Lamentamos las pérdidas de vidas humanas, de civiles y policías, engendrada por la represión que ha hecho un uso brutal de la fuerza, ordenada por un gobierno que marcha por la curva del diablo, enfrentando la peor crisis social de su mandato, con la guerra y no con la política. Un gobierno que renuncia a la negociación en la resolución de los conflictos sociales, en un país azotado por la fragmentación, la crisis y la violencia.
En este mes el país se vio sorprendido por una contundente protesta de las 65 etnias amazónicas, que comenzó el 9 de agosto, Día Internacional de Los Pueblos Indígenas, exigiendo la derogatoria de una serie de decretos que ponían en peligro no solo sus territorios sino su misma existencia. En dicho reclamo fueron apoyados, algo inusual, por poblaciones mestizas de la Selva. Luego de una tensa semana, el Congreso accedió a derogar dos de ellos, el 1015 y el 1073 (por 69 votos a favor y 29 en contra) estando hoy a la espera que el Ejecutivo promulgue dichas leyes, aunque ya ha anunciado que no tiene mayor intención al respecto. De no hacerlo luego de 15 días correspondería al Congreso promulgarla, según el Art. 108 de la Constitución.
La protesta se posicionó firmemente en la agenda nacional, participando en el debate representantes de diversas tendencias políticas, gremios laborales y empresariales y los diversos medios de comunicación. Como mucho se ha escrito al respecto, preferimos centrar nuestra reflexión en los siguientes puntos:
1.- La afirmación de que los métodos usados por los nativos son violentos
Lo que los nativos hicieron fue ocupar pacíficamente diversas instalaciones petroleras y gasíferas; así como también interrumpir el tránsito por carreteras y zonas fluviales. Se tomaron embarcaciones, pozos, plataformas, helipuertos y campamentos relacionados con la explotación gasífera y petrolífera, así como también centrales hidroeléctricas.
Desde la perspectiva de algunos sectores limeños no se entiende este tipo de medidas y fácilmente se les tipifica de violencia. No se hace una distinción, necesaria, entre la violencia y el uso responsable de la fuerza como recurso válido para llamar la atención de un estado ciego y sordo frente a las necesidades de la población y forzar una negociación.
Como nos escribía una religiosa desde la zona donde se llevaron a cabo las negociaciones con el Ministro Brack: “En Saramiriza y Morona, los indígenas han cerrado las válvulas del petróleo, con lo cual no puede llegar a la costa. Este es el único medio que tenemos de hacernos oír. Rueguen todos para que los GRANDES se den cuenta que los habitantes de la Amazonía morirán si ellos venden las tierras que pertenecen a las comunidades indígenas”.
Caballero y Cabrera nos dicen que en casi todos los conflictos estudiados, “la población y sus líderes buscan como primer resultado, en la mayoría de ellos, una mediación para establecer mejores bases para la negociación” (1). Y a eso respondía el uso responsable de la fuerza que hicieron los nativos, por eso, uno de ellos decía con total convicción, en Imaza, Amazonas: “Nos tratan como terrucos, como subversivos, cuando nuestra protesta ha sido absolutamente pacífica. ¿Por qué han declarado el estado de emergencia?” (2)
En cuanto a la toma de rehenes, ella se dio como consecuencia de que el gobierno mandó refuerzos policiales, a pesar de la pública invocación de la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos del Perú para que no lo hiciera. En un comunicado del 17 de agosto señalaron “Nos preocupan los envíos de policías armados a algunas de las zonas de concentración de manifestantes. Las concentraciones de miles de comuneros amazónicos en distintos puntos de la amazonía han sido y quieren seguir siendo pacíficas, no parece necesario el envío de fuerzas armadas a dichas zonas que podrían generar conflictos graves con la población”
La religiosa mencionada líneas arriba nos da su versión al respecto: “Sé que 41 personas (no sé si policías o militares) han sido capturados hace días por los aguarunas cuando iban cayendo uno a uno del helicópteros. Uno de ellos al ver a los aguarunas disparó y entonces éstos se lanzaron sobre ellos luchando cuerpo a cuerpo y evitando el utilizar ningún arma. Posteriormente llegaron como 36 y lograron que depusieran las armas. Estos llevaban hasta minas para colocar alrededor de una de las estaciones. El aguaruna que comandó esto escribió al General diciéndole que todos se encontraban en buen estado y las armas bien custodiadas; y firmaba él mismo. El mismo escrito envió a la Defensoría del Pueblo” Si la versión es cierta, el caso es similar al del Moquegua, los rehenes fueron tomados en un acto de legítima defensa.
2.- La violencia partió del Ejecutivo, al poner en peligro sus vidas y al violar el ordenamiento legal peruano, en su afán por favorecer a la gran inversión
El Perú ha ratificado el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Dicha norma, en sus Art. 6, inciso 1ª y Art. 7, obliga a los gobiernos a consultar a los pueblos indígenas cuando se den normas que estén relacionadas con sus derechos. Como bien señala el jurista F. Eguiguren dicho convenio, en su Art. 15 “Indica expresamente que tratándose de recursos minerales o del subsuelo ubicados en sus tierras, aún cuando su propiedad pertenezca al Estado, los gobiernos estarán obligados a consultar a estos pueblos para que determinen si pueden verse afectados sus intereses, antes de autorizar cualquier proyecto de prospección o explotación de dichos recursos” (3).
Sin embargo esto no ha sido así. Por ejemplo, en el caso del petróleo, un reciente informe nos comunica que el 72% de la selva peruana (49 millones de has.) está cubierta por 64 lotes de hidrocarburos. En el 2005 sólo el 15% de la selva lo estaba. De dichos lotes, 17 se sobreponen con tierras de comunidades (4). Todo ello ha traído como consecuencia la existencia de numerosos ríos amazónicos contaminados, en muchos de los cuales el pescado ya casi ni se ve, así como también muchos suelos enfermos, poniendo en peligro la vida e integridad física de los habitantes de la amazonía.
Y ello se debe a que el resto del país, y especialmente el gobierno de turno, tiende a ver el espacio amazónico como un espacio vacío, sin gente, con recursos naturales explotables disponibles para que cualquiera venga y los tome. Habría que recordarles a todos ellos que el último Censo del 2007 nos dice que en la Selva habita el 13.4% (3`675,292 habitantes) de la población nacional, sumando comunidades nativas y mestizos.
3.- La tendencia de muchos sectores del gobierno y de los medios de comunicación de satanizar a cualquiera que busque mediar en los conflictos, más bien puede atizar la violencia
Al igual que en conflictos anteriores, el gobierno acusó a los organizadores de la protesta de ser gente antisistema, y en el colmo del paroxismo algunos medios de comunicación hablaron de tendencias separatistas por parte de los indígenas.
Y como no podía faltar, se anunció una exhaustiva investigación de la organización que lideró la protesta: AIDESEP, Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. Esta organización, creada en 1980, dice centralizar a 1,279 comunidades nativas de nuestra amazonía y tiene como objetivos “representar los intereses inmediatos e históricos de todos los pueblos indígenas de la amazonía (…) garantizar la conservación y el desarrollo de la identidad cultural, el territorio y los valores (…) viabilizar el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas, en el marco del derecho nacional peruano y del derecho internacional (…) promover el desarrollo humano y sustentable de los pueblos indígenas” (5).
En un editorial, con motivo de cumplir 25 años, los de AIDESEP dicen “Estamos tratando de enganchar la tradición a la modernidad; estamos buscando el equilibrio intercultural que nos permita mantener nuestros valores y nuestra cultura mientras aprendemos de la modernidad las cosas buenas para el hombre y la mujer amazónicos” (6). Y vaya sí lo han aprendido, la perfecta coordinación demostrada en sus acciones de protesta: desde la Selva Norte (Amazonas y Loreto) pasando por la Selva Central (San Martín, Ucayali) y la Selva Sur (Camisea, Cusco) indican que han usado lo último en tecnologías de la comunicación para poder implementarla. O. Espinoza nos dice al respecto que “El uso de los medios de comunicación y tecnologías modernas, en particular de la Internet, está haciendo posible que los pueblos indígenas den a conocer su cultura, sus costumbres y valores, así como sus proyectos políticos y económicos” (7).
El antropólogo J. Ossio, a pesar de no parecerle conveniente la derogatoria de los DL 1015 y 1073, destaca que “Es interesante ver cómo las organizaciones nativas han logrado alcanzar tal dimensión que sus voces pueden ya ser escuchadas a escala nacional, lo cual antes era imposible”(8) El gobierno, en lugar de reconocer la legitimidad de esta organización y alegrarse de tener un interlocutor válido para tratar la difícil problemática amazónica busca, al igual que hizo en Majaz, perseguirlos administrativa y judicialmente, para destruirlos y evitar que se repitan los acontecimientos de agosto.
Este comportamiento ha sido recurrente en cuanta protesta ha habido a la fecha. M.I. Remy señala que “Lejos de apoyar la consolidación de mediadores, en la mayoría de casos dispuestos a la concertación, el gobierno y la mayoría de medios de comunicación nacionales tienden a desprestigiarlos” (9). A pesar de que como, Caballero y Cabrera señalan “hoy ya no es posible pensar en la mediación de un conflicto solo entre los actores directos, sino que debe incluirse, en ella, la presencia de terceros con una gran capacidad de presión” (10).
4.- Lo que realmente atiza la violencia es un estilo de gobernar que ignora totalmente a la población
El conflicto amazónico se debe a la forma como se han procesado los 102 decretos leyes para adecuar al país al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, privilegiando únicamente a la gran inversión, en continuidad con lo que O. Espinoza llama la “lógica extractivista que ha primado en la historia económica de la amazonía. En otras palabras, la economía amazónica ha privilegiado la extracción compulsiva de recursos naturales, ya sean renovables (como el caucho o la madera) o no renovables (como el gas o el petróleo), antes que auspiciar un desarrollo sustentable de la región” (11).
Alan García refuerza esta opción en un reciente artículo, donde señala que con los decretos promulgados “abrimos nuevos mercados mediante los tratados de libre comercio y nuevas áreas para la inversión dentro del país en zonas que, por razones ideológicas, aún permanecían cerradas” (12). Es interesante consignar que en el mismo artículo desliza lo que piensa de las comunidades, nos dice “Para fomentar la apertura de nuevas áreas a la inversión (…) se ha unificado los procedimientos de decisión de la mitad más uno de todos los miembros de las comunidades campesinas (DL. 1015) facilitando así su asociación, crédito, parcelación, alquiler, etc., que saquen de la pobreza a millones de peruanos a los que esa institución virreinal y colectivista ha mantenido en la miseria”.
Como bien señala Alejandra Alayza, al amparo de las facultades legislativas, se ha aprovechado para avanzar “la altamente cuestionada agenda del perro del hortelano. Son de particular preocupación, los DL relacionados con la promoción de las actividades extractivas que reformulan el régimen de tierras, agua, manejo de bosques, derechos de las comunidades campesinas y pueblos indígenas, así como la reforma del régimen laboral. Ya que a través de ellos, el gobierno ha impuesto modificaciones altamente cuestionadas, que no lograban acuerdo en el parlamento nacional y que constituyen temas de altísima conflictividad social (…) El enfoque del “perro del hortelano” para promover la competitividad por parte del gobierno de García constituye en la práctica la disminución de algunos estándares sociales, laborales y ambientales para facilitar la inversión y la explotación de los recursos naturales” (13)
En esta apuesta gubernamental se olvida que, como nos recuerda Cabieses, en la Amazonía “Nuestra principal riqueza exportable es la biodiversidad de estas zonas, el ecoturismo, el manejo integral y sostenible de los bosques (y no su tala y quema para productos de exportación), la captura de carbono por estos bosques y los fondos que generan los certificados de carbono en los mercados oficiales y voluntarios, que constituyen una verdadera riqueza exportable” (14). Y para todo ello requerimos apoyar a las poblaciones amazónicas.
5.- El sector dialogante en el gobierno parece debilitarse
No ha dejado de sorprender que el Premier, Jorge del Castillo, uno de los principales representantes de este sector dialogante, haya asumido posiciones tan duras en el conflicto que comentamos. Llegó a declarar que “El Gobierno se ha visto obligado, por defender a los peruanos, a tomar medidas como el estado de emergencia (…) Sin ello hoy día habrían tomado Camisea y estaríamos a oscuras. Estamos frente a un complot” (15).
Parece haberse contagiado de la actitud presidencial, bien descrita por Sinesio López cuando nos dice que “cualquier demanda y la más modesta protesta social son definidas por él se refiere al Presidente como una declaratoria de guerra” (16). En este caso el gobierno acusó a algunas ONG (“buitres del siglo XXI, les llamó el Ministro de Agricultura, Ismael Benavides), a Patria Roja y a Humala de estar detrás del paro indefinido de 65 etnias amazónicas; buscando con ello “echarse abajo el gobierno”. Coincidimos con C. Basombrío cuando dice que “no entienden nada quienes creen que Humala es capaz de organizar y dirigir protestas como estas” (17).
Y también coincidimos con Caballero y Cabrera cuando señalan que “el nuevo periodo de conflictos sociales que se abre con estas medidas requerirá de un reforzamiento de los mecanismos de diálogo, consenso y respeto de derechos de los ciudadanos por encima de las políticas de control del orden y de la acusación fácil de antisistema” (18).
6.- Hay otras leyes que también deben revisarse.
Si bien la demanda estuvo centrada en la derogatoria de los DL. 1017 y 1073, R. Rumrill, experto en cuestiones amazónicas, nos recuerda que “38 decretos legislativos de un modo directo e indirecto son una amenaza para la supervivencia de los pueblos indígenas amazónicos porque abren la puerta al despojo y la pérdida de esos territorios ancestrales”(19).
La red Muqui señala que también hay que poner atención al “DL. 994 que afecta la propiedad de comunidades campesinas sobre tierras consideradas eriazas, aún cuando puedan estar inscritas en registros públicos. Igualmente los decretos 1064 y 1090 que afectarían el patrimonio forestal para facilitar actividades económicas. Asimismo, requiere especial mención los decretos legislativos sobre servidumbre minera y los que tienen que ver con la gestión ambiental y la gestión del agua” (20).
El Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAP) ha hecho un análisis exhaustivo de siete decretos leyes que tienen que ver con la Selva. Además del 1073 (en proceso de derogatoria) menciona los DL. 994, 1064, 1079, 1081, 1089 y 1090. Su análisis demuestra que todos violan la Constitución, así como los tratados internacionales suscritos por el Perú. En la página 27 de dicho análisis sostiene que “La política económica llevada a cabo por el gobierno genera un marco de desprotección para los pueblos indígenas, debido a que las mismas no están acompañadas de un régimen de protección para los derechos colectivos de estos pueblos” Y en la página 28 agrega que “Se deben establecer políticas adecuadas que permitan el desarrollo sostenible de estos pueblos y los recursos naturales que son parte de sus territorios ancestrales” (21).
Por otro lado, en el Informe Alternativo 2008 sobre el Cumplimiento del Convenio 169 de la OIT en Perú se señala que “el propio Presidente de la República, mediante un artículo de opinión presentando sus propuestas de modernización del Estado y modelo de desarrollo pone en cuestión la existencia de las comunidades nativas y campesinas como realidad social e histórica y sostiene la necesidad de que reviertan al Estado los territorios de dichas comunidades para ponerlas en manos de grandes inversionistas” (22)
Y en la página 20 se señala que “El Estado peruano no ha desarrollado respaldos normativos ni institucionales que generen las condiciones para la inclusión de los pueblos indígenas como sujetos de derecho que deben ser plenamente informados sobre las políticas y el modelo de desarrollo que les afecte. Menos aún se han creado los espacios para concertar las iniciativas ni la visión de desarrollo de los pueblos indígenas para el diseño de las políticas públicas con perspectiva intercultural”
En el mismo documento se señala que los DL 1059 (Ley General de Sanidad Agraria) 1060 (Sistema Nacional de Innovación Agraria) 1062 (ley de inocuidad de los alimentos) y 1080 (modificatorio de la ley General de Semillas) “puede propiciar un ingreso indiscriminado y descontrolado de cultivos transgénicos, lo que terminará afectando de manera grave e irreversible a los cultivos orgánicos y la biodiversidad andina y amazónica” (p.19-20).
Particular preocupación les merece el DL 1064, pues señalan que con él “el gobierno ha optado por eliminar la única oportunidad que existía para las comunidades nativas y campesinas de negociar una relación económica sostenida con las empresas extractivas, mediante la abrogación del Decreto Legislativo 1064, art. 8, el cual elimina la negociación previa al establecimiento de las servidumbre mineras, petroleras, gasíferas y otras. De esta manera el Estado impondrá sus proyectos y establecerá unilateralmente la contraprestación que corresponda a la población por el uso de sus territorios” (p.32).
Notas:
1) V. Caballero, T. Cabrera “Conflictos sociales en el Perú, 2006-2008” en E. Toche (comp.) Perú Hoy. Por aquí compañeros. Aprismo y Neoliberalismo (Lima, Desco, 2008) p. 107
2) “Imacita, el epicentro de la protesta” en La República, 24 de agosto del 2008. 3) F. Eguiguren “Las Comunidades Nativas tienen Razón” en Perú 21 del 21 de agosto del 2008.
4) Matt Finer, Clinton N. Jenkins, Stuart L. Pimm, Brian Keane, Carl Ross “Oil and Gas Projects in the Wester Amazon. Threats to Wilderness, Biodiversity and Indigenous People” en Journal…. (august 2008) Vol. 3, n. 8. Disponible en www.plosone.org
5) Tomado de la web de AIDESEP, www.aidesep.org.pe
6) Voz Indígena. Revista Institucional de AIDESEP, n. 27. Edición especial de Aniversario (2005). Puede bajarse de la web de AIDESEP.
7) O. Espinoza “Los pueblos indígenas de la Amazonía peruana frente al proceso de globalización” en B. Haour (comp.) Apertura a la Globalización. Desafíos y oportunidades en el Perú (Lima, Fondo Editorial de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, 2008) 30-31
8) Entrevista de Michel A. Zárate en Perú 21 del 24 de agosto del 2008.
9) Poca participación y muchos conflictos en E. Toche (comp.)Perú Hoy. Por aquí compañeros. Aprismo y Neoliberalismo (Lima, Desco, 2008)
10) Caballero y Cabrera, art. cit. p. 126.
11) O. Espinoza, art.cit. p. 21
12) A.García “Una apuesta crucial por el siglo XXI” en El Comercio 6 de julio del 2008.
13) A. Alayza “Cuestionada implementación del TLC”. en La República 12 de agosto del 2008.
14) H. Cabieses “Política de drogas: cuatro aciertos, cinco continuidades” en E. Toche (comp.) Perú Hoy. Por aquí compañeros. Aprismo y Neoliberalismo (Lima, Desco, 2008) p.383.
15) Desco Resumen Semanal Año XXXI- n. 1501 (13 – 19 de agosto del 2008). 16) La República 1 de agosto del 2008.
17) C.Basombrío “Sobre la crisis con los nativos” en Perú 21 del 24 de agosto del 2008.
18) V. Caballero, T. Cabrera art. cit. p.130
19) Roger Rumrrill, “La Amazonía indígena en pie de lucha” en La Primera 11 de agosto del 2008.
20) Comunicado de la Red Muqui (Red de Propuesta y Acción en Minería, Ambiente y Comunidades) Lima 24 de agosto del 2008.
21) El texto que mencionamos Análisis de los Decretos Legislativos que Afectan a los Pueblos Indígenas, emitidos por el Poder Ejecutivo en virtud a la Ley No. 29157 puede bajarse de www.caap.org.pe. En dicha página se señala que “el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) es una institución creada en 1974 por los 9 Obispos de la Amazonía Peruana para la promoción de la población marginada de la selva, especialmente de los indígenas amazónicos”.
22) Elaborado por las Organizaciones Indígenas y la Sociedad Civil y Presentado por: la Confederación General de Trabajadores del Perú – CGTP el 05 de agosto de 2008 a la OIT. p.12. “
