Sinesio López Jiménez
El caos de la revocatoria que amenaza a Lima no es huérfano. Tiene padres conocidos que deben asumir su responsabilidad. Ellos son no sólo las coaliciones mafiosas y los partidos que impulsan la revocatoria sino también las instituciones que lo permiten y que, incluso, lo han diseñado. Recién los medios, los políticos y los electores se han dado en cuenta del caos que genera la revocatoria desde el acto de votar hasta el probable retorno masivo de los ambulantes al centro de Lima, la amenaza de los sectores mafiosos del transporte, el desorden de La Parada, el incremento de la inseguridad, etc, si ella triunfara. Esta toma de conciencia está generando afortunadamente una reacción saludable: el SI a la revocatoria cae y el NO se dispara. Tengo la impresión que los estrategas de la campaña por el NO están explotando con habilidad el miedo al caos y al retorno de las mafias y de los políticos corruptos.
Preocupa, sin embargo, que los actores que impulsan el caos y las instituciones (el JNE y la ONPE) que lo han permitido y permiten y que, incluso, lo han diseñado, estén pasando piola. Los presidentes de estas instituciones, por su acceso reciente, poco o nada tienen que ver en este asunto. Sobreviven, sin embargo, altos funcionarios que son responsables. Parece que se quiere tender un manto del olvido sobre las firmas falsas y el financiamiento bamba de los revocadores. Las instituciones encargadas de denunciar y de investigarlas se hacen de la vista gorda. Los políticos sin partido saben que conseguir una firma en el mercado electoral en estos tiempos cuesta alrededor de un dólar. ¿Qué extraña operación permite sostener a los revocadores que sólo han gastado 120 mil soles si presentaron más de un millón de firmas para hacer valer las 400 mil necesarias?.
¿ Qué pasó con los financistas bamba de los revocadores?. ¿Las instituciones encargadas de vigilar este asunto han hecho la denuncia respectiva?. ¿Qué institución los investiga?. ¿Hay alguna responsabilidad en el establecimiento de una norma ambigua y antitécnica que genera caos en los actos de votar, de contar los votos y de evaluar los resultados electorales?. ¿Ya renunciaron o están preparando su renuncia los funcionarios que establecieron estas normas electorales del caos?. El adelantado atropellado del proceso de revocatoria en Lima fue y es un acto irresponsable y los que lo decidieron debieran poner sus barbas en remojo. Es evidente que ahora en JNE y la ONPE no pueden administrar el caos que ellos han generado o contribuido a generar.
Mientras el caos amenaza, los políticos que impulsan la revocatoria tratan de limpiarse de las acusaciones de corrupción para volver al poder con fuerza. Apelan a fiscales y jueces amigos o de su partido para que los investiguen o los excluyan del proceso de investigación y de acusación penal. Castañeda ha sido oportunamente excluido de la acusación de corrupción de Comunicore. García, quien ahora escribe, no libros incorruptibles (que no se venden por nada), sino best-sellers que se venden como pan caliente (sin saber quien los compra y los lee), se muestra feliz de ser investigado por los fiscales que son sus amigos o sus partidarios. Que Dios nos ayude.

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Sinesio López Jiménez
La revocatoria puede generar, entre otros males, el caos. La norma misma que la rige, improvisada, imprecisa, antitécnica, induce al caos. El acto de votar es caótico. Es un ejercicio de elección muy complejo. El elector se enfrenta a 41 decisiones de elección que lo pueden paralizar e inducir a error. El conteo en mesa y el levantamiento del acta de sufragio van a producir muchos errores y muchas actas nulas y observadas. El conteo de las actas de sufragio por parte de la ONPE puede ser difícil si hay muchas actas observadas. Los informes a la opinión pública pueden demorar, pese a los avances técnicos.
Si pierde la revocatoria, el caos concluye con el informe de la ONPE. Si ella gana, en cambio, se originan diversas situaciones caóticas de ingobernabilidad cuya gravedad dependerá del número de votos nulos y blancos y del número de autoridades ediles revocadas. Sospecho que el número de votos nulos y blancos va a ser muy alto. Ni los militantes más activos van a emitir su voto sobre los 41 casos a ser revocados. Los votantes apasionados e intensos son los menos. Predominan los indiferentes y poco informados.
El escenario menos caótico es la revocatoria de la alcaldesa y la no revocatoria de todos los regidores. En este caso, el teniente alcalde asume las riendas del municipio. Pero este escenario es el menos probable por las razones arriba señaladas. Lo más probable, si triunfa la revocatoria, es la destitución de la alcaldesa y el triunfo de los votos nulos y blancos en el caso de los regidores. El efecto sobre la gobernabilidad sería, sin embargo, el mismo que se produciría si todos fueran revocados por decisión clara y precisa de los electores, lo que es poco probable. En estos dos últimos casos, sin embargo, la ingobernabilidad sería mayúscula.
Entre los escenarios extremos, cabe también la posibilidad de escenarios intermedios cuyos efectos sobre la gobernabilidad pueden ser variables. Si triunfa la revocatoria, el tipo de escenario que se imponga determinará también la dimensión del caos que reinará durante los seis meses de improvisada administración municipal (que reemplazaría a la actual) y de campaña electoral. El triunfo total de la revocatoria, sea por decisión clara de los electores, sea por triunfo de los votos nulos y blancos, es la de mayor riesgo para Lima. Esta sería el reino del caos.
Los ambulantes tomarían masivamente el centro de Lima por asalto, los sectores mafiosos del transporte se sentirían legitimados y dispuestos a hacer lo que les venga en gana, la Parada volvería al caos de antaño, la inseguridad de los limeños se incrementaría, las reformas quedarían en nada, la ciudad no sólo quedaría paralizada en muchos aspectos sino que retrocedería. Lo peor de todo esto, el escenario de caos e ingobernabilidad anunciaría y prepararía el retorno de las mafias y de la corrupción (Comunicore) al gobierno del municipio limeño. Otro sí digo: los altos costos de la revocatoria y las pérdidas que ella genera (gracias al caos) debieran pagarlos la DBA y las coaliciones mafiosas que la impulsan. No debe haber impunidad.
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Sinesio López Jiménez
Es un logro histórico que el acceso a la administración pública se defina por los méritos. Me parece, sin embargo, que ese postulado no es aún aceptado mayoritariamente por los políticos, los funcionarios públicos y los ciudadanos. Para muchos, el dinero, el parentesco y la clientela son las formas más o menos aceptadas de acceso a un puesto público. También es cierto, sin embargo, que estas formas aparecen cada vez más como mecanismos de corrupción ante la opinión pública.
El criterio partidario de acceso a los puestos de mando del Estado es legítimo en el caso de los partidos de gobierno. Ellos tienen derecho a designar en esos puestos a los militantes de los partidos que triunfaron en las elecciones. En ese caso no tiene sentido el regateo que generalmente se hace a los partidos de gobierno del derecho a designar a sus cuadros partidarios. Ellos forman parte del funcionariado político que accede al Estado con el gobierno de turno y se va con él. Ellos no son funcionarios de carrera. A lo que no tienen derecho es a copar la administración pública con sus militantes como lo hizo el Apra en el primer y en el segundo gobierno.
El mérito es el criterio adecuado para contar con una administración pública eficiente. El problema surge muchas veces con los definidores y administradores del mérito. Ellos son cuestionados generalmente porque esconden tras los criterios meritocráticos formas de corrupción o tendencias partidarias. Todo esto a propósito del último concurso organizado por el CNM para designar al jefe de la ONPE. En la parte del concurso (de conocimientos) que define el mérito por criterios objetivos, una de las participantes (Carlota Casalino Sen) salió primera con más de 10 puntos de diferencia sobre el que la seguía inmediatamente y el que lo ha ganado ocupaba el último lugar.
¿Cómo se produjo este extraordinario salto de garrocha?. La respuesta es simple: en la entrevista en la que se expone el plan de trabajo y se responde las preguntas y las objeciones de los miembros del CNM se sobrecalificó al que ocupaba el último lugar y se descalificó prácticamente a la ocupaba el primero. He podido escuchar la exposición de los planes de trabajo y las preguntas del jurado y las respuestas de todos los participantes y me parece que los miembros del CNM no han actuado con imparcialidad a la hora de calificar a los participantes. Hay que investigar las razones de su parcialización.
Me parece que el plan de Trabajo de Carlota Casalino es el más integral y consistente, define con claridad el papel de la ONPE en los procesos electorales y democráticos, señala las orientaciones, las metas y las acciones que debía desarrollar para cumplir con el marco normativo que la rige. Sospecho, por las objeciones y preguntas que se formularon, que algunos miembros del CNM no comprendieron a cabalidad su plan de trabajo. Sería interesante compararlo con el del elegido jefe de la ONPE que tuvo un carácter principalmente administrativo. El cuestionado concurso que comento y la decisión de librar de toda sanción a los miembros de la Corte Suprema que negaron los delitos de lesa humanidad a los integrantes del grupo Colina deslegitiman al CNM.
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Sinesio López Jiménez
La corrupción no es lo peor de la política sino su impunidad. Esta desmoraliza a la sociedad, la induce al rechazo de la política o la hace éticamente permisiva. Y lo peor de lo peor es que los corruptos se sienten limpios de polvo y paja y pretenden ser reelegidos para algún cargo público para volver a las andadas. (Esto es lo que buscan los que mueven los hilos de la revocatoria de Susana Villarán). La corrupción existió siempre en todas las formas de gobierno, incluso en los gobiernos republicanos clásicos que fueron las formas más éticas de gobierno porque ellos tenían como valor central el bien común. Atribuían la corrupción a la falta de participación y de control del gobierno representativo por parte de los ciudadanos. En ellos el control vertical (ciudadano) era más fuerte que el control horizontal (institucional).
En los gobiernos liberales, en cambio, los controles institucionales pesan más que el control vertical. Cuando estos controles son autónomos funcionan bien y cumplen eficazmente su rol de fiscalización, pero cuando pierden su autonomía la corrupción puede operar a sus anchas. Eso explica el interés de los gobiernos corruptos y de sus partidos de gobierno por capturar a las instituciones de control horizontal. El objetivo de la captura es blindar a los funcionarios del gobierno para evitar los controles y la sanción por corrupción. En el Perú de estas últimas décadas hemos tenido dos formas de captura de estas instituciones. La primera, la del fujimontesinismo, compró a los principales funcionarios de las instituciones de control (casi todos fueron a la salita del SIN o recibieron una asignación económica especial).
La segunda, la del alanismo principalmente, colocó a sus cuadros partidarios o simpatizantes en los cargos directivos de las diversas instituciones de control con la finalidad expresa de blindar a García y a los funcionarios de su gobierno. El fujimorismo actual hace uso también de esta forma de captura. Fujimoristas y apristas ocupan los cargos directivos de algunas instituciones de control. La Contraloría parece ser el modelo de este tipo de captura. Sería interesante que el Congreso haga una investigación al respecto.
Las maneras de blindar son múltiples y cada institución tiene un propio modus operandi. Enumero un listado de formas de blindaje que aparecen todos los días en los medios de comunicación: Hacerse de la vista gorda frente a evidentes delitos; dejar de investigar lo importante, dedicarse a la chuchilla para que puedan operar los peces gordos; eludir la acusación fiscal; emitir fallos exculpatorios de evidentes delitos; otorgar sanciones benignas; demorar la sanción hasta que los delitos de corrupción prescriban.
El blindaje de los políticos corruptos no sólo genera impunidad sino también legitimidad. Muy sueltos de huesos, ellos afirman que todas las instituciones los han investigado y han salido limpios de todo tipo de acusación. Algunos políticos corruptos han encontrado otra forma de legitimarse: la construcción de obra faraónica si los recursos lo permiten. Entonces entra a tallar la cultura política permisiva según la cual el corrupto “roba, pero hace obra”.
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Sinesio López Jiménez
Lima está en peligro. Es la conclusión a la que se llega luego de conocer los rostros de los operadores y de los políticos que apoyan la revocatoria. Ya se conocía a los operadores impresentables de la revocatoria que, según Hildebrant en sus trece, “parece una delegación de la baja policía”. Mirko Lauer sugiere la hipótesis de la existencia de bandas organizadas de revocadores en el país y en Lima a los que llama “Comealcaldes”. Ahora se han quitado la careta los jefes políticos de los operadores: Fujimori, García y Castañeda.
¿Qué es lo que hay de común en estos tres personajes de la política peruana?. Según las encuestas, ellos son los gobernantes más corruptos de los últimos tiempos. El caso de Fujimori ha sido demostrado hasta la saciedad, los (recientes) de García (la plata llega sola) y Castañeda (Comunicore) están en proceso de investigación. Los promotores (operadores y políticos) de la revocatoria quieren recuperar el poder y las finanzas del Municipio más grande (un tercio del país) y más rico del país. Organizan un asalto planificado al fisco limeño, sin duda. Ocultan este objetivo voraz y corrupto detrás de la lucha contra una supuesta izquierda ineficaz.
La obsesión por el asalto al fisco limeño es tan grande que no les importa sumir a Lima y a los limeños en la ingobernabilidad absoluta y en el caos durante tres años. ¿Qué hacen los medios de derecha en este asunto muy turbio?. Salvo el caso de Castañeda, los medios de derecha tratan (en tiempos neoliberales) con guantes de seda a Fujimori y García por intereses y por ideología. Los voceros de la DBA, además, han defendido generalmente a los gobiernos corruptos. Todo este cambalache revela que lo que está en juego con la revocatoria es el manejo honesto y transparente del gobierno municipal y la gobernabilidad democrática de Lima. Vuelve nuevamente al primer plano la lucha contra la corrupción y los corruptos que amenazan retomar el gobierno de Lima.
Parece que los promotores de la corrupción están organizándose mejor que los se oponen a ella. Hay evidentes coordinaciones y campañas en marcha. En cambio, en el campo de los contrarios a la revocatoria no hay aún una coordinación política y una estrategia colectiva de confrontación contra la corrupción y por la gobernabilidad democrática y honesta de Lima. El logro de estos objetivos los puede llevar quizá a formar una coalición social y política amplia de salvación de Lima en el que participen las izquierdas, el centro y las derechas democráticas y honestas frente a las fuerzas de la corrupción y la ingobernabilidad.
El eje de la campaña serán seguramente estos temas centrales, pero la mejor campaña contra la revocatoria es un buen gobierno municipal, según me decía un inteligente político, ducho en estas lides. Esto supone el despliegue de una agresiva política municipal que ponga énfasis en las demandas e intereses de los sectores populares y pobres de Lima. En suma, una reorientación política popular.

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Sinesio Lopez Jiménez
Revocadores y anti-revocadores están ya en plena campaña. Las últimas encuestas revelan que la correlación de fuerzas es desfavorable a Susana Villarán, pero muestran también que ella puede variar a favor de la alcaldesa de Lima. Lo que es preocupante para una autoridad que proviene de los predios de la izquierda es la composición social de esa disposición de fuerzas. La desaprobación y la inclinación por la revocatoria es general, pero es mayor en las clases medias, populares y pobres (C, D y E) que en los sectores acomodados (A y B).
¿Por qué y cómo se llega a esta situación?. Varios factores, sin duda, la han producido. En primer lugar, la falta de una definición clara y temprana de una política municipal para todos, pero que pusiera énfasis en la atención de las necesidades y las demandas de las clases populares y pobres. En segundo lugar, el desinterés o la incapacidad para convocar a una coalición social y política más amplia que le ofrezca apoyo y sustento a sus políticas, excluyendo, desde luego, a los políticos corruptos. Desde un comienzo, sin embargo, Susana Villarán se abrió frentes políticos innecesarios. Basarse en sus propias fuerzas cuando éstas son magras y volátiles es, a todas luces, un grave error político.
En tercer lugar, la falta de experiencia en la gestión ha llevado a Fuerza Social, sin duda, a cometer errores. Fuerza Social tiene excelentes cuadros profesionales formados en las mejores universidades del Perú y del extranjero, pero no son muchos ni su experiencia de gestión es amplia. En cuarto lugar, la aplicación de las importantes y necesarias reformas de la ciudad (que ningún alcalde limeño se ha atrevido a realizar) no ha imaginado ni propuesto políticas de apoyo y amortiguamiento para aquellos sectores que se ven perjudicados por las mismas (los informales pobres en el caso de la Parada y en el caso del transporte urbano).
En quinto lugar, la despiadada campaña de la DBA apenas Susana Villarán llegó a la alcaldía ha puesto también su grano de arena. Los voceros de la DBA han apelado a los medios que acostumbran (los insultos, las calumnias, las difamaciones, etc) para demoler a los políticos honestos y colocarlos al nivel de los corruptos que ellos defienden. En la actual campaña de la revocatoria los voceros de la DBA han sido reforzados por casi todos los medios de derecha. ¿Son invencibles?. No. Varias veces han sido derrotados, pese a que estaban acompañados por las derechas políticas y empresariales que ahora, en su mayoría, están contra revocatoria.
La campaña cuenta en esta lucha política. Pese a algunos errores, no dudo que el equipo de Susana Villarán hará una mejor campaña que la coalición mafiosa que impulsa la revocatoria. Las figuras más importantes del mundo de la cultura, la política y la empresa la respaldan. Pero más importante que la campaña es la reorientación popular y participativa de su política municipal. Está a tiempo todavía.
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Sinesio López Jiménez
Los gobernantes que ganan el gobierno con un programa de cambio, pero gobiernan con un programa neoliberal tienden generalmente a prostituir el lenguaje político. A las políticas asistencialistas y clientelistas las llaman inclusión, a los pequeños ajustes en la administración de los tributos los llaman reforma tributaria, a los intentos de hacer pequeños cambios en la burocracia y en la administración pública los llaman reforma del Estado, a la gran continuidad la llaman gran transformación.
El estado es una macro-estructura compleja de relaciones sociales (coaliciones sociales y políticas que permiten su autonomía o su captura) e instituciones de dominación (el monopolio de la violencia, el sistema legal, la burocracia, el gobierno, la distribución del poder en el territorio, la capacidad impositiva, un sistema político de referencia) que hace difícil (sino imposible) realizar de golpe una reforma total. Ni las revoluciones lo han hecho. Pero la complejidad estatal no debiera llevar a reducir los cambios del Estado a pequeños ajustes burocráticos.
Toda reforma estatal es un proceso y exige organizar ciertas relaciones de fuerza y ciertos arreglos institucionales que la hagan posible. Humala y su pequeño entorno no quisieron construir esas correlaciones y esos arreglos por inexperiencia, pragmatismo, temor, interés y quizás por corrupción. En ese contexto es posible entender la reducción de la Reforma del Estado a reforma de la burocracia para ponerla al servicio del Estado capturado, antidemocrático y hemipléjico (en el que sólo funcionan más o menos bien los aparatos económicos, pero en el que los aparatos sociales son un desastre).
La realización de la reforma del Estado exige impulsar, entre otras, tres reformas prioritarias, además de la reforma burocrática: la desprivatización, la democratización y la modernización integral del Estado. La desprivatización supone acabar con la captura del Estado por parte de los poderes fácticos para ponerlo al servicio del interés general (en el sentido liberal) y del bien común (en el sentido republicano). La desprivatización permite asimismo organizar un estado fuertemente autónomo (con respecto al sistema económico y a los poderes fácticos) en el que los desiguales sean considerados efectivamente iguales.
La democratización del Estado exige que todas las políticas públicas (económicas y sociales, en especial la educación y la salud) sean de calidad y lleguen a toda la población y a todo el territorio por igual. Ella supone también que la ley y la justicia sean iguales para toda la población en todo el territorio nacional. Todo eso implica extender el Estado a toda la sociedad y a todo el territorio. A un tercio de este no llega el estado y a otro tercio llega tarde y mal. La modernización integral del estado exige ir más allá de las islas económicas de modernidad para extender la calidad, la eficacia y la efectividad a los aparatos sociales que tienen que ver con los servicios (educación, salud, seguridad y justicia) a los ciudadanos.
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Sinesio López Jiménez
Si se eliminara el elemento étnico “el coeficiente Gini del Perú de casi 0,60 caería a alrededor de 0,40. Esta es la cifra que muestran los países latinoamericanos que cuentan con una participación insignificante de la población indígena, como Argentina y Costa Rica”. Esta es la conclusión principal a la que llegan Adolfo Figueroa, Rosemary Thorp y Maritza Paredes en La etnicidad y la persistencia de la desigualdad. El caso peruano (2011: IEP), el mejor libro sobre el tema de estos últimos años.

Para calcular las desigualdades étnicas los autores toman una investigación de Figueroa (2008), el más destacado investigador sobre el tema, que calculó la desigualdad de los ingresos laborales a partir de la ENAHO 2003, llegando a los siguientes resultados: “ la población “blanca” solo tiene 9 por ciento en los cuatro deciles más bajos del ranking nacional, y 39 por ciento en el decil más alto, mientras que para los “indígenas” (y cholos) los porcentajes quedan más que invertidos: 49 por ciento en el grupo inferior y apenas 6 por ciento en el decil superior” (p. 71).

“Solamente el 43 por ciento de los indígenas alcanzó la secundaria o más, sin importar dónde vivieran. En el otro extremo, esta participación es del 93 por ciento para el grupo nacido en Lima-centro” (p. 73).

“Los hombres indígenas que alcanzan el nivel secundario representan el 53 por ciento del nivel de los ‘blancos’ para la población de 25 o más años… Una cuarta parte de las mujeres “indígenas” es analfabeta y apenas una tercera parte alcanza el nivel secundario” (p. 98).

“La tasa de deserción en las regiones indígenas es el triple de la de las zonas más acomodadas de Lima, y la tasa de desaprobación es de más del doble… la Evaluación Nacional 2004 encuentra una asociación negativa entre la lengua materna indígena y el desempeño, que es estadísticamente significativo si mantenemos constantes el nivel socioeconómico, y consideramos cuán rural es la escuela y las restantes variables del estudio” (pp. 98-99).

Los autores encuentran también que los trabajadores indígenas reciben salarios más bajos que los no indígenas, pese a que ambos tienen el mismo nivel educativo (pp. 101-102).

“Los grupos indígenas tienen por ello menores oportunidades que sus contrapartes blancas y mestizas de mejorar la capacidad de aprendizaje de sus hijos mediante la nutrición, la salud, la estimulación intelectual temprana y el lenguaje” (pp.105-106).

Otro factor que influye en la capacidad de un niño para beneficiarse con la educación es la lengua, en especial si la lengua materna no es la dominante (pp. 105- 107).

Los autores encuentran una incidencia muy significativa del criterio étnico en el acceso a los indicadores de desarrollo humano: a los años de estudio, a la vivienda, a los servicios de agua, desagüe y luz, al empleo. Sostienen que la medición por “años de estudio” subestima significativamente la auténtica desigualdad del capital humano, puesto que lo que aprende una persona con sus años en la escuela varía de acuerdo a los indicadores étnicos (p.73).

“Dados niveles iguales de capital humano, la gente indígena conseguiría una tasa salarial inferior en comparación con los mestizos” (pp. 110-111).

“Solamente el 40 por ciento de los hogares “indígenas” (y cholos) está conectado a un sistema de alcantarillado, en tanto que sí lo está el 93 por ciento de los “blancos”; por otra parte, el 95 por ciento de estos últimos tiene agua potable, en comparación con 57 por ciento del grupo “indígena” ( y cholo) (p. 76).

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Sinesio López Jiménez
Cuando se examinan los diversos trabajos de los economistas sobre la desigualdad en Perú, sorprenden los diferentes resultados a los que llegan sobre el tamaño de la misma. Al respecto, los economistas se dividen en optimistas y pesimistas. Hay un cierto consenso, sin embargo, sobre la alta concentración del ingreso y el alto nivel de desigualdad entre los 60 y los 90 del siglo pasado.
Webb (1975) encontró que, en 1961, el 1 por ciento más rico concentraba el 25.4 por ciento del ingreso personal y el 30.5 por ciento del ingreso nacional; que el decil más rico poseía el 49.2 por ciento del ingreso personal y el 52.8 por ciento del ingreso nacional, mientras que el decil más pobre poseía sólo el 1 por ciento del ingreso personal y del ingreso nacional. Figueroa (1974) estimó que en 1968-69 el decil más pobre concentraba el 1.7 por ciento del ingreso mientras que el decil más rico concentraba el 37.5 por ciento.

Los optimistas afirman que en las dos últimas décadas la desigualdad en el Perú ha disminuido y que el Gini llega a 0.4 o menos. Los pesimistas sostienen, en cambio, que desde hace varias décadas la desigualdad se ha mantenido cuando no se ha incrementado y que el Gini llega a 0.6. Algunos economistas (Escobal y Ponce, por ejemplo) son optimistas en la reducción de la desigualdad individual o vertical, pero son pesimistas en lo que se refiere a desigualad horizontal o grupal que se mantiene o crece.
¿Qué es lo que diferencia a los optimistas de los pesimistas?. Tres criterios, al parecer los diferencian: las fuentes de información que utilizan, las tendencias distributivas que encuentran y el enfoque. Los optimistas prefieren las encuestas (ENNIV, ENAHO), pese a las deficiencias que presentan: no encuestan a los ricos y no recogen bien el ingreso no laboral que, en gran medida, alberga a la desigualdad. Ellos sostienen, sin embargo que “la recopilación adecuada de datos sobre ingresos y gastos individuales y por hogar, les permite estimar la desigualdad tanto dentro de los grupos ocupacionales como entre ellos” (Jaramillo y Saavedra, 2011: 17-18). El enfoque que subyace a sus análisis es que la desigualdad y la pobreza son el resultado del desempeño individual. Los optimistas no pueden ocultar su simpatía por el modelo neoliberal de crecimiento, mientras los pesimistas, por lo general, son críticos.
Los pesimistas utilizan a las cuentas nacionales para analizar la evolución de la distribución funcional del ingreso. Ellos muestran que la distribución del ingreso comenzó en un nivel de concentración muy alto y se concentró todavía más entre 1950 y 1990. Ellos sostienen que la desigualdad y la pobreza provienen de relaciones sociales que tienen un carácter histórico y estructural (étnico-racial entre otros) y que los desempeños individuales y, por consiguiente, las desigualdades individuales, se encuentran, en todo caso, enmarcados dentro de esas relaciones sociales estructurales. Según Jaramillo y Saavedra (2011) los pesimistas omiten la desigualdad al interior de los grupos ocupacionales (trabajadores asalariados, trabajadores independientes urbanos, trabajadores rurales y capitalistas) puesto que toda su atención se enfoca en las diferencias entre estos grupos.

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Sinesio López Jiménez
Gustavo Gutiérrez acaba de recibir el Premio Nacional de Cultura –Trayectoria. Reproduzco, como homenaje, una columna que escribí en este diario el 22/10/10.
Gustavo Gutiérrez es uno de los pocos peruanos universales. En esta época de los conocimientos especializados, Gustavo destaca por su erudición humanista. Se mueve con mucha facilidad y solvencia en diversos campos del saber. Conoce a los clásicos en su propio idioma, sea éste el griego o el latín, discute con pasión diversos tópicos de la filosofía, trata con erudición los temas de la psicología y del psicoanálisis, está al día en los grandes debates de las ciencias sociales, especialmente de la sociología, la política y la cultura y se desplaza con fruición en el vasto campo de la literatura. En la feria internacional del Libro de Guadalajara en el 2005, en la que el homenajeado era Mario Vargas Llosa, Gustavo Gutiérrez fue invitado a disertar primero sobre la poesía de Vallejo y luego sobre las novelas de Arguedas. La sala de conferencias se llenó de bote a bote y deslumbró al auditorio que lo aplaudió con entusiasmo.
Como si todo lo anterior fuera poco, estudió también Medicina en San Fernando de la UNMSM. El campo en el que se mueve, sin embargo, como pez en el agua es la teología en la que ha producido una revolución copernicana. La teología de la liberación (1971), su libro más conocido, es un discurso sobre Dios desde el pobre. Dios es mirado, no desde el poder, desde la jerarquía eclesiástica que dictamina sobre verdades y herejías y que condena y castiga a los herejes para mantener el orden, sino desde el pobre que se atreve a decir su propia verdad para entenderse a sí mismo, cambiar su situación de desamparo y reordenar el mundo. Es el diálogo entre el Ser y la nada para producir algo: la historia de los que nunca la tuvieron porque los derrotados nunca han tenido derecho a la memoria.
Como todo speach-act (acto del habla), la teología de la liberación no puede ser entendida sin el contexto en el que se produce y con el que dialoga. Ese discurso acompaña el proceso de aggiornamento de la Iglesia Católica desatado por el Concilio Vaticano II en el mundo e impulsa el tránsito de la Iglesia conservadora a la Iglesia reformista en el Perú de los 60 y los 70. Estos cambios permitieron que la Iglesia no sólo tuviera fieles sino también un público, producto del diálogo abierto entre los fieles y los curas, entre la crítica de la razón y la autoridad de la fe. Los párrocos comenzaron a celebrar las misas de cara al público en el idioma de éste.
El libro más famoso de Gustavo Gutiérrez (Teología de la liberación), que ha sido traducido a 20 idiomas, abrió las puertas a la coyuntura intelectual de los 80 en la que se publicaron un conjunto de libros que trataban diversos aspectos de las clases populares cuyo protagonismo produjo una larga coyuntura social (1950-1980) que, en su etapa final (1975-1980) impulsó a su vez, junto a otros actores (…), la coyuntura política de la transición democrática de 1978-1980. Estas diversas visiones fragmentadas de las clases populares no culminaron, sin embargo, en una visión global e integradora del Perú ni tuvieron el remate político de un gobierno popular y democrático.
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