José Rodríguez Elizondo, periodista y escritor chileno, mencionó ayer en una entrevista realizada por Cecilia Valenzuela, que uno de los factores determinantes en la extradición de Alberto Fujimori fue “la falta de señales por parte del gobierno peruano”, con lo cual se refería a la actitud neutral y casi indiferente del gobierno peruano respecto al caso Fujimori. Esto motiva una doble lectura: o bien al gobierno de Alan García no le interesaba en absoluto traer a Fujimori por temor a que su presencia desestabilizara en clima político-social en el Perú, o bien fue una estrategia calculada milimétricamente que ni el “chino” —maestro visionario del cálculo político— se lo hubiera imaginado. Estrategia consistente en, por un lado, aprovechar la alianza no declarada con el fujimorismo para contener los embates de la oposición y asegurar una mayoría en el congreso para poder gobernar con mayor tranquilidad; y por el otro, no entorpecer el proceso de extradición con declaraciones oficiales, evitando que este adquiriese un matiz político, argumento esgrimido por el fujimorismo para descalificar el proceso contra su líder. Precisamente, el error de la administración Toledo fueron las reiteradas declaraciones de sus funcionarios insistiendo en el tema Fujimori, lo cual no estaba del todo mal, sino que dio la sensación de que efectivamente, se trataba de una venganza política, por no mencionar los vicios y errores en procedimientos judiciales que permitieron la liberación de algunos inculpados en casos de corrupción.
Los magistrados de la Corte Suprema de Chile habrían interpretado este silencio en el Perú como una señal de la confianza depositada en ellos para que determinen una decisión de vital importancia, por tanto, debían estar a la altura y, tomando en cuenta que a Pinochet no se le pudo juzgar, no extraditar a Fujimori era, al menos, políticamente incorrecto.
El gobierno de Michelle Bachelet jugó muy bien sus cartas y concuerdo con Elizondo en que “todos ganamos”. Las relaciones peruano-chilenas, muy venidas a menos recientemente, podrán retomar el aliento necesario para enfrentar un reto común: el mercado asiático. Perú y Chile son miembros de la APEC, situación que no todos los países de la costa del Pacífico en centro y sudamérica poseen, lo que los coloca en un lugar expectante. Chile tuvo que hilar fino con el caso Fujimori para no frustrar sus relaciones con un aliado comercial importante como es el Japón. De existir una estrategia político-jurídica de parte de Chile, debemos interpretar que la decisión del juez Orlando Álvarez quien rechazó la extradición a pesar del informe de la fiscal Mónica Maldonado, permitió a la postre que Chile y Japón pudieran culminar el proceso de su tratado de libre comercio que, según varios analistas, podía verse afectado por una eventual extradición de Fujimori al Perú. Chile ganó tiempo y concretó el tratado, pero quedaba pendiente el fallo de la Corte Suprema y fue allí donde verdaderamente se deja notar la estrategia político-jurídica (si es que la hubo) de Chile: la no extradición hubiera dejado una imagen muy deteriorada de la justicia chilena ante el mundo, luego de que Pinochet falleciera sin haber sido juzgado. Chile ganó con el tratado de libre comercio con Japón y con la extradición de Fujimori. Ganaron los familiares de las víctimas y todos aquellos que colaboraron con el informe de la Comisión de la Verdad, quienes luego de este fallo, deben sentir una satisfacción enorme porque este informe fue de crucial importancia para la elaboración de los argumentos a favor de la extradición. Gana el gobierno de García porque tiene la oportunidad histórica de demostrarle al mundo que en nuestro país un dictador sí puede ser juzgado con garantías, las que Fujimori y Montesinos no otorgó a quienes diferían de opinión; además de que —si damos por cierta la hipótesis de la estrategia aprista— los hicieron cholitos a los fujimoristas al haberles hecho creer que la alianza con el oficialismo era verdadera: obtuvieron el apoyo fujimorista al ser aparentemente imparciales, permitieron a la justicia chilena tomar una decisión sin presiones.
¿Qué dirá ahora Carlos Raffo? Como todos los fujimoristas, de hecho que dirá que todo estaba fríamente calculado. Bien, confiemos en sus cálculos, que hasta ahora siguen fallando para que Fujimori y Montesinos cumplan sentencia en la cárcel y que al fin podamos mirar al mundo sin la vergüenza de haber dejado libre a un sujeto que intentó perpetuarse en el poder. La batalla ahora comienza a nivel mediático y es donde la prensa debe mantener la discusión vigente profundizando el análisis y sobre todo, ilustrando a la población en lo referente a por qué es necesario juzgar a Fujimori aunque la economía haya mejorado y el terrorismo casi desaparecido. ¿Sabe por qué amigo fujimorista? Por que si usted hubiera sido familiar de alguna de las víctimas del Grupo Colina, o de alguno de los desaparecidos por el Servicio de Inteligencia del Ejército, o de los asesinados en Barrios Altos o de los estudiantes de La Cantuta, estoy seguro que al menos pediría una explicación a los responsables y si usted tiene un poco de sentido común y de integridad moral, poco le importaría que la inflación sea menos del 1% anual. De lo contrario, solo me queda pensar que aquellos que defienden a Fujimori lo que realmente defienden es el mendrugo que recibieron del régimen. Fujimori y Montesinos nos quitaron la dignidad. Llegó la hora de recuperarla.