de ruta comienza a perder su horizonte utópico y su filo reformista?. Mi hipótesis es que esa mutación comienza cuando el presidente Ollanta, presionado por los poderosos grupos económicos y por la derecha política y mediática e inducido por “los brasileros”, decide cogobernar con los representantes (Velarde Y Castilla) del orden neoliberal. En ese momento se introduce también lo que hoy se llama falta de cohesión porque fuerzas extrañas a Gana-Perú comienzan a cogobernar.
El discurso de Valdés culmina la tarea de reconversión de la hoja de ruta. Con su avance temporal se ha producido una cosa curiosa: Los que introdujeron la disonancia en el gabinete Lerner han terminado acusando a los autores de la primigenia hoja de ruta (la izquierda y el centro liberal-democrático) de producir una falta de cohesión en el gobierno. Este hecho demuestra que son los triunfadores los que ponen nombre a las cosas y que los derrotados no tienen derecho a la memoria. Es interesante comparar los discursos de los dos Primeros Ministros del gobierno de Ollanta (Lerner y Valdés) para comprender mejor los sentidos diferentes que tiene la hoja de ruta. El de Lerner presentó cuatro horizontes (crecimiento con inclusión en democracia; igualdad de derechos, oportunidades y metas sociales alineadas con los objetivos del milenio; concertación económica y social en el ámbito nacional, regional y local y reencuentro histórico con el Perú rural) que señalaban el norte de los grandes cambios que debía impulsar el gobierno y diez políticas que buscaban concretarlos.
El discurso del señor Valdés, en cambio, recoge una vieja propuesta tecnocrática y burocrática que proviene de la capilla del MEF y deja de lado los cambios y reformas de la hoja de ruta original, a la que quita la garra y el punche necesarios que requiere todo impulso transformador. Para citar sólo algunas de las muchas ausencias de cambio, la lucha contra la corrupción, que hacía la diferencia, se ha esfumado y la necesaria reforma del Estado ha sido achatada y reducida a una modesta propuesta de modernización de la gestión pública. De ese modo, el Estado seguirá capturado por los grandes grupos económicos, se mantendrán las islas de modernidad que le permiten al MEF operar como si fuera el gobierno, las políticas públicas (la educación, la salud, la seguridad y la justicia) no llegarán a todos los peruanos y peruanas por igual y la descentralización no tendrá el impulso necesario para superar la desigualdad entre las regiones, el atraso y la desarticulación del territorio.

Sinesio López Jiménez
No le escribiría esta carta, señor Presidente, si yo considerara que todo lo que significó su candidatura a la Presidencia de la República está irremediablemente perdido. El proyecto de la gran transformación que nos identifica a todos los nacionalistas e izquierdistas que luchamos para que Ud. pasara a la segunda vuelta sigue en pie. La hoja de ruta que amplió las alianzas hacia el centro liberal-democrático para que Ud. triunfara en la segunda vuelta y accediera al gobierno es un compromiso serio que hay que respetar. Algunos ciudadanos que acompañamos al gabinete Lerner hemos salido del gobierno, pero no hemos abandonado el proyecto de la gran transformación, al que, por el contrario, vamos a dotar de músculos y nervios y a darle una vida de masas.
Felizmente la política no se encapsula en el gobierno ni se enmarca sólo en el Estado. Estos constituyen su referencia y su objetivo, pero ella se desarrolla en las conciencias de la gente de a pie, en las demandas y propuestas ciudadanas, en la sociedad civil, en los movimientos sociales y en sus representaciones políticas. Estas serán nuestras permanentes trincheras de combate, desde las cuales buscaremos enrumbar al gobierno e incidir en sus decisiones políticas. Espero que Ud. tenga la sensibilidad democrática y la necesaria disposición de ánimo para acogerlas y darles un efectivo curso político. Tenemos que evitar otro desencanto y una nueva frustración de los excluidos y olvidados de siempre. La alta votación de estos sectores por Ud. en las dos vueltas electorales mostró que sus esperanzas de cambio eran tan grandes como sus sufrimientos. Una nueva frustración puede desatar en ellos iras o escepticismos tan grandes como sus sueños de justicia.
Formo parte del colectivo “Los ciudadanos por el cambio” y de los intelectuales que apoyaron su candidatura cuando ella no despegaba. Escribí varias columnas en defensa suya cuando García y la derecha, que ahora lo elogian, lo demolían todos los días utilizando todos los recursos del poder. De nada de esto me arrepiento. Ser de izquierda, en un país sin representación política de las clases populares, es apostar a las fuerzas progresivas y viables (políticamente) que buscan la justicia y la libertad en cada etapa de la historia. Mi error y el de mis amigos y compañeros de la izquierda fue dejar de lado la necesidad de organizar una fuerza política propia para respaldar mejor su candidatura y evitar los desvíos del camino escogido.
Tenemos que evitar, Presidente, que los electores y la democracia sean traicionados otra vez como en 1990, como en el 2001, como en el 2006, años en los que terminaron gobernando los que habían perdido. De eso proviene el descrédito de la política, de los políticos y de la democracia. Sostengo, por esa razón, que nos faltó la voluntad política necesaria para hacer valer el triunfo electoral de la segunda vuelta y organizar un gobierno legítimo sobre esa base. Se tenía un buen equipo de gobierno –por estudios y por experiencia- y se ofrecían a todos y a todas las garantías necesarias para el desarrollo de sus intereses y aspiraciones: seguridad jurídica, equilibrios macroeconómicos, políticas fiscal y tributaria responsables para los grupos económicos poderosos; estabilidad y libertad para las clases medias; empleo, ingresos dignos y derechos para los trabajadores y políticas de inclusión para los pobres y muy pobres.
Inducido por “los brasileros”, a los que se ha dado más importancia de la que realmente debieran tener, Ud. hizo subir a bordo a los que habían votado por Keiko Fujimori para que participaran en el manejo del gobierno. Asustado por los grupos económicos y por la derecha política y mediática que le decían que si Conga no iba se corría el riesgo de perder 53 mil millones de inversión minera y azuzado por los servicios de inteligencia que le “informaban” que los rojos movían todos los hilos de los movimientos antimineros, Ud. ha decidido romper con los electores populares y regionales que lo llevaron al gobierno, con la izquierda que lo apoyó para pasar a la segunda vuelta y con Toledo que lo ayudó a ganar la segunda vuelta y ha decidido refugiarse en el ejército como fuente de su poder.
Eso dice mucho del orden que Ud. quiere construir en una situación de crisis, pero olvida un dato fundamental de la política que Hannah Arendt subrayó: la violencia es el arma, pero el poder es el número. El número es el conjunto de ciudadanos, la sociedad civil en movimiento y la fuente legítima de poder con la que Ud. ha decidido temporalmente romper. Le deseo un buen año 2012, Presidente, y espero que en el curso del mismo se reencuentre con el pueblo que lo eligió.

Sinesio López Jiménez

La muerte nos arrebató a uno de los grandes de la Ciencia política de América Latina, a un maestro paradigmatico y a un amigo entrañable. La fecunda biografía intelectual de Guillermo O’Donnell condensa la agitada historia de América Latina del siglo XX y del siglo XXI. Su obra política se organiza en torno a un eje central: el autoritarismo, las transiciones y la democracia analizados en una perspectiva comparada. Como en las mejores tradiciones de la ciencia política, O’Donnell es el politólogo latinoamericano de la comparación. Sus investigaciones y reflexiones colaterales sobre el Estado, el sistema legal, la accountability, la pobreza, la cultura política, la ciudadanía alimentan y enriquecen ese eje central. En Julio del 2009 visitó Lima y recibió el honoris causa de la PUCP. Tuve el honor de presentarlo en esa ocasión con un largo artículo que no he publicado y publiqué más bien una pequeña reseña en el diario La República (julio del 2009). La reproduzco aquí como homenaje a un autor que está llamado a ser un clásico en el pensamiento político latinoamericano y, que como tal, vivirá siempre.

GUILLERMO O’DONNELL

En América Latina elegimos gobernantes supuestamente democráticos, pero nos gobiernan dictadores. Nuestros regímenes son más democracias de entrada que de salida. Pese a algunas deficiencias de entrada (sobre todo en las fallas de la competitividad electoral y en los déficits de ciudadanía), las elecciones han alcanzado un nivel aceptable de limpieza e institucionalidad. Casi todas ellas reciben el visto bueno de los observadores electorales de países extranjeros y de organismos especializados. El problema viene luego en el ejercicio del poder y de la representación. Una vez elegidos, los representantes y los gobernantes se sienten con las manos libres para decidir sin dar cuenta a nadie. Se olvidan del debido proceso, del cumplimiento de la ley, de las instituciones, de la transparencia y de la accountability. Algunas de sus decisiones son abiertamente ilegales e ilegítimas. Las cosas se agravan si el presidente se siente un caudillo que es capaz de llevar a su país del desierto a la tierra prometida.

Guillermo O’Donnell ha llamado democracias delegativas a este tipo de regímenes políticos decisionistas y cesaristas. Han existido en otras épocas y en otras latitudes, pero reaparecieron con fuerza en las transiciones democráticas de los 80 de América Latina. O’Donnell encontró el nombre preciso para designar un viejo fenómeno más o menos conocido. Este no es el único caso de éxito en el análisis y en la nominación de los fenómenos políticos. Otro caso notable es el análisis de las dictaduras conosureñas de la década del 70 a las que denominó Estados Burocráticos Autoritarios (EBA). “Coaliciones democratizantes” llamó a las articulaciones implícitas y a los juegos en pared que hacían los blandos de las dictaduras y de la oposición democrática para hacer viables las transiciones.

O’Donnell es probablemente el politólogo latinoamericano de mayor prestigio internacional y el que más ha contribuido al desarrollo de la ciencia política en América Latina. Su originalidad siempre sale a flote en medio de su deslumbrante erudición. Sus libros, artículos e ideas son estudiados y discutidos en las principales universidades y centros de investigación del mundo. Tres grandes temas y problemas han concitado su atención y han merecido sus análisis penetrantes y finos: las dictaduras del Cono Sur, las transiciones democráticas de los 80 y las democracias posteriores. Modernización y autoritarismo fue su tesis de doctorado en Yale que luego apareció como libro preparatorio de los análisis sobre las dictaduras del Cono Sur. Lo que explica esas dictaduras es, según O’Donnell, la profundización de la industrialización (el desarrollo de los bienes de capital) en un contexto de agotamiento de la industrialización sustitutiva de importaciones (ISI) y de reactivación del sector popular. Esta explicación tiene ciertas consonancias con las tesis del historiador Alexander Gerschenkron sobre la industrialización tardía de Alemania, Italia y Japón que dio origen a gobiernos autoritarios.

Esta tesis central sobre los EBA tuvo mucha resonancia en los medios universitarios del norte y del sur. David Collier, profesor de la U. de Berkeley, organizó un gran debate académico en el que participaron algunos de los principales politólogos, sociólogos y economistas (Hirschman entre ellos) del mundo cuyas contribuciones fueron publicadas posteriormente en el libro The New Authoritarianism in Latin América (1979, Princeton University Press, Princeton). Prestó mucha atención a la dinámica de los EBA y a sus fisuras que podían anunciar su crisis y apertura a las transiciones democráticas. Sobre este tema coordinó con el destacado politólogo norteamericano Phillipe C. Schmitter una investigación de largo aliento que tuvo como resultado la publicación del libro (en cuatro tomos) Transitions from authoritarianism rule (1986).

Las principales contribuciones de Guillermo O’Donnell a la ciencia política se refieren, sin embargo, a la teoría de la democracia. Ha analizado las diversas perspectivas normativas y empíricas de la democracia como régimen político, ha reconocido las contribuciones más importantes, ha discutido sus ambigüedades y ha señalado sus límites. Con la enorme autoridad académica que tiene, O’Donnell ha roto con el institucionalismo ortodoxo de la democracia para enriquecer la teoría con el contexto histórico y con el análisis acotado de las condiciones (el estado, el sistema legal, la desigualdad, los déficits de la ciudadanía, la sociedad civil). Me parece reconocer en este viraje la influencia de la escuela de Cambridge, especialmente de John Dunn, de Quentin Skinner y de John Pocok.

Después de haber enseñado varios años en la U. de Notre Dame (USA) y de haber sido profesor visitante de algunas de las más importantes universidades de Estados Unidos y Europa, O’Donnell ha vuelto a su tierra natal, Argentina, y en la próxima semana viene de visita al Perú invitado por la PUCP y por el Instituto Bartolomé de las Casas. La PUCP, en reconocimiento de sus méritos académicos en el campo de la ciencia política, le otorgará el doctorado honoris causa el jueves 23 de julio.