Sinesio López Jiménez
Hablar de la izquierda peruana como si fuera un sujeto político único es un abuso del lenguaje y un falseamiento de la realidad. Lo que existe es un conjunto de grupos políticos de izquierda con poca o nula articulación entre ellos. En ese conjunto es posible diferenciar subconjuntos diferentes de acuerdo a ciertos criterios relevantes: tradiciones políticas, niveles de autonomía conceptual y política, grados de influencia social, niveles de renovación cultural y política, orígenes sociales, experiencia de gobierno y de gestión pública, grados de radicalidad, etc. Me parece, sin embargo, que el criterio más relevante que reagrupa a las izquierdas de una manera decisiva es su relación con la democracia.
Ese divortium aquarum en el Perú se produjo en los 80. Allí nació, por un lado, la IU que reagrupó a los fragmentados partidos de izquierda y los alineó en la apuesta democrática, no sin ciertas dudas y ambigüedades; y por otro, las izquierdas insurreccionales que nacieron como terroristas (Sendero Luminoso) o se transformaron en tales ( el MRTA). Ese pasado marca el presente y probablemente marque el futuro de las izquierdas en el Perú. Me parece que es totalmente plausible la formación de un agrupamiento de izquierda integrado por antiguas fuerzas provenientes de la IU de los 80 con nuevas fuerzas de izquierda que tienen la misma apuesta: Realizar profundos cambios sociales dentro de las reglas de juego democrático. Es posible también que surjan dos agrupamientos políticos de menor significación política pero de mayor radicalidad que se agrupen en torno a Sendero (Movadef) o a lo que fue el MRTA. Estás serán la izquierda de la izquierda.
Me parece que la izquierda que puede llegar a ser relevante en el escenario político nacional es aquella que impulsa la reforma democrática o el cambio en democracia. Su viabilidad no sólo depende de la existencia de un conjunto de condiciones sociales, políticas y culturales que favorece su emergencia y crecimiento sino también de su capacidad de organizarse como una gran fuerza política nacional y de constituir una alternativa de gobierno en los diversos niveles de gestión. ¿Cuáles son los principales desafíos que debe enfrentar la izquierda para llegar a ser una fuerza política de gravitación nacional?. La respuesta requiere diferenciar el mediano y el largo plazo, por un lado, del corto plazo, por otro, para luego establecer las conexiones necesarias porque, después de todo, el futuro se construye en el presente.
El primer desafío de la izquierda democrática en el mediano y largo plazo es organizarse como fuerza política capaz de incidir en el escenario nacional y de gobernar el Perú en sus diversas instancias en el 2014 y en el 2016. El segundo es la conformación de una vasta coalición social y política que impulse, realice y sostenga un conjunto de reformas profundas que enfrenten y resuelvan los clivajes históricos irresueltos del país. El tercero es la propuesta viable de cambio del actual modelo de desarrollo por otro de desarrollo sostenible e inclusivo. El cuarto es la realización de un Reforma del Estado radical que acabe con la captura del Estado por los representantes del capital y que lo ponga al servicio del bien común y del interés general de todos los peruanos. El quinto es el reconocimiento de la situación pluricultural del Perú dentro de la República unitaria. El sexto es reducir la desigualdad económica y social y acabar con la pobreza y la pobreza extrema. El séptimo es la consolidación de un régimen democrático de calidad para todos. El octavo es el despliegue de la transparencia, de la ética pública y de sanciones ejemplares que permitan luchar contra la corrupción y contra la impunidad.
¿Cuáles son los desafíos del corto plazo?. El primero es la definición precisa del adversario al que la izquierda tiene que enfrentar y derrotar en las actuales circunstancias que vive el país. Me parece que la opinión mayoritaria apunta a la derecha económica, política y mediática. El segundo es el impulso a la unidad de los partidos de izquierda que apuestan al cambio en democracia para tener presencia y voz en la coyuntura. El tercero es la articulación de la izquierda con los movimientos sociales para darles una representación política. El cuarto es conformar un bloque de izquierda en el Congreso que desarrolle con autonomía su rol de representación política y que evite la toma del Congreso por una coalición de la derecha. El quinto es exigir que el gobierno cumpla con el programa de la gran transformación y de la hoja de ruta primigenia.
Es cierto que estos desafíos de la coyuntura pueden cambiar a medida que el gobierno redefina claramente sus alianzas políticas, despida lo que queda de la izquierda, repudie a los nacionalistas de izquierda que aún siguen en el gobierno, se distancie aún más del toledismo y se abra a una coalición explícita o implícita con el fujimorismo y con la derecha política que se agrupa en la Alianza para el Gran Cambio. Me parece que este es un escenario posible que se está cocinando ahora mismo y que bien puede expresarse en el cambio o ajustes en el gabinete actual y particularmente en la nueva directiva del Congreso de la República.
Este es el escenario buscado desde hace un buen rato por la derecha mediática que, como es evidente, tiene un enorme peso en la coyuntura política actual. Sus principales voceros en columnas y editoriales vienen presionando al unísono al presidente Humala para que se sincere en el campo político y ponga a tono a los cuadros del gobierno y del Congreso con su decisión de continuidad del modelo económico liberal. Eso implica, entre otras, el despliegue de la mano dura del gobierno para que pueda funcionar sin cortapisas la mano invisible del mercado. Si este escenario se concretara, cambiarían algunos desafíos de corto plazo y la izquierda pasaría abiertamente a la oposición.
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Sinesio López Jiménez
En los países andinos, a diferencia de los países homogéneos (Uruguay, Chile y Costa Rica), el Estado no llega a todo el territorio ni a toda la población, ni como estructura ni como gestor de políticas públicas. Ni por lo que es ni por lo que hace el Estado llega cubrir a todos los ciudadanos. En un tercio del territorio peruano hay una especie de vacío estatal, lo que abre la posibilidad de emergencia de otras formas de dominación (patriarcal, patrimonial, de bandas armadas, de grupos subversivos, etc) ajenas a la dominación moderna, racional, legal y burocrática.
La ausencia del Estado se siente en una gran parte del territorio de la sierra y de la selva. En varias centenas de distritos no hay comisarias, las escuelas son unidocentes, no existe personal médico ni centros de salud, no tienen agua potable ni desagüe, no hay luz eléctrica, no existen caminos rurales, la ley y la justicia no llegan a todos por igual. La ausencia del Estado arrastra otras ausencias: no hay mercado ni desarrollo. Existe una relación directa entre ausencia de Estado y falta de desarrollo. A más ausencia del Estado, menos desarrollo y a menos ausencia estatal, más desarrollo. Los pobres demandan la presencia del Estado como una forma de inclusión.
A otras centenas de distritos el Estado llega mal. Cada ministerio despliega sus políticas sin saber lo que hacen otros ministerios. Educación no sabe lo que hace Salud; ni Justicia, lo que hace Interior; ni Vivienda, lo que hace Transportes. Como no conocen las actividades mutuas, tampoco coordinan, no generan sinergias, ni abaratan costos ni potencian capacidades. Tampoco existe una integración vertical de sus actividades entre los distintos niveles de gobierno (central, regional y local). Todo eso genera una dilapidación de recursos y una política irracional del gasto público. La inversión pública per cápita es mayor en las regiones donde hay menos distritos pobres y es menor donde hay más pobreza. En este caso, como en otros, la inversión estatal es un monumento a la irracionalidad.
En las zonas en donde no está presente el Estado tampoco existe la ciudadanía. Existen electores, pero no ciudadanos. La ciudadanía civil (que tiene que ver con la libertad individual) es muy frágil y la ciudadanía social (que tiene que ver con el acceso al bienestar que produce el país) brilla por su ausencia. La mayoría de ellos demandan más Estado y más comunidad (son comunitaristas-estatistas) como formas de integración. En esas zonas no hay democracia o su calidad es muy baja. La mayoría de la población de las zonas en donde el Estado está ausente no apoya la democracia ni está satisfecha con ella.
¿Qué hacer?. Uno de los horizontes de cambio, propuestos el gabinete Lerner, era acercar el Estado al mundo rural para cerrar la brecha territorial. Con esta finalidad se diseñó el Estado Móvil como una estructura ágil que se proponía articular las políticas sectoriales de salud, educación, seguridad, justicia, saneamiento, electricidad, caminos rurales, agricultura; que se organizaba en redes y que se desplazaba permanentemente en las zonas rurales en donde no hay Estado o éste llega mal.
La articulación del Estado Móvil no era sólo sectorial sino también vertical por niveles de gobierno (central, regional y local). Se propuso un plan piloto en ocho regiones para que el Estado Móvil despegue y verlo en operación, evaluarlo, hacer los ajustes necesarios y extenderlo luego a todo el país. La propuesta quedó en el congelador del despacho presidencial. En su lugar, Humala ha sugerido la organización de los tambos rurales para atender algunas emergencias (friaje, sequías, etc), propuesta que, a todas luces, no tiene el punche necesario para cerrar la brecha territorial del Estado.
El Estado Móvil hacía parte de la propuesta de una Reforma del Estado en serio que buscaba desprivatizar el Estado para convertirlo en el espacio del bien común y del interés general, defender la soberanía y el Estado-nación como el lugar en donde se desarrolla la democracia y se ejerce la ciudadanía, modernizar todos sus aparatos para hacerlos eficientes y creíbles, democratizarlo para que todas las políticas públicas sean de calidad y lleguen a todos, convertirlo en un efectivo Estado de Derecho, hacer del Estado un promotor del desarrollo y de la competitividad, descentralizarlo, reconocer la situación multicultural del Perú dentro de la república unitaria, garantizar la seguridad externa e interna. Como se ve, una profunda reforma del Estado va más allá de una mera reforma burocrática y supone cambios drásticos en las relaciones de poder dentro de los aparatos del Estado y entre ellos, los poderes fácticos y los ciudadanos.
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Sinesio López Jiménez
VRAE, Conga y Doe Run son puntas de un iceberg que han producido una parálisis decisoria en el gobierno que, al parecer, no sabe qué hacer. El “gabinete de la cohesión” hace rato que ha desaparecido, desconcertado por una activa y persistente oposición social a sus políticas neoliberales, aguijoneado por la presencia de grupos terroristas en las zonas en donde el Estado no existe y devorado por las ambiciones y tensiones de sus circuitos de poder y por la ausencia de un director de orquesta.
Los ministros que representan directamente al capital en el gobierno no saben qué hacer con Doe Run y Conga cuando tienen un pueblo movilizado que pone límites a las arbitrariedades y a las voracidades de los mineros. En el caso de Conga los cajamarquinos no quieren a la mina porque daña su hábitat, su agricultura, su medio ambiente y los beneficios que genera no compensan los daños que ella produce en la región. En el caso de Doe Run, por el contrario, la gente pide que la fundición funcione porque en la Oroya ella vive de su trabajo en las minas. Los ministros del capital quieren lo que la población rechaza. Quieren imponer la mina en Cajamarca y cerrar la de la Oroya. ¿Para quien gobiernan?.
Ante esta situación de parálisis, la derecha busca desplegar la política de siempre: disparar y matar a quien se opone e imponer el orden a como dé lugar. Esa política tiene, sin embargo, un límite político claro cuando la oposición es masiva. El arma es la violencia, pero el poder es el número. Claro que no faltan locos y energúmenos que quisieran disparar sobre la multitud para acabar con los cholos y los caviares, pero creo que ellos todavía no están el gobierno o, en todo caso, no constituyen aún una mayoría en él. La salida autoritaria que se impuso el 4 de Diciembre con la declaración del Estado de emergencia, primero, y con el gabinete Valdés, después, ha desembocado en un callejón sin salida. Eso explica que ahora algunos ministros quieran volver al diálogo con Santos, el presidente de la región al que buscaron destruir. Bienvenido el uso público de la razón.
Lo que sucede en el VRAE es una vergüenza. Un pequeño grupo terrorista secuestra a 36 trabajadores de una empresa, los libera luego de haber negociado con ella o con su aseguradora el pago de un monto de dinero y la presencia de la prensa para divulgar sus hazañas, ataca y asesina a los efectivos de la policía y del Ejército, los humilla, huye y el gobierno no ha detenido a ningún terrorista hasta ahora. El problema tiene una historia de más de 20 años, pero los diversos gobiernos y las FF.AA. no han podido resolverlo. Los actuales ministros de Defensa e Interior están más perdidos que los anteriores y no tienen una idea de lo que hay que hacer en su sector porque el gobierno no tiene una política definida y está jugando a la gallinita ciega. ¿De dónde han sacado ese Ministro del Interior?.
El problema parece pequeño pero esconde un problemón: la ausencia del Estado en más de un tercio del territorio y la debilidad del mismo en donde existe. Este un viejo drama que viene desde el nacimiento mismo de la república. El Perú nació a la vida independiente con tres brechas, dos de las cuales hasta ahora no puede superar: la brecha étnica y racial, la socio-política y la territorial. Nacimos como un Estado de criollos divorciado de la población andina, como una república en una sociedad de esclavos y de siervos campesinos y sin un cuerpo estatal que ocupe y atienda a todo el territorio geográficamente difícil y socialmente fragmentado. Hay muchos procesos económicos y sociopolíticos en la base, pero si hubiera que personificar la liberación de los esclavos y de los siervos del mundo rural no hay que olvidar dos nombres: Castilla y Velasco. Sí, el mismo que odia tanto la derecha
Las otras brechas (la étnico-racial y la territorial) se mantienen en pie, pero es posible superarlas. La solución es política. Cuando el Estado se identifique con la población mayoritaria del país y las élites gobiernen para ella se habrá comenzado a superar esas brechas. Decirlo es fácil, pero hacerlo es difícil. Yo esperaba que Ollanta Humana lo intentara desde su gobierno impulsando una reforma radical del Estado (acabando con su captura por parte del capital, extendiendo la modernidad a todos sus aparatos, democratizándolo y haciendo que todas las políticas públicas [las políticas sociales y la ley] de calidad lleguen a todo el territorio y a toda la población, descentralizándolo, reconociendo la multiculturalidad compleja del país, haciéndolo eficiente y creíble y acabando con la corrupción), pero me equivoqué. La propuesta del Estado móvil mantiene, sin embargo, su vigencia.
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Sinesio López Jiménez
Todas las movidas de estos días en el gobierno y en la región de Cajamarca constituyen los preparativos finales de una batalla anunciada. El gobierno desplaza a Cajamarca tropas del Ejército y policías y la región (gobierno y movimientos regionales) se moviliza y realiza un paro de protesta contra la imposición inminente del proyecto minero de Conga. Sólo falta conocer el día (o la semana) en el que se producirá el choque frontal. Este es el escenario deseado, impulsado y construido por la derecha (de dentro y de fuera del gobierno) al que Ollanta se ha dejado llevar de la nariz en forma irresponsable. Lo que la derecha quiere es que Ollanta ordene disparar, se produzcan algunos muertos y heridos y rompa en forma definitiva con el pueblo que lo eligió y con la izquierda que le brinda aún su apoyo crítico.
La derecha no tiene aún una plena confianza en Ollanta y su gobierno. Teme que en los meses venideros realice un indeseado viraje hacia sus orígenes nacionalistas y de izquierda. Para que eso no se produzca, la derecha necesita producir un punto de no retorno de Ollanta a sus fuentes. Lo buscó con la última ofensiva mediática para expulsar a todos los ministros y altos funcionarios de la izquierda, del nacionalismo y del progresismo que aún quedan en el gobierno y para copar totalmente a Ollanta, pero fracasó. Ahora quiere aprovechar la ocasión de la confrontación entre el gobierno central y la región de Cajamarca para que se produzca el acto definitivo de ruptura con las fuerzas que lo llevaron al gobierno. Este es el pacto de sangre que necesita la derecha para considerar a Ollanta un hombre suyo. No le basta su captura, lo quiere converso y totalmente integrado a sus filas y a su política. Lo quiere como un García más.
Esta batalla anunciada tiene una historia que se remonta al 4 de diciembre del 2011, el día en el que Salomón Lerner Ghitis trató de resolver el conflicto socio-ambiental de Cajamarca a través del diálogo y estuvo a punto de lograrlo de no ser por la presiones irresponsables de Ollanta y de Valdés (entonces ministro del Interior), por un lado, y de algunos líderes regionales, por otro. En ese diálogo se llegó a un buen acuerdo entre las partes sobre el proyecto minero Conga y sobre el desarrollo regional de Cajamarca. El punto que impidió la culminación del acuerdo fue la suspensión del paro regional. Los líderes locales pedían el plazo de un día para consultar a sus bases esa suspensión, pero Ollanta y Valdés se negaron a otorgarlo para declarar el Estado de emergencia. Ellos pretendían, de ese modo, satisfacer a la derecha, desprenderse del gabinete Lerner y despedir a la izquierda del gobierno.
Más allá de las anécdotas y tensiones de la negociación, lo que estaba en juego el 4 de noviembre era la forma de solución de los conflictos socio-ambientales. Se asumía el diálogo o se imponía la confrontación, se buscaba que imperen las armas de la razón o que mande la razón de las armas. Ollanta y Valdés hicieron fracasar el diálogo para imponer el choque y la represión. Lo que ha venido luego (el monólogo de Valdés, el peritaje por encargo, la intervención del gobierno en las cuentas del gobierno regional, la usurpación de funciones del gobierno regional por parte de un ministro privatizador (incluidas las cárceles) hace parte de la estrategia de confrontación. No se sabe aún el contenido preciso del peritaje por encargo del gobierno, pero se puede pensar fundadamente que él recomienda pequeños ajustes para que Conga vaya y que el gran ajustón represivo estará a cargo del gobierno. Como dijo el ex-ministro Ricardo Giesecke, se trata de que la tropa enseñe a balazos a la población de Cajamarca que la técnica es buena.
Sospecho que para Valdés y para los servicios de inteligencia que influyen mucho en las decisiones del gobierno, el diálogo es un síntoma de debilidad política y no el producto del ejercicio público de la razón. Espero que Ollanta tenga la suficiente perspicacia política para no caer en la celada tendida por la derecha que cree que el orden y la gobernabilidad se imponen a palos y a balazos y que sueñan que, con un baño de sangre, Ollanta ya sería uno de los suyos sin dudas ni murmuraciones. Confío que entienda que quien administra el monopolio de la fuerza no puede disparar irresponsablemente sobre un pueblo desarmado, como le exigen algunos energúmenos de la derecha. Si Ollanta llega a este convencimiento espero que el diálogo sea retomado y que el conflicto socio-ambiental se resuelva pacíficamente para el bien de todos.

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Sinesio López Jiménez
Fujimori no es un genio ni un tonto. Tampoco es el gran pacificador y el gran reformador del capitalismo como piensan sus admiradores ni es solo el monstruo asesino y corrupto como piensan sus detractores. A 20 años del golpe fujimorista es necesario poner las cosas en su lugar. Fujimori ha sido un modesto profesor universitario de matemáticas que tenía grandes ambiciones y muy pocos escrúpulos para entrar al campo pantanoso de la política. Tampoco fue un protagonista de gestas históricas ni un pelele de fuerzas oscuras. Fue un político mediano y mediocre que logró catalizar conflictos socio-políticos, miedos, esperanzas, situaciones, intereses, ambiciones políticas, voracidades económicas, y los expresó en su persona (y en la de su congénere Montesinos) y en las políticas que desplegó. Fue un presidente que gobernó para los ricos con el apoyo de los pobres pues logró ensamblar más o menos bien el neoliberalismo con el neopopulismo.
El fujimorismo ha dejado de ser un referente puramente peruano para tener un alcance relativamente universal. En su momento se llegó a decir que Yeltsin era una especie de Fujimori ruso o que el candidato norteamericano Perot era el Fujimori norteamericano. El mismo calificativo ha sido usado para referirse a otros candidatos o presidentes latinoamericanos que han llegado al gobierno sin contar con un partido que los respalde. El fujimorismo alude, pues, a un fenómeno político que es producto de la crisis de representación (de las diversas clases en el campo de la política) que desguarnece a la sociedad, la desprotege y la pone en disponibilidad política para que cualquier individuo audaz y muchas veces mediocre termine apoderándose de ella.
En este sentido, el fujimorismo no es obra de un hombre o de un genio político sino que es el resultado de una situación. Fujimori no era un político cuajado ni tenía un proyecto de gran aliento histórico sino que era un profesor universitario con ciertas ambiciones políticas y con un proyecto rudimentario de país. Si tuvo éxito, este no se debió a sus cualidades y sus méritos (que eran escasos) sino a las peculiaridades de la situación de crisis y colapso del sistema de partidos. Fujimori no era un hombre orgánico a una clase o una coalición de clases sociales sino el resultado de una situación crítica de la representación política. Todos los partidos habían fracasado en la tarea de acabar con el caos económico (la hiperinflación, la crisis de la deuda, el agotamiento de la sustitución de importaciones como modelo de desarrollo) y de derrotar al terrorismo.
Cada fracaso del gobierno y de sus respectivas oposiciones traía consigo la desautorización y el alejamiento de las clases sociales de sus partidos hasta llegar al rechazo anti-partido. Todo ello produjo la ruptura de las lealtades partidarias, la personalización de la política y caudillismo, la fragmentación y la volatilidad electoral y partidaria, la falta de predictibilidad de la política, la preeminencia de los medios y de los poderes fácticos. Asociado al fujimorismo aparece un conjunto de fenómenos políticos que no forma parte sustantiva de él, pero que lo acompaña y lo tiñe: el golpismo, el tipo coaliciones sociales y políticas que lo sostuvieron, la pacificación, la reforma neoliberal, la perpetuación en el poder, la corrupción desbordada e impune, las características del régimen político fujimorista, la anti-política.
En muchos de ellos, Fujimori no ha sido el héroe ni el villano sino sólo un participante secundario. En el golpe, el protagonismo central reposa en Montesinos y en la cúpula de las FF.AA. de entonces. En la conformación de las coaliciones él es un protagonista juntamente con los poderes fácticos. Fujimori cogobierna con ellos. La reforma neoliberal extrema fue concebida e impulsada por los organismos financieros internacionales, por los inversiones extranjeros y por la burguesía local. En la pacificación, además de las FF.AA., han jugado un papel central los servicios de inteligencia de la policía y las rondas campesinas. En la corrupción toda la cúpula fue protagonista.
Fujimori está preso, el fujimorismo sobrevive, pero la situación política que le dio origen sigue en pie. La crisis representativa y el colapso posterior del sistema de partidos constituyen un semillero de fenómenos como el fujimorismo. Sólo la configuración de un nuevo y vigoroso sistema de partidos puede acabar con él. Sospecho que los ciudadanos y los políticos que quieran superar esa situación van a recibir fuego graneado de los poderes fácticos, especialmente de los medios de derecha. Esa es la verdadera disputa por el poder. Lo otro (el gobierno) viene por añadidura.
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Sinesio López Jiménez
La actitud de los ciudadanos y de los políticos frente a los movimientos sociales es un buen indicador de su orientación ideológica. La derecha detesta generalmente a los movimientos sociales, les atribuye un carácter subversivo y exige su represión. La izquierda, en cambio, los ve con simpatía, los alienta y exige que el Estado los respete y atienda sus demandas. Más allá de las actitudes de la gente hacia los movimientos sociales, lo cierto es que entre éstos y el Estado existe una tensión relativamente permanente que muchas veces se transforma en contradicción y en conflicto abierto. Esto es lo que está pasando en el Perú desde hace un buen tiempo. ¿Por qué?. Hay varias razones, unas de carácter estructural y otras tienen sólo un alcance coyuntural.
Entre las primeras está la distinta naturaleza de las cosas. El Estado es una macro-estructura (integrada por el monopolio de la fuerza, la burocracia, la producción del sistema legal, la capacidad impositiva, la distribución del poder en el territorio, el sistema de identidades y referencias) que busca imponer su dominio e instaurar y mantener el orden. Ese es su papel. Los movimientos sociales, por el contrario, buscan la atención política de sus demandas, el cambio y, con frecuencia (no siempre), una mayor democratización en su relación con el Estado. Los elementos coyunturales que avivan los conflictos pueden ser múltiples: crisis económicas, medidas estatales, incumplimientos de acuerdos, corrupción, voracidad empresarial, etc.
Un tema central es el modo como el Estado trata a los movimientos sociales. Ese modo depende de los regímenes políticos (democráticos y no democráticos) que son justamente el resultado del tipo de relación entre el Estado y los ciudadanos. Cuando “las relaciones políticas entre el Estado y sus ciudadanos se demuestran con consultas mutuamente vinculantes, amplias, iguales y protegidas”(Tilly, Democracy, 2007:13-14 ) estamos frente a un régimen democrático. Cuando esas relaciones, en cambio, se caracterizan por ausencia de consultas o por consultas no vinculantes, no protegidas, desiguales y excluyentes estamos frente a un régimen no-democrático.
Todos los políticos y los medios, sin embargo, se llenan la boca con el Estado de Derecho, pero en el Perú, independientemente de lo que diga la Constitución, no existe un dominio efectivo de la ley en todo el territorio y para toda la población. Lo que predomina aquí es el monopolio de la violencia. Eso explica quizá que los gobiernos de los regímenes democráticos se comporten en forma autoritaria frente a los movimientos sociales. García incluso los llamó abusivamente “perros del hortelano” y criminalizó a renglón seguido la protesta social. En el gobierno de Ollanta Humala hay dos momentos diferentes. El del gabinete Lerner que reconoció las justas demandas de los movimientos de protesta y que buscó instaurar el diálogo como forma de atenderlos y de solucionar sus demandas y el del gabinete Valdés que ha impuesto una forma autoritaria de resolver los conflictos sociales. Hoy la consigna es disparar y matar.
Lo que llama la atención en el Perú es el alto nivel de agresividad con el que desarrollan los movimientos de protesta. Eso tiene que ver, por un lado, con la indiferencia o la violencia con las que el Estado, los políticos de derecha, las élites económicas tratan las demandas de los movimientos de protesta y, por otro, con el bajo nivel de desarrollo de las instituciones políticas. Los movimientos de protesta saben que sólo en forma agresiva (quemando llantas, ocupando carreteras, tirando piedras) pueden colocar sus demandas en la agenda pública. Los protestatarios no quieren destruir el sistema: sólo quieren hacerlo funcionar. Si existiera un sistema de partidos y vigorosas reglas de juego que todos acepten y respeten, las protestas serían menos desbordantes y menos desestabilizadoras.
Los movimientos sociales, cuando son vigorosos y más o menos articulados, tienen efectos poderosos en la política y en el Estado. Uno de los nervios centrales del cambio del Estado Oligárquico fue el vasto y agresivo movimiento campesino de los 50 y los 60 del siglo pasado. El Perú no se hubiera desembarazado de la dictadura de Morales Bermúdez, si los movimientos clasistas de entonces no hubieran desplegado grandes movilizaciones. La imposición del Estado neoliberal extremo en el Perú se debió a la ausencia de la protesta social que la limitara. Es probable que su cambio tenga en los masivos movimientos de protesta, especialmente en los socio-ambientalistas, uno de los motores principales.

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Sinesio López Jiménez
El 28 de marzo Ollanta cumple ocho meses en el gobierno. Un rápido balance político muestra más sombras que luces, más frustraciones que esperanzas. Ollanta llegó al gobierno sobre los hombros de las masas descontentas y esperanzadas en el cambio y de las clases medias liberales y democráticas que huían de la perversión fujimorista. Ocho meses después se percibe que las expectativas populares se van apagando, que los miedos de las clases altas han desaparecido gracias a la continuidad de sus privilegios, que las clases medias se han cobijado resignadamente bajo el paraguas del gran capital y que, para colmo de males, el actual primer ministro es un ex-militar autoritario y pro-fujimorista. ¿Qué ocurrió?, ¿Cómo se produjo lo que pasó? ¿Y por qué sucedió?.
Lo que ha pasado es algo que sucede de una manera más o menos frecuente en Perú y en AL: Los que pierden las elecciones gobiernan y los que ganan o ayudan a ganarlas son expulsados del gobierno. Como lo sugirió el genial Carlín, Ollanta bien podría pedir en el Consejo de Ministros que levanten la mano quienes votaron por Keiko Fujimori y tendría una mayoría de manos levantadas. En la práctica se ha producido (y se está produciendo) un cambio de mando en el gobierno sin afectar las formalidades democráticas. La derecha ha dado una especie de golpe de estado con guante de seda, ganando en la mesa mullida del gobierno lo que perdió en la cancha dura de las urnas. El país asiste a una comedia política cuyo título bien podría ser “El arte de gobernar habiendo perdido las elecciones”.
En este caso la pregunta que hay que hacer es la siguiente: ¿metamorfosis o captura del presidente?. ¿Ollanta, al estilo de Gregorio Samsa de Kafka, se acostó como un líder político (de abajo y de izquierda) y se despertó como un insecto (derechista) o ha sido más bien capturado por la derecha?. Mi hipótesis es que la derecha capturó a Ollanta en Cajamarca, lo mantiene preso en Palacio de Gobierno, lo ha enmudecido con sus críticas despiadadas y, sin embargo, le exige sádicamente que hable. Eso no obstante, Ollanta mantiene su identidad política, ajada y maltrecha, pero la mantiene. ¿Cómo hemos llegado a esta situación?. El cambio de un gobierno de centro-izquierda por otro de centro-derecha en crisis fue un proceso que comprende cuatro momentos.
El primero (junio y julio del 2011) fue de resistencia. Ollanta quiso organizar un gobierno legítimo sobre la base de los resultados electorales de la segunda vuelta con un equipo propio académicamente bien formado y con experiencia de gestión, pero las presiones, las amenazas, los chantajes, los halagos y los susurros de la derecha y de sus operadores pudieron más que su voluntad de resistir e hizo subir a la nave del gobierno a los representantes del gran capital (Castilla y Velarde). Desde ese momento, Ollanta dejó de ser para la derecha el chavista repudiado para convertirse en un estadista respetado. El segundo momento es el del gobierno de la concertación (agosto- 4 de diciembre del 2011) integrado por los amigos del presidente, por los amigos de Castilla y los ministros de Ciudadanos por el Cambio con Salomón Lerner a la cabeza como Primer Ministro. Este es el momento de los cambios más importantes: el gravamen minero, la consulta previa, la organización del MIDIS.
El tercer momento se inicia con la orden presidencial de Gonga va, con el desplazamiento de la izquierda y del toledismo para girar a la centroderecha (11 de diciembre). Castilla incrementa su poder controlando más ministerios; lo mismo sucede con Valdés que controla el Premierato, Defensa e Interior. El gabinete Valdés es el acompañamiento autoritario del neoliberalismo en apuros frente a los movimientos sociales contestatarios. Este el momento en el que se produce la captura de Ollanta por la derecha. El cuarto momento es el la fragmentación del gobierno en circuitos de poder (febrero del 2012) y de la ofensiva despiadada de la derecha por apoderarse de todo el gobierno y del Estado.
¿Por qué se produjo todo este cambalache político?. Hay varios factores explicativos, pero pienso que el más importante es la correlación social y política de fuerzas totalmente favorable a la derecha que controla casi todos los espacios de poder a través de los medios, la CONFIEP y los poderosos grupos económicos. ¿Es posible cambiar esta relación de fuerzas?. Mi hipótesis es que se puede siempre y cuando se articule un frente amplio de movimientos contestatarios, de frentes y gobiernos regionales y de izquierda unificada. ¿Hasta dónde van a llegar la desenfrenada audacia y los apetitos desmedidos de la derecha?. Pienso que ella prefiere transformar la captura en metamorfosis de Ollanta.
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Sinesio López Jiménez
La derecha es insaciable. Ella tiene apetitos materiales y políticos desmedidos. Controla ya casi todas las manijas del gobierno, pero no le basta. Quiere tener en sus manos todos los resortes del poder, del gobierno y del Estado. Para lograr ese objetivo quiere limpiar el camino de todos los obstáculos que le impiden avanzar: lo que queda de la izquierda, Abugattás y los líderes del nacionalismo, los gobiernos regionales, los movimientos socio-ambientalistas, Antauro, etc. La estrategia es más o menos conocida. Primero, despliegue de campañas de demolición y de asesinatos morales de los principales líderes del gobierno que le son incómodos sobre la base de pequeños errores cometidos. Segundo, el ingreso oportuno de las “cuentamuertos” (las encuestadoras) con preguntas inductoras y respuestas inducidas. Tercero, la difusión en los medios de noticias como esta: “Frenazo de Ollanta en las encuestas, Abugattás y Antauro le pasan la factura”. Y tarea cumplida.
Ollanta ganó legítimamente el gobierno (derrotando a Keiko Fujimori y a todos los poderes que la apoyaron: García, Cipriani, la CONFIEP, la derecha política y mediática), pero, en lugar de ejercerlo a plenitud, cedió parte del mismo, por presión y por propia voluntad, a los representantes del capital (Castilla en el MEF y Velarde en el BCR). Con la salida del gabinete Lerner, el poder de Castilla se extendió a otros ministerios (Energía y Minas, Trabajo, ¿y Vivienda? ¿y el MINAM?). También avanzó la derecha autoritaria y pro-fujimorista (Valdez y compañía) controlando el Premierato, Interior y Defensa. Ahora la derecha apetece otros Ministerios (RREE, Justicia y otros) aún en manos de la izquierda o de personas progresistas o nacionalistas. Pero el bocado más apetecido es el Congreso de la República al que quiere engullírselo con todo.
El llamado gabinete de la cohesión es hoy un chiste de mal gusto. Todo el gobierno está repartido en cuotas y funciona como circuitos de poder con decisores con agenda propia, con operadores y apoyos mediáticos, con débil articulación entre ellos y sin un director de orquesta. La agenda de Castilla y Velarde es la del gran capital. Lo que es bueno para éste (según ellos) es bueno para el país. Los ministros de los aparatos económicos son sus operadores y reciben el apoyo unánime de la prensa de derecha. La agenda de Valdez es la imposición del orden a como dé lugar. Su papel es enjuiciar, encarcelar, disparar y matar. Y ya comenzó también con el apoyo y beneplácito de la prensa derechista. ¿Alguien ha reclamado por la vida de los tres pobladores muertos en Madre de Dios?. ¿Con qué derecho y con qué moral Valdez puede justificar el uso del monopolio de la fuerza contra la población desarmada?.
La señora Nadine Heredia tiene, sin duda, una gran influencia (nombra ministros, es casi vocera del gobierno e influye en el nombramiento de altos funcionarios), organiza su propio circuito de poder, cuenta con asesores a su servicio y con operadores, se lleva bien con la prensa de derecha, degusta, con fruición inocultable, los halagos y oropeles del poder y tiene, por supuesto, su propia agenda oculta que poco a poco irá mostrando su rostro político. ¿ Y Antauro?. Antauro organiza su propio circuito de poder. Es un preso con poder. Es, qué duda cabe, un líder político (nos guste o no) que pretendió dar un golpe contra un gobierno democrático, que ha sido acusado y condenado por delito de asesinato y está preso, pero que ejerce una cuota de poder. Negocia con los empresarios, coloca a su gente en empresas de seguridad de las mineras, dirige su partido etno-cacerista desde la cárcel, recomienda ascensos militares, influye en el nombramiento de ministros (sería interesante saber cuáles) y goza de ciertas comodidades en la prisión.
¿Y Ollanta?. ¿Qué hace Ollanta?. ¿Gobierna? Ollanta fue capturado en Cajamarca y está preso en Palacio de Gobierno. De vez en cuando aparece para inaugurar alguna obra y desaparece. Cultiva con esmero el silencio impuesto por sus propios miedos a la prensa despiadada de derecha. La fragmentación en circuitos de poder se produce porque no hay un líder que dirija, señale un norte y organice la marcha ordenada del gobierno. Se extraña el liderazgo de Ollanta de la primera y la segunda vuelta. La gran transformación no llegó al país sino a él mismo. Por el bien del país, espero que Ollanta vuelva a ser líder que conocimos en las campañas electorales. ¿Y el asesor?. ¿Vive aún el asesor?. ¿Para qué sirve el asesor? ¿Asesora o hace lobby?.

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Sinesio López Jiménez
No sabemos aún cuál será el veredicto de los técnicos contratados por el gobierno sobre el caso Conga. Caben varias posibilidades. La primera es que ellos avalen al EIA preexistente, la segunda es que aconsejen algunos ajustes para que Conga vaya y la tercera (la más remota) es que sostengan que Conga no va tal como es hoy defendida por Yanacocha. La segunda posibilidad puede presentar, a su vez, varias alternativas dependiendo del grado de modificaciones sugerido por los técnicos. El abanico de alternativas va desde pequeños ajustes hasta cambios significativos en el proyecto para que Conga vaya pasando por algunas propuestas intermedias. No hay, pues, una sola salida técnica sino que son posibles varias alternativas igualmente técnicas, pero con diferentes costos. Algunas pueden ser más costosas para los inversionistas y otras, para los cajamarquinos.
El campo técnico no es, sin embargo, una feria de alternativas sino que su oferta tiene límites. Uno de los más importantes es la rentabilidad del proyecto. Por eso Yanacocha insiste en señalar que ella es baja: ¡¿ 9% !?. Lo que no dice es que ese cálculo ha sido hecho cuando la onza de oro costaba 400 dólares y no los 1,800 de ahora. Para la población las alternativas técnicas más costosas son las que avalan el EIA actual y la que sugiere pequeños ajustes, mientras que para los inversionistas las alternativas más costosas son las que aconsejan que Conga no va tal como está hoy la propuesta o para que vaya es necesario que se realicen importantes cambios en el proyecto original. Es probable que los técnicos planteen diversas opciones para que el gobierno decida. También cabe la posibilidad que los técnicos planteen sólo una alternativa en el espíritu en el que fueron contratados por el Primer Ministro y avalados por Yanacocha para que ella sea impuesta a como dé lugar. En este caso, estaríamos frente a la dictadura de la técnica. Como bien se pregunta Ricardo Giesecke, ex-ministro del MINAM, en una esclarecedora entrevista a EL Comercio (04/03/12): “¿Vamos a sacar la tropa para que la gente entienda que lo técnico está bien?”.
El gobierno tiene, en realidad, diversos insumos para tomar la decisión que juzgue conveniente. Un primer insumo es el veredicto de los técnicos cuyo menú, como hemos visto, puede ser variado. El segundo es lo que los inversionistas quieren (su capacidad de presión) y el tercero es lo que demandan los cajamarquinos a través de su gobierno regional, sus autoridades locales, su frente regional. Generalmente los políticos (en este caso el gobierno) deciden de acuerdo a valores e intereses que pretenden defender e imponer, los técnicos introducen cierta racionalidad en las decisiones de los políticos y los ciudadanos legitiman o deslegitiman esas decisiones. El gobierno no la tiene fácil. Si decide apoyar sólo a los inversionistas, el costo de la decisión sería muy alto para el gobierno porque tendría que imponer Conga a la mala contra la voluntad de los cajamarquinos, con todo lo que eso significa: autoritarismo, probable pérdida de vidas y segura pérdida de legitimidad.
Si, por el contrario, decide desandar lo andado y apoyar las demandas de los cajamarquinos, el costo puede ser relativamente alto para el gobierno en el campo empresarial: pérdida de confianza del capital, de la inversión, de los empleos, de los impuestos y del canon minero. Esta alternativa es, sin embargo, poco probable porque ella implica un cambio del esquema político impuesto en diciembre del año pasado. ¿Existe una alternativa en la que todos (gobierno, empresarios y cajamarquinos) ganen?. Creo que existe mientras la rentabilidad sea alta. Esta alternativa exige, sin embargo, dos condiciones. La primera consiste en modificar significativamente el proyecto de tal manera que la población lo acepte (licencia social), pero que no mate la rentabilidad legítima de los empresarios.
La segunda es el diálogo entre el gobierno, los empresarios y los representantes sociales y políticos de los cajamarquinos. Eso requiere, a su vez, una voluntad de diálogo de todos los actores del drama. La alta rentabilidad del proyecto posibilita felizmente este compromiso económico, social y político. ¿Existe esta voluntad política? Lo que se percibe hasta ahora es más bien un cierto maximalismo en algunos actores de todos los campos (incluido el gobierno). Es posible, sin embargo, que los actores democráticos de todos los campos logren controlar el maximalismo (el autoritarismo en el gobierno, la máxima rentabilidad en los empresarios, el fundamentalismo ecologista en el campo social) para desplegar un realismo político que permita llegar a un compromiso en el que todos ganen.
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Sinesio López Jimenez
Algo se mueve en los predios de la izquierda. Reencuentros con ciudadanos de a pie que mantienen aún una cierta expectativa de cambio en el gobierno, pero expresan al mismo tiempo un ánimo contestario. Reuniones semanales de los diversos partidos y movimientos de izquierda con miras a una acción conjunta tanto en la coyuntura como en el mediano y largo plazo. Preparación de eventos ciudadanos y partidarios que anuncian el abandono del letargo y la puesta en marcha de un poder en movimiento. Todas estas movidas apuntan, al parecer, a la conformación de una fuerza política de izquierda como alternativa de gobierno.
Si quiere gobernar las regiones en el 2014 y el país en el 2016, la izquierda está obligada a realizar una serie de tareas políticas indispensables. En primer lugar, ella debe convocar a la unidad de los partidos y los movimientos (nacionales y regionales) de ese signo que quieren realizar la gran transformación en democracia. Eso supone el abandono de las nostalgias y los dogmas del pasado y la superación de la desconfianza y del espíritu faccioso. En segundo lugar, ella está llamada a hacer un balance crítico y autocrítico del 80 en adelante. Hay avances significativos en esa dirección. Este es el caso del último libro editado por Alberto Adrianzén cuya presentación desbordó el auditorio de la BNP, lo que muestra el gran interés que amplios sectores de la ciudadanía tienen sobre el tema.
En tercer lugar, la izquierda tiene que ofrecer una visión del Perú en el largo plazo que defina un horizonte utópico movilizador. Es necesario recuperar el derecho de los peruanos a soñar en un Perú ideal. Los pilares de esa sociedad soñada son los eternos ideales de la justicia, la libertad, la solidaridad y la autonomía del Perú en el mundo globalizado. En cuarto lugar, la izquierda tiene que partir del Perú actual con sus continuidades y sus cambios. Para bien o para mal, este país ya no es el mismo de los 70. Se tiene que tomar en cuenta los cambios producidos para mantenerlos o para superarlos. Salvo uno, el de la servidumbre rural y la independencia de los campesinos, los grandes clivajes que definen la estructura social, económica, política y cultural del país (dependencia-autonomía, modernidad-tradición, capital-trabajo, centralismo-descentralismo, homogeneidad-diversidad cultural) se mantienen en pie, pero han cambiado el peso y la importancia de cada uno de ellos.
La conformación de la izquierda como un frente amplio, de su estrategia y de sus tácticas tiene que partir de la articulación ponderada de estos clivajes. Los partidos no se fundan por decreto ni por refinados diseños institucionales. Ellos se forman en la lucha que nace de estos clivajes. En quinto lugar, la izquierda debería abandonar el esquema schmittiano (también leninista) de amigo-enemigo en el campo de la política interna. Esa concepción conduce a ver la política como guerra y como confrontación permanente. Lo que la izquierda tiene que evitar sobre todo es la mezcla de la política con la religión o con la ética que conduce a la idea de una enemistad absoluta. Según esta tesis todos los enemigos son malos y hay que matarlos.
En sexto lugar, la izquierda está obligada a defender el Estado- nación como espacio de ejercicio de la ciudadanía y de la democracia mientras no se invente la comunidad sudamericana que integre a los estados naciones actualmente existentes. Eso implica el impulso de políticas que encaucen y hagan gobernable la globalización. En sétimo lugar, la izquierda debiera postular los avances de la ciencia y la tecnología como base del desarrollo y revalorar a los intelectuales y a los organizadores de cultura como creadores de proyectos políticos, culturales y morales y de espacios de hegemonía y de integración social y nacional. En esta tarea juegan un papel muy importante los medios que, en su mayoría, han sido monopolizados por la derecha. Felizmente hay medios y programas que ponen el toque del pluralismo. Pero sobre todo están las redes sociales y el internet, el diario libre en el que pueden comunicarse un número creciente de ciudadanos.
En octavo lugar, la izquierda está llamada a adecentar la política convertida por algunos políticos y gobernantes en un albañal. La política y la ética son realidades diferenciadas, pero no debieran caminar separadas. Entre los fines buenos y los medios no siempre santos de la política, la izquierda tiene que colocar los valores que adecentan la política. En noveno lugar, la izquierda tiene que acompañar y expresar (en el campo de la política) las demandas contestatarias y negociadoras de los ciudadanos que constituyen un poder en movimiento. Finalmente, si la izquierda quiere gobernar tiene que ganar a las clases medias rescatando sus valores de progreso y sus exigencias de respeto a las libertades.
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