Nuestra hipótesis es que la desigualdad horizontal entre grupos sociales y el bloqueo que establece la rígida inequidad en el acceso a la educación de calidad nos señalan que no existe una clase media indígena en el Perú. Lo que existe es una clase media mestiza y blanca, aunque precarizada en términos de empleo e ingresos. La elite intelectual, profesional y política peruana es más bien una clase media alta mestiza y blanca muy reducida, según empleo e ingresos.

La investigación empírica de punta nos muestra que la población indígena que se encuentra concentrada en el sur de los Andes —Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Cusco, Puno— ha sido excluida y discriminada de una movilidad social ascendente, del acceso a una educación de calidad y de una ciudadanía integral —como se expresa en el argot nacional, se trata más bien de «ciudadanos de última categoría»—, salvo excepciones carentes de incidencia estadística, aún.

Esta realidad trágica es el principal terreno fértil de los desbordes violentos, latentes o activos, que irrumpen del subsuelo social, especialmente al interior del país, en las regiones, provincias y distritos de la Costa, Sierra y Selva, no tanto en Lima metropolitana que es más bien una caja de resonancia nacional e internacional por la concentración de medios de comunicación y opinión pública.

Los grupos políticos sectarios y violentos agitan y organizan sobre este caldo de cultivo varios de estos conflictos sociales. La ausencia del Estado en políticas públicas de educación, salud, alimentación y empleo agresivas, o al contrario, su presencia guiada por la represión, la corrupción y la ineficacia no hacen más que retroalimentar la espiral de violencia.

Tenemos que construir un mundo posible en el Perú y en América, donde se destierre las teorías y prácticas basadas en la exclusión y discriminación étnica, de clase, de raza, de género, de edad, ligadas frecuentemente a la violencia. Una de las grandes tareas nacionales es la promoción sin ámbages de una «clase media indígena», por medio de políticas públicas de educación, salud, alimentación y empleo de calidad realmente agresivas.

Tenemos que movilizar para esta misión prioritariamente a la sociedad civil nacional y global, exigiendo desde allí al Estado nacional y subnacional, el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y de los acuerdos supranacionales en materia de derechos humanos.

¿Acaso las 70,000 personas exterminadas brutalmente en el conflicto armado interno reciente en el Perú, de los cuales el 70 % eran pobladores alto andinos quechua hablantes y nativos, como nos lo reveló como una haz de luz el Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), no son voces que claman por verdad, justicia, reparación y cambios profundos inclusivos integrales?

Los enfoques unilaterales y las prácticas de la violencia se hallan agazapados fuertemente en la sociedad peruana posconflicto armado interno, tomemos la iniciativa con el pensamiento libre y la acción independiente para cooperar en la seguridad y convivencia pacífica en esta Tierra de nuestros dolores y alegrías, después será tarde.