En el ámbito de la intervención humanitaria, la noción de seguridad humana, se aplica a la seguridad pública, para colocar a la persona y a los derechos humanos como el eje central de su acción. El concepto integral de seguridad humana permite superar el tema de la seguridad como un asunto meramente policial o del sistema penal, y plantearlo intrínsecamente en relación con la redefinición del papel del Estado, como sujeto obligado a asegurar y satisfacer, a la vez, los derechos y libertades civiles y políticas, y los derechos y libertades económicas, sociales y culturales de las personas y comunidades.
i>La seguridad humana y comunitaria tiene una dimensión fundamental en el espacio físico, social y mental, allí donde viven las personas, se encuentra su hábitat natural, se plantean sus problemas y se abren sus posibilidades, lo que llamamos seguridad territorial. En esta perspectiva, la seguridad territorial, expresión de la sostenibilidad y la equidad en las interacciones entre la sociedad y la cultura desarrolladas en el territorio y en su medio natural, se torna fundamental.
1. La agenda de la seguridad humana y comunitaria
La agenda democrática de la seguridad integral como seguridad humana y comunitaria con un enfoque regional y multilateral, considera las siguientes cuestiones importantes y urgentes pendientes:
La educación de la conciencia ciudadana contra la violencia y la impunidad, así como las causas y consecuencias de estos males.
La plena incorporación del Perú, de América Latina y el Caribe, al sistema supranacional de protección de los derechos humanos y la armonización normativa interna según los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.
El narcotráfico, quizá uno de los problemas más graves de seguridad pública y uno de los principales de salud pública, que degrada las formas de convivencia social, corrompe la armazón del Estado y es una máquina letal de violencia e impunidad.
La seguridad pública y los servicios policiales militarizados como fuente de un patrón sistemático de violación de los derechos humanos.
El sistema de justicia penal subordinado al sistema de seguridad pública, tierra fértil de contravenciones permanentes a los derechos fundamentales de las personas.
Los niños y adolescentes en conflicto con la ley, que padecen y ejercen la violencia y son víctimas de violaciones de sus garantías consagradas en la Convención Internacional de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La discriminación y la violencia contra la mujer, que ha llevado a que el fenómeno trágico del femicidio coloque Latinoamérica en el centro del escenario internacional.
La marginación, discriminación y violencia desmesurada contra los pueblos indígenas.
El maltrato y el desprecio inhumanos hacia los migrantes legales e ilegales, así como la trata de personas.
La seguridad territorial de los países de Latinoamerica, tanto física como ambiental, así como la prevención de desastres que afectan principalmente a los que están a la intemperie en la pobreza y desigualdad.
La reparación a las víctimas de los conflictos armado internos tanto individuales como colectivas, y la judicialización de los que violaron derechos humanos y cometieron crímenes de lesa humanidad, como condición necesaria de la verdad, la justicia y la reconciliación nacional en el Perú, América Latina y el Caribe.
Los problemas y retos fundamentales que se exponen en este memorando sintetizado, que hace referencia a la vez a la violación y a la protección de los derechos humanos y a la seguridad humana, tienen expresiones muy diversas en los ámbitos nacional, regional y municipal.
2. Políticas públicas de seguridad integral con altos estándares de derechos humanos
Esta experiencia marcada por temas en situación grave y crítica se orienta a trabajar la problemática de la seguridad multidimensional a la luz de los derechos humanos, como políticas públicas.
2.1. Afirmar el valor en sí misma de la seguridad integral como fundamento de los derechos humanos
La vida y la libertad constituyen los valores intrínsecos de la seguridad de la gente como fundamentos de los derechos humanos en su sentido integral. Incluyen la expansión de las capacidades humanas entendidas como los campos y las posibilidades de acción e identidad: las libertades políticas democráticas y los derechos humanos; las oportunidades económicas para obtener recursos destinados al consumo, al comercio y a la producción; las oportunidades y resultados sociales para alcanzar una educación y una salud de calidad; la transparencia de las garantías que permitan la fiscalización y el control del poder, así como el debate público en los medios de comunicación; y la protección de la seguridad humana en la lucha contra la desigualdad, la pobreza, el desempleo y la exclusión. Los derechos y libertades que forman este conjunto se pueden distinguir convencionalmente, pero son interdependientes e indivisibles, y constituyen, al mismo tiempo, medios y fines.
2.2. Establecer la contribución instrumental de la seguridad y la justicia como garantías de las personas y las comunidades
La seguridad y la justicia son integrales, institucionales y participativas. Apuntan universalmente al diseño y la ejecución de políticas públicas orientadas por criterios de coherencia, eficacia y eficiencia, y se basan en logros mensurables. La violencia —cuya fuente es, a la vez, un orden mundial y un orden nacional sin compasión que produce marginados en masa— debe ser enfrentada desarrollando políticas de seguridad pública civiles y democráticas; para combatir la violencia, se debe organizar un sistema de seguridad y de justicia que vincule al gobierno nacional con los gobiernos regionales y los gobiernos municipales, y que se relacione, en todos estos ámbitos, con la comunidad organizada. Como advierte Amartya Sen, la participación de las mujeres y de los jóvenes en estas políticas públicas de seguridad ciudadana auténtica y de acceso a la justicia verdadera es decisiva como condición necesaria para alcanzar logros, sobre todo si estas políticas van acompañadas con otras referidas a la educación y salud de calidad, así como al empleo digno.
2.3. Promover el aporte de nuevos valores y normas para la seguridad y la justicia
Emile Durkheim (1858-1917), uno de los fundadores de las ciencias sociales de nuestra época, planteó, desde el enfoque de las «representaciones colectivas» (reprèsentation collectives) y de los «hechos sociales» (fait sociaux), el orden como existencia de normas y reglas sociales, el desorden como ruptura de normas y reglas sociales, y la anomia como ausencia crónica de normas y reglas sociales. Su estudio del suicidio como hecho social se transformó en el test de la anomia en la Francia de fines del siglo XIX. Si el suicidio fue el test de la anomia en los estudios de Durkheim, nuestra hipótesis conceptual es que la violencia criminal es el test del desorden y la anomia, de la ruptura de las normas y las reglas sociales en la América Latina urbana.
La pregunta fundamental es: ¿Cuáles son las causas profundas de la anomia y el desorden crónicos en algunas importantes urbes del continente latinoamericano? En las grandes ciudades de América Latina se combinan trágicamente las raíces sociales, culturales e institucionales del crimen violento, lo que podríamos llamar los «grandes males sociales» del continente urbano: el hecho de la pobreza y el hecho de la desigualdad fusionados en un círculo vicioso; la crisis y el vacío de valores y normas que erosionan las instituciones sociales básicas —la familia, la comunidad y la educación—; la asociación «nutritiva» entre el mensaje de los medios electrónicos y la violencia y la anomia, así como la estigmatización social y la criminalización del discurso, y las malas prácticas relacionadas con la autoridad penal y la seguridad.
Se hacen necesarias reformas fundamentales en el ámbito de los valores y las normas para alcanzar una seguridad auténtica y una justicia verdadera. Se necesita aplicar, con creatividad y eficiencia, una estrategia de desarrollo basada en un crecimiento económico estable y llevado a sus máximas posibilidades, incrementando la productividad de los más pobres para potenciar sus capacidades y conectarlos con el mercado, y desarrollar una política social universalista integral, orientada a reducir la pobreza y, sobre todo, a disminuir la desigualdad. Esta estrategia de desarrollo debe dirigirse a una población objetivo que vive en alto riesgo social: los jóvenes de 15 a 24 años. Ellos deben ser protegidos desde la infancia brindándoles un adecuado entorno familiar, comunal, educativo, laboral y recreacional.
Es fundamental impartir una educación de calidad dirigida hacia el trabajo, orientada por valores, normas y reglas sociales legitimadas, de tolerancia y respeto mutuo, de diálogo y negociación pacífica de los conflictos —en la familia, la comunidad y la escuela pública—. De esta manera se edificará un nuevo orden ético y pacífico en las instituciones sociales básicas en las que transcurre la vida del joven desde su niñez.
Las libertades de expresión y de opinión deben ser escrupulosamente respetadas, pero los medios de comunicación masivos —sobre todo los electrónicos— deben autorregular la emisión de prototipos agresivos, violentos y anómicos en todos sus programas. Sobre todo, autorregular las imágenes estigmatizadas de los jóvenes que suelen presentar.
Es necesario realizar una profunda reforma intelectual, moral, profesional, técnica e institucional del sistema de seguridad pública y del sistema penal. Es urgente conquistar una autoridad penal y de la seguridad pública civil que sea independiente, democrática, moderna y técnica, y que cuente con los recursos básicos. Esta nueva autoridad e institucionalidad civil deben encargarse de la prevención general —situacional y social—, de la política predominante, y la acción penal debe estar a cargo de una política subordinada, pero coherente, eficaz y eficiente. Es fundamental contar con una autoridad civil que funcione como agente de la ley en tanto función pública del Estado de Derecho y garante de las convenciones y normas internacionales de los derechos humanos del joven, que empiezan desde la infancia. Es preciso realizar cambios profundos en la mentalidad de la autoridad que emplea la estigmatización y la retórica punitiva de «más penas y menos beneficios». Recordemos que en muchas sociedades urbanas de América Latina, las autoridades de la seguridad pública y de la justicia penal frecuentemente emplean la violencia criminal.
Se trata, entonces, de desarrollar reformas distintas pero que converjan en eliminar los factores de riesgo social de la inseguridad y la victimación de la población. Son reformas integrales de mediano plazo orientadas a enfrentar las causas profundas de la violencia, la infracción y el delito, aunque es necesario también plantear medidas urgentes de corto plazo. El tema de los nuevos valores y normas en estas reformas, para garantizar que estén de acuerdo con los estándares supranacionales y nacionales de los derechos humanos, constituye un principio y fundamento.
Instituto para la Seguridad Ciudadana (ISC). Reflexión sobre el enfoque de seguridad integral personal y comunitaria. Lima: enero 2008.
