El jueves 04 de junio pasado, gracias a una gentil invitación de asociaciones de estudiantes de Ciencia Política de cuatro universidades limeñas: Grupo de Estudios de Gobernabilidad y Democracia (UNMSM), Asociación Politai (PUCP), Centro de Investigación en Ciencia Política – CEICP (UNFV) y estudiantes de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), junto con Martín Tanaka, participé en la primera de un “Ciclo de Conferencias Magistrales PRE-ALACIP”, preparatorias del VIII Congreso Latinoamericano de Ciencia Política 2015, que se realizará en Lima del 22 al 24 de julio próximos.

Esta primera conferencia se realizó en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNMSM, habiéndose considerado mi participación en mi condición de profesor de la Escuela de Ciencia Política de esta cuatricentenaria casa de estudios. La conferencia trató sobre la “Reforma político electoral en el Perú”. Seguidamente les presento la reseña de la conferencia.

Ponencia de Martín Tanaka

Tras precisar su condición de miembro de la Asociación Civil Transparencia, Martín Tanaka señaló que en dicha asociación se viene generando una propuesta de reforma política, cuyo propósito es que sea implementada en los primeros cien días del próximo periodo de gobierno, para lo cual se debe buscar el compromiso de los candidatos presidenciales y congresales de las próximas Elecciones Generales con dicha reforma.

Tanaka destaca que, a diferencia de otros ámbitos de la realidad como la economía, el Perú padece de un grave subdesarrollo político, por lo que la reforma política se hace necesaria. Al respecto precisa que dicha propuesta de reforma debe ser consensual, viable y realista, aunque sin renunciar a lo importante. Asimismo señala que aunque algunas reformas deberían hacerse en lo inmediato, el actual Congreso no avanzará demasiado.

La propuesta de reforma que se viene trabajando, parte del diagnóstico que en el país las instituciones son muy poco representativas y los partidos políticos muy débiles. Entonces, la reforma debe estar encaminada a tener pocos partidos pero fuertes, asentados en el territorio, para lo cual propone tres ejes principales:

• Primero, sobre la organización de los partidos y las campañas electorales.
• Segundo, sobre el funcionamiento de los elegidos.
• Tercero, sobre las funciones ejecutivas.

Sobre la organización de los partidos y las campañas electorales se parte del diagnóstico que hay muchos partidos, que estos son muy personalizados y poco democráticos, con un manejo oscuro de sus finanzas, que abren espacio al aventurerismo político y no generan propuestas.

Por tanto, en la misma línea de lo propuesto por los organismos electorales, se proponen cuestiones relativas a la postulación: elecciones democráticas internas supervisadas por los organismos electorales, con padrón de militantes inscritos, con elecciones primarias, de modo que se pueda sustituir el voto preferencial por la expresión ciudadana en tales primarias, luego de lo cual las listas serían cerradas y bloqueadas pero con respeto de la cuota de género con mandato de posición.

De otro lado se propone cambiar la fecha de las elecciones parlamentarias para que coincida con la fecha de la segunda vuelta electoral, ya que se considera que esta medida tendría un efecto reductor del número de partidos políticos.

Respecto de quiénes pueden postular a las elecciones, Tanaka alude a la aprobación de la Ventanilla Única Electoral por el Congreso, sin embargo, propone ir más allá y considera que se debe prohibir que quienes hayan sido condenados por delitos dolosos sean candidatos, aunque al respecto señala ser consciente del debate que se podría generar sobre la constitucionalidad de esa medida.

Sobre el financiamiento de las campañas electorales propone formalizar el registro y contabilidad del ingreso de fondos privados, sobre todo en épocas electorales; y que las sanciones incluyan la eliminación del partido del registro de partidos. Asimismo, considera que se debe insistir en que el financiamiento público sea efectivo, con una adecuada fiscalización sobre el uso de fondos públicos, con la misma sanción de retiro del registro.

Así también, en la misma línea de la propuesta de los organismos electorales de que a las alianzas electorales se les debe elevar la valla electoral por cada socio de la misma, Tanaka propone que por cada socio la valla aumente en 2%, de modo tal se fomentaría la fusión de partidos más que las alianzas y desaparecerían los mini partidos.

Sobre este eje, finalmente, considerando que los partidos nacionales no participan en las elecciones regionales y municipales, también en el sentido de lo propuesto por los organismos electorales, Tanaka considera que los partidos nacionales deben participar obligatoriamente en dichas elecciones con un porcentaje mínimo de candidaturas (circunscripciones). Asimismo, propone más exigencias a los movimientos regionales y tender a la eliminación de las organizaciones política locales.

Respecto al eje relacionado a cómo funcionan los que han sido elegidos, se propone que el Congreso funcione sobre la base de partidos y grupos parlamentarios más que a partir de congresistas individuales. En tal sentido, los asesores deben estructurarse en función de los grupos parlamentarios.

De otro lado, señala que los grupos parlamentarios deben conformarse sobre la base de los resultados electorales, ya que permitir lo contrario es traicionar la voluntad popular. Finalmente, considera que el proceso legislativo debe ser más predecible y transparente, de modo que los presidentes del Congreso y de las comisiones dejen de actuar con la arbitrariedad con que lo hacen ahora.

Finalmente, respecto del tercer eje referido a las funciones ejecutivas, actualmente los alcaldes tienen mayoría automáticamente y los presidentes (gobernadores) regionales cooptan a los consejeros. Frente a ello, propone fortalecer los mecanismos de pedidos de información y rendición de cuentas, bajo sanción de vacancia. Asimismo, propone introducir en el mundo municipal y regional (así como en el Congreso), la lógica del servicio civil, que por ahora sólo aplica en nivel ejecutivo central. Por último señala el problema de que la gestión de intereses está desregulada, lo que se debe subsanar.

Mi ponencia

A mi turno, tras destacar la gran coincidencia que hay entre lo desarrollado por Tanaka y lo que sería mi exposición, recordé que hace unos meses los organismos electorales promovieron una campaña que podría sintetizarse en el hashtag #ReformaElectoralYA, al cual personalmente yo añadí el hashtag #ContrarreformaElectoralNO.

La idea era resaltar que, a pesar de la urgente necesidad de avanzar en la reforma electoral (#ReformaElectoralYA), era necesario evitar el riesgo de que se aprueben reformas contraproducentes que terminen siendo un “remedio peor que la enfermedad” (por ejemplo, suprimir el voto preferencial como medida aislada). Para evitar ese riesgo era importante aprobar paquetes de reforma mínimamente coherentes.

Lamentablemente varias de las pocas medidas que se han aprobado como parte de la reciente reforma electoral, a nuestro criterio, son contraproducentes o muy limitadas, como la supresión de la reelección inmediata de las autoridades ejecutivas municipales y regionales, cuando lo más sensato era reformar para permitir la reelección por una sola vez, sumado a medidas para fortalecer el control de la gestión municipal y regional; la curul vacía, que resulta una medida inconstitucional ya que podría dejar sin representación o con la representación seriamente mermada a circunscripciones enteras del país, cuando lo que había que establecer es que la curul vacante deba ser ocupado por el partido que quedó en el siguiente lugar en las elecciones; o la Ventanilla Única Electoral (VUE), que no incluye información sobre procesos penales en trámite de los candidatos o precandidatos bajo el equivocado argumento de la presunción de inocencia, que solo prevé que la información que acopie la VUE sea de conocimiento de los partidos y no de conocimiento público.

Seguidamente, destaqué que hay muchos aspectos que pueden comprender la reforma política y electoral; pero que en el Perú un aspecto crucial y crítico de la misma es el relacionado con la institucionalización del sistema de partidos políticos, debido precisamente a la extrema precariedad que caracteriza a los partidos en nuestro país.

Al respecto, es importante tener muy presente la importancia de los partidos políticos en los sistemas políticos democráticos, al desempeñar roles de representación, intermediación entre el Estado y la sociedad, ordenación de conflictos y demandas sociales, y lucha institucionalizada por el poder político. Los partidos, entonces, son elementos cruciales de los regímenes políticos democráticos, tanto así que cuando un país carece de un sistema de partidos institucionalizado, la subsistencia de su democracia peligra.

Lamentablemente, tras la crisis y colapso del sistema de partidos acaecida en el Perú a fines de la década de 1980 e inicios de la de 1990, crisis que no termina de ser superada convirtiéndose en una suerte de crisis endémica, y aunque formalmente existen muchos partidos, estos no son institucionalizados.

De hecho, en el Perú no se cumplen ninguna de las condiciones que autores como Scott Mainwaring señalan como característicos de los sistemas de partidos institucionalizados: estabilidad en las reglas y naturaleza de la competencia (existencia continua de los mismos partidos); los partidos importantes tienen raíces estables en la sociedad (los ciudadanos se identifican con los partidos y éstos son consecuentes con sus postulados); los partidos son los actores clave para determinar el acceso al poder, a través de elecciones; importan de verdad los asuntos del partido y los partidos no están subordinados a los intereses de sus líderes. Como señala Steve Levitsky, en el Perú no hay un sistema de partidos sino un “sistema de candidatos electorales”, en que los partidos son absolutamente funcionales a la voluntad de sus caudillos y no existen al margen de ellos.

Foto: Axel Ruiz.

Puestos en el escenario de la reforma, se debe considerar que la Ley de Partidos Políticos, vigente desde 2003, se planteó cuatro grandes objetivos: partidos políticos “realmente existentes” (permanentes, con vida orgánica, no solo electorales); democracia partidaria en la elección de dirigentes y candidatos; transparencia en las finanzas partidarias; y equidad en la competencia electoral.

Sin embargo, a más de diez años de su vigencia, es claro que ninguno de esos objetivos se ha logrado. Por tanto, es necesaria una reforma de las normas sobre constitución y reconocimiento de los partidos políticos, democracia interna, y financiamiento de los partidos y las campañas electorales.

Respecto de las normas sobre constitución y reconocimiento de los partidos, proponemos que la constitución de los partidos (nacionales y regionales), desde antes de su isncripción formal, se realice con la veeduría del Registro de Partidos Políticos y utilizando el registro biométrico de los afiliados en los actos fundacionales de los comités partidarios; así como la supresión del requisito de las firmas de adherentes. También se propone el control permanente del funcionamiento de los comités, número mínimo de militantes y de funciones claves del partido como: escuelas de formación política, publicación de documentos doctrinarios o programáticos por parte del JNE. Así también, la posibilidad de conformar partidos nacionales a partir de la fusión de partidos regionales.

Respecto de las normas sobre democracia interna, proponemos que los organismos electorales (ONPE, JNE y RENIEC), de acuerdo a sus competencias, se encarguen directamente de las elecciones partidarias a través de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Solo de aprobarse esta reforma se podría suprimir el voto preferencial.

Sobre el financiamiento, yendo más allá de la propuesta de los organismos electorales, proponemos que los partidos y las campañas electorales sean financiados exclusivamente por el Estado; es decir, que se suprima el financiamiento privado. Al respecto, consideramos que el financiamiento público a los partidos debe destinarse a asegurar un mínimo de aparato administrativo y a sus órganos de formación política y doctrina; y que el financiamiento de las campañas electorales debe hacerse a través de espacios publicitarios contratados directamente por el Estado y distribuidos equitativamente entre los partidos en competencia. Se pretende así cortar de raíz la dependencia de lo político, de los partidos, candidatos y autoridades elegidas a través de los partidos, de poderes económicos (legales o ilegales) que los hayan financiado.

Las referidas propuestas de reforma normativa deberían constituir una Reforma Electoral Mínima, aprobada simultánea e indesligablemente, en un solo “paquete” de reformas legales.

Sin perjuicio de lo señalado, es necesario reconocer los límites de una reforma política entendida como reforma legal. La reforma puede coadyuvar o generar un mejor contexto para fortalecer a los partidos, pero sin el desarrollo de un movimiento social que vaya en ese sentido, no se logrará el cometido de lograr partidos políticos institucionalizados.

Finalizo señalando que la relación entre la mala calidad de nuestros partidos y un viejo problema histórico del Perú, denunciado por Jorge Basadre en 1947 (en su texto La Promesa de la Vida Peruana): en el Perú, a diferencia de Chile por ejemplo, nunca hemos tenido auténticas élites y a lo sumo hemos tenido pseudo élites. El actual problema del país, a pesar de haber trascurrido casi setenta años desde que Basadre denunciará la ausencia de élites, sigue siendo el mismo.

Por ello, hago hincapié en que las reformas legales destinadas a fortalecer a los partidos podrán coadyudar a mejorar la oferta política, pero lo fundamental para lograr ese objetivo es la acción organizada de los buenos ciudadanos, especialmente de las nuevas generaciones, que involucrándose decididamente en el quehacer político se conviertan en una nueva y verdadera élite política: responsable y capacitada, honesta y virtuosa, puesta al servicio del interés general y no de mezquinos intereses particulares. Si esto último no ocurre, no habrá reforma legal que permita institucionalizar a los partidos y mejorar la oferta política.