Por ello, en 1912, resultó electo Guillermo Billinghurst, un acaudalado salitrero de Tarapacá y miembro del clan pierolista. Pero este paréntesis dentro de la era civilista no significó la quiebra del “orden oligárquico” a pesar del discurso de Billinghurst, un populista precoz, orientado a las demandas de los sectores populares (los obreros a lo largo de la campaña lo llamaron el “Pan Grande”). Durante su breve y accidentada gestión, Billinghurst se enfrentó con la mayoría civilista del Congreso, con los demás partidos, con el ejército y hasta con la opinión pública. Desterró a Leguía y amenazó con disolver al Congreso para convocar nuevas elecciones parlamentarias. Quería reformar el sistema electoral incorporando a la Corte Suprema, entidad muy prestigiosa en aquella época. Sus medidas no eran del agrado de la oligarquía. Este contexto hizo que irrumpieran dos nuevos protagonistas políticos: los obreros y los militares.
Los primeros habían sido manipulados por el propio Billinghurst desde 1909 en su época de alcalde de Lima; se preocupó por mejorar sus viviendas, enseñanza y sus condiciones de vida. Ahora en el poder garantizó toda huelga que estuviera respaldada por las tres cuartas partes de los trabajadores afectados. También concedió a los obreros del puerto del Callao la jornada de ocho horas y apoyó manifestaciones de comités de obreros para intimidar a sus opositores y presionar al Congreso. Esto era intolerable para la oligarquía que veía amenazado su monopolio en el control político.
Los militares, por su lado, no veían con buenos ojos la actitud pasiva de Billinghurst frente al problema de Tacna y Arica; además, el Presidente había intentado reducir el presupuesto de las fuerzas armadas. Por ello, los militares fueron llevados por el civilismo al juego político para deponer a un presidente que amenazaba el orden oligárquico y la seguridad nacional.
Guillermo Billinghurst
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