La historia registrará que a las 23.15 de un sábado 7 de noviembre (madrugada del domingo en España) la Cámara de Representantes aprobó en Washington una reforma sanitaria que ayudó a aliviar uno de los dramas nacionales y elevó a Estados Unidos un peldaño en la escala de la civilización. Sus detractores dirán que se hizo con nocturnidad y en día de asueto, como los malos Gobiernos imponen sus peores ideas. Sus defensores recordarán el dramatismo de una de esas jornadas que engrandecen a una nación.

“Durante años se nos había dicho que esto sería imposible. La Cámara de Representantes demostró que no”, manifestó, complacido, el presidente Barack Obama, quien elogió “el coraje” de los congresistas y animó al Senado a completar pronto el trabajo.

La reforma sanitaria, el gran proyecto de Obama, la eterna misión pendiente de este país, vio finalmente la luz en una de las dos cámaras del Congreso por 220 votos a favor y 215 en contra. Un republicano, representante de un distrito de Nueva Orleans maltratado por el Katrina, votó junto a la mayoría. Treinta y nueve demócratas, casi todos centristas de circunscripciones conservadoras, se sumaron a la oposición.

Aunque la reforma permitirá ofrecer cobertura sanitaria a 36 millones de estadounidenses que no la tenían y acabará con la política arbitraria y abusiva de las compañías aseguradoras, su aprobación no fue, desde luego, por aclamación, como podría haber anticipado cualquiera que no conozca la animadversión congénita de este pueblo al Estado y la utilización populista que muchos hacen de ese sentimiento.

Fue, por el contrario, una victoria apurada y muy trabajada que refleja perfectamente el grado de controversia que esta ley ha provocado desde el inicio. Pero es, al fin y al cabo, una gran victoria, por su impacto y trascendencia. Es, sin duda, el primer paso real hacia el gran cambio que Barack Obama prometió en su campaña.

“Esta ley ofrece a todos los estadounidenses, independientemente de su salud o de sus ingresos, la paz de espíritu que se disfruta cuando se sabe que puedes contar con un acceso asequible a un servicio sanitario cuando lo necesites”, manifestó el representante demócrata John Dingell, que fue el introductor de la ley en la Cámara y quien con mayor fuerza ha trabajado a su favor.

La ley prohibirá desde el próximo año que las compañías aseguradoras rechacen a un paciente por sus condiciones médicas preexistentes o lo expulsen cuando contraiga una enfermedad grave. Esas prácticas, las más sangrantes de todas las medidas abusivas que son corrientes actualmente, dejan en el desamparo a miles de enfermos de cáncer que se ven obligados a vender todas sus propiedades y endeudar a su familia para pagar sus tratamientos.

Esta legislación obligará a todas las empresas a asegurar a sus empleados o, en ciertos casos, ofrecerles ayudas para que lo hagan por su cuenta. Se creará un seguro público de salud al que podrán sumarse todos aquellos que pierdan su trabajo o no tengan recursos para pagar un seguro privado. Los jóvenes y trabajadores autónomos que ahora mismo renuncian a un seguro porque no lo creen necesario, serán obligados por esta ley a acogerse a algún plan o tendrán que pagar una multa si no lo hacen.

En conjunto, se calcula que un 96% de la población de Estados Unidos contará a partir del próximo año con un seguro de salud. Quedarán fuera, como queda expresamente establecido en la ley, los inmigrantes ilegales, que se calculan entre seis y diez millones de personas. Algunos representantes demócratas votaron en contra de esta reforma por esa razón.

La oposición republicana, por su parte, considera esta iniciativa una medida de corte socialista que dilapida los derechos individuales de los ciudadanos y crea una burocracia excesiva entre el paciente y su médico. “Es una hoja de ruta para la toma del sistema de salud por parte del Estado”, aseguró el representante Roy Blunt, uno de los más conspicuos enemigos de la ley.

Otros detractores más prudentes, entre ellos la mayoría de los demócratas que han votado en contra, creen que el país no puede permitirse ahora el gasto de más de un billón de dólares (unos 674.000 millones de euros) que esta reforma representa y, mucho menos, mediante una subida de impuestos -para los individuos con ingresos anuales superiores al medio millón de dólares o para familias por encima del millón de dólares- que perjudicará a la creación de empleo.

Los partidarios defienden su urgencia social, pero también las posibilidades que esta ley ofrece de recortar los gastos a largo plazo. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, unos 100.000 millones de dólares en diez años.

En todo caso, la suerte ya está echada. Con los beneficios o perjuicios que esta magna obra pueda causar, EE UU está al borde de la mayor transformación conocida desde que en 1965 se aprobaron los únicos experimentos de medicina pública hoy existentes: el Medicare (para los jubilados) y el Medicaid (para las familias de muy bajos recursos).”