Sinesio López Jiménez
Como en el verso de Vallejo, el Estado peruano nació un día en que Dios estuvo enfermo. Por eso, no es el dios mortal de Hobbes que, en nombre del Dios inmortal, impone su autoridad. Nuestro estado es pequeño y débil. Es más pequeño que la sociedad y que el territorio en el que debiera ejercer su jurisdicción. Hay zonas geográficas, especialmente las altonandinas, a las que no llega el Estado. Es más débil que otros Estados de la región y es débil también para ejercer la autoridad e imponerla a ciertos grupos sociales que se colocan fuera de la ley. ¿Qué explica la debilidad del Estado peruano?. Mi hipótesis es que ella obedece a un conjunto de características que lo definen.
En primer lugar, es un Estado sometido a la cultura patrimonial. Esta se expresa en diversas situaciones. Cuando un partido triunfa en las elecciones cree que ha obtenido el Estado como botín y se dispone a coparlo con sus militantes apelando al supuesto derecho que le da el triunfo electoral. Esto es lo que han hecho los partidos mejor organizados, muy duchos en las lides de atiborrar al estado con sus clientelas partidarias. Cuando los ciudadanos gestionan algún tipo de servicios en el estado, lo primero que los burócratas les hacen sentir es que ellos son dueños de la función que tienen y que los van a atender, no porque la ley los obliga, sino porque son buena gente y en reciprocidad les piden, en el peor de los casos, una coima. Cuando los grupos económicos buscan atarantar al Presidente para que nombre a personas de su confianza en los puestos claves del Estado es igual. Todos ellos se sienten dueños del Estado.
En segundo lugar, es un Estado que tiene islas de modernidad, pero la mayoría de sus aparatos, especialmente aquellos que tienen ver con los servicios y derechos de la población, está anquilosada y sometida a formas tradicionales de organización y funcionamiento. En tercer lugar, nuestro Estado, como la mayoría de los estados de AL. no es democrático. Sus políticas sociales (educación y salud) no llegan a todos los peruanos y peruanas por igual. Lo mismo sucede con la ley, la justicia y la seguridad. En cuarto lugar, el Estado es más criollo que andino y amazónico. Así nació y así sigue. Lo criollo se ha estirado, sin embargo, más allá de la costa y lo andino y amazónico se ha encogido en sus propias regiones, pero el Estado tiene problemas para acomodarse y expresar a la sociedad pluricultural compleja que somos. Podría adecuarse sin renunciar a su carácter unitario.
En quinto lugar, El Estado es limeño. Las otras regiones tienen menos estado con todo lo que eso implica: menos poder, menos presupuesto, menos servicios, menos desarrollo. En sexto lugar, el nuestro es un Estado pobre. ¿Qué se puede hacer con el 14% de presión tributaria?. Sólo se reproduce en malas condiciones con una burocracia ineficiente y mal pagada. Con los escasos recursos que le quedan no puede realizar políticas sociales de calidad para todos ni puede hacer que la seguridad y la justicia imperen igualmente para todos. En sétimo lugar, la burocracia es ineficiente. Perú, a diferencia de otros países de AL (Brasil, por ejemplo), no tuvo una reforma burocrática (que Europa tuvo en el siglo XIX). Por eso, nuestra burocracia no es weberiana: racional, objetiva, impersonal, eficiente.
¿Qué consecuencias trae la debilidad del Estado?. Varias, pero quiero señalar brevemente tres. En primer lugar, un estado débil es la principal causa de la falta de gobernabilidad del país. La capacidad de gobierno y su desempeño dependen, en gran medida, de la fortaleza institucional del Estado. En segundo lugar, un estado débil afecta la calidad de la democracia. Las frecuentes fallas y la baja calidad de la democracia no dependen tanto de su diseño institucional como de la debilidad y del carácter antidemocrático del Estado. En tercer lugar, un estado débil no ayuda al crecimiento y al desarrollo. Por lo general, el Estado y el desarrollo con procesos que se acompañan. A más Estado, más desarrollo.

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Sinesio López Jiménez
El triunfo electoral otorga el gobierno, pero no brinda gobernabilidad. Ayuda, pero no la garantiza. Es un factor necesario, pero no suficiente. La capacidad de gobernar en democracia (o desempeño democrático) depende también de la eficacia decisoria, la transparencia y la legitimidad de la acción de gobierno (governing), de la estabilidad de las instituciones (governance) y de las condiciones favorables (nivel de desarrollo, estado democrático, nivel de desigualdad). Eso es lo que sostiene la teoría convencional. Me parece, sin embargo, que el señalamiento de este conjunto complejo de factores de gobernabilidad es insuficiente porque deja de lado un elemento que, a mi juicio, es decisivo: la evaluación y el manejo inteligente de las relaciones de poder en todos los niveles de la vida social en cada situación concreta.
Una rápida evaluación de estos factores muestra que el talón de Aquiles de la gobernabilidad está en los factores institucionales (el sistema electoral, el sistema de partidos, la forma de gobierno) y en las condiciones (crecimiento sin distribución, debilidad del Estado, altos niveles de desigualdad) más que en la acción de gobierno y en la evaluación y manejo de las relaciones de poder. El sistema de mayoría en dos vueltas electorales, a diferencia del sistema de pluralidad que define la competencia en una sola vuelta, no ayuda a la gobernabilidad en la medida que genera un pluralismo extremo y una fragmentación parlamentaria.
El colapso de los partidos tampoco ayuda a la gobernabilidad porque produce volatilidad electoral, fragmentación política, personalización de la política, racionalidad pragmática de los electores y emergencia de los medios y los poderes fácticos como epicentros de gravedad política en la vida social. El presidencialismo plebiscitario, a diferencia de lo que llama Nolhen presidencialismo renovado basado en coaliciones sociales y políticas, es una forma de gobierno que no contribuye a la gobernabilidad porque es alérgico al desarrollo de las instituciones.
El principal factor estructural que genera ingobernalidad es, sin embargo, la debilidad del Estado. Ella proviene del patrimonialismo tradicional y moderno (la captura estatal), de su modernización limitada (los aparatos económicos funcionan más o menos bien pero los sociales son un desastre), de su carácter antidemocrático (las políticas sociales de salud, educación, seguridad y justicia no llega a todo el territorio ni a toda la población), de su sentido discriminatorio (no reconoce la pluriculturalidad compleja del país), del centralismo económico y estatal y de sus deficiencias burocráticas (falta de gerencia y de gestión públicas eficientes).
La acentuada desigualdad que, de acuerdo a los investigadores serios, se aproxima a un Gini de 0.6 tampoco ayuda a la gobernabilidad. El crecimiento (no discuto su tipo y su calidad) sin distribución no ayuda mucho a la gobernabilidad, pero es un buen punto de partida en la medida que constituye una condición necesaria para impulsar una política de concertación que garantice el crecimiento con inclusión. Si la gobernabilidad es deficitaria por el lado de las instituciones y de las condiciones estructurales, ¿qué explica entonces el cierto nivel de gobernabilidad que existe actualmente?.
Mi hipótesis es que la gobernabilidad proviene de la acción del gobierno y del buen manejo de las relaciones de fuerza que han permitido organizar un gabinete y una política de concertación, particularmente con el mundo empresarial. El hueso duro de roer es la derecha política y mediática que mimó tanto a García, pero que al presidente Humala no está dispuesta a perdonarle el mínimo traspiés. Le disgusta la política de la gran transformación así como el equipo de gobierno que la impulsa. Le friega también que la agenda política actual no provenga de sus caprichos banales, sino de las propuestas de cambio del gobierno.
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Sinesio López Jiménez
Una de mis preocupaciones intelectuales y políticas desde hace cuatro décadas ha sido la cuestión del Estado en el Perú y en AL. A fines de los 70 publiqué El Estado oligárquico en el Perú: un ensayo de interpretación (Revista Mexicana de Sociología, Año XL/vol.XL/n.3, Julio set. l978) que se discutió mucho en los medios académicos de AL. En la misma línea de preocupación publiqué después otros artículos y dos libros (El Dios mortal, IDS, 1991; Ciudadanos reales e imaginarios, 1997). En la PUCP tengo a mi cargo el curso de Teoría del Estado en el que reviso las ideas de los principales autores de las diversas corrientes del pensamiento actual sobre el tema.
En mis reflexiones sobre el Estado hay algunos temas centrales que me han preocupado y me siguen preocupando. En primer lugar, el patrimonialismo que permite a los que acceden al Estado apropiarse de sus aparatos e instituciones y administrarlos como si fuera su chacra, apelando a un derecho. Este es un viejo concepto weberiano que fue retrabajado en forma creativa y brillante por Julio Cotler en su libro ya clásico Clase Nación Y Estado (IEP, 1978) y que sobrevive aún como un componente de la cultura política en Perú y en AL. En los estados neoliberales actuales de AL, el patrimonialismo reaparece como captura del Estado por parte de los operadores de los grandes grupos empresariales, esto es, como patrimonialismo moderno para usar los términos del ex presidente Fernando H. Cardoso.
En segundo lugar, la modernización de algunos aparatos estatales y el atraso de otros, que es una característica de los Estados de los países heterogéneos de AL (Guillermo O´Donnell), producen lo que yo he llamado un Estado hemipléjico: Los aparatos económicos funcionan más o menos bien, pero los aparatos sociales son un desastre. Las reformas económicas neoliberales produjeron islas estatales de modernidad pero han sido incapaces por producir un aparato estatal moderno y eficiente. Han faltado y faltan las reformas de segunda generación que llamó Moisés Naim en su momento.
En tercer lugar, el carácter antidemocrático de algunos estados de AL hace que las políticas públicas (especialmente las sociales de educación y salud, la seguridad y la justicia) no lleguen a todo el territorio y a toda la población por igual. En los Estados de los países homogéneos (Uruguay, Chile, Costa Rica), en cambio, las políticas públicas llegan a todo su territorio y a toda su población. En los países andinos, son las poblaciones serranas rurales pobres y muy pobres adonde no llega el Estado. Son las zonas con poca o ninguna densidad del Estado (PNUD). Todo esto forma parte del divorcio histórico no superado entre el Estado y la sociedad andina y amazónica.
En cuarto lugar, el carácter discriminatorio de los Estados andinos ha determinado que ellos no reconozcan la pluriculturalidad de sus respectivas sociedades. En el caso peruano, el Estado no considera la situación multicultural compleja que caracteriza al país. Los quechuas y aymaras demandan, por ejemplo, mejores formas de integración y de respeto a ciertos derechos específicos (acceso a la educación, a la salud, a la justicia y a la seguridad en su propia lengua) y a sus tradiciones y cultura. Las etnias de la selva, en cambio, demandan el reconocimiento de su identidad, la autonomía del territorio que ocupan y formas de representación propia. Nuestro Estado no está organizado en función de una nación pluricultural compleja.
En quinto lugar, las burocracias (civiles, militares y policiales) de los estados latinoamericanos no son siquiera weberianas, esto es, no son eficientes, racionales, objetivas, impersonales. Todas estas características de los Estados de AL y del Perú constituyen el punto de partida para formular las orientaciones básicas de una adecuada reforma del Estado: Desprivatizar, modernizar, democratizar, nacionalizar (adecuar el Estado a la nación pluricultural) y gerenciar el Estado para ponerlo al servicio de todos los ciudadanos y las ciudadanas del país.
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Sinesio López Jiménez
Cada vez que se produce un cambio democrático de gobierno aparecen en el escenario dos errores más o menos conocidos. Por un lado, los que triunfan en las elecciones generales creen que han obtenido el Estado como parte del botín. Esto ha sucedido especialmente con los partidos más organizados como el Apra que, en sus dos gobiernos anteriores, llenó el barco estatal de compañeros: una expresión clara de nuestra acendrada tradición patrimonialista. Por otro, los que pierden las elecciones niegan a los triunfadores el derecho a gobernar y a ocupar los puestos de mando del Estado. Eso hace parte de nuestra escasa tradición democrática de la alternancia en el poder.
El partido que triunfa en las elecciones obtiene, no el Estado, sino el gobierno. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es el Estado y qué es el gobierno?. El Estado es una macroestructura (integrada por el sistema legal, la burocracia, el monopolio de la violencia, la distribución del poder en el territorio y un sistema de referencia política para la nación) organizada para ejercer el dominio político y construir el orden legítimo. Cuando la ley domina y limita a todos los elementos que integran el Estado, este se llama Estado de derecho. Este no es totalmente el caso peruano. Tenemos normativamente pero no efectivamente un Estado de derecho en la medida que la ley no llega realmente a todo el territorio ni a todos los peruanos por igual. Tampoco la seguridad, la educación, la salud y la nutrición llegan a todos los peruanos por igual. El Estado en el Perú es más chico que la sociedad y que el territorio peruano en el que ejerce su jurisdicción.

El gobierno es, en cambio, una parte del Estado constituida por el conjunto de puestos de mando que lo pone en marcha. Esos puestos de mando son ocupados legítimamente por el elenco gubernamental del partido ganador. En las últimas elecciones, el triunfador fue Ollanta Humala respaldado por una corriente nacionalista, una corriente de izquierda y otra democrático-liberal. Es legítimo, por consiguiente, que los representantes de estas corrientes gobiernen y es legítimo también que el presidente Humala invite a representantes de otras corrientes (que no triunfaron) a participar en un gobierno de concertación. Lo que no es justo es que los que perdieron las elecciones cuestionen la legitimidad de los triunfadores y sus representantes para gobernar.

Se cuestiona, por ejemplo, que el Presidente Humala coloque a militares retirados en algunos puestos de gobierno. Cuando los nombra el Presidente Humala está mal, pero cuando los nombraba García estaba muy bien. Si los militares retirados son fujimoristas la derecha les da la bienvenida, pero cuando no lo son se irrita y grita contra el militarismo que supuestamente nos amenaza. Algunos críticos, autoerigidos como sumos pontífices de la gobernabilidad, se han atrevido incluso a descalificar a destacados oficiales retirados antes de haber ejercido sus funciones. Lo mismo sucede con la izquierda y sus cuadros. A la derecha le duele que los intelectuales y tecno-políticos de izquierda, que apoyaron la candidatura de Ollanta Humala, que se han formado en las mejores universidades del Perú y del extranjero y que tienen experiencia de gestión, participen en el gobierno.
La ultraderecha transforma la discrepancia en discriminación y, si pudiera, la transformaría en muerte. Entonces sería feliz. El Perú sería un paraíso sin izquierdistas. Señores de la derecha y la ultraderecha: Salvo en dos o tres ocasiones, Uds. han gobernado durante dos siglos y lo han hecho muy mal. Si quieren volver a gobernar, esperen cinco años, compitan y ganen las elecciones. No chantajeen ni esperen que les regalen el gobierno, habiendo perdido la contienda electoral. Acabo de ver la genial caricatura de Carlín (La República, 12 de Agosto) en la que connotados personajes de la derecha quieren atarantar al Presidente Humala gritándole: ¡Dobla a la derecha!, ¡No mires al retrovisor!, ¿Por qué no hablas?, ¡Más despacio!, ¡No toques los cambios!, ¡No me das confianza!, ¡Eres oscuro!. Caricaturistas como Carlín son los mejores analistas de la coyuntura política.
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Sinesio López Jiménez
Si se relaciona la densidad del Estado con el índice de desarrollo humano en el Perú, el resultado es el siguiente: A más Estado, más desarrollo humano y a menos Estado menos desarrollo humano. Para decirlo con más precisión: Aquellas regiones, provincias y distritos que tienen más y mejor Estado tienen también un mayor nivel de desarrollo humano. El año pasado el PNUD publicó los resultados de una investigación revolucionaria (que comenté oportunamente en esta columna) sobre lo que ese organismo internacional denomina densidad del Estado.
Con este concepto y sus respectiva operacionalización el PNUD medía la presencia del Estado y de sus políticas sociales en las diversas regiones y provincias del país. Se utilizaron diversos indicadores de educación, salud, saneamiento (agua y desagüe) y electricidad, pero se dejaron de lado otras políticas igualmente importantes (seguridad y justicia) probablemente porque son difíciles de cuantificar. Mi hipótesis es que, si hubieran tomado indicadores de justicia (legalidad efectiva) y de seguridad para los ciudadanos el mapa de la densidad estatal habría presentado contornos más acentuados y precisos.
Desde hace más de una década el PNUD publica anualmente el índice de desarrollo humano que mide el nivel de bienestar de la población utilizando diversos indicadores de educación, salud (esperanza de vida) y economía (PBI per capita). Debido a que se repiten los indicadores de educación en ambas mediciones, es mejor relacionar la densidad del Estado con los ingresos familiares per cápita y el resultado es más intenso: A más Estado, más ingresos familiares per capita, esto es, más desarrollo, y a menos Estado, menos desarrollo. Sociológicamente se puede sostener fundadamente lo siguiente: el nivel de densidad del Estado acompaña la estratificación social, esto es, las clases sociales acomodadas tienen más Estado (salud, educación, justicia y seguridad) que los pobres (con muy bajos ingresos familiares) que han sido abandonados también por el Estado.
¿Indica la relación entre la densidad del Estado y el nivel de desarrollo (ingresos familiares per capita) algún tipo de causalidad?. Mi hipótesis es que existe entre ambos fenómenos una relación causal que no es lineal sino circular. Es probable, sin embargo, que el primer impulso (para escándalo de los trogloditas) haya sido lineal y haya provenido del Estado. En efecto, sin seguridad jurídica y sin promoción estatal (políticas económicas monetarias y fiscales, estabilidad macroeconómica, inversión en infraestructura, calificación de la mano de obra, inversión en ciencia y tecnología) a la acumulación privada (capitalista) no hay crecimiento económico. Esta es la parte del Estado que les encanta a los grandes grupos empresariales y a la derecha. Es su paraíso estatal.
Hay otras partes del Estado que no les gusta para nada (los impuestos para sostener el Estado) y hay otras que francamente rechazan (el reconocimiento de los derechos sociales universales y las políticas de igualdad de oportunidades: educación, salud, justicia y seguridad de calidad para todos). Quieren un estado sólo para ellos. Ese que actualmente existe, según el mapa de densidad estatal del PNUD. Que los pobres se mueran sin mercado y sin estado. Y si el Estado pretende asumir un rol promotor del desarrollo de algunos sectores deprimidos de la economía lanzan alaridos como posesos en defensa de la sagrada constitución de 1993 (promovida por los organismos financieros empresariales, por asaltantes del fisco y por golpistas que querían perpetuarse en el poder).
Tengo la impresión que la grita proviene más de la derecha política (ignara y primitiva) que de los grandes grupos empresariales que son pragmáticos. A ellos el actual gobierno les ha garantizado no sólo reglas de juego claras y precisas (el Estado que les gusta) para que inviertan y acumulen sino que también les ha aceptado representantes en el gabinete y en los aparatos económicos. La relación entre el Estado y el mercado (y el desarrollo) depende de la correlación política de fuerzas en el país. Si éstas han cambiado, es normal que esa relación cambie de igual modo. Así de simple.

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Sinesio López Jiménez
La nación, decía Renán, es un plebiscito de todos los días. Es una comunidad de sentimientos basada en ciertos elementos objetivos compartidos: lengua, cultura, historia, territorio. Ella articula el pasado, el presente y el futuro dentro de una tensión permanente entre la continuidad y la ruptura. Ollanta abrió su discurso de toma de mando colocándose en ese horizonte. Planteó una continuidad en la reivindicación nacional (¡Queremos patria!) de los intelectuales más destacados que ha tenido el país (Victor Andrés Belaúnde, Victor Raúl Haya de la Torre, José Carlos Mariátegui, Jorge Basadre) y trazó una ruptura con el pasado de exclusión, de discriminación y de falta de reconocimiento de nuestras diferencias como país multicultural que no deben impedirnos, sin embargo, constituir una comunidad política unitaria. En ese horizonte es posible un futuro mejor para todos.
No hay, pues, un espíritu fundacional en su discurso sino más bien la voluntad de continuidad acompañada de las rupturas necesarias para hacer del Perú una patria de todos. El mismo espíritu está presente en el campo económico: continuidad del crecimiento económico, pero ruptura con la injusticia, la pobreza y la desigualdad que lo acompañaron en el pasado para reemplazarlas por una política de inclusión social. Como parte de ella formuló un conjunto de medidas (salario mínimo, ampliación del programa Juntos, pensión 65, CUNAMAS, un hospital para cada provincia) y planteó el despliegue de una política de igualdad de oportunidades (revolución educativa, salud de calidad, justicia y seguridad para todos) que, juntamente con el impulso al crecimiento sostenido, constituyen la agenda de los 5 años de gobierno.
A este programa se añade la reivindicación del lote 88 del gas predominantemente para el consumo interno, la masificación del consumo del gas líquido para llegar a 400 mil familias en Lima en el lapso de cuatro años bajando sustantivamente su precio. El balón del GNP puede bajar el precio, pero en menor medida. Es una lástima que la lucha contra la corrupción no haya sido agresiva y coherentemente planteada. Sólo se propone que los delitos de corrupción no prescriban, que los corruptos no gocen de beneficios penitenciarios y que ellos sean inhabilitados para el desempeño de las funciones públicas. Faltó proponer un plan coordinado de las instituciones de control horizontal, social y vertical y sugerir que el Contralor debiera ser nombrado y controlado por el Congreso.
Una característica del programa formulado es la gradualidad de su aplicación, teniendo en cuenta la inmensidad de las demandas y la no abundante disponibilidad de los recursos para atenderlas al comienzo del gobierno. Eso explica probablemente que Ollanta no se haya impuesto el pie forzado de los tradicionales cien primeros días de medidas espectaculares para luego desplegar las medidas ordinarias y de menor incidencia política. En realidad, todas las políticas de inclusión social tienen un fuerte impacto social y político y marcarán la agenda de todo el período de gobierno. La gradualidad de los programas sociales supone una cierta capacidad de espera. La pregunta que hay que formularse es si las masas movilizadas tienen capacidad de espera, especialmente las del sur andino. Mi impresión es que el hambre de pan y de justicia ya ha esperado demasiado y que va a ser necesario apretar el acelerador para aquietar la turbulencia social.
La reivindicación de la Constitución del 79 tiene el sentido simbólico de condena al golpe y a la corrupción del fujimorismo. El crecimiento con inclusión social sólo puede ser desarrollado mediante una política de concertación que se expresa claramente en la composición del gabinete, aunque en este se puede encontrar algunas concesiones innecesarias e inexplicables, dejando de lado a algunos cuadros tecnopolíticos de Gana-Perú que bien podrían contrarrestar a la derecha que pesa allí más de lo necesario. Espero que las angurrias de la derecha y las trampas de la política no destruyan a Ollanta, un hombre de buena fe, honesto y justo.
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Sinesio López Jiménez
Sorpresas te da la vida. Siempre se aprende algo nuevo cuando se tiene la mente abierta a las experiencias de la vida. Soy un entusiasta profesor de teoría en el campo de la política. Los cursos que dicto en la PUCP (y también en San Marcos) tienen que ver con la teoría (política moderna, democracia, Estado, ciudadanía), pero ésta, como decía el Fausto de Goethe, es gris mientras el árbol de la vida es verde. Por eso hay que estar atentos a lo que nos enseña la vida.
En una democracia el que gana las elecciones (competitivas e institucionalizadas) recibe la autorización de los ciudadanos para gobernar. En eso consiste la legitimidad de origen de las autoridades democráticas. Eso dice la teoría, pero en la práctica no siempre es así. En ciertas circunstancias participan en el gobierno algunos representantes de los sectores sociales que no ganaron las elecciones pero que son legítimamente escogidos por el Presidente de acuerdo a sus atribuciones constitucionales. Este hecho se presta con frecuencia a múltiples lecturas (concesión a la presión, traición, juego estratégico, realismo político, etc.).
Más allá de las diversas lecturas de este hecho, hay un dato macizo de la realidad: Los resultados electorales no expresan siempre las relaciones económicas, sociológicas, políticas y culturales de las fuerzas que existen efectivamente en un país capitalista como el Perú. Si se quiere pasar de la democracia electoral a la democracia de ciudadanos, por ejemplo, es necesario tener en cuenta también esas otras relaciones de fuerza. Lo mismo sucede cuando se pone en marcha el gobierno democrático efectivo. Este requiere tener en cuenta las relaciones de poder en otros campos (la política, la militar, la social y la económica), establecer un equilibrio complejo entre ellas y proponer políticas públicas en las que todos ganen. En eso consiste la concertación.
Ante la ausencia de partidos, la política ha sido copada por los medios, los poderes fácticos y los políticos sin partido. Si Gana-Perú fuera un partido bien organizado y con mucha influencia social, podría contrarrestar esos poderes y sería un sustento sólido del nuevo gobierno. Si tuviéramos un sistema de partidos, la política sería más estable y la gobernabilidad estaría relativamente garantizada. La correlación militar de fuerzas es un campo minado al que me niego a entrar. Lo único que puedo decir es que el jefe de Estado es el comandante supremo de las FF.AA. Y con he eso he dicho mucho.
Las correlaciones sociales constituyen un terreno movedizo y conflictivo. No hay organizaciones populares sólidas (sindicatos, asociaciones, sociedad civil), pero existen muchos conflictos de diverso tipo y un movimientismo desbordante. Si este se organizara e institucionalizara podría ser más efectivo en sus demandas, ayudaría a la gobernabilidad y podría constituir un vigoroso apoyo del nuevo gobierno. La correlación económica de fuerzas está controlada hegemónicamente por el mundo empresarial, especialmente por los grandes grupos económicos (48) nacionales y extranjeros. Su hegemonía se ha visto fortalecida y legitimada con el crecimiento de los últimos diez años gracias a la demanda de los mercados internacionales. Lamentablemente no existen sindicatos ni centrales sindicales que contrapesen el poder de la CONFIEP.
El crecimiento con inclusión es la propuesta de política en la que todos ganan. Ello requiere establecer equilibrios complejos entre los diversos campos de las relaciones de poder. En eso consiste el arte de gobernar democráticamente un país pobre, pero con grandes potencialidades. Esos equilibrios se mueven entre los dos límites programáticos y estratégicos extremos que hay que evitar: la máxima ganancia y la máxima distribución, la amenaza de desinversión y la presión social y política extrema. El éxito se logra si todos aprendemos a conceder y a concertar y a ser responsables y honestos en el manejo de la cosa pública.
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Sinesio López Jiménez
En cualquier país del mundo, los errores políticos son sólo eso: errores que se cometen en el ejercicio legítimo del poder y que reciben las respectivas críticas también legítimas de los opositores. En el Perú actual, sin embargo, ellos constituyen carne para los buitres. ¿Por qué?. La derecha, especialmente la cavernaria e intolerante, tiene sangre en el ojo por partida doble. El triunfo de Susana en Lima y el de Ollanta en el Perú le han dolido profundamente en el alma y en el bolsillo y está dispuesta a cobrar la doble humillación apenas pueda. Su objetivo es desgastarlos, deslegitimarlos y empujarlos al abismo y al fracaso para que los electores escarmienten y no vuelvan a elegir a políticos diferentes a los que siempre ejercieron el poder en provecho propio, salvo en tres ocasiones: 1945-1948, 1968-1975 y 2011-2016.
Los medios que la derecha maneja –que son casi todos- están al acecho y observan con lupa los errores de Susana y de Ollanta y los de sus colaboradores para transformarlos en un Waterloo político. La cuestión de la revocatoria de Susana sería un chiste si no fuera indignante. La derecha ha invertido y pervertido la política. ¿Con qué derecho y con qué moral los corruptos y sus voceros piden la revocatoria de una autoridad honesta que cumple el deber de fiscalizarlos?. La ultraderecha apela al supuesto pobre desempeño de la alcaldesa limeña en el lapso de ¡seis meses!. ¿Desde cuándo el mal desempeño –que no es tal- justifica una destitución?. La desaprobación de Susana puede llegar a cero (por exagerar) y ella no justifica su revocatoria.
Harían bien los voceros de la ultraderecha en leer al que debiera ser su ideólogo, Edmund Burke, el brillante pensador conservador que, en debate con el Dr Price a propósito de la revolución sensata (inglesa) de 1688 y de la revolución francesa, demostró que la pérdida de legitimidad por desempeño no fundamenta la pérdida de legitimidad de origen de una autoridad. Lo que se quiere hacer con Susana es un globo de ensayo que apunta a hacer lo mismo con Ollanta en el futuro. Y la cosa ya comenzó con la torpeza del viaje a Rusia de Alexis Humala, los desmentidos del partido nacionalista, las precisiones de la embajada rusa sobre la invitación y el silencio de Ollanta. El presidente electo ha dicho a la prensa que él desconocía el viaje de su hermano. A mí me ha dicho lo mismo y yo le creo. Pero su silencio es un error que alimenta la voracidad carroñera de la derecha.
Me parece que Ollanta tiene que salir en todos medios diciendo lo que ya ha dicho en otras ocasiones refiriéndose a su padre: El presidente elegido soy yo y el que gobernará a partir del 28 de Julio es Ollanta Humala y no mi familia. Alexis Humala ha cometido un error y ya no está en el partido porque ha renunciado a él. Y punto. Mi hipótesis es que el mal manejo del affaire Alexis Humala por parte de Gana Perú y el acoso de los medios de la derecha van a costar entre 15 y 20 puntos en el ranking de aprobación del presidente electo. Lo peor del asunto es que ese error– que la derecha quiere convertir en acto de corrupción- mancha y borra la brillante performance de Ollanta en su viaje a USA y en su entrevista con Obama.
La derecha económica será pragmática y su conducta dependerá de la política económica del nuevo gobierno. La derecha política y sus medios, en cambio, se mantendrán a la ofensiva aprovechando el más pequeño error del presidente electo y sus colaboradores. Ollanta ha manejado y maneja su relación con los medios con guante de seda y con una tolerancia envidiable. Como analista no dejó de sorprenderme su respuesta serena frente a la guerra sucia de la segunda vuelta electoral. Ellos –decía- tienen derecho a expresar su opinión y -¡claro!- ahora se han puesto el polo naranja. Impecable. Pero la derecha provoca y no cesa de provocar. ¿Qué quiere?. ¿Una profecía autocumplida?. No creo que Ollanta les brinde ese placer suicida.
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Sinesio López Jiménez
Cuando era director de la BNP me visitó Sofocleto, uno de los más grandes humoristas que ha tenido el Perú, para preguntarme las razones por la cuales él no estaba en la galería de los intelectuales que tiene la institución. He visto a muchos idiotas colgados allí –me dijo- y quiero saber por qué yo no estoy entre ellos. Le ofrecí organizar una sala del humor que llevara su nombre. De acuerdo –asintió- pero yo no hago reír, yo hago sonreír. Sospecho que García, como Sofocleto, también tiene deseos de historia. Seguramente ama muchas cosas (entre ellas “la plata que llega sola”) y personas (especialmente a las que prohíbe el sexto y el noveno mandamiento), pero sobre todo le apasiona la historia en la que quiere morar.
García no es un político ocasional, sino un político de raza que, por serlo, quiere pasar a la historia. Mi hipótesis es que una de las motivaciones que lo impulsaron a volver el 2001 y el 2006 era borrar los malos recuerdos que suscita su primer gobierno y que la tentación de retornar el 2016 obedece a que, más allá de la propaganda, no se va satisfecho con la segunda oportunidad que tuvo. Es probable que quiera ser recordado como el único político peruano que fue presidente tres veces. ¿Ha logrado su segundo gobierno disipar los horrores del primero?. Me parece que sí. No era difícil. El problema es que, por temor a fracasar otra vez y por los resultados de la segunda vuelta, apoyó y se apoyó en las grandes corporaciones y en los medios de la derecha y la ultraderecha, castrando la posibilidad del cambio responsable que prometió. Ha sido muy cauto y conservador: la excesiva prudencia nada grande ha producido en la historia.
El segundo mandato de García es el gobierno de las oportunidades perdidas. La primera es el cambio del capitalismo salvaje por el capitalismo democrático. En lugar de eso, prefirió profundizarlo con la “teoría” antidemocrática del perro del hortelano. La segunda es el desaprovechamiento de la bonanza exportadora para impulsar un desarrollo sustentable (a lo Porter) creando eslabonamientos con otros sectores de la economía. En lugar de eso, optó por el piloto automático de la demanda internacional. La tercera es la conquista de la autonomía del Estado acabando con la captura de sus aparatos económicos por parte de los operadores de los organismos financieros internacionales y de los bancos.
La cuarta es la elevación de la presión tributaria para atender las políticas sociales. En lugar de eso, cultivó el engaño según el cual el problema de las políticas sociales no era la falta de recursos sino la falta de capacidad del Estado para gastarlos. Lo del óbolo y las concesiones mineras constituyen un escándalo que tendrá que investigar el próximo Congreso. La quinta es el despliegue agresivo de las políticas sociales de calidad (educación, salud, justicia y seguridad). En vez de eso, prefirió el estilo de Odría, el cemento a la gente, la obra pública gigante en la que se encarna el viejo dicho latinoamericano de la cultura permisiva de la corrupción: si el gobierno hace obra, no importa que robe. La sexta es la decisión eficaz, democrática, transparente y legitima de las políticas públicas. García mantuvo, por el contrario, las decisiones en la cúpula presidencial y burocrática y abusó de los decretos de urgencia para evitar la presión social, el escrutinio público y la accountability.
Finalmente, el establecimiento de la consulta y la predisposición al diálogo con las clases populares que reclamaban reconocimiento y atención a sus necesidades más sentidas. García optó, en cambio, por la amenaza y la criminalización de la protesta social para mantener el orden, proteger los privilegios y cuidar la siesta de los ricos. Ahora que es un pato rengo y que ya se va, es normal que los de abajo lo despidan con movilizaciones y protestas que no puede atender ni contener. García asiste al desembalse de sus propias represas.
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Sinesio López Jiménez
Con el levantamiento de la colosal estatua de Cristo en el morro solar de Chorrillos García quiere despedirse del gobierno con olor a santidad. Los ingenuos lo aplauden y algunos obispos, políticos y periodistas, nada ingenuos, lo celebran. Y García se muere de risa de todos. ¿García creyente?. ¿Desde cuándo?. Aparte de besar el anillo del cardenal y de asistir a las misas ceremoniales que el cargo implica, ¿ en donde están las expresiones de su fe cristiana?. ¿García ama al prójimo como a sí mismo?. Imposible. Su ego colosal se lo impide. ¿Qué sentidos tiene entonces esa obra monumental?. Varios, pero sólo quiero destacar tres desde la perspectiva política. En primer lugar, el carácter autoritario de García quien no creyó necesario atenerse a los procedimientos legales a los que debe someterse toda obra a construir en la ciudad.
En segundo lugar, el uso político que hace García de la religión de la mayoría de los peruanos para despedirse y para intentar el retorno en el 2016. En tercer lugar, la estrategia política de encubrimiento que, tras la santidad del monumento, pretende ocultar cosas nada santas: el financiamiento mismo (de la obra) nada convencional ni transparente, por ejemplo. Varias obras de García parecen haber seguido este mismo patrón: donaciones de empresas que “ganaron” licitaciones costosas. Es necesario investigar. Sospecho que de las consecuencias de los resultados de esas investigaciones ni Cristo lo va a salvar.
Otras modalidades de corrupción han sido y son las concesiones. Hay una que se frustró por el descubrimiento de los petroaudios, pero que ha sido revelada por el gerente general de Business Track. Lo cito in extenso: “Acá lo que estaba sucediendo en realidad era, según el derrotero de los audios, que (los apristas) pretendían birlarse del país 875 millones de dólares, esa es la verdad. Había un proyecto político –y por eso estoy preso- que antes del señor Toledo (el fujimorismo) lo hizo en forma casi prepotente. Acá no, más inteligente era tener un proyecto político de 15 años, cinco del doctor (Alan) García, cinco del señor (Jorge) del Castillo y cinco del señor García (otra vez). Y con las obras faraónicas que estamos viendo, más el soporte de todo el dinero que se supone se iba a ir al bolsillo de ellos, era factible hacer este proyecto político”.
Estamos frente a un caso de delitus interruptus como tantos otros. Uno que a mí me irrita hasta la exasperación es el siguiente: un ministro bloqueó un pequeño crédito muy barato para una institución indigente porque el vendedor (que iba a recibir dicho crédito como pago de algunos bienes y servicios) se negó a pagar la coima de 600 mil dólares (rebajada meses después a 300 mil dólares). El delito no se consumó, pero la institución quedó bloqueada en su funcionamiento y más dañada aún de lo que está. Todo indica, especialmente luego de la reciente ley que favorece la corrupción, que estos actos impropios no van a recibir sanción alguna. En el caso de los petroaudios se pretende olvidar los delitos prestos a consumar y sólo se quiere sancionar el chuponeo. Pero este también involucra a García, quien, en 2006, pidió chuponear al candidato Ollanta.
Una de las medidas más importantes que debe asumir el próximo gobierno de Ollanta es la investigación y la sanción de la corrupción que, al parecer, es también colosal. Todos los poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) tienen que asumir esa tarea en forma coordinada y todas las instituciones que ejercen el control horizontal (el poder judicial, la contraloría, el TC, el CNM, etc.) y las que ejercen el control social (la sociedad civil y la prensa) tienen que coordinar sus acciones para ser más eficaces. Los ciudadanos ya ejercieron el control vertical en forma magistral: El Apra no pudo tener un candidato presidencial propio y su numerosa representación se ha visto reducida al modesto número de cuatro congresistas. Es, sin duda, una sanción ejemplar.
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